Los voceros del régimen no se ponen de acuerdo a la hora de interpretar la actual ola de conflictividad social. Mientras el presidente Evo Morales y la ministra de transparencia Nardi Suxo dicen que hay un “golpe de Estado” tramado por la oposición, el vicepresidente Álvaro García Linera y el ministro de gobierno Carlos Romero minimizan la situación, hablando de “tensiones creativas” y de “conflictos no estructurales”.
Se trata de un importante síntoma de la desorientación estratégica que parece estar sufriendo la administración evista en los últimos tiempos, atribuible tanto a su progresiva desconexión de la realidad como a la distracción de los asesores cubanos y venezolanos, concentrados en la probable desaparición física de Hugo Chávez.
Aún así, la primera línea de discurso ha contado con cierta cobertura de parte de los medios del ALBA, pero la coordinación de las vocerías al interior del país se muestra defectuosa.
Por una parte, la ministra Suxo acusa al suspendido gobernador del Beni, Ernesto Suárez, de “confabular” para el “derrocamiento” de Evo, en la reunión de líderes opositores que ha convocado con motivo de su anunciada renuncia, que viabilizará elecciones departamentales anticipadas.
Del otro lado, el ministro Romero asegura que los conflictos “no ponen en cuestión al Estado” ni a la gestión de Evo Morales, negando cualquier crisis de gobernabilidad.
Para el funcionario, estamos ante simples “reivindicaciones sectoriales y corporativas” que no logran “una articulación de intereses afines”.
Nada de qué preocuparse, por lo tanto. Todo está bien en el Estado Plurinacional.
Opinión que no parece compartir el 47% de los bolivianos, que según una reciente encuesta considera que el país va por mal camino, contra apenas un 22% que coincide con el criterio del Ministro de Gobierno…
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