Bolivia ha sido un país surrealista “avant la lettre”, como diría Antonin Artaud, pero con Morales hemos pasado a convertirnos en un cocktail de “absurdo y kitsch”. Veamos algunos ejemplos: el Presidente acusa a los mineros bolivianos de ser golpistas; un senador del Gobierno hace una apología pública de la tortura; el Vicepresidente besa emocionado una bandera boliviana; la última arremetida del descontrolado Vicepresidente, quien luego del gasolinazo debió estar callado en cuatro idiomas o inaugurando obras en Orinoca, fue contra el Decreto 21060, del presidente Víctor Paz, que les obsesiona porque sigue vigente, a pesar de sus vanos esfuerzos por enterrarlo y se convierte en un fantasma que con seguridad les sobrevivirá; finalmente, el Gobierno desentierra el tema marítimo para hacer olvidar su fracaso como administrador del Estado, --claro que los vecinos bien se merecen esa reacción, luego de los coqueteos irresponsables del Gobierno de Bachelet y del apoyo explícito a las derivaciones dictatoriales del Gobierno por parte del Secretario General de la OEA, el chileno José Miguel Insulza, el político latinoamericano mejor dotado para destruir lo que queda de la OEA.
Voltaire, un hombre adelantado a su época, lo puso muy bien “Los tontos llegan a veces muy lejos, sobre todo cuando el fanatismo se une a la inepcia y la inepcia al espíritu de venganza”.
Las actitudes del Vicepresidente son la prueba más fehaciente de que en Bolivia ya no se practica la democracia, sino una especie de Gobierno colectivista dirigido por dictadores de plazuela, cuya única práctica conocida es el abuso, la violencia, las acusaciones y la persecución judicial con fines de intimidación y castigo a los opositores.
Lo malo del asunto es que ese espíritu de venganza y odio irrefrenable que guía a las autoridades está acabando con el país y con sus instituciones. El último capítulo vergonzoso es la forma en la que quieren deshacerse de Samuel Doria Medina, un empresario cuyo único delito ha sido oponerse a los disparates de este Gobierno, dentro de los mecanismos previstos en cualquier democracia del mundo, donde el disenso es parte esencial del sistema.
Bajo el burdo pretexto de que no conocen su domicilio ni ocupación, un fiscal ha pedido su detención por una acusación que claramente no tiene ningún sustento jurídico. Pero como el Gobierno controla el Poder Judicial, estuvieron a punto de detenerlo.
Sólo la presión popular y de algunos países, como México han evitado hasta ahora que se consume esa manipulación grotesca de la justicia boliviana, que aunque nunca ha gozado de buena reputación, hoy ya perdió el poco decoro que le quedaba.
Lo que es asombroso, es el silencio de los ciudadanos frente a esta situación absurda de unas autoridades insultando constantemente a los que no se someten a sus políticas irracionales con epítetos tan gastados como el de neoliberales, agentes de la derecha o del imperialismo.
Parece ser una norma del Gobierno pensar que la opinión pública está integrada por subnormales. Tanta bobería es ofensiva a los bolivianos que observan cada día que la corrupción, la inseguridad, la incapacidad y el narcotráfico están consumiendo un país que desaprovechó el mejor ciclo económico de su historia, gracias a la asombrosa subida de los precios de nuestras materias primas en el mercado global.
Lo más preocupante de la actual crisis institucional, financiera y de gobernabilidad del Estado, es que los únicos que no se dan cuenta de ella son quienes debieran ponerle remedio.
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