al paso que vamos, falto de seriedad el gobierno, se tendrá que proceder al reconocimiento de firmas para legalizar la mínima acción oficial. sostiene H. Vacaflor

Los pueblos originarios del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis) y los tarijeños, originarios o no, quisieran tener interlocutores más serios cuando llegan a acuerdos con representantes del Gobierno.
Un presidente que promulga una ley en un sentido y luego, de inmediato, ordena que se organice una marcha para que esa ley sea desconocida, no es una persona seria.
Un ministro que firma acuerdos con la delegación tarijeña para resolver un conflicto y luego dice que lo acordado no tiene ningún valor, no es alguien en quien se pueda confiar.
A partir de ahora quizá sea conveniente que cada documento firmado por nuestras autoridades sea sometido al trámite de reconocimiento de firmas, usado para otros propósitos, entre pares.
Antes de partir de la plaza Murillo en octubre pasado, los defensores del Tipnis hubieran necesitado ir en presencia de un notario y decir que quieren el reconocimiento de firmas.
Lo mismo debían haber hecho los tarijeños que negociaron con el ministro correspondiente, a fin de que el documento tenga toda la fuerza de ley.
Los periodistas también tendrían que pedir este tipo de certificaciones antes de dar noticias. Ahora que una experiodista, no muy destacada en el gremio, se propone eliminar la Ley de Imprenta y exigir que se aplique el principio de la veracidad comprobada, las cosas se ponen interesantes.
Cuando los periodistas informaron, el 20 de octubre pasado, una fecha muy especial, que el presidente dio a conocer el descubrimiento de petróleo en el norte de La Paz, no pidieron pruebas.
A estas alturas se sabe que el anuncio no estuvo basado en hechos reales. Es decir que no se descubrió petróleo en el norte de La Paz. ¿Quién tiene la culpa en ese caso? ¿El periodista que repitió la información o el presidente, que la ofreció?
Entonces, lo que corresponde es que a partir de ahora todo sea certificado. Que las leyes promulgadas sean remitidas a la justicia, en el nivel que corresponda, a fin de que no sean violadas ni siquiera por quien las promulgó.
Son previsiones que deben ser tomadas en vista de la poca seriedad demostrada por las autoridades.