tumbaron a Bánzer por una avioneta de algo más de 3 millones, a Evo ni siquiera le molestan por casi 40 millones de dólares del Falcón. no quieren hablar más de ello, cuánto se pagó en comisiones? Manfredo Kempff

El mito de que éste es un gobierno de incorruptibles angelitos y que todas las anteriores eran administraciones de pillos, es cada día más endeble. Durante el primer año de S.E. en el poder la gente creyó que los masistas iban a “vivir bien” sin meter la mano en la lata, pero decididamente prefirieron “vivir mejor”, lo que no es censurable siempre que esté dentro de los márgenes de la decencia. Todo el mundo quiere vivir mejor y la muchachada del MAS no tiene por qué ser una excepción. La filosofía cósmica del “vivir bien” está destinada a la galería, para que crean aquellos que viviendo mal ahora viven peor.

S.E. se ha convertido en un hombre elegante a su estilo. Eso no lo podemos censurar. No podía andar por medio mundo con su chompita a rayas o su chamarra de camionero. Los camioneros viven dentro de una cabina moliéndose los riñones durante 18 horas diarias y su indumentaria no puede ser igual a la de un mandatario que viaja espléndidamente y que comparte mesa y cubiertos con reyes y presidentes. Los finos uniformes de mariscal aimara no se los criticamos a S.E., están bien.

Pero lo que ya no gustó a nadie, aunque se produjo un silencio cobarde, fue la adquisición del avioncito Falcon. Ahí se le fue la mano a S.E. Ése es aún un tema pendiente en la justicia boliviana para cuando llegue su momento. El Falcon fue un avión que costó 38.7 millones de U$ y que se compró sin licitación ni vainas, dejando de lado ofertas de otras naves mucho más económicas. La compra en sí era necesaria, la forma y el precio fueron escandalosos.

Al general Banzer  le quitaron el sosiego por la compra del famoso avión Beechcraft, allá por 1998. Pero el  Beechcraft costó 2.9 millones de U$, es decir quince veces menos que el Falcon. Se dijo – aunque jamás se comprobó – que hubo un sobreprecio de 1.1 millones, tema que se ha seguido ventilando hasta hace poco. ¿Y en el Falcon de más de 40 millones no habría alguna “comisión”? Porque también la “comisión” podría ser diez veces mayor, ¿no es cierto? ¿Cuándo se va a saber cuánto costó realmente la hermosa nave con la que S.E. visita a sus amigos de Trípoli, Teherán y Pyongyang ? Es curioso, el Falcon de 40 millones enorgullece a S.E. y el Beechcraft de tres casi tumbó al General. Así de estúpidas son las cosas en nuestro bello país.

Los mandatarios que antecedieron a S.E. se cuidaban de hacer gastos onerosos porque ya estaba sobre el tapete el tema de la corrupción, que no era un invento de nadie ya que existía. Comprar un avión presidencial en más de 40 millones de dólares no se le habría ocurrido a ninguno de ellos, ni con una pistola puesta en la sien.  Lo que sucedió fue que los masistas aprovecharon bien  – y aprovechan –  el tiempo en que el pueblo los creyó honrados.

Entonces han encargado el dudoso satélite chino en más de 300 millones de verdes  – y anuncian otro más –, compraron seis aviones chinos de combate en 57.8 millones por invitación directa y quieren otros seis helicópteros pagando 110 millones más. ¿A qué guerra vamos con paso de parada? ¿O es sólo para tener contentos a los militares?  Pero, sobre todo, derrochan millonadas en propaganda y publicidad oficialista machacando con que todo lo están haciendo maravillosamente bien y que somos bienaventurados de tener a un mandatario de reales quilates.

Los antecesores de S.E. estaban acomplejados de tanta crítica y de ver tanta pobreza en el país. Temblaban ante la ley. Temían juicios de responsabilidades, que, igualmente, les cayeron encima, por el manejo de la justicia que hizo – y hace – el MAS. Porque el MAS, para tapar sus cosas, no tiene mejor argumento que acusar y encarcelar a sus opositores, peor si pueden ser rivales de riesgo político en algún momento. Por desactivar cinco misiles viejos y en peligro de explotar le hicieron un juicio infame al ex presidente Rodríguez Veltzé.

