Si es por hacerle caso al nuevo “reloj cangrejo”, ya lo hemos conseguido: estamos retrocediendo. Y una muestra clara de aquello es la reciente aprobación en el Senado del proyecto de Ley del nuevo Código Niño, Niña y Adolescente” que reduce de 14 a 10 años la edad mínima para trabajar legalmente.
Esta es una medida que se veía venir, luego de las constantes arengas lanzadas por el presidente sobre su triste pasado y la situación de la niñez en Bolivia, como si la idea de progreso fuera hacer que nuestros hijos y nietos experimenten los mismos padecimientos que vivieron nuestros abuelos. En ese caso, habría que cerrar las escuelas y las universidades para que las futuras generaciones vivan en condiciones de sufrimiento y de escasez, esperando que de esa manera puedan construir un país mejor.
La modificación introducida en una norma tan importante ha sido motivo de críticas a nivel internacional, entre quienes muestran su asombro por el concepto de “revolución” que se está impulsando en Bolivia y la manera cómo se entiende el valor humano.
Es verdad que los niños en el campo, en los barrios, en los mercados y las plazas trabajan desde muy pequeños, pero de lo que se trata es de cambiar esa realidad, ayudar a que sus padres puedan prescindir del aporte de sus hijos, para que estos tengan tiempo de estudiar, de desarrollar sus aptitudes y de esa forma puedan cambiar sus vidas, la de sus familias y la comunidad. Las leyes se hacen para cambiar, para reencauzar, pero en este caso, no hace más que legitimar una situación anómala, equivalente, por ejemplo, a legalizar el contrabando, situación que lamentablemente ya se dio en una oportunidad.
Es incomprensible que el Gobierno impulse una medida como esta pese a todo el discurso de prosperidad que ha estado lanzando. Se asegura que estamos derrotando la pobreza, que cada vez hay más clase media y que muy pronto todos vamos a “vivir bien”. ¿Eso incluye a esos niños que muy probablemente serán explotados por padres irresponsables, que trabajarán en las calles, expuestos a los peligros de las drogas y la violencia? Para colmo, la ley fomenta la informalidad del trabajo infantil, lo que impide realizar un control sobre las horas y las condiciones laborales.
Es curioso que esta norma se discuta y se apruebe justo cuando se publican tristes estadísticas sobre la situación de los niños trabajadores de la calle, víctimas de la drogadicción en un 70 por ciento. Los organismos que trabajan con grupos de riesgo no dudan en afirmar que el cambio no ayudará más que a perpetuar una situación de indigencia con la que se viene lidiando desde hace décadas y que no se puede cambiar justamente porque no hay un soporte institucional y legal para proteger a los más débiles. Ahora no solo que no existe, sino que el Estado interviene para avalar las realidad que debían ser cambiadas.
La modificación contradice también todas las convenciones y normales internacionales sobre los derechos del niño y el trabajo determinadas por la OIT y significa un retroceso monumental en la situación de los derechos humanos en el país. Para colmo de males, en el mismo paquete de reformas que se planea establecer en el Código Niño, Niña, el oficialismo tiene previsto reducir la edad de los adolescentes para ser imputables ante la ley. Otro atentado, según lo han manifestado los defensores de las garantías elementales y los principios legales universales.
Esta es una medida que se veía venir, luego de las constantes arengas lanzadas por el presidente sobre su triste pasado y la situación de la niñez en Bolivia, como si la idea de progreso fuera hacer que nuestros hijos y nietos experimenten los mismos padecimientos que vivieron nuestros abuelos. En ese caso, habría que cerrar las escuelas y las universidades para que las futuras generaciones vivan en condiciones de sufrimiento y de escasez, esperando que de esa manera puedan construir un país mejor.
La modificación introducida en una norma tan importante ha sido motivo de críticas a nivel internacional, entre quienes muestran su asombro por el concepto de “revolución” que se está impulsando en Bolivia y la manera cómo se entiende el valor humano.
Es verdad que los niños en el campo, en los barrios, en los mercados y las plazas trabajan desde muy pequeños, pero de lo que se trata es de cambiar esa realidad, ayudar a que sus padres puedan prescindir del aporte de sus hijos, para que estos tengan tiempo de estudiar, de desarrollar sus aptitudes y de esa forma puedan cambiar sus vidas, la de sus familias y la comunidad. Las leyes se hacen para cambiar, para reencauzar, pero en este caso, no hace más que legitimar una situación anómala, equivalente, por ejemplo, a legalizar el contrabando, situación que lamentablemente ya se dio en una oportunidad.
Es incomprensible que el Gobierno impulse una medida como esta pese a todo el discurso de prosperidad que ha estado lanzando. Se asegura que estamos derrotando la pobreza, que cada vez hay más clase media y que muy pronto todos vamos a “vivir bien”. ¿Eso incluye a esos niños que muy probablemente serán explotados por padres irresponsables, que trabajarán en las calles, expuestos a los peligros de las drogas y la violencia? Para colmo, la ley fomenta la informalidad del trabajo infantil, lo que impide realizar un control sobre las horas y las condiciones laborales.
Es curioso que esta norma se discuta y se apruebe justo cuando se publican tristes estadísticas sobre la situación de los niños trabajadores de la calle, víctimas de la drogadicción en un 70 por ciento. Los organismos que trabajan con grupos de riesgo no dudan en afirmar que el cambio no ayudará más que a perpetuar una situación de indigencia con la que se viene lidiando desde hace décadas y que no se puede cambiar justamente porque no hay un soporte institucional y legal para proteger a los más débiles. Ahora no solo que no existe, sino que el Estado interviene para avalar las realidad que debían ser cambiadas.
La modificación contradice también todas las convenciones y normales internacionales sobre los derechos del niño y el trabajo determinadas por la OIT y significa un retroceso monumental en la situación de los derechos humanos en el país. Para colmo de males, en el mismo paquete de reformas que se planea establecer en el Código Niño, Niña, el oficialismo tiene previsto reducir la edad de los adolescentes para ser imputables ante la ley. Otro atentado, según lo han manifestado los defensores de las garantías elementales y los principios legales universales.
Es verdad que los niños en el campo, en los barrios, en los mercados y las plazas trabajan desde muy pequeños, pero de lo que se trata es de cambiar esa realidad, ayudar a que sus padres puedan prescindir del aporte de sus hijos, para que estos tengan tiempo de estudiar, de desarrollar sus aptitudes y de esa forma puedan cambiar sus vidas, la de sus familias y la comunidad.
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