Según el documento de la Defensoría, el Bloque A quedó muy dañado por este evento trágico que duró más de cuatro horas y “solamente la voluntad de los internos y ayuda de iglesias ha logrado que se coloquen parches y se cubra lo destruido de su edificación”.

“El Estado en todos sus niveles de gobierno ha estado ausente, es decir, no ha provisto de materiales ni de mano de obra para estas refacciones. El año pasado la Representación Defensorial solicitó la demolición de este pabellón para evitar algún posible desastre”, indica el comunicado. 

La información recolectada por el Defensor indica que todas las mejoras realizadas en este pabellón fueron realizadas por el propio esfuerzo y trabajo de los internos, que lograron  habilitar los espacios y construyeron “precariamente” compartimentos para hacerlos “mínimamente habitables”.

Asimismo, con la voluntad y trabajo de los internos se habilitó una posta sanitaria, con pocos medicamentos; además de una capilla que sirve como espacio de reflexión al lado del edificio quemado. También ayudaron en este trabajo la Cruz Roja Peruana y las iglesias cristianas. 

Los baños e instalaciones higiénicas están en condiciones insalubres y precarias. Cuentan con servicios básicos de agua potable, energía eléctrica, se les permite recibir visitas e ingresar alimentos y víveres. Se cocina a leña o con cocinillas eléctricas. No ingresan garrafas. 

Tomando en cuenta estas condiciones de la estructura, la Defensoría del Pueblo sugiere realizar un cálculo de resistencia de los materiales para evitar que pueda existir algún accidente por desplome de la estructura, que ha quedado dañada por cuatro horas de incendio.

Relación entre los internos 

El relacionamiento entre los internos de ambos bloques, después que suscribieron sus delegados un “Acta de Buena Vecindad” y no agresión, se mantienen condiciones de respeto. 

Más datos

El PC-3 o Chonchocorito está dividido en dos bloques.  El bloque A cuenta con 235 internos y el Bloque B con 196. Además existe un Locutorio donde se encuentran 174 internos, generalmente por problemas de no pago de pensiones. 

Catorce internos que protagonizaron la pelea del 2103 están en Cantumarca, identificados como los cabecillas del enfrentamiento y diez en el PC-7 de Palmasola,  puesto que  han sido separados para evitar más hechos de violencia.

Seguridad 

Según el director de Establecimiento Penitenciario de Palmasola, Freddy Chinchilla, las medidas de seguridad se han incrementado en el PC-3, con los sistemas de controles, la presencia permanente de policías en ambos bloques, requisas para decomisar bebidas alcohólicas, droga y armas punzocortantes. 

Se ha instalado una cámara de seguridad; se está construyendo una barda de ladrillos que divida permanentemente ambos bloques, y se habilitará una puerta lateral para las visitas de los internos,  para evitar contacto entre familiares de uno u otro recinto. (Informe de la representación de la Defensoría del pueblo)

sin duda la declaración de Boris Villegas dentro del juicio Terrorismo causará revuelo. es el testigo DOS que confirma haber sido montado para hacerse el Gobierno, Evo de la plaza de SC, opuesta a su linea autoritaria. habló un protagonista y nombró a los autores de este plan, Rada, Sacha, Chávez y Romero como los "mandamases"

Guider Arancibia Guillén - garancibia@eldeber.com.bo
El exdirector de Régimen Interior del Ministerio de Gobierno Boris Villegas empezó a declarar ayer como testigo del caso terrorismo y sus palabras causaron revuelo en el juicio. Con voz fuerte, sin dubitar y de forma contundente, el ex hombre fuerte del Gobierno reveló que el caso terrorismo, que fue gestado en el asalto al hotel Las Américas el 16 de abril de 2009 donde murieron tres personas, entre ellas Eduardo Rózsa, fue diseñado política y jurídicamente desde el Gobierno, bajo las directrices de un gabinete jurídico integrado por los ministerios de Transparencia, de Defensa, de Gobierno y la participación directa de Héctor Arce.
Villegas dijo que el caso terrorismo, también llamado separatismo, fue usado de forma emblemática para aniquilar a la medialuna, aplastar a la dirigencia cívica del oriente boliviano, especialmente a la de Santa Cruz, así como a líderes cruceños, entre empresarios y directivos de instituciones, como Cotas y el Comité Pro Santa Cruz.
Sicosis por terrorismo del siglo