Pero lo cierto es que los masistas no tienen vergüenza ni miedo alguno porque, seguramente, ven todavía muy lejana su salida del poder. No sospechan que alguna vez sean enjuiciados, lo que demuestra su ignorancia de lo que es Bolivia. Siguen utilizando los recursos públicos como si fueran propios. Con grandes reservas de divisas, creen que ellas se deben a su fecundo trabajo y no a los altos precios de las materias primas, y que, por tanto, les pertenecen. Desconocen la deuda pública, por lo que suponen que su margen de despilfarro es infinito.

Ahora S.E. anuncia la construcción de un nuevo Palacio de Gobierno que se aleje del odioso estilo republicano, de sus fantasmas de mal agüero, y se acomode a la inspiración del Estado Plurinacional. No se habla del dinero que costará. La prensa informa que ya se ha adquirido el predio en 500 mil dólares, colindante con la actual casa de gobierno. Se dice que la nueva sede del Ejecutivo tendrá un carácter más andino, más cósmico, con figuras más nativas.  ¡Ah!, y con un helipuerto para eludir las marchas y bloqueos cotidianos y poder huir por aire en caso de una bronca con amenaza de cordel.

aliado el Gobierno de SEEM con terroristas de Estado que están dando muerte a miles de revolucionarios en Siria, no apoya a la ONU en N.Y. (LTD)

Bolivia no apoyó la resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (ONU) sobre Siria debido a que el documento “no es equilibrado” y supone intervención militar,  dijo ayer el representante de Bolivia ante la ONU, Juan Carlos Alurralde.

El vicecandiller dijo que apoyar la condena a Siria significa contradecir la política pacifista del país, establecida en la Constitución Política del Estado (CPE).

El pasado jueves, la Asamblea General de la ONU aprobó por amplia mayoría una resolución que condena "las sistemáticas violaciones de derechos humanos" cometidas por el Gobierno de Siria y pide el inicio del plan de transición propuesto por la Liga Árabe.

Según el recuento de la votación, 137 países se pronunciaron a favor de la resolución, 17 se abstuvieron y 12 votaron en contra. Estos países son Rusia, China, Irán, Bielorrusia, Zimbabue, Corea del Norte, Cuba, Nicaragua, Venezuela, Ecuador y Bolivia, además de Siria.

Alurralde explicó que se votó contra la resolución porque el Consejo no admitió las opciones propuestas, que buscaban precautelar el respeto a los derechos humanos desde una perspectiva más integral, tomando en cuenta no solo a los grupos que están en conflicto en Siria y, además, buscaban evitar la intervención armada.

“No quisieron incorporar las sugerencias de muchos países o que muchos países hicimos”, dijo aunque no detalló qué tipo de sugerencias se hicieron.

Otra razón, según Alurralde, por la que el Gobierno no respaldó la resolución es que “devenga en hechos de intervención militar o armada. Bolivia por su Constitución (Política del Estado) es un país pacífico, nosotros consideramos que las cosas se tienen que resolver en paz, armonía, en diálogo”.

Alurralde dijo también que para resolver los conflictos se deben utilizar medios pacíficos.  “Es parte de nuestra conducta, está bajo nuestra política exterior y es por eso que tampoco podemos acompañar cualquier proyecto que se refiera a intervención o uso de violencia”.

Indicó que la pacificación de Siria debe partir de un proceso interno, entre las partes involucradas, y a partir del respeto a los derechos humanos.

“Respetamos los derechos  humanos, creemos en un enfoque integral y no solo un enfoque parcial de la resolución. Hemos intentado mejorarla para que la acompañemos todos, pero no lo permitieron”, dijo.

Rusia, al igual que China, Venezuela y Ecuador, justificó con argumentos similares al de Bolivia, el veto a la resolución. Desde la Cancillería rusa se explicó que la resolución del Consejo no condenaba a la oposición siria de la misma forma que al gobierno sirio.

SEGUNDO VETO

En dos ocasiones, Bolivia ratificó su posición de votar contra la resolución de la Asamblea General de la ONU. La primera fue en noviembre de 2011, cuando 122 países respaldaron el documento, con 41 abstenciones y 13 votos en contra.

