En Venezuela, el fundamento de todo parece estar referido a la necesidad de que lo legislativo marche al ritmo que quiere el Jefe de Estado…
No se concibe democracia alguna sin plena independencia y coordinación entre los poderes públicos. El poder Ejecutivo gobierna, el Parlamento o poder Legislativo legisla y el poder Judicial administra justicia. Claro, ahora también está el Tribunal Electoral, encargado de la organización de los comicios electorales. Tanto la Constitución Política del Estado (CPE) recién aprobada como las leyes secundarias y reglamentarias le marcan la raya a estos espacios de poder para que no trasciendan el respectivo límite de su campo de administración.
Acaso sea el régimen gobernante venezolano de Hugo Chávez al que corresponda la más triste de las preseas regionales por encabezar la lista de transgresiones a los principios democráticos de tradicional vigencia universal como los anteriormente referidos.
La última de tales contravenciones sea quizás la más deplorable de todas: instruir la aprobación de una “ley habilitante” que le permita “legislar” a punta de “decretos presidenciales” durante todo un año, tiempo en el cual los parlamentarios quedarían mudos e inmovilizados en sus curules, sin poder observar o hacer nada contra cuanto quiera “legislar” aquel “neomonarca” caribeño populista que, anulando las acciones de una oposición legislativa, está en busca de atornillarse en el poder durante el resto de su vida.
El asunto quedaría para el comentario jocoso si no fuese por el riesgo de que provoque reflejos miméticos en algunos países de América Latina a los que igualmente golpea una onda neopopulista de orientación hegemónica. Si ponemos bajo la lupa ciertas medidas gubernamentales tanto en Venezuela como en Ecuador o nuestra Bolivia, encontramos inmediatamente dolorosas similitudes que saltan a la vista.
Sin lugar a dudas, lo peor que podría pasarle a la democracia, que tanta sangre y sacrificio ha costado a los bolivianos recuperar hace ya 28 años, es que desde el poder político se pretenda hacer lo mismo que en materia legislativa persigue ahora Chávez en Venezuela. Pero hay ciertos indicios que nos llevan a pensar lo peor, especialmente si analizamos los pasos que han seguido la aprobación de algunas leyes en la Asamblea Legislativa. Procesos que también han trascendido hacia el poder Judicial con ciertos juicios que apuntan hacia los más destacados líderes de oposición.
En la patria de Bolívar, el fundamento de todo parece estar referido a la necesidad de que lo legislativo marche al ritmo que quiere el Jefe de Estado y no a paso de tortuga. La Asamblea está bajo el control del oficialismo, pero lo reglamentario demora el trámite legislativo. De ahí que Chávez quiera aprobar las leyes que desea a intenso galope de caballo llanero.
En Bolivia, tal demora es igualmente perceptible, lo que ha sido observado reiteradamente por algunos funcionarios del actual Gobierno. Si desde el Palacio Quemado se copia fielmente a Hugo Chávez o simplemente se ignora su emprendimiento, es algo que sabremos en el transcurso de los próximos días. Entre tanto, confiemos con un último hálito de esperanza en que no se haga lo mismo para que no se cometa un nuevo estropicio contra la democracia boliviana.
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