Según Villegas, el entonces ministro de Gobierno, Alfredo Rada, y el viceministro, Marcos Farfán, impartían órdenes al gabinete jurídico, que escogía a los fiscales y a jueces para que lleven todos los casos considerados de extrema seguridad para el Estado.
Asimismo, aseguró que crearon una sicosis cuando se les aseguró que en Santa Cruz terroristas estaban gestando un caso de separatismo. En tal sentido, se les dijo que ellos solo debían hacer lo que se les instruía, pues las decisiones eran tomadas a muy alto nivel.
Es más, se les instruyó no decir nada porque sus vidas corrían peligro. “Nos indicaron que este era el caso del siglo, es decir el primer caso de terrorismo de la historia republicana de Bolivia y que teníamos que dedicarle el cien por cien de nuestro tiempo. Eran órdenes del ministro de Gobierno y del viceministro. (...) Nos dijeron que los separatistas  buscaban convertir Bolivia en una nueva Croacia o Bosnia”, expresó Villegas, que actualmente está recluido en la cárcel de Palmasola acusado de extorsión.
Según él, el caso terrorismo era importante para la sustentabilidad del actual régimen de Gobierno, porque a través del mismo se logró debilitar, a la medialuna.
Dijo que no es casualidad que todos los acusados en el caso terrorismo hubieran sido los principales líderes del oriente boliviano. Entre los involucrados están Alberto Melgar; el coronel Zoilo Salces;  Zvonko Matkovic Ribera (hijo del exprefecto de Santa Cruz), Ronald Castedo, expresidente de Cotas; Branko Marinkovic, Guido Náyar, etc.
Villegas expresó que no se debe olvidar que se usó un discurso político de la época. Ese discurso fue: “La derecha incrustada en las principales instituciones, organizaciones cívicas de los departamentos buscaban tumbar al Gobierno”.  
Branko, en primera fila
En su larga exposición, Villegas manifestó que no era casualidad que Juan Kudelka, ex mano derecha de Branko Marinkovic, esté procesado en el juicio por terrorismo. “La orden que nosotros teníamos era que Branko Marinkovic debía estar aquí, en primera fila. Todo este tema ha sido desde un principio dibujado, porque una vez que se hizo el dibujo político se ejecutó el jurídico. Fue mal hecho, pero el plan no lo hizo Boris Villegas ni Fernando Rivera ni Denis Rodas, que ahora somos los paganinis de todo lo malo, de todo lo ilegal que se hizo. El que hizo todo fue el gabinete jurídico, donde estaban Sacha Llorenti, Alfredo Rada, Wilfredo Chávez y Carlos Romero. Todos ellos siguieron con este sainete denominado juicio terrorismo, que tiene las mismas características que el sainete en el que me encuentro procesado (el caso extorsión), el caso tiene todos los mismos elementos inventados y es político”, manifestó.
Clavijo y Núñez del Prado 
Boris Villegas recordó que cuando se dio el caso terrorismo era la época en que Santa Cruz demandaba autonomía, había toma de instituciones y algunos hablaban de separatismo. Fue entonces que Rada y Farfán, con su equipo operativo integrado por Luis Clavijo y Carlos Núñez del Prado, elaboraron estrategias tácticas para contrarrestar las actitudes políticas e intentos armados.
Contó que el ministro Rada fue quien pidió que se elabore una denuncia contra los supuestos separatistas. “La denuncia debía contar con elementos y establecer qué hecho, pero él dijo que era un tema de seguridad y que solo debíamos de obedecer. Dijo que había que prevenir la jurisdicción de La Paz para tener el control total del caso”.
Intereses políticos ocultos
En sus declaraciones, el testigo Villegas también afirmó que lamentaba haber formado parte del proceso de cambio y de trabajar en el Ministerio de Gobierno.
Reiteró que detrás del caso terrorismo hay muchos intereses políticos ocultos y personas inocentes procesadas al igual que él.
La Fiscalía critica a Villegas 
El fiscal Sergio Céspedes, en una dura intervención, criticó a Villegas por considerar que de forma efusiva no se sujetó al tema sino que, fruto de la venganza insertó otros temas que no vienen al caso. Le dijo a Villegas que si se siente ofendido que inicie demandas y que haga respetar sus derechos.  Además Céspedes le dijo al tribunal que Villegas entró en serias contradicciones y que los jueces sabrán valorar sus declaraciones. Abogados del Ministerio de Gobierno también cuestionaron a Villegas

