Deberíamos tomar muy en cuenta la reciente confesión que hizo el embajador de Bolivia en Brasil, Jerjes Justiniano, quien afirmó que es prácticamente imposible enjuiciar y condenar a la revista Veja, acusada de calumnias por el gobierno boliviano, después de que la publicación difundiera algunas supuestas evidencias de la vinculación de autoridades nacionales con el narcotráfico.
El justificativo de Justiniano es el poderío de Veja, pero en realidad, no solo es un asunto de tamaño, pues estamos hablando del Estado Boliviano, gran derrochador, como lo demuestra una reciente separata de propaganda publicada nada menos que en el New York Times. El tema de fondo es la manera cómo funciona el Estado Brasileño, especialmente la justicia, muy distinta al modo cómo operan los tribunales bolivianos, totalmente sometidos a los designios del Órgano Ejecutivo.
Nadie debe descartar que el embajador boliviano haya hecho incesantes gestiones ante el oficialismo brasileño para que le ayuden en el ataque a la revista, que además es una rabiosa crítica del Partido de los Trabajadores, de Lula y de la gestión de Dilma Rousseff, pero tal como lo han demostrado las acciones de la justicia en contra de la corrupción gubernamental, en el país vecino funcionan muy bien las instituciones, se respetan las reglas y se cumplen las leyes, al menos mucho más que en nuestro país.
Por el contrario, algunos hechos ocurridos en el plano interno nos demuestran que nosotros estamos muy lejos de alcanzar un nivel por lo menos aceptable en el respeto a las normas y la construcción de un sistema confiable tanto para gobernantes como para los ciudadanos. Un ejemplo de ello nos lo dan los militares que avasallan como vulgares loteadores y argumentan que no hay nada que discutir y que no hay razones para acudir a los tribunales. Prepotencia al mejor estilo de las dictaduras, actitud cavernaria inadmisible en estos tiempos y lo peor de todo es que el Ministerio de Defensa sale a apañar a los uniformados, lo que confirma el aval político de esta acción que hace pensar que el autoritarismo es un mal que se agrava y que la institucionalidad se va destruyendo.
Es lamentable también la manera cómo el Gobierno boliviano manejó la reciente visita del presidente Morales al Vaticano, donde fue invitado a participar en un evento, que de ninguna manera constituía una visita oficial de nuestro mandatario al líder de la Iglesia Universal, el papa Francisco. En reiteradas ocasiones la Conferencia Episcopal Boliviana, que trabaja de la mano de la Nunciatura Apostólica le pidió a la Cancillería coordinar para que se produzca un encuentro en el marco del protocolo que todos los países y líderes respetan. Pero haciendo gala de su desprecio por los obispos bolivianos, las autoridades decidieron proceder a su manera, pasando por encima de reglas muy estrictas. Menos mal que la cordialidad de Jorge Bergoglio, su grandeza y bondad intercedieron para que no se produzca un acto de agravio, que seguramente les hubiera servido a nuestros líderes “revolucionarios” para despotricar contra el Pontífice y su estructura. Ni siquiera Obama o el inefable Vladimir Putin se atreverían a proceder de esa manera. Es mejor en todo caso, cambiar de actitud y hacer como hacen los países que se han hecho grandes, que respetan las reglas, que se atienen a las formas, porque en definitiva también son cuestiones de fondo.
Es lamentable también la manera cómo el Gobierno boliviano manejó la reciente visita del presidente Morales al Vaticano, donde fue invitado a participar en un evento, que de ninguna manera constituía una visita oficial de nuestro mandatario al líder de la Iglesia Universal, el papa Francisco.
