Los gravísimos hechos de Villa Soldati han puesto sobre el tapete un grave hecho que también se verifica en otros casos. Nos referimos a la prescindencia del Estado en el resguardo de la ley.
En la noche anterior a su encuentro con Independiente por la Copa Sudamericana, los jugadores del equipo brasileño Goiás fueron impedidos de conciliar el sueño en su hotel por la acción escandalosa de un conjunto de hinchas del equipo local. Desde la medianoche hasta las seis de la mañana, se instalaron sobre la Avenida del Libertador, entre las calles Carlos Pellegrini y Suipacha, provistos de un arsenal de bombas de estruendo y petardos que detonaron sin interrupción durante seis largas horas.
Acompañaron este raid enloquecedor con la percusión de bombos y tambores, con una energía digna de mejor destino. No sólo los jugadores de Goiás y el resto de los huéspedes del hotel no pudieron descansar. En un radio no inferior a 300 metros, todos los sufridos habitantes de la zona padecieron las consecuencias del insomnio y muchos se alarmaron por lo que parecía un enfrentamiento bélico incontrolado.
Se comprobó que se trataba de hinchas de Independiente, seguramente barrabravas, actuando con la protección de móviles de la Policía Federal. El tráfico fue desviado a calles laterales hasta que el grupo terminó su larga faena y se retiró. Los uniformados informaban a los damnificados habitantes y transeúntes que tenían orden de no intervenir, sólo proteger. Ninguna denuncia por ruidos molestos podría haber prosperado.
El equipo brasileño no hizo denuncia ni reclamo ante la Asociación del Fútbol Argentino por esta práctica de infamante deslealtad deportiva.
En los ambientes relacionados a este deporte, se ha aducido que en las visitas de equipos argentinos a Brasil ocurren hechos semejantes y que esto no sería más que poner las cosas en equilibrio. Con este argumento parecería que el vandalismo de unos justifica el de otros. Si así fuera, ello significa que impera la ley de la selva por sobre el Estado de Derecho y que se corre el riesgo de una escalada con consecuencias imprevisibles.
Por otro lado, se perjudica a ciudadanos inocentes y sin ninguna relación con la afición y el fanatismo deportivo. Es allí donde debe estar inexcusablemente la acción del Estado para mantener el orden y evitar que se avasalle a la población que debe proteger.
La aparición de ochenta fanáticos dispuestos a realizar actos vandálicos puede ser un hecho infortunado en una urbe de 12 millones de habitantes, pero que ellos puedan actuar durante seis horas protegidos por la policía escapa a toda visión civilizada.
Estos son hechos que van creando en la conciencia de la sociedad la presunción de que todo se puede hacer. De ahí a la ocupación de tierras, al corte de calles o a los ataques a la propiedad, hay sólo un pequeño paso que empieza a darse cotidianamente.
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