Justo un año después de la masacre de Palmasola que dejó 35 muertos y más de 170 heridos, se ha producido un hecho similar en el penal de El Abra de Cochabamba, aunque afortunadamente el número de víctimas mortales y de lesionados es mucho menor. De cualquier forma, los ingredientes son idénticos y reflejan que los centros de reclusión en el país siguen siendo tierra de nadie, mejor dicho, lugares donde son los presos, el crimen y la extorsión los que imponen sus reglas, con la anuencia de las autoridades que deberían hacer todo lo contrario.
En Palmasola se comprobó que algunos policías actuaron en función de uno de los grupos de presos que atacó a una facción adversaria y que incluso facilitaron la movilización de un pabellón a otro para que se produzca el sangriento ataque. Sin embargo, entre los sujetos que han sido sentenciados como culpables de la masacre no figura ningún funcionario, pese a todas las evidencias existentes.
Esa impunidad es la que permite que las cosas no cambien en las cárceles y prueba de ello es que en el incidente de El Abra, donde existe la misma pugna de poder entre los presos para controlar a la población penal, para cometer extorsiones y gozar de grandes privilegios, se produjo una figura idéntica, es decir, autoridades penitenciarias y guardias operando estratégicamente a favor de una de las bandas. En esta ocasión y pese a que el Ministerio de Gobierno hizo todo lo posible para ocultar las pruebas, no se pudo esconder un gravísimo acto de extorsión que le ha costado la cabeza nada menos que al director departamental de penitenciarías de Cochabamba, quien habría participado en una transacción de 30 mil dólares.
Ese parece ser el quid de la cuestión, la “chorrera” de dólares que circula en las cárceles producto del auge del narcotráfico y de otros crímenes conexos que tienen sus redes dentro de los pabellones, donde corre la droga, las bebidas alcohólicas, donde reina la prostitución, se organizan fastuosas fiestas y donde la extorsión y los “servicios de seguridad” que controlan los grupos dominantes reporta jugosas ganancias que se reparten también entre policías y autoridades. Cómo será de “liberal” el funcionamiento dentro de los penales, que últimamente los dirigentes de los productores agropecuarios han denunciado que los cabecillas de los “tomatierras” con amplias prerrogativas dentro del INRA y con importantes contactos en la justicia, comandan los avasallamientos desde Palmasola.
Alguien puede afirmar que en este sistema de cosas no hay novedades, aunque nadie puede negar que el problema se está agudizando, con autoridades que se dejan llevar por este esquema millonario que compra conciencias, impone sus reglas y que compromete seriamente la seguridad de la población que está fuera de las cárceles, la que sufre el accionar de los “auteros”, secuestradores y narcos que tienen mucho más facilidades para operar dentro de los centros penitenciarios.
Estamos seguros que el factor electoral ha incidido de manera crucial para que, esta vez, el Gobierno actúe con premura en busca de un culpable y lo mande a procesar, hecho que no ocurrió con Palmasola. Si no se actúa con transparencia y con el objetivo de cambiar el sistema de cosas dentro de las cárceles, dentro de un año o tal vez menos, ocurrirá algo peor y a este paso, el asunto será incontrolable.
La impunidad y la corrupción que reinan dentro de las cárceles permiten que los presos sean quienes controlan la seguridad y las redes de extorsión que reportan importantes ganancias a ciertas autoridades.
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