Esta vez, con una nitidez mayor, los cambios ministeriales apuntan a la habilitación del presidente para su repostulación electoral. Esta vez, las dimensiones política y técnica de los nuevos ministros y de los ratificados fueron subordinadas a la necesidad partidaria de permanencia en el poder. Es decir, la gestión pública fue reducida a una necesidad electoral.
La agenda gubernamental es la reelección. El Gobierno se redujo a un congreso partidario en Montero para concluir puntos estratégicos. Primero, solo hay un candidato oficialista, aún inhabilitado por el referendo popular del 21-F. Segundo, revisar la validez y la vigencia del referendo del 21-F por cualquier medio. Tercero, discutir cuatro alternativas para la habilitación del presidente. Cuarto, controlar el Órgano Judicial para la habilitación electoral mediante una interpretación constitucional. Ya lo hicieron antes para las elecciones de 2014 y de Nicaragua llegó una variante de esta ilegalidad. Quinto, movilizar a los partidos y organizaciones de la coalición del MAS para la repostulación y reelección.
El propio beneficiario de estas maniobras dijo que las siguientes elecciones las tiene ganadas y que el problema incómodo era lograr la habilitación. Nadie dijo nada, menos el Tribunal Supremo Electoral (TSE). Si los resultados electorales ya están establecidos previamente, ¿para qué las elecciones? ¿Para qué tribunales electorales? El verdadero problema y dificultad, según el candidato oficialista, es la habilitación. Ahora bien, el Órgano habilitante es y debe ser el Poder Judicial. Por tanto, urge el control de sus miembros para asegurarse un fallo favorable, similar a los anteriores fallos del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).
El éxito del control judicial fue asignado al nuevo ministro de Justicia, uno de los principales autores de la trágica teoría y práctica del 2011, la designación partidaria de jueces y magistrados refrendados por el voto popular. Ellos hundieron la administración de la justicia al ‘partidizar’ y ‘sectarizar’ su selección y su designación. Ahora ¿con la máscara de los salvadores de la pésima justicia? Si los autores de la tragedia anterior son los mismos, piensan lo mismo y los intereses antidemocráticos son los mismos, ¿podemos esperar una selección y designación imparcial y no ‘partidizada’ de autoridades judiciales?
Lo dijimos y lo denunciamos en su momento: el voto popular es el peor método para la designación de jueces y magistrados porque estas autoridades no deben rendir cuentas a sus votantes sino a la Constitución, a las leyes y a sus conciencias. De forma oportuna, hemos abogado por la meritocracia de los postulantes a jueces ante los ataques del MAS. El tiempo nos dio la razón, pero a los gobernantes, solo simulación y apariencia de cambio.
Junto al control judicial, hoy fue fortalecido el aparato estatal del clientelismo y prebendalismo, con la designación de operadores políticos y técnicos de segunda línea, y el refuerzo financiero a la famosa UPRE, instrumento del centralismo (85% de inversión pública vs 15% de los gobiernos subnacionales). Seguirán las obras con mayor perfil electoral, a costa de una mayor deuda externa y recursos de las reservas internacionales. La anulación de los ministerios de Autonomía y Transparencia reveló la artificialidad de los mismos. La equidad de género del gabinete se redujo al 20% y al 15%, la presencia indígena del supuesto Gobierno plurinacional
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