Manfredo Kemppf se pregunta: ¿qué representa la wipala? ¿A quién? ¿Qué es en el fondo? Hemos visto algo parecido a la wipala en la sala del trono del Alcázar de Segovia, mejor dicho banderas de los tercios del emperador Carlos V, de los soldados españoles que combatieron en Flandes y otras partes, bastante desteñidas por el tiempo. No mantienen esas wipalas los vivos colores de las agrupaciones de homosexuales, lesbianas y transexuales que observamos hoy con tanta frecuencia.

Ahora que se celebra el Día de la Bandera hay que admitir que entre los muchos absurdos que tiene la Constitución del año 2009, está el de haber instituido, con bombos y platillos, la wipala como uno de los símbolos nacionales, junto a nuestra tricolor, el escudo de armas, el himno y la escarapela. La kantuta y el patujú, se agregaron folklóricamente, porque, como buenos buhoneros que somos, no podían estar ausentes.

Lo de la flor del patujú fue una forma sibilina de equilibrar el avasallamiento andino que significaba el uso obligatorio de la wipala y la menos rigurosa mención de la kantuta, lo que dejaba al oriente boliviano sin otros símbolos que no fueran los de siempre. Habría sido mejor. Los constituyentes buscaron un equilibrio regional, así fuera  forzado, sacando de la galera la flor del patujú, aunque es bueno afirmar que los orientales, menos patrioteros, no lo hemos tomado muy en serio.

Desde la promulgación de la Carta Magna del 2009, se trató de imponer por la fuerza a la wipala. Era una exigencia demagógica de la nueva política indigenista que se está tratando de establecer a rajatabla en el país. Si la Constitución lo decía había que cumplir. No obstante, hay muchas cosas que dice la Constitución y que no cumple nadie. En el caso de los símbolos por ejemplo, en el país importa la bandera nacional y luego las banderas departamentales. Naturalmente que el himno nacional y el escudo de armas. De ahí para delante todo es pura chafalonía.

Para ser más claros, la wipala, en la práctica, no es un símbolo nacional, sino indígena andino. Como la flor del patujú podría ser indígena camba. Pero la wipala tiene un pecado de nacimiento y es que está identificada con el Movimiento al Socialismo (MAS). La wipala es mucho más importante en el MAS que los colores azul y negro de su banderola política. Y afirmamos que es un pecado original porque por donde se ven wipalas se ven masistas y donde no hay masistas, no hay wipalas.

Flamea la wipala en el frontis del Palacio de Gobierno, claro. También en el Congreso y nos imaginamos que en la Cancillería y en otros ministerios. Los sufridos empleados públicos llevan sus banderitas con la wipala en los desfiles cívicos porque están resguardando su pega, no porque la amen. Llevan la wipala de papel algunos alumnos de colegios fiscales, porque también los maestros defienden su fuente de trabajo, no por otra cosa. Pero la wipala sigue siendo ajena, sigue siendo algo extraño y forzado.

