Una bien regada noche de juerga a la que parecen estar dados muchos funcionarios de la burocracia estatal y que derivó en un aparatoso accidente de tránsito, se convirtió en la punta del ovillo que ha empezado a desvelar un nuevo y sonado caso de corrupción en YPFB. Dos altos ejecutivos fueron detenidos en junio después de que el lujoso vehículo conducido por uno de ellos en estado de ebriedad, protagonizó una violenta colisión, afortunadamente sin víctimas fatales, contra otros motorizados cerca de Yapacaní.
La vagoneta último modelo valuada en $us 80.000 y que llevaba las viñetas de YPFB quedó convertida en chatarra y fue escondida en un garaje de la zona. En su interior, los investigadores hallaron documentación que comprometía a los dos funcionarios de la estatal petrolera en manejos irregulares. Ambos fueron enviados a la cárcel de Palmasola bajo cargos de uso indebido de bienes públicos, enriquecimiento ilícito, legitimación de ganancias ilícitas y otros delitos. Los ahora exfuncionarios cuyos patrimonios habían registrado en el último tiempo un “alarmante crecimiento”, según la Fiscalía, incluso tenían dos cajas de seguridad a su nombre alquiladas a una entidad bancaria en esta ciudad. Se cree que las utilizaban para el discrecional depósito y retiro de fuertes sumas de dinero presuntamente provenientes de una danza de millones de dólares en proyectos de separación de líquidos de las plantas de Río Grande y Gran Chaco por $us 498 millones y $us. 156 millones respectivamente. La citación de otros funcionarios de Yacimientos y de empresas extranjeras deja entrever que el escabroso asunto trae larga cola y que puede hacer rodar otras cabezas.
Este escándalo que destapó la acuciosidad de un periodista de este medio de comunicación, vuelve a enlodar a la estatal petrolera y vuelve a la memoria colectiva el bullado caso Catler-Uniservice que derivó en la pérdida de $us 40 millones que YPFB depositó en la cuenta de una empresa con la que no tenía ninguna relación contractual. Dicho caso tuvo un desenlace sangriento a comienzos de 2009 cuando el principal ejecutivo de la Uniservice fue asesinado en la ciudad de La Paz para robarle cerca de medio millón de dólares. La suma estaba destinada al pago de una ‘coima’ al expresidente de Yacimientos, Santos Ramírez, entonces ‘hombre fuerte’ del Gobierno nacional y ahora entre rejas.
Es un hecho irrefutable que, pese a todos los esfuerzos que se hacen por mostrar a YPFB como una empresa renovada, transparente y fortalecida, no puede zafarse de las garras de la corrupción. Ha ocurrido en otros tiempos como viene ocurriendo en el presente. Mientras la apuesta no sea diferente, es decir que el profesionalismo reemplace a la improvisación en los diferentes niveles de la empresa y los criterios administrativos en su conducción sean eminentemente técnicos y no políticos, Yacimientos seguirá representando inagotable y apetitoso botín para improvisados e inescrupulosos funcionarios que se incrustan como sanguijuelas en sus estructuras.
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