El atraco señala, en primer lugar, el desequilibrio en el poder de fuego que tienen las instituciones policiales y militares frente a grupos delictivos que tienen armas militares de grueso calibre que solo las Fuerzas Armadas podrían enfrentar de igual a igual. Los mismos policías han alertado que las autoridades bolivianas los están enviando a enfrentar a los narcotraficantes como “carne de cañón”, sin los medios suficientes para encarar el combate. No hay duda que los delincuentes contaban con entrenamiento militar suficiente como para dar, como en este caso, un golpe histórico a la acción del Estado contra el tráfico de drogas.
Si bien por su magnitud estamos ante el atraco más importante de la historia policial de Bolivia, no hay que olvidar que las bandas vinculadas al narcotráfico vienen incrementando sus acciones delictivas contra objetivos institucionales o contra individuos por ajustes de cuentas. El Gobierno del presidente Evo Morales insiste en señalar que en Bolivia no actúan los cárteles de la droga provenientes de México o Brasil. Asegura que la producción y tráfico de drogas en el país está en manos de ‘clanes familiares’ que no ponen en riesgo la seguridad ni la paz social.
Lejos de esta interpretación, los indicios señalan con claridad que los cárteles de la droga ya incluyen a Bolivia como plaza fundamental para sus actividades delictivas. El denominado Comando Vermelho (del portugués, Comando Rojo) y el mexicano cártel de Sinaloa han extendido sus brazos en el país con el único objetivo de asegurar la adquisición de cocaína, producto que se comercializa a un precio decenas de veces mayor en Brasil, Argentina, México, Estados Unidos y Europa.
El atraco ocurrido cerca de la localidad de Roboré demuestra que las organizaciones delictivas vinculadas al narcotráfico están dispuestas a todo. Por eso, el Estado debe fortalecer sus fuerzas de seguridad, endurecer su política contra las drogas y no dar señales en sentido de flexibilizar la producción de coca. Ojalá nos demos cuenta a tiempo de que el país no puede hundirse en un horizonte de violencia e inseguridad tal como ocurre hoy en México o Brasil
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