Los militares y los policías deben ser de las pocas instituciones que más respetan la wipala. Eso sucede porque la wipala la tienen impresa o bordada en sus uniformes junto a los colores nacionales. Sobre todo a los militares quieren imponerles la wipala a como dé lugar. No hemos estado en el Colegio Militar desde hace mucho tiempo, ni tampoco en  guarniciones, y no sabemos si la wipala ondea en esos recintos junto a la bandera tricolor y a su misma altura. Sucede que militares y policías están permanentemente visitados por S.E. y temen desairarlo. Finalmente, si ya han aceptado en cada saludo lo de “patria o muerte…venceremos” y lo de “hermano presidente” voz en cuello, qué más da que flamee la wipala.  Además, los militares sobre todo, están haciendo un culto del respeto a la Constitución y las leyes que puede dejar pasmado a cualquier otro ejército. Los militares en Bolivia son de extremos: u obedecen a pie juntillas la institucionalidad o la borran del mapa durante años.

Pero, ¿qué representa la wipala? ¿A quién? ¿Qué es en el fondo? Hemos visto algo parecido a la wipala en la sala del trono del Alcázar de Segovia, mejor dicho banderas de los tercios del emperador  Carlos V, de los soldados españoles que combatieron en Flandes y otras partes, bastante desteñidas por el tiempo. No mantienen esas wipalas los vivos colores de las agrupaciones de homosexuales, lesbianas y transexuales que observamos hoy con  tanta frecuencia.

De ahí que muchos piensan que la wipala no es herencia de nuestros originarios pre-colombinos sino de sus conquistadores hispanos. Pese a lo que dicen algunos amautas, la wipala ni siquiera parece ser posterior a la simbología que le ha dado el llamado Orgullo Gay. No habíamos visto, hasta comienzos de siglo, flamear una sola wipala en Bolivia. Dice Wikipedia que la wipala es la descomposición de los colores del arco iris que para los aymaras y quechuas significaría la “expresión del pensamiento filosófico andino”, la “expresión dialéctica del Pacha-kama y de la Pacha-mama”.

Sea como sea esto de la wipala resulta totalmente forzado, un asunto de dudoso efecto, difícilmente sustentable, admitido con escrúpulos muy serios por algunos de los constituyentes del 2009. Es algo que no representa el ser nacional, aunque sí, recientemente, a algunos pueblos originarios del occidente de Bolivia y sobre todo es el emblema del MAS, un partido político adorador de mitos. A la wipala, por eso, no le aguarda larga vida.

crimen que conmueve a Bolivia. asesino Fernández Chambi, de Oruro 23, guardia que custodiaba un parqueo de pisos, conocía las debilidades de la seguridad del edificio, se paseó por horas con el cuerpo en el maletero del coche de la víctima. 30 años de cárcel.

Berthy Vaca Justiniano - bvaca@eldeber.com.bo

Ronald Iván Fernández Chambi (23), asesino confeso de la joven bioquímica Sophia Calvo Aponte (26), recibió una condena de 30 años de cárcel sin derecho a indulto en un procedimiento abreviado realizado ayer en una audiencia celebrada en el despacho del juez cautelar Martín Camacho. El caso que conmovió al país desató una serie de reacciones y la ciudadanía alista para hoy una marcha junto al Comité pro Santa Cruz, mientras que la Defensoría del Pueblo anuncia una vigilia en la plaza principal.

El fiscal José Parra pidió el proceso abreviado basado en la existencia de la prueba plena contra el autor; la flagrancia al ser hallado en el retén de Paila con el cuerpo en un auto tratando de salir de la ciudad, y las pertenencias de la víctima recolectadas por los investigadores.

Escasa seguridad

El ministro de Gobierno, Jorge Pérez, presentó a Fernández el domingo, a las 10:30, en el Comando de la Policía y explicó que el hombre era trabajador del parqueo privado Cañoto desde hace seis meses, se ocupaba de acomodar los vehículos en el inmueble de siete pisos y vigilar por las noches.

El asesino planificó durante días el crimen supuestamente porque quería ostentar un vehículo a su novia y la candidata para arrebatárselo era la joven bioquímica que usaba a diario el parqueo. La noche del viernes, el hombre tendió una emboscada a la mujer en el cuarto piso sabiendo que la cámara no abarcaba todo el ambiente. Sophia se defendió y hasta logró arrebatarle el cuchillo para ahuyentarlo, pero no pudo y acabó siendo asfixiada y violada por el sujeto de estatura mediana.

