"hartos de dictaduras, la falta de pan, de progreso y falta de libertad" explican lo de Egipto, pero también "el reculazo" juzga Guillermo Capobianco

El mismo día en que cientos de miles de jóvenes en Egipto se concentraron en calles, avenidas y plazas, los mandos supremos del Ejército emitieron un comunicado en el que dieron a conocer su decisión de no disparar contra el pueblo enfurecido porque consideraban legítimas sus demandas. Las multitudes exigían el fin de la ‘era Mubarak’.
Fue la culminación de todo un proceso silencioso que se desarrolló en el interior de los cuarteles no sólo en países del mundo árabe, sino también en el planeta globalizado.
Un mundo nuevo, cambiante, donde los jóvenes menores de 25 años enarbolan banderas y llevan antorchas que se creían totalmente anacrónicas. No había sido así.
Es una rebelión global de jóvenes y militares que rompe viejos esquemas políticos y, sobre todo, ‘esquematismos ideológicos’.
“Democracia, justicia, pan y libertad” es el ‘grito desgarrador’ de esta juventud en rebelión contra todo orden dictatorial y autoritario por más que éste se ‘disfrace’ de ropajes democráticos y revolucionarios, socialistas o ‘comunitaristas’.
En este país nuestro de las filas interminables y de los cupos de azúcar, como en los mejores tiempos de la revolución de los años 50, el guión ya se puso en ejecución el 4 de mayo de 2008 durante la rebelión de los cruceños y su referéndum autonómico.
Una generación de jóvenes oficiales de alta graduación se negó a obedecer la orden presidencial de tomar militarmente la ciudad rebelde, evitando un “baño de sangre fratricida”.
En Egipto, los militares salieron de sus cuarteles para resguardar el orden público y fueron recibidos sorpresivamente por el aplauso entusiasta de los rebeldes. La caída de Mubarak es inminente.
Hasta hace poco la teoría clásica establecía que para producir un hecho político de esta magnitud era ‘indispensable’ la existencia de un ‘instrumento político’ de organización y de movilización. Parece que esta premisa pasó a la historia.
Los partidos políticos, los llamados tradicionales, por lo menos en esta experiencia, han sido reemplazados por las redes sociales de la alta tecnología de la comunicación.
Ésta es una verdadera revolución de los tiempos modernos; millones de ciudadanos en pie de guerra recorren calles y avenidas derrotando dictaduras reaccionarias de izquierda o de derecha.
No hay que llevarse a engaños; los pueblos están hartos de dictaduras, de falta de pan, de progreso (falta de azúcar, por ejemplo) y ante todo de falta de libertad para forjar su propio destino.
Miseria, pobreza extrema, falta de alimentos, desigualdad social, centralismo, ausencia de derechos políticos. Los tiempos están cambiando, pareciera que en el interior de los cuarteles está surgiendo de nuevo un nacionalismo militar identificado con su país que se sitúa junto a los pueblos en rebelión.
En Bolivia no podría explicarse de otra manera el ‘reculazo’ del 31 de diciembre. La vida continúa y los procesos políticos, económicos sociales civiles y militares, también.
Ya nada será igual que antes. La democracia política global como objetivo histórico está clareando el horizonte.

* memocapobianco@gmail.com

a temblar masistas que llegan "los talibanes" de El Alto. protestan por el aumento en el costo de vida y piden la salida de García Linera (ANF)

Las juntas vecinales de El Alto anunciaron que se movilizarán a partir de la próxima semana contra el incremento del precio de los productos de la canasta familiar y reclamando al Gobierno una solución a la escasez de azúcar que sufre el país.

El dirigente del Distrito vecinal 6 de El Alto, Juan Salas, aseguró este jueves que las marchas anunciadas se realizarán luego de un ampliado de la Federación de Juntas Vecinales (FEJUVE) prevista para las próximas horas.

