Los pocos cancilleres, menos de diez, que llegarán a Cochabamba para la asamblea de la OEA, no podrán escuchar todas las quejas que tienen los bolivianos contra el que ellos consideran el “primer presidente indígena” de Bolivia.
No están enterados de que ese personaje se ha convertido en un “indígena dictador”, como lo llamó Fernando Vargas, dirigente de los indígenas del TIPNIS.
Para prevenir que las quejas lleguen a la asamblea, aunque dando la razón a sus víctimas, el gobierno ha anunciado que llevará ante sus jueces (le pertenecen) a todos los bolivianos que intentaren desprestigiarlo durante esta reunión internacional.
La cola de los que quieren dejar sus quejas es larga. Hay de todo. Si la OEA los recibiera por orden de jerarquía, tendría que comenzar por los expresidentes. A ellos, el “indígena dictador” decidió llamar “sindicato de corruptos confesos”, aunque ninguno se dio por aludido, como lo demostraron al concurrir, prestos, a la primera convocatoria que les hiciera el dictador.
En segunda fila tendrían que estar los gobernadores víctimas de la dictadura. Hay uno preso desde hace tres años sin sentencia, otro que acaba de renunciar para frenar la maquinaria judicial que avanzaba contra él, otro en el exilio y otro que camina por una larga cuerda floja.
Los alcaldes se cuentan por docenas. Son todos aquellos que obtuvieron más votos que el partido del “indígena dictador” en las elecciones. El criterio que se maneja en estos casos es que quien hubiera llegado a un cargo electivo habiendo ganado al MAS, es mal funcionario y la justicia debe destituirlo. Ganar al partido del “dictador indígena” es un delito penado por las leyes del proceso de cambio.
En la multitud que espera para derramar lágrimas ante la OEA hay por lo menos 17 parlamentarios opositores. Uno, Róger Pinto, está asilado en la embajada brasileña. Tiene 22 procesos en su contra, que la justicia del “indígena dictador” tramita con mucha diligencia. Escapó sobre la hora. Los demás parlamentarios tienen procesos abiertos de todo tipo. Adriana Gil, que durante varios años defendió al ahora “indígena dictador”, será expulsada del parlamento porque tuvo la osadía de decir que el presidente fue “desleal” con los indígenas del TIPNIS. Están también Norma Piérola, Centa Rek, para mencionar sólo a algunas de las mujeres que están en la mira.
La cola de los que quieren presentar sus quejas es tan larga que se pierde de vista. Están los tarijeños, que acaban de ser despojados de la mitad de sus regalías y ahora ven cómo el partido del “indígena dictador” no acepta haber sido derrotado en la asamblea departamental y ha decidido secuestrar a los asambleístas opositores.
Los periodistas confinados, acallados, ofendidos por el “indígena dictador” no están en la cola, porque están trabajando. Hacen bien porque ha llegado de Quito un invitado de último momento que también odia a los periodistas.
Pero la OEA no escuchará a nadie. Ni siquiera a los que lloran por el mar.
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