El jueves pasado más países apoyaron la resolución, pero Bolivia revalidó en suposición y votó en contra del documento.

Humberto Vacaflor abunda en argumentos para mostrar "el estado fallido en que se está convirtiendo Bolivia" alejada de la gobernabilidad y el Estado de Derecho

En pocos días, el Estado boliviano renunció a su derecho de ejercer soberanía en una región de los Yungas de La Paz y en su obligación de defender a la Policía Nacional en la región de Anzaldo, Cochabamba.

Hay estudiosos que han observado cómo algunos Estados, los más débiles, van cediendo sus atribuciones sobre el territorio que supuestamente controlan, hasta que se declaran formal y rígidamente fallidos.

Lo que hizo el Estado boliviano, por mano del actual gobierno, del presidente Evo Morales, es rendirse ante las fuerzas improvisadas de los cocaleros de La Asunta, que dieron una paliza a los policías que osaron cumplir sus tareas de erradicación de cocales ilegales.

Los cocaleros de esa región habían anticipado que crearían sus grupos de autodefensa porque no aceptan que sus cocales ilegales sean erradicados por las fuerzas del Estado que, supuestamente, comprende todo ese territorio.

Unos meses antes, misteriosamente, una avioneta que llevaba expertos de la o­nU que estaban localizando los cocales ilegales fue derribada, o algo por el estilo, pero lo cierto es que un alcalde de la zona informó que habían encontrado vivos a los pasajeros y tripulantes, pero luego se supo que estaban muertos.

Los deudos siguen pidiendo que se investigue el “accidente”, pero nadie les presta atención.

El otro episodio de capitulación del Estado boliviano se dio en la jurisdicción que tiene para el control del comercio exterior. Un comando de la aduana capturó a unos contrabandistas en Anzaldo pero luego fue atrapado por las “autodefensas” de ese grupo. Muy malheridos, los aduaneros esperaban que la Aduana Nacional, del Estado boliviano, hiciera lo que correspondía, iniciar un juicio a los culpables, pero en ese momento fue que se produjo la capitulación. El Estado boliviano es más débil que los grupos armados que defienden a los contrabandistas.

Los dos narcotraficantes detenidos por la policía en el Chapare, que fueron liberados por una horda de cocaleros ilegales, son otra prueba de este encogimiento del Estado boliviano.
Agustín Saavedra dice que estos son casos de “Estados semifallidos”.

Tipnis representa más que la defensa del medioambiente, lucha entre cocaleros y campesinos. Evo quiere entregarlo a los cocaleros. significa el TIPNIS choque de civilizaciones sostiene B.el P. "De aquién es el TIPNIS?"

La pelea por el Tipnis va mucho más allá de un enfrentamiento entre cocaleros e indígenas. Es obvio que el Gobierno quiere entregarles el parque Isiboro Sécure a los cocaleros y, por añadidura, a los brasileños para que saquen su soya y a los petroleros, para que el régimen de Evo Morales no termine de resquebrajarse. Esa batalla, que aparentemente la tiene ganada el Gobierno, todavía tiene mucho por delante. En el Tipnis se está librando un choque monumental entre dos modelos de desarrollo, entre dos civilizaciones y por supuesto, ahí también se juega la supervivencia de Bolivia y en especial, la de Santa Cruz. Para Evo Morales, el futuro del país está en la coca y para el resto, debería estar en la preservación de las áreas boscosas del centro oeste del país, de las cuales depende la productividad de las más grandes zonas de cultivo y pastoreo de Bolivia, que alimentan a casi el 80 por ciento de la población. La comunidad internacional está con los indígenas (eso le molesta mucho al presidente Morales), porque nadie quiere un desierto lleno de hambrientos en medio de América del Sur. Y no es que seamos precisamente el mejor ejemplo de soberanía alimentaria.

de nuevo Farfán revela aspectos poco conocidos del proceso de traición a Tarija que "cocinó" la dupla diábolica de EM para someter al pueblo y hacerle firmar lo inaceptable

E-Mail: efarfan@granchaco.com.bo

Si uno vive en la impostura, y otro roba en su ambición

da lo mismo que sea cura, colchonero rey de bastos

caradura o polizón…

Es lo mismo el que trabaja, noche y día como un buey

que el que vive de los otros, que el que mata que el que cura

o esta fuera de la ley… (Cambalache)

