El deber reclama por medidas para evitar bloqueos y amenazas de sitiar poblaciones o ciudades. su reclamo es legítimo, aunque no es creíble que el Régimen que inventó los sitios y bloqueos los vaya a prohibir. no lo hará porque continúa utilizando tales métodos para sus chicanerías, "sus movidas" para obtener lo que quiere. en un futuro próximo debería implantarse penas ejemplarizadoras contra tales delitos que afectan al Bien Común, al Estado de Derecho, a la plena vigencia de la Democracia. en países civilizados tales delitos simplemente no existen. son inadmisibles.

En varias oportunidades ya hemos comentado la urgente necesidad de introducir penalizaciones que frenen los incesantes bloqueos y permanentes amenazas de ‘sitiar’ pueblos o ciudades. No puede ser que al tradicional postulado -tan sabio- de nuestra vieja diplomacia “Bolivia, tierra de contactos y no de antagonismos”, se le termine borrando la primera parte para quedar únicamente con la parte conflictiva, los antagonismos. Ello significaría traicionar la propia esencia y condición geográfica de Bolivia como país bisagra entre Amazonas y el Plata, entre el Pacifico, los Andes y el Atlántico. 

No podemos renunciar al venturoso destino que puede tener Bolivia como nación distribuidora desde el corazón sudamericano por esta constante ‘chacota’ de tanto bloqueo. Sin embargo, nada se hace hasta ahora en contra de los bloqueos, aunque últimamente el ministro de Gobierno dijo que no permitirá un cerco a Santa Cruz, como el anunciado por organizaciones sociales con reivindicaciones sociales supuestamente insatisfechas en el departamento.

En tanto, cualquier grupillo con ‘x’ protesta opta por cortar caminos o accesos boicoteando además el flujo de mercancías. Casi nunca hay castigos. Cuando no hay interés político del oficialismo y se trata del perjuicio de un pueblo inerme, los bloqueos quedan sin sanción so pretexto de la “libertad de protestar”, olvidando otra verdad democrática: la libertad de transitar. Es más, se ha llegado a tales extremos que ahora no son solo vías bloqueadas; a veces hay urbanizaciones enteras ‘sitiadas’ por grupos que en procura de sus intereses particulares perjudican a la indefensa población. Si la democracia representa el gobierno de las mayorías, entonces debería respetarse ese principio castigando a bloqueadores o sitiadores, que además siempre son ínfimas minorías.

El tema de tanto bloqueo y amenaza de ‘sitiar’ ya está siendo conocido más allá de nuestras fronteras. Varios exportadores de regiones limítrofes lamentablemente están dejando de usar las rutas bioceánicas construidas en Bolivia, o ya anunciaron que no utilizarán las que se construyan en el futuro debido al temor de terminar con sus productos varados y con cuantiosas pérdidas. El precio que está pagando el país por la persistencia abusiva de los bloqueos es inmenso. Ha llegado la hora de parar tanto daño. Debe iniciarse de inmediato la puesta en práctica de sanciones firmes contra quienes promueven bloqueos o cercos. Solo así se terminará con esta perjudicial actitud que ya parece una peste.