La Policía Boliviana tiene la obligación y la responsabilidad de preservar el territorio nacional para evitar que grupos de narcotraficantes colombianos sienten sus bases. Diarios argentinos han asegurado que un cártel de droga colombiano está operando en el departamento de Santa Cruz. La afirmación periodística tiene su origen en una investigación a raíz de un escándalo de tráfico de cocaína que involucra a los hijos de un ex comandante de la Fuerza Aérea de Argentina durante el gobierno del expresidente de ese país Carlos Menem, y que se encuentran detenidos en Barcelona después de ser encontrados con 944 kilos de cocaína.
Los hijos del exjefe militar estuvieron en Santa Cruz en 2010 presuntamente para coordinar los envíos de cocaína con miembros del Cártel del Valle, un grupo peligroso de la mafia colombiana, de hecho la tercera organización más importante que trafica con drogas. La versión es de lo más delicada, porque el crimen organizado de traficantes de cocaína tiende a internacionalizarse ingresando bandas colombianas a territorio boliviano que, en ese país, han desencadenado crímenes que, en realidad, salen del control de las autoridades policiales, pese a los enormes esfuerzos que realizan en el combate contra el narcotráfico. El comandante de la Policía Boliviana, general Óscar Nina, ha reconocido que por lo menos los miembros de esa organización están haciendo algunas operaciones en el país, “en algunos trabajos de coordinación con el fin de quedarse aquí”. Si se interpreta con cuidado la declaración del máximo jefe policial boliviano, se puede colegir que las posibilidades de que el grupo narcotraficante está presente en Santa Cruz son grandes, puesto que es comprensible que el comandante Nina guarde prudencia en un asunto tan grave, aunque los hechos investigados por la prensa argentina, no pueden ser negados ni rechazados, y por ello mismo habría que dar como ciertas esas versiones. La presencia criminal de un grupo de narcotraficantes colombianos plantea una situación de enorme riesgo para la seguridad interna no sólo del departamento de Santa Cruz, sino de todo el país, mucho más cuando el diario La Nación de Buenos Aires afirma, de manera categórica, que los hermanos Juliá, que son los hijos del excomandante de la Fuerza Aérea Argentina, se reunieron en Santa Cruz con un empresario extranjero para coordinar el envío de droga hacia el país europeo. Lo que se denomina “coordinar” es simplemente producir y recolectar la mayor cantidad de cocaína, establecer contactos con los productores y realizar las operaciones para enviarla al exterior. Para ello, este Cártel del Valle contaría con fábricas de cristalización de cocaína y pistas de aterrizaje en Santa Cruz. La Policía Boliviana tiene la obligación de preservar el territorio nacional, para evitar que grupos del narcotráfico se instalen y realicen operaciones desde Bolivia, aunque esta responsabilidad no puede estar exenta del trabajo que debe desarrollar la fuerza antidroga nacional en la interdicción de las fábricas de cocaína, que funcionan en el país y que ahora lo hacen a través de diferentes modalidades, que ya no están siempre relacionadas con la producción extensiva del alcaloide, sino mediante pequeñas fábricas móviles que operan en domicilios particulares en poblaciones rurales y en las ciudades capitales, empleando tecnología colombiana que facilita la producción de la droga. La Policía tiene enorme responsabilidad y, principalmente, la cúpula de sus altos mandos que tendrán que informar sobre los resultados de su trabajo, frente a estas organizaciones criminales que, como se sabe, cuando se instalan en un territorio lo dominan mediante el crimen y el terror.
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