Adelantó que los ejecutivos de la Federación de Juntas Vecinales (Fejuve) de El Alto pedirán impulsar un referéndum revocatorio para el Vicepresidente, Álvaro García Linera, a quien consideran uno de los responsables de la actual crisis económica por la que atraviesan los bolivianos.

“El gobierno y el vicepresidente no puede estar anunciando todos los días que va haber mini gasolinazos, porque eso hace que exista más especulación y alza de precios. La gente más pobre es la afectada”, indicó a tiempo de lamentar que el Presidente, Evo Morales, plantee de forma equivocada suplir el consumo de azúcar por miel de abeja y que se haga hervir huesos para preparar el almuerzo o la cena.

“Es inminente la movilización de los alteños porque mucha gente está llorando y pide a gritos que el azúcar pueda estabilizarse en su precio, pero no hay nada de eso. Entonces, lo único que nos queda es la movilización que será aprobada en un ampliado para que todos salgamos”, manifestó.

Según reportes de medios, decenas de personas realizan filas en las tiendas de la estatal Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa) para adquirir azúcar. En los mercados los precios de los productos de la canasta familiar también sufrieron incrementos.

Salas confirmó que mientras el gobierno no genere fuentes de trabajo seguro y con salarios dignos tanto en El Alto como en el resto del país, los habitantes de esta ciudad se movilizarán cuantas veces vean conveniente.

Asilados famosos. Refiere José Gramunt el caso de Juan Lechín entre otros aunque no menciona a Federico y Filemón Escóbar protegidos por misioneros...

ASILADOS FAMOSOS

Es o no es verdad?

Hacía años que en Bolivia no teníamos motivos para pensar en asilos, exilios políticos, extradiciones y demás situaciones personales anómalas que son frecuentes en los sistemas políticos persecutorios. Tan sólo con el fin de enmarcar este hecho, me remito a los tiempos medievales semibárbaros. Entonces, los templos y monasterios, considerados lugares sagrados, daban asilo, incluso a delincuentes perseguidos por la justicia real, por considerar que hasta el delincuente merece una protección humanitaria racional.

Mucho más cerca en el tiempo, y sin pretender considerar una lista, ni siquiera aproximada, de los asilados famosos, como digo en el titulado de este comentario, la gente de mi edad que todavía respira y piensa, recuerda el caso del político peruano Víctor Raúl Haya de la Torre (1895-1979), fundador de la Alianza Popular Revolucionaria Peruana (APRA) que se asiló en la embajada de Colombia, en Lima, y no pudo salir de aquella residencia diplomática en cinco años, durante los cuales, el dictador Manuel Odría le negó el salvoconducto pasa salir a otro país. Para empeorar aún más la situación, la embajada colombiana tuvo que trasladarse a otro edificio porque la policía mantenía asediada su anterior sede.

Si nos aproximamos un poco más en el tiempo y el espacio, recordaremos que Paz Estenssoro volvió del destierro para ocupar el sillón presidencial, ganado en las elecciones generales del 1951. Un golpe de Estado le arrebató la victoria. Pero – mire usted cómo son las cosas - fue él mismo Paz Estensoro quien practicó una de las más duras persecuciones políticas del último siglo. Algunas palabras y nombres evocarán aquellos tiempos: Control Político, Curahuara de Carangas, San Román, Gayán…

Todavía no habían llegado días más atroces. Pero llegaron fatalmente las dictaduras militares que volvieron a ensombrecer los cielos bolivianos. Las representaciones diplomáticas se llenaron virtualmente de perseguidos políticos. Incluso las europeas, poco inclinadas a recibir esa clase de “invitados”, abrieron sus puertas y habilitaron instalaciones domésticas, para acoger a los muchos bolivianos que solicitaban asilo. De nuevo, algunas casas religiosas como en el medioevo, acogieron a los perseguidos. Estos últimos ingresaban de noche o disfrazados. Se procuraba que el personal doméstico ignorara la presencia de aquellos huéspedes o se los hacía pasar por miembro de la congregación que estaba de viaje por Bolivia. Se gestionaba en alguna embajada el necesario salvoconducto que les permitiría salir del país. Obtenido ese documento “generosamente” expedido por el Gobierno, se los conducía en un coche diplomático hasta el avión que los llevaría al destierro.

