La orden de detención de dos ex alcaldes y un develado plan para sacar del cargo a un gobernador, todos opositores, reactivó acusaciones de una persecución de parte del gobierno boliviano contra los dirigentes políticos que no se alineen con el presidente Evo Morales.
En procesos separados, la justicia encarceló el lunes al ex alcalde de Sucre Jaime Barrón, por un caso de vejaciones públicas a indígenas en 2008, y el miércoles sentenció a tres años de cárcel a su par de Potosí, René Joaquino, y a seis concejales por irregularidades en el manejo de fondos públicos.
"Esta es una decisión política; cualquier abogado que revise los antecedentes va a ver esta injusticia", dijo el miércoles Joaquino sobre la sentencia.
Joaquino y Barrón ganaron sus cargos en las municipales de abril pasado y fueron destituidos merced a una ley que el oficialismo aprobó en julio, que señala que es suficiente que haya una acusación contra un funcionario para que éste sea apartado de su cargo sin esperar a una sentencia judicial.
Ya en el momento de la aprobación de esa ley la oposición juzgó que ésta serviría para perseguir a funcionarios que no sean del agrado del gobierno.
Al caso de los ex alcaldes se sumó la denuncia del gobernador opositor Mario Cossío, de Tarija -la región gasífera de Bolivia-, quien el miércoles acusó al ministro de Economía, Luis Arce, y a dirigentes oficialistas de conspirar para sacarlo del cargo.
"Estoy presentando una querella en la Fiscalía, denunciando estos planes conspirativos", afirmó Cossío, quien presentó una grabación magnetofónica en la que hablaban dirigentes locales del oficialismo de Tarija con el ministro Arce el pasado 5 de noviembre.
En las grabaciones, el asambleísta Marcelo Poma dice durante la reunión que "Cossío es como payaso en un péndulo; vamos a mover la cuerda hasta que caiga", mientras en otro aparte indica que "tenemos un elemento invisible que está de parte nuestra, es que de alguna manera manejamos el Poder Judicial".
"Estamos frente a la judicialización de la política, el gobierno quiere acabar con la oposición, estamos transitando de un régimen democrático a uno dictatorial", afirmó este jueves el influyente diputado opositor de la región de Santa Cruz, Jorge Flores.
Recordó que el gobierno de Morales ya destituyó a un gobernador opositor, en la cárcel desde hace más de dos años sin sentencia y que también pretende enjuiciar al ex candidato presidencial Manfred Reyes Villa, quien está prófugo en Estados Unidos.
"Esto no va a terminar hasta que destituyan a los gobernadores (de la región del Beni, Ernesto) Suárez y (de Santa Cruz, Rubén) Costas", aseguró. Sobre las dos ex autoridades también pesan acusaciones oficialistas.
Para el analista independiente Carlos Cordero, "otras autoridades electas tienen que estar muy preocupados porque la estrategia de concentración del poder abiertamente desarrollada por el partido de Gobierno, además de la judicialización, no se detendrá".
"Es la justicia la que lleva los juicios y el gobierno no tiene ninguna influencia sobre los jueces", dijo de su lado el presidente de la Cámara de Diputados, el oficialista Héctor Arce, para quien los procesos responden a acusaciones por delitos cometidos por las ex autoridades.
En Sucre y Potosí se preparan protestas en solidaridad con los ex alcaldes.
"Vamos a hacer marchas callejeras y vamos a recolectar 100.000 firmas para denunciar este atropello ante organismos internacionales", señaló Susy Lazcano, dirigente del partido de Joaquino, un ex albañil que fue reelegido varias veces en el cargo.
En el caso de Sucre, la radical federación local de universitarios anunció que planea iniciar una huelga de hambre para protestar por la detención de Barrón.
Ante estos anuncios el viceministro de Régimen Interior, Marcos Farfán, advirtió que "las personas que recurran a la violencia serán debidamente sometidas a proceso" penal.
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