Aplicada la frase al jefe del
régimen, Evo Morales, se comprende el esfuerzo que hace para convertir las
evidencias de sus trampas discursivas, del derroche de la riqueza producida en
el país y de su mala gestión en la administración pública, en mentiras
fabricadas por la oposición.
El delirio político por prorrogar su mandato ad infinitum, omite la verdad del
artículo 168 de Constitución Política el Estado, que acepta solo una
reelección. La que pretende Morales en 2019 sería la cuarta, viola la ley y
comete delito. Pretender una re-re-reelección es una evidencia que no admite
apelación porque es corromper la democracia.
La sociedad boliviana le dijo NO el 21 de febrero de
2016 para preservar la alternabilidad en el ejercicio del poder político en
democracia. Ese NO es una verdad
comprobada en votos que desbarata sus planes de quedarse en el poder para
seguir medrando de él. Ese NO fue un grito civil sin
que mediara en ese acto manipulación mediática alguna, como pretende hacer
creer el autócrata.
La verdad es que solo después de que Bolivia
dijo NO en febrero de 2016, la sociedad y el mundo
se fueron enterando de los entresijos nada amables del romance de Morales con
la adolescente Gabriela Zapata, y sobre el tráfico de influencias tejido al más
alto nivel político. Sí se sabía antes de aquel Referéndum las verdades sobre
el desfalco al Fondo Indígena, corrupción que se añadía a las barcazas chinas,
el sobreprecio del satélite, entre otras evidencias de gestión plagada de
vicios. Como los afiches con foto de Morales pegados en las ventanas de los
trenes del metro de Madrid para inducir a las/los inmigrantes bolivianos a
votar por el SI. ¿Cuánto costó aquella pegatina en el metro madrileño y otras
ciudades españolas, o las páginas pagadas en diarios extranjeros? Eran
demasiadas evidencias de
abusos y mentiras, abonadas de corrupción rampante. Como todo quedaba en la
impunidad, una mayoría defraudada votó NO.
La verdad de la política autoritaria y populista
de Morales, remite a la pesadilla de las masas en acecho del MAS –cocaleros,
‘interculturales’ y otros- que insisten en que él es “imprescindible” para la
continuidad del “proceso de cambio”. Tras 11 años, se puede afirmar que durante
ese proceso esquilmaron las riquezas de Bolivia en la llamada ‘década de
bonanza’. Las malgastaron y no transitaron de la economía extractivista
primario-exportadora a una economía diversificada, con industrias generadoras
de valor agregado, empleo y trabajo asalariado bien pagado, en lugar de
elefantes blancos y el ‘rentismo’ de los bonos. Ninguno ha disminuido ni la
arraigada informalidad ni la precariedad laboral.
Una verdad objetiva fue la vivida hace un año,
ante la insensibilidad de Morales frente a las maltratadas personas con
discapacidad, cuando solo pedían un bono para sobrevivir algo mejor. Tras
haberlas humillado entonces, hoy les “fija un bono y luego pide que lo
pague otro (las alcaldías), cuando en la realidad él maneja el 90% de la plata”, según el analista Jimmy Ortiz Saucedo. Como el
Bono Dignidad para la tercera edad, que lo pagan las gobernaciones. El
autócrata Morales hace política populista con dineros ajenos: el de la gente
de a pie de los municipios del país.
El delirio de convertir las evidencias en
mentiras remite a la instrumentalización de la justicia en detrimento del
debido proceso y la presunción de inocencia, con flagrantes violaciones, como
la toma de la Asociación Permanente de Derechos Humanos y el pedido de
destitución de su presidenta, Amparo Carvajal. O como la ojeriza contra el ex
gobernador de Beni, Carmelo Lenz, ya dos veces en prisión acusado de delitos no
cometidos. O como el acoso al
ex ministro de Planeamiento
-hace 25 años- Samuel Doria Medina, sin que hubiese hecho daño alguno a los
intereses de la entonces República de Bolivia. Esas son otras evidencias:
violación a
derechos civiles y humanos.
Convertir las evidencias en mentiras remite,
también, a los procesos judiciales contra autoridades
electas democráticamente, no afines a la dictadura revestida de democracia. Lo
mismo que a periodistas fieles a la evidencia de realidades objetivas, que no se acobardan frente a
la voracidad concentradora del autócrata Morales sobre los medios de
comunicación-información. Mientras
el oficialismo rechaza el pensamiento crítico y las voces que denuncian abusos
políticos, económicos, medioambientales y otros, existe un periodismo que
defiende el derecho de las personas a estar bien informadas y a que se conozca
lo que el régimen censura y esconde. Morales y sus hombres les dan un trato descalificador, vejatorio y
los acusa de ser el “Cartel de la mentira”, cuando los únicos
mentirosos reincidentes y recalcitrantes en Bolivia son ellos.
La mentira política falta a la verdad a
sabiendas y mina la credibilidad en la institucionalidad del Estado. Es una
invasión, sigilosa, abierta, violenta a la libertad y al derecho ciudadano, con
afirmaciones falsas que crean ideas también falsas.
A esas mentiras y falsedades la ciudadanía les
dirá otra vez NO, en el primer aniversario
del 21 F.
Este 21 de febrero de 2017 volveremos a hacer
ejercicio de ciudadanía plena en calles, plazas, coliseos y cadenas humanas.