Aquí viene al pelo contar la salida clandestina del ex vicepresidente de la República y gran dirigente sindical, Juan Lechín. Gobernaba el Gral. Hugo Banzer. Lechín salió oculto en un jeep conducido por el sacerdote jesuita Gustavo Iturralde, buen conocedor del Altiplano, quien atravesó la permeable frontera boliviano-peruana y libró a Don Juan de la persecución banzerista.

Una vez escritos estos recuerdos de un pasado no lejano, no nos gustaría, es más, nos disgustaría y nos indignaría profundamente que Bolivia volviera a comparecer ante la vergüenza internacional como el país, cuyo Gobierno destierra o exilia a sus ciudadanos.

en lugar de fortalecer la Aduana y dotarla de equipo se privilegia otras acciones y claro: el contrabando no disminuye. aumenta. firma Gary Rodríguez

El Presidente de Bolivia, a tiempo de anunciar como “premio” la inmediata entrega al denunciante del 20% de toda mercadería incautada como contrabando, dijo que éste era un "cáncer", citando la salida ilegal de combustibles como ejemplo. Así como aquel, el contrabando de importación es un cáncer, que junto con el narcotráfico pueden propagarse y hacer metástasis distorsionando la economía formal, quitando tributos y empleos al país. ¿Cuánto hace el Estado para combatirlo, siendo que Bolivia pierde 150 millones de dólares anuales por la salida de combustibles de contrabando, y más de 150 millones en tributos evadidos por el contrabando de importación? En su informe quinquenal del 22 de enero pasado, el Presidente Morales dijo que el narcotráfico en Bolivia estaba mejor equipado que la FELCN. ¡Y eso que dicha fuerza tiene 1.700 efectivos bien armados, pertrechados y muy bien remunerados! ¿Qué decir entonces del Control Operativo Aduanero (COA) que para combatir el contrabando tiene sólo 125 efectivos, 11 movilidades y ningún helicóptero para cubrir 7.000 kilómetros de frontera, rutas internas y ciudades? Mientras que los contrabandistas gozan de modernas radios de comunicación, celulares satelitales, sofisticadas armas y pagan a “loros” para espiar desde los cerros al COA en sus desplazamientos a fin de desviar los convoyes con el contrabando, nuestro COA no tiene nada de aquello, es más, solo opera con “equipos antimotines”. ¡Como si fuera suficiente amenazar con un palo o un gas a un delincuente dispuesto a matar! Así, al COA se lo expone a francotiradores, agresiones y emboscadas enviándolo a una guerra de verdad, totalmente desvalido. El contrabandista se ríe, el COA cae herido, muere o desaparece... Pueblos fronterizos están tomados por el contrabando, son “zonas rojas”. "Hay garajes ocultos. La gente niega a los COA la venta de un café o un almuerzo (...) han llegado al extremo de amedrentar y agredir a los efectivos del COA". La amenaza y el acoso a la Aduana y el COA son patentes. “En estas poblaciones hay mucha pobreza y no hay trabajo. Los contrabandistas se aprovechan de eso. Dan a los comunarios trabajo por horas y luego se hacen sus amigos (...) cuando se les incauta algo ellos los movilizan...” (La Razón, 29/01/2003). En el plano de la solución, ¿por qué no ayudar a generar más empleo formal? ¿Por qué no invertir 30 millones de dólares adicionales para potenciar a la Aduana y al COA para “ahorrar” 150 millones de dólares (contrabando de salida) y ganar 100 millones por tributos (contrabando de ingreso)? ¿Por qué no hacer del COA una Fuerza Especial de Combate al Contrabando, y fusionar la ANB y el SIN para atacar el delito en el mercado interno? Y, dado que la “austeridad fiscal” va dando espacio a la “racionalidad” al autorizarse sueldos mayores al del Presidente del Estado -para que BOA vuele, para explotar el Mutún y para quienes saben de petróleo, ¡hasta por Bs 45.000 mensuales!- ¿por qué no hacerlo con la ANB y el COA? ¡Ningún ingeniero arriesga su vida, como un COA lo hace cada día! Mucho se criticó a los “gobiernos neoliberales” por su escasa voluntad política para combatir el contrabando. Su actitud fue tan débil que propiciaba el abarrotamiento de los mercados con productos extranjeros baratos, ¡así estuvieran manchados con la sangre de quienes luchaban contra su internación ilegal! ¿Un despropósito, o más bien, “a propósito”? En tiempos de cambio, ojala cambie la historia. * Gary A. Rodríguez A. es economista y Gerente General del IBCE

