miércoles, 13 de agosto de 2014

tanto en Argentina como en Bolivia la ingerencia del poder ejecutivo en la Justicia es un hecho. lo expresa Axel Kichillof ministro de Cristina cuando pretender politizar el tema de los llamados fondos buitres, y pidiendo que Obama influye en el Juez que está viendo el tema. ingerencia inaceptable según Marcelo Ostria

El pasado 6 de agosto, la prensa argentina difundió la protesta del ministro de Economía argentino, Axel Kicillof, porque el Gobierno del presidente Obama “no le pone límites al juez” estadounidense Thomas Griesa, a cargo de la causa de los llamados fondos buitre, y cuya jurisdicción fue aceptada por el Gobierno argentino. El ministro, al cuestionar al magistrado Griesa, no evitó el lenguaje tosco: “Esto parece joda”.

Lo que podría ser tomado solo como un gazapo del jerarca argentino, tiene trasfondo. Coincide con la convicción de varios personajes autoritarios de que es lícito, al ejercer el poder, “poner límites” a los jueces, influyendo para que sus fallos favorezcan los intereses políticos del oficialismo.
Aunque ya es de conocimiento general, vale la pena recordar que uno de los elementos de la democracia es la separación e independencia de los poderes públicos, como lo establece la Carta Democrática Interamericana (art. 2), y que “la independencia del poder judicial es fundamental para el buen funcionamiento del Estado de Derecho. Es una precondición para la aplicación imparcial del derecho –a toda persona por igual– y es un componente esencial en el fortalecimiento de los poderes judiciales de América Latina”(Fundación para el Debido Proceso).

Como era de esperar, cuando a pedido del Gobierno argentino se convocaba a una reunión del Consejo Permanente de la OEA para considerar este caso y dar respaldo al Gobierno de la señora Kirchner en este trance judicial, la representante de Estados Unidos ante la OEA, Carmen Lomellin, ya lo advirtió: “Es importante respetar la independencia del Poder Judicial y no interferir con sus decisiones”.

La práctica de influir –o de “poner límites”– en las decisiones de los jueces es habitual en los gobiernos autoritarios y, en especial, en los neopopulistas. Sin embargo, sus representantes no la admiten públicamente. Por ello, es probable que el ministro argentino Kicillof haya sido víctima de un desliz freudiano –o traición del inconsciente–, manifestando lo que tenía la intención de ocultar.

Lo cierto es que en varios países bajo el signo de populismo se ha generalizado la injerencia oficial en la justicia para ponerla al servicio del régimen. No es extraño, entonces, que en nuestro caso “la confianza de los bolivianos en el sistema de justicia se encuentre en el nivel más bajo desde 2006”; esto según el estudio Cultura Política de la Democracia en Bolivia, 2014 (Los Tiempos. 06.08.2014)
 

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