Fue la afirmación/denuncia que el diputado de Yacuiba Willman Cardozo (AS) ha reiterado en los medios, refiriéndose al conflicto sobre Margarita. Cardozo al igual que Evo Morales, es muy conocido por lo torpe y chabacano en sus declaraciones, pero a veces tiene arranques de sinceridad y hace algunas revelaciones sin filtro, las dice como son. Cardozo a pesar de haber pasado por una universidad (Derecho), posee escaso conocimiento de las ciencias jurídicas, y no experimentó/atravesó el proceso obligatorio de refinamiento que cualquier plebeyo adquiere cuando se estudia de verdad en una universidad. Cardozo es muy ordinario, soez y procaz en su lenguaje.

Cardozo dijo que el ministro Romero les había advertido que no se podía delegar/transferir ninguna competencia privativa al nivel subnacional. Lo raro es que a pesar de estas advertencias, nuestros representantes aceptaron los términos del acuerdo que a todas luces era inconstitucional; y lo más grave, inaplicable. Muy raro. ¿Buscaban con ese documento justificar la desmovilización del paro a cambio de algo que nosotros no sabemos?

Se ha deslizado que las autoridades que tienen procesos por corrupción, han negociado la prosecución/persecución de sus acusaciones radicados en la Fiscalía anticorrupción a cambio de entregar en bandeja de plata el paro cívico al Gobierno. Lo raro es que autoridades muy cercanas a Quintana, hayan sido las que actuaron a última hora de manera activa incorporándose en las negociaciones. Quintana salió ganando el trofeo mayor con la suspensión de la medida de presión. El Gobierno deliberadamente ha permitido que la medida se extendiera por ocho/diez días con el fin de forzar una salida muy barata, gracias al apoyo de sus aliados que son de casa.

Quintana es un maestro. Mandó a la reserva forzada a más de 45 políticos y cívicos del Chaco y del Departamento manchándolos para siempre con la traición a su pueblo. Claro que varios mercaderes ayudaron mucho para que esto suceda. Cambiaron Margarita por impunidad.

En Yacuiba hay autoridades que se han convertido en satélites del Gobierno. Carcámanes de la política que llegaron justamente en el momento propicio de la bonanza para enriquecerse aceleradamente a través de las coimas. Gozan de la plata sucia. Por eso hay obras públicas mal hechas que se caen a pedazos. Por eso se han puesto de moda los contratos modificatorios. Por eso es que existen una gran cantidad de obras con retrasos inadmisibles.

Las ironías del destino y de los tiempos. El alcalde que nunca ha participado en ningún movimiento cívico por la lucha del 45%, apareció en escena justamente cuando el Chaco comenzó a percibir cantidades importantes de recursos económicos por las regalías.

Ha reaparecido el alcalde de Yacuiba Carlos Bru (PAN), aliado incondicional del MAS, para pedir que no sigan desprestigiando al Gobierno Nacional y con voz lastimera se quejó porque lo llaman traidor. Atacó con saña contra los que han criticado el contenido del acuerdo adjetivando a rabiar.

¿Qué se puede decir a aquel que quebranta su compromiso de defensa de los intereses colectivos para el cual fue elegido? ¿Qué calificativo se puede escoger para identificar a aquel que es desleal a la confianza de su pueblo con su pueblo? Traición pues, no hay otro término. Aunque es duro el adjetivo, pero es así desgraciadamente.

Lo cierto es que las autoridades/dirigentes que han firmado la acta de Santa Cruz con el Gobierno Nacional han llegado a formar parte del cuadro de los traidores del Chaco y del Departamento.

Algunos todavía persisten en justificar la firma del documento manifestando que lo hicieron de buena fe. Es un chiste de mal gusto, porque los que participaron en la negociación son personas que todos los días, cada segundo están con la Constitución, con las leyes por lo que es difícil creerles que en su ingenuidad y candidez infantil se dejaron engañar. Aquí hicieron otro tipo de arreglos debajo de la mesa que no se hicieron conocer oficialmente, no hay otra explicación.