Iván subió el Kía al séptimo piso con el cuerpo de Sophia en el maletero, limpió la sangre, se cambió de ropa y esperó que los demás clientes se fueran en sus motorizados para sacar el auto, con el que paseó por la ciudad, bebió en locales y al día siguiente se dirigió hacia el este y, en la tranca de Paila, lo descubrió el sargento Juan Carlos Adrián G., de la Policía Caminera.

El ministro Pérez reveló que el parqueo privado carecía de un control efectivo, pues el sistema de seguridad se limitaba a un circuito de videos en los tres primeros pisos, monitorizados por una funcionaria en el punto de entrada. Tenía una alarma que era activada remotamente por el administrador cuando Iván le informaba que era hora de cerrar el negocio. Esa noche, el hombre burló las cámaras al cubrir las ventanas del auto con papel oscuro y papel de periódico, y al encandilar poniendo la luz alta al salir del edificio.

Pérez indicó que ayer se hizo una somera inspección en parqueos similares y se comprobó la misma debilidad.

Tras llegar a un acuerdo con Eduardo Claros, abogado del procesado, y con el juez Martín Menacho, el fiscal Parra imputó a Fernández por asesinato, feminicidio, violación y robo agravado, delitos que en conjunto suman 95 años de prisión, pero la justicia boliviana no contempla las penas acumulativas, solo 30 años como pena máxima 

el debate político no puede eludir la realidad de las diferencias sociales que, a pesar "del tiempo de cambio" no cambió, sino que aumentó ostensiblemente. es que la falsedad predicada desde el Poder y la Mentira como sistema de Gobierno reclaman un radical cambio de actitud

Diferencias sociales sin cambio

Mauricio Aira

Las diferencias sociales en Bolivia han aumentado a pesar del cambio. La gente no tiene aún las mismas posibilidades, lo que no puede continuar así. El deseo de desarrollarse en cada ciudadano no debería tener limitaciones por lo que en los planes de Gobierno que están entregando los partidos tiene que figurar la creación de fuentes de trabajo estable, un aumento urgente de la seguridad y el funcionamiento de la Justicia, además de un freno a la discriminación que subsiste.

¿Quién puede poner en duda que la injusticia se campea? Hay ejemplos múltiples, las mujeres ganan menos que los hombres por el mismo trabajo. Sus posibilidades de hacer carrera son peores. Los hijos de familias obreras no tienen las mismas condiciones para seguir estudios en la universidad. La discriminación en el campo laboral es inocultable. Familias de bajos ingresos acusan más problemas de salud y su esperanza de vida es mejor a las de altos ingresos económicos.

Reducir las diferencias sociales no es tarea fácil, de ahí que el anuncio de acabar con las injusticias enunciadas sea aplaudido. Bolivia tendría que ser una nación donde toda la gente pueda vivir una vida rica y estimulante partiendo del ideal de cada ciudadano, una forma clara está en terminar con la pobreza y las injusticias, de tal manera que no sea necesaria una política asistencial y proteccionista para ciertos grupos que son privilegiados y que provocan malestar y miramientos.

Un programa que se proponga crear tantos puestos de trabajo como hagan faltan, que el bienestar común sea un hecho y las redes de protección para los más necesitados funcionen efectivamente dentro de las Alcaldías que son las llamadas a velar por “lo social” dada su proximidad al hombre. Las ayudas “asistenciales y ocasionales” tendrían que reducirse, priorizando esta voluntad de enfrentar las diferencias sociales reduciendo el desempleo en un mercado laboral que no hace distingos de sexo, de origen étnico, de edad o de limitaciones físicas.

La inseguridad es algo patético se refleja en el miedo a perder el trabajo, a ser víctima de la injusticia, de la maldad o la criminalidad, a no contar con una asistencia médica eficiente o a padecer acoso en la escuela, el trabajo, el barrio. Reiterar la imprescindible condición de contar con un puesto de trabajo que apoye el crecimiento de la familia, que los enfermos cuenten con asistencia médica efectiva y que todos nuestros niños tengan las mismas posibilidades en el futuro próximo.

