Los discapacitados llegaron a La Paz después de caminar durante 100 días y el ministro de Gobierno, Carlos Romero, dijo que no les permitirían ingresar a la Plaza Murillo porque “no es necesario que entren”. Luego seguiría una violenta acción policial contra los manifestantes.
Unas semanas antes, el ministro Romero, recién promovido al cargo después de la repentina e inexplicable salida de Wilfredo Chávez, había dado la bienvenida a los caminantes del Conisur, y puso una guardia policial muy débil que no pudo impedir que ingresen a la plaza de armas.
Unas horas antes, el vicepresidente Álvaro García Linera decía que el Gobierno ha decidido ayudar con recursos del Estado a los damnificados por las inundaciones en el departamento de Pando y aclaraba que ahora hay suficiente dinero como para ayudar también a las poblaciones brasileñas de la zona.
Los anteriores gobiernos, dijo, acudían a la ayuda internacional, pero el actual Gobierno no extenderá la mano esperando esa ayuda y encarará sus responsabilidades con recursos propios, incluso para los brasileños.
Los discapacitados piden que el Gobierno cumpla con el compromiso electoral de darles un bono de Bs 7.000 a cada uno de ellos, con recursos provenientes del monto que se asignaba antes a los partidos políticos. El destino que han tenido los recursos que iban a los partidos es un misterio, pero no llegará a los discapacitados, a pesar de que esa fue la promesa.
El Gobierno boliviano no tiene recursos para cumplir con el compromiso con los discapacitados pero se compromete a llevar ayuda a los damnificados de países vecinos.
Los desatinos y los gestos de soberbia se multiplicaron con la llegada del Carnaval. Las coplas machistas del presidente Evo Morales han recorrido el mundo, provocando sorpresa y decepción, tanto como había ocurrido con las escenas del famoso rodillazo que propinó a un jugador de fútbol en un partido amistoso en octubre de 2010.
También el Carnaval fue la ocasión para que el Presidente anunciara su decisión de construir un nuevo palacio de gobierno, para dejar el actual como museo, pero sin haber consultado con nadie, y menos con la alcaldía de La Paz, que tiene una ordenanza por la cual están prohibidas las nuevas obras en el casco viejo de la ciudad.
Y luego vino el anuncio de que el presidente Morales se propone viajar a Viena con una amplia delegación oficial, compuesta sobre todo por cocaleros, para defender el derecho de cultivar coca. Una delegación tan grande seguramente ha de viajar y tener gastos solventados por sus propias organizaciones, y no con dineros del Estado.
También se ha anunciado que el Gobierno destinará 1.200 millones de dólares de las reservas depositadas en el Banco Central a un proyecto todavía no definido de promoción de la producción, sobre todo en empresas estatales.
Algunos expertos han dicho que quizá el nuevo comportamiento del Gobierno se deba a que necesita recomponer su popularidad, tan venida a menos, y ha elegido un segmento de la población donde este tipo de actitudes son vistas con buenos ojos. Por el momento sólo producen sorpresa y desagrado, además de mucha vergüenza.
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