2011-01-24 | La batalla de Samuel

marcha la administración "sin brújula" al divino botón, no tiene rumbo y va de tumbo en tumbo (El Día.SC)

El Gobierno no terminaba de anunciar que daba por superado el problema de la escasez de alimentos y el pico inflacionario que emergió a raíz del gasolinazo y de pronto, en Llallagua una marcha de campesinos y mineros que protestaban por el incremento de los precios deriva en violencia y saqueos a los comercios de ese poblado del norte de Potosí. Las autoridades nacionales optan por calificar la reacción como un acto de connotaciones políticas e insisten en que no hay razones para quejarse porque los precios están bajando en los mercados. De cualquier forma, encomendarse al Ekeko para que no haga faltar comida en el país, parece ser la exteriorización del verdadero sentimiento de un Gobierno que sigue preso de la confusión y la incapacidad para enfrentar las dificultades que agobian a los bolivianos.

El Gobierno sigue en la suya, en el acullico, en la defensa de la coca y en la búsqueda de protagonismo a como dé lugar, atropellando autoridades locales como sucede en el Beni, donde la lucha contra el dengue exige un trabajo coordinado entre las distintas instancias del Estado y dejar de lado las miserias de la politiquería y los resentimientos.

El régimen del MAS continúa enfrascado en sus visiones mezquinas y excluyentes que le impiden reaccionar a tiempo frente a graves problemas. Así pasó con el dengue y ocurre con la tragedia del edificio Málaga, que requería la inmediata intervención del presidente para movilizar equipos, recursos y personal y no como realmente ha pasado, que recién al cuarto día del derrumbe se ordena el traslado de grandes perforadoras y se comienza a procurar ayuda internacional.

Cómo juzgar a este Gobierno, cuya propuesta estrella para luchar contra el contrabando consiste en ofrecerles el 20 por ciento de las incautaciones a aquellas personas que denuncien a los contrabandistas. La recompensa, según anuncia el vicepresidente, será en efectivo y de manera inmediata, sin trámites judiciales ni ningún otro paso “burocrático”. Es verdad que el contrabando es un monstruo de siete cabezas al que hay que enfrentar con todas las armas, pero eso no implica desatar una “cacería de brujas” que se puede prestar a la violación de las normas y los procedimientos administrativos. Con este mecanismo los únicos que saldrán ganando serán los dueños de las mercaderías ilegales, pues no hay forma de respaldar jurídicamente una medida con estas características.

Tal vez no se trate de la legalidad. Ya lo ratificó hace poco el Presidente: aquí se trata de que él hace y sus abogados legalizan. Y en esa línea va justamente la propuesta del senador masista Eugenio Rojas, quien a raíz de la detención del alcalde de Calamarca, Yasid Mamani (MAS), con tres kilos de cocaína, ha propuesto la reducción de las penas por el delito de narcotráfico. Cree que no se puede medir con la misma vara al que trafica con una tonelada que quien comercializa dos o tres kilos. Antes que sigan proliferando los saqueos y las propuestas descabelladas como ésta, el Gobierno –ya lo dijo alguien-, necesita una brújula y más que nada reflexionar con sinceridad sobre el rumbo que está tomando su administración. A este paso, el deterioro del régimen del MAS se producirá antes de lo previsto.