Sociedades adultas se han desarrollado en un ambiente de mayor seguridad y de fortalecimiento de la Justicia. La asistencia médica a los niños tiene que ser gratuita incluyendo la dental, los precios en guarderías y sitios de recreación lo más bajos posible. Tiempo de introducir un seguro de asistencia infantil, pagando un subsidio a quienes los atienden. Los jubilados sin vivienda propia deberían contar con un apoyo para el alquiler y la reducción de los impuestos que todavía les afectan.

Todos los ciudadanos deberán tener iguales derechos ante la Ley, difamar por la raza, la conducta sexual, el hostigamiento en los centros de enseñanza o en los cuarteles, debería estar penado y la defensoría activa para sancionar las violaciones. El acceso de los incapacitados a sitios públicos tiene que ser una realidad, ejecutada por las municipalidades, las gobernaciones y el gobierno central. El egoísmo, como conducta pública contra las minorías o los discapacitados no puede ser posible. Fundamental que el Gobierno y sus voceros digan la verdad, que no engañen y mientan como sistema político, aún cuando la realidad vulnere su estabilidad o merme su popularidad.

Pautas como las descritas tienen que sumarse al debate, incorporarse en los programas de acción y finalmente ser analizadas por los ciudadanos en el momento de votar el próximo 12 de octubre.

www.boliviainfo.com, adress: Mauricio.aira@comhem.se

tanto en Argentina como en Bolivia la ingerencia del poder ejecutivo en la Justicia es un hecho. lo expresa Axel Kichillof ministro de Cristina cuando pretender politizar el tema de los llamados fondos buitres, y pidiendo que Obama influye en el Juez que está viendo el tema. ingerencia inaceptable según Marcelo Ostria

El pasado 6 de agosto, la prensa argentina difundió la protesta del ministro de Economía argentino, Axel Kicillof, porque el Gobierno del presidente Obama “no le pone límites al juez” estadounidense Thomas Griesa, a cargo de la causa de los llamados fondos buitre, y cuya jurisdicción fue aceptada por el Gobierno argentino. El ministro, al cuestionar al magistrado Griesa, no evitó el lenguaje tosco: “Esto parece joda”.

Lo que podría ser tomado solo como un gazapo del jerarca argentino, tiene trasfondo. Coincide con la convicción de varios personajes autoritarios de que es lícito, al ejercer el poder, “poner límites” a los jueces, influyendo para que sus fallos favorezcan los intereses políticos del oficialismo.
Aunque ya es de conocimiento general, vale la pena recordar que uno de los elementos de la democracia es la separación e independencia de los poderes públicos, como lo establece la Carta Democrática Interamericana (art. 2), y que “la independencia del poder judicial es fundamental para el buen funcionamiento del Estado de Derecho. Es una precondición para la aplicación imparcial del derecho –a toda persona por igual– y es un componente esencial en el fortalecimiento de los poderes judiciales de América Latina”(Fundación para el Debido Proceso).

Como era de esperar, cuando a pedido del Gobierno argentino se convocaba a una reunión del Consejo Permanente de la OEA para considerar este caso y dar respaldo al Gobierno de la señora Kirchner en este trance judicial, la representante de Estados Unidos ante la OEA, Carmen Lomellin, ya lo advirtió: “Es importante respetar la independencia del Poder Judicial y no interferir con sus decisiones”.

La práctica de influir –o de “poner límites”– en las decisiones de los jueces es habitual en los gobiernos autoritarios y, en especial, en los neopopulistas. Sin embargo, sus representantes no la admiten públicamente. Por ello, es probable que el ministro argentino Kicillof haya sido víctima de un desliz freudiano –o traición del inconsciente–, manifestando lo que tenía la intención de ocultar.

