Desde entonces, la situación se ha agravado y son insuficientes los esfuerzos que entidades no gubernamentales y organismos multilaterales realizan tratando de concienciar a la humanidad sobre este fenómeno, porque chocan, lamentablemente, con un grave obstáculo: en los ámbitos donde se adoptan decisiones domina la retórica y no la voluntad política y económica de enfrentar globalmente este problema.
Esta situación se repite en el país. Mientras el tema del agua es abordado en el plano de la retórica, hay buenas iniciativas como incluir como derecho humano fundamental el acceso al agua en la Constitución Política del Estado. Pero, en los hechos, la escasez de agua que está sufriendo el país es una muestra palpable de que no se han podido hacer realidad los enunciados.
No es una actitud nueva. Hay una línea de conducta a lo largo de nuestra historia que hace que temas que afectan en forma directa a la vida cotidiana de la gente han sido jerarquizadas a la hora de ganar adeptos y secundarizados a la hora de gobernar. Ejemplo de este cambio de valoración es la actitud de las actuales autoridades que tuvo en la llamada “Guerra del Agua” de Cochabamba en 2000 el cimiento de su camino al poder, pues marcó el declive radical del sistema político-partidario conformado a partir de la recuperación democrática de 1982.
Ese hito, hábilmente utilizado por los sectores entonces opositores logró deslegitimar a dicho sistema para terminar derrotándolo en dos “rounds”: la renuncia del presidente Gonzalo Sánchez de Lozada en 2003 y la contundente victoria del MAS en las elecciones de 2005.
Lamentablemente, el tema del agua, como ahora se puede comprobar, fue sólo retórica, pues la situación de crisis actual pudo ser paliada con una administración estatal eficiente y no dominada, como ha sucedido, por el sectarismo y la corrupción. Esta realidad ha provocado movilizaciones de interpelación al Gobierno, particularmente en la sede de gobierno, en las que se constata, además, la participación de gente que apuntaló el proyecto de poder del MAS.
La desconfianza, además, sigue creciendo cuando el Gobierno pretende manejar la situación a través del discurso antes que de acciones y trata de eludir su responsabilidad. De hecho, que una comisión de ministros para atender esta emergencia sea presidida por el de la Presidencia y no por la Ministra del Agua, da cuenta de la extrema politización existente y hace temer –ojalá nos equivoquemos—por su ineficacia.
Así, una vez más, parece repetirse en el país aquello de que se accede al poder a partir de la demanda de agua de la población, pero se aleja de éste cuando ésta es olvidada.
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