Tal vez no se trate de la legalidad. Ya lo ratificó hace poco el Presidente: aquí se trata de que él hace y sus abogados legalizan. Y en esa línea va justamente la propuesta del senador masista Eugenio Rojas, quien a raíz de la detención del alcalde de Calamarca, Yasid Mamani (MAS), con tres kilos de cocaína, ha propuesto la reducción de las penas por el delito de narcotráfico. Cree que no se puede medir con la misma vara al que trafica con una tonelada que quien comercializa dos o tres kilos.

crónica del diario mayor El Deber que refiere la enorme tragedia que vive Santa Cruz por el derrumbe de un edificio de 10 pisos

Carlos Morales Peña

Desde el cielo, los restos del Málaga parecen formar un dominó desparramado con las fichas pintadas de gris.

Un promontorio de losas, vigas y pilotes destruidos es la señal de que estamos sobre la calle Monseñor Salvatierra, entre René Moreno e Independencia, la zona cero del siniestro. A dos cuadras se observa el edificio del Banco Nacional de Bolivia y, un poco más allá, la catedral mayor de Santa Cruz. La ciudad entera contiene la respiración frente a la impotencia de un rescate que parece imposible.

En el corazón de la inmensa ciudad, una herida, una dolorosa herida sobre la que millones de bolivianos esperan novedades de los posibles sobrevivientes y que ha sido un derrumbe de tristeza por los ocho muertos que, hasta ahora, dejó el desplome del edificio Málaga, el mayor desastre de la construcción.

EL DEBER hizo un sobrevuelo que comenzó a las 16:45 cuando el piloto Fernando Cadaño, de 21 años, pidió pista para el avión CP 2449. Había tardado unos minutos antes de lograr que la máquina descanse de un imprevisto ahogo y de esperar la llegada de otras dos avionetas y un lujoso Fairchaild. “Adelante, 2449, adelante”, ordenó el jefe de seguridad del aeropuerto El Trompillo, una de las estaciones de mayor tráfico aéreo del país.

A las 17:15, este reportero y el fotógrafo Fuad Landívar estábamos en el aire. “Debe volar dando vueltas por la izquierda, también esté atento a otros aparatos, ya que está en la línea de arribo de El Trompillo”, alcanzó a ordenar el operador de pista cuando desde el cielo ya se veía la avenida del segundo anillo.

No pasó ni un minuto y ya estábamos sobre la zona cero del desastre del Málaga. El escenario es, sencillamente, sobrecogedor. Los tres nos quedamos en silencio. Desde los 300 metros de altura en que nos encontrábamos no era posible escuchar el dolor de los familiares ni el esfuerzo de cientos de rescatistas, pero el sentimiento de dolor compartido frente a la tragedia lo pudimos ver y compartir desde otro ángulo.

Un dato que llama la atención de inmediato es el orden en que se realizan las tareas para llegar a los posibles sobrevivientes.
Un equipo de no más de 15 personas, entre bomberos y técnicos, se encuentra sobre los escombros del Málaga.

No mueven una pieza sin antes recibir las instrucciones de intervención en la zona del desastre. Trabajan con ayuda de maquinaria pesada, en particular, una grúa que mueve los bloques más pesados. La labor es lenta, pero parece precisa. Otras decenas de rescatistas esperan en fila para realizar los relevos, otros descansan y recuperan fuerzas.

Varios camiones de alto tonelaje esperan los restos de cemento, losas, ladrillos, maderas y fierros que quedaron de la destrucción. Detrás, en el parqueo que da a la calle Mercado, se instaló el campamento de salvataje de los heridos y atención de los familiares.

La manzana entera fue afectada por el siniestro entre las calles Salvatierra, René Moreno, Independencia y Mercado. En las cuatro esquinas, decenas de ciudadanos particulares y familiares de las víctimas esperan noticias del rescate.

Una larga fila de vehículos espera el paso en un embotellamiento en la René Moreno. Impresiona el número de personas que rodean la cuadra donde se ubicaba el edificio de nueve pisos que cayó la noche del lunes 24.

Otra avioneta, delante de nosotros, realiza también un sobrevuelo en la zona afectada por el derrumbe.
El operador de pista ordena al piloto que se aleje por unos minutos de la zona cero. El tráfico aéreo exige hacer una pausa en el avistaje. Santa Cruz se ve como una alfombra de casas, edificios, calles y avenidas que se extienden al lado del Piraí.

Al minuto volvemos sobre el edificio siniestrado. Desde las alturas se observa la tensión del rescate, bomberos y paramédicos que van y vienen, socorristas que toman un descanso en la titánica tarea.

Dos vueltas más fueron suficientes para mostrar la enorme mole de cemento destruido sobre el que trabajan los bomberos. Parece un gigante tendido que ha sido víctima de un bombardeo aéreo inesperado. Abajo esperan, con un dolor inconmensurable, a que salga alguna víctima con vida.

Detalles

- Rescate. Más de 300 rescatistas, entre bomberos y voluntarios, participan de las tareas de búsqueda de los sobrevivientes.

- Maquinaria. Una grúa excavadora, volquetas y equipos de perforación están siendo utilizados para llegar hasta los lugares donde presuntamente se encuentran los posibles sobrevivientes. Retiran escombros y losas más pesadas.

- Grupos. Los rescatistas fueron distribuidos en tres grupos: socorristas, técnicos de maquinaria pesada y voluntarios.

- Cruces. Desde el aire se pudo observar que se pintaron cruces sobre las losas principales para señalar lugares donde realizar las tareas de perforación.

- Campamento. El parqueo ubicado detrás del derrumbe, sobre la calle Mercado, fue habilitado para instalar el campamento de salvataje de los heridos y familiares. Ocho carpas están listas para atender a las víctimas con equipos paramédicos.

- Obras. Según datos de la propietaria del edificio Málaga, las obras se iniciaron en junio de 2010. Los departamentos debían entregarse en julio de este año.

- Causas. La Fiscalía establecerá las causas del siniestro. Los sobrevivientes señalan que el edificio se desplomó en cinco segundos y que no les dio tiempo a los trabajadores e ingenieros para salir del lugar.

Quejas porque nadie fiscaliza edificaciones
Nadie en Santa Cruz, ninguna entidad pública, sea del municipio u otra estatal fiscaliza la construcción de las obras civiles privadas, especialmente los edificios para uso multifamiliar o de índole comercial, denunció la presidenta del Colegio de Arquitectos de Santa Cruz, Rim Safar.
“El gobierno municipal no tiene ninguna norma que lo obligue a fiscalizar las obras de índole privada. No existe ninguna ordenanza que indique que el ejecutivo municipal debe tener una oficina, una dirección, como se llame, que haga la fiscalización de las obras de ejecución privada” expresó Safar.
Solamente la Alcaldía fiscaliza alguna obra cuando hay un aporte estatal, ya sea del Gobierno nacional, departamental o municipal.
En ese sentido, la representante de los arquitectos cruceños se quejó porque el Concejo Municipal desde 2005 hace “dormir el sueño de los injustos”, un proyecto para modificar el Código de Urbanismo y Obra, vigente desde 1992.
Safar sostuvo, además, que el municipio lo único que hace es aprobar el proyecto arquitectónico sin reparar en los aspectos estructurales. “Solamente piden que el proyecto de arquitectura esté de acuerdo con las medidas, a los retiros y a las alturas que indica el código. Las propuestas del cálculo estructural que se le dan solamente le ponen un sello de revisado, sujeto a responsabilidad del autor”, apuntó.
Por su parte, el actual concejal secretario del organismo deliberante cruceño, Manuel Saavedra, dijo que en la presente gestión no ha llegado al Concejo Municipal ninguna solicitud para modificar el Código de Urbanismo y Obra. Explicó que si es necesario este tema tiene que ser abordado dada su importancia para regular las edificaciones civiles. Saavedra se mostró contrario a buscar culpables mientras dure el proceso de recuperar las víctimas del edificio Málaga.