Lo cierto es que en varios países bajo el signo de populismo se ha generalizado la injerencia oficial en la justicia para ponerla al servicio del régimen. No es extraño, entonces, que en nuestro caso “la confianza de los bolivianos en el sistema de justicia se encuentre en el nivel más bajo desde 2006”; esto según el estudio Cultura Política de la Democracia en Bolivia, 2014 (Los Tiempos. 06.08.2014) 

los militares nunca han estado mejor que ahora. es que el Régimen los tiene en primera línea, los mima y "quiere bien" los necesita para prolongar su estadía en el poder. sin embargo, el contrabando y hasta cierta permisividad hacen posible lo ilícito.

Todos los militares del país (menos los suboficiales que siguen siendo víctimas de las represalias del Gobierno) coinciden que nunca habían estado tan bien. Equipamiento, armas, aviones, beneficios, prebendas, cuarteles, instalaciones y muchos desfiles, como les gusta a todos, sobre todo a los dueños del poder que usan a las Fuerzas Armadas para intimidar a la población, pues en Bolivia no existe posibilidad de conflicto a no ser el interno. Esa es la función principal esencial de nuestros queridos uniformados.

El presidente Morales ha anunciado más ventajas para los militares. Dice que destinará un fondo especial de los recursos del gas para construir más cuarteles y seguramente equipar mejor a las diferentes fuerzas, cuya misión es resguardar la soberanía nacional. ¿Resguardarla de quién? ¿De qué?

Los militares deberían sentirse orgullosos de semejante honor que le concede el régimen, pues ni siquiera la salud o la educación, por citar dos funciones elementales del Estado han merecido esta prioridad que los pone en el primer lugar en la escala presupuestaria de la nación. Todo sea por la soberanía.

Mientras el jefe de Estado llenaba de júbilo los corazones y los bolsillos de los militares con su nueva promesa, luego del gran desfile celebrado en la ciudad de La Paz, el presidente de la Asociación de Autos Indocumentados, Félix Mamani, amenazaba desde un lugar en el Chapare que van a linchar a cualquier policía que intente decomisar los vehículos ilegales que tienen en su poder, muchos de los cuales son robados en países vecinos y/o intercambiados por cocaína. El trópico cochabambino se ha convertido en la zona con mayor cantidad de linchamientos del país y de a poco se convierte en tierra de nadie, donde las fuerzas del orden no tienen pisada.

Lamentablemente hay muchos antecedentes que dejan muy claro que lo de Mamani no es una simple bravuconería. Hace unos años asesinaron a varios policías en un ayllu potosino cercano a Uncía que se había declarado “zona de protección de chuteros y narcos” y hasta ahora ese crimen no ha sido esclarecido. Producto de esa impunidad, proliferaron las narcocomunidades en todo el país, donde no son pocas las veces que han corrido a tiros a la policía y a los militares que se plegaron a la lucha contra el contrabando, que hasta ahora no han podido hacer nada contra la salida irregular de combustibles que le ocasiona un grave daño económico al país.

Pese a que hay quienes dicen que el gobierno actual ha hecho el mayor esfuerzo por la organización del Estado en la historia de Bolivia, nadie puede negar que el territorio nacional está perforado por la economía ilegal y sería imposible pensar que los militares –mejor equipados que nunca-, no están enterados de todo lo que está ocurriendo. Brasil ha mandado a custodiar con decenas de miles de uniformados su frontera con nuestro país ante la avalancha de droga, armas y otras mercancías ilegales; han tenido que invertir en aviones robot para controlar el espacio aéreo de las incursiones de “bandadas” de avionetas cargadas con droga. Llaman “emisarios” a los miembros de los cárteles internacionales que operan en el país ¿Los militares piensan los mismo? ¿No creen que la soberanía nacional está en riesgo? ¿No consideran que hay algo malo en todo esto?

Pese a que hay quienes dicen que el Gobierno actual ha hecho el mayor esfuerzo por la organización del Estado en la historia de Bolivia, nadie puede negar que el territorio nacional está perforado por la economía ilegal y sería imposible pensar que los militares -mejor equipados que nunca-, no están enterados de todo lo que está ocurriendo.