Como dijo Cardozo, todo estaba muy bien planificado milimétricamente. El Gobierno dejó que la medida se extienda deliberadamente porque sabía que contaba con la actuación traidora de varios de los nuestros. Oportunamente se infiltraron en la comisión e hicieron el trabajo sucio dentro a favor el Gobierno Nacional.

El pueblo no se dejará meter los dedos a la boca una vez más, si creen que el pueblo los salvará. Venancio Ochoa, dirigente de los bagalleros les dijo con firmeza y de frente: “Ni piensen en un paro o bloqueo, no queremos que nos engañen otra vez”. Así como él, muchos sectores sociales fueron contundentes en sus advertencias/molestias. Han perdido una gran oportunidad, prefirieron traicionar a ese pueblo que un día los ha elegido. “No se capa (castra) dos veces al toro”, dice el chaqueño.

La dirigencia política y cívica del Departamento atraviesa por una seria crisis de legitimidad por este craso error que será histórico. No hay credibilidad en nuestros líderes, no hay confianza. Dicen que la credibilidad y la confianza es como cuando se pierde la virginidad, no se puede recuperar. Los cívicos han tratado de sacudirse de la mala racha, pero no lograron tener éxito. Otros astutos saltaron del barco cuando sintieron que las cosas estaban poniéndose muy fea.

Pero frente a esta situación de crisis dirigencial, ¿qué hacemos? La única salida que queda es que las autoridades/dirigentes que firmaron/participaron de la negociación/acuerdo, muestren su arrepentimiento/contrición por el daño enorme que le hicieron al Chaco y al Departamento, poniéndose en huelga de hambre seca. Después que sigan el ejemplo todas las demás autoridades electas y los cívicos, después los dirigentes de instituciones y las personas que consideren necesario participar. Piquetes de huelga de hambre en todo el Departamento. El objetivo debe ser llegar a una cantidad de 1.000 personas declaradas en huelga de hambre en todo Tarija. Es la única forma de sensibilizar al Gobierno y frenar esta arremetida, de lo contrario el Gobierno seguirá avanzando hasta esquilmarnos.

Cuando hice esta sugerencia por los medios, más de un amigo me dijo que era un iluso. A ver qué pasa. En abril quiero ver que dicen estos sujetos. (Yacuiba 08/02/12).

ante la obstinación de E.M. de desconocer la Ley Corta que él mismo firmó y que promulgó la Asamblea, los indígenas TIPNIS organizan su marcha Novena con el apoyo de todo el país.

Una delegación de la entidad se reúne con organizaciones sociales para preparar distintas medidas y organizar la novena marcha.

texto e imagen de La Prensa, LP, Bolivia

La Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (Cidob) decidió formar un comité de defensa del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) y demandar la vigencia de la Ley 180, que declara intangible a esta área protegida.
Además, la entidad rechazó la ejecución de una consulta entre las 65 comunidades que la habitan, para que se construya el tramo II de la carretera que pretende unir los departamentos de Cochabamba y Beni.
Una comisión de la matriz indígena está en la ciudad de La Paz para tomar contacto con distintas organizaciones sociales y sindicales, a fin de crear el grupo de defensa del parque nacional.
Otras comisiones, en cambio, recorren las 65 comunidades indígenas de la Tierra Comunitaria de Origen (TCO)-TIPNIS para socializar la Ley 180 y preparar, en caso de ser preciso, el inicio de la novena marcha indígena si el Gobierno decide promulgar una nueva ley, esta vez para plantear la consulta a todos los habitantes, lo que para los indígenas resulta extemporáneo.
EL RECHAZO A LA CONSULTA. Plácido Semo, dirigente de la Cidob, informó que una posible norma, como la que está en debate en la Asamblea Legislativa, servirá para realizar la consulta para proyectos futuros, “en el caso de que se aplique para el TIPNIS, yo creo que ahí sí nosotros vamos a reaccionar junto con la sociedad civil”.
Reiteró que la delegación que dirige sostiene reuniones con varias organizaciones, como la Central Obrera Boliviana, el Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (Conamaq), la Asamblea de la Paceñidad, Federación Universitaria Local (FUL) y otras, con la finalidad anotada.
Explicó que las medidas que se pondrán en práctica dependerán de las determinaciones que definan las organizaciones.
La pasada semana, el presidente de