manejo transparente de la plata del pueblo.sobornos. comisiones. declaración fraguada deben desaparecer. Lucha contra la Corrupción(LP de LP)

El Gobierno y los legisladores no deben olvidar que el acceso a la información es un derecho fundamental que tienen que respetar y legislar…

La lucha contra la corrupción se ha convertido, en casi todo el mundo, en un desafío que muchos países están afrontando con una alta dosis de voluntad, y otros no la toman tan en serio o prefieren ignorarla o buscar la paja en el ojo ajeno.

Esa lucha viene aparejada de la necesidad imperiosa de hacer que los gobiernos manejen en forma transparente los recursos económicos que administran y no usarlos arbitraria o discrecionalmente, sin dar cuenta a nadie mientras ejercen las funciones públicas. No se dan cuenta de que después de dejar esas funciones no faltará quien formule acusaciones y ponga a sospechosos en el banquillo de los acusados. La eliminación de sobornos, de comisiones por concesiones, adquisiciones, la declaración fraguada de bienes y otros actos de corrupción deberían estar destinados a desaparecer. Los funcionarios públicos deberían dar cuenta de todo lo que hacen y de las decisiones que toman, en forma detallada y documentada, a quien se lo pida.

Por eso, los mismos Estados se han comprometido, en el marco de los organismos internacionales de los que forman parte, como las Naciones Unidas o la Organización de Estados Americanos (OEA), a adoptar las políticas necesarias para combatir a la corrupción y para administrar los países en forma cristalina, eficaz y eficiente.

En Bolivia, una de las normas más efectivas es la conocida como Ley SAFCO que establece una serie de mecanismos para utilizar los recursos del Estado. A pesar de ello, no ha sido del todo suficiente. Siempre se ha encontrado el modo de eludirla, incluyendo el dictado de decretos para compras directas, pasando por encima de la ley.

Uno de los métodos, el más moderno que se conoce para reducir la corrupción en la Administración Pública, es la Ley de Acceso a la Información Pública (AIP) que muchos países en el mundo están adoptando. Bolivia tiene, al respecto, un decreto supremo de 2005 que nadie lo cumple, ni los que pueden beneficiarse con la información ni los que están obligados a suministrarla. Estos últimos practican lo que se ha dado en llamar la “cultura del secreto”, sin entender que toda la información que maneja el Estado es, por principio, pública y debía no sólo dársela al que la pida, sin condiciones como las que piden Insumos Bolivia y otras instituciones, sino publicarla en los sitios electrónicos de cada institución pública.

A fines de 2010 se presentó a una comisión de la Cámara de Diputados un proyecto de Ley de AIP que no pasaba el mínimo análisis de rigurosidad y más parecía cumplir simplemente con el propósito de decir: “tenemos una ley de acceso a la información, somos transparentes”, pero que en el fondo no sirva de mucho. Parece tan poco importante para el Gobierno que no figura entre las leyes que el Ejecutivo y el Legislativo se proponen tratar en la presente gestión.

Los legisladores y el Gobierno no deben olvidar que el acceso a la información es un derecho fundamental y que tienen la obligación de respetarlo y legislarlo, para toda la información estatal, en el marco de los estándares internacionales, y no simplemente aprobar una ley que por inaplicable no sólo quede archivada, sino que, además, deje al país a expensas de los corruptos, como siempre ha sucedido.