Un dicho popular sentencia que “lo que mal empieza, mal acaba”. Es aplicable, en este caso, a la justicia boliviana, que ha ido de mal en peor desde que en 2011 fueron convocadas, por primera vez, unas elecciones para la creación de un organismo judicial “más eficiente, más idóneo y, esencialmente, menos corrupto”. Se trataba, además, de desterrar las recetas de regímenes anteriores para el ‘cuoteo’ del Poder Judicial cuyas autoridades eran elegidas por el Parlamento en base a cupos de las fuerzas políticas ligadas al Gobierno de turno.
Pero la legitimidad de aquella elección quedó en entredicho porque el registro de votos blancos y nulos fue superior al de los válidos. Se criticó entonces la poca transparencia, la violación de la Constitución en varios aspectos y la amañada preselección de candidatos sin capacidad, experiencia ni conocimientos básicos. Por la distorsión grosera de su objetivo resultó un proceso fallido en todo sentido. De tal modo, la elección manipulada de sus autoridades no solucionó la crisis estructural del sistema judicial en el país, que sigue bajo una administración tan ineficiente como corrupta, muy alejada de su compromiso con la necesidad de justicia de la ciudadanía.
En realidad, la elección de 2011 se centró en la búsqueda del control del Poder Judicial para convertirlo en estructura funcional al régimen actual. El propio jefe de Estado tuvo a su cargo la designación de varios magistrados mientras que operadores del partido gobernante, cuyas candidaturas fueron elegidas en la Asamblea Legislativa por la mayoría oficialista, terminaron ocupando otras instancias. En vez de hacer las cosas sin doblez, con la connivencia gubernamental y al amparo de procedimientos oscuros, fue malograda la oportunidad de corregir gradualmente el anacrónico mal funcionamiento de uno de los poderes fundamentales del Estado.
Buscando enderezar lo que está torcido, la ministra de Justicia se ha referido últimamente a la posibilidad de modificar la Constitución para hacer viable el revocatorio de los magistrados elegidos hace tres años. El presidente Evo Morales, después de admitir que la justicia sigue siendo uno de los eslabones más débiles de su gestión, planteó una ‘revolución profunda’ (¡una más!) mediante referéndums para que el voto popular determine el cambio que sigue pendiente.
Un cambio, el que demanda con urgencia la justicia, se dará garantizando plenamente la independencia de su funcionamiento y siendo honesto el propósito de enmendar finalmente errores que se repiten cada vez
Consejo Editorial: Pedro F. Rivero Jordán, Juan Carlos Rivero Jordán, Tuffí Aré Vázquez, Lupe Cajías, Agustín Saavedra Weise y Percy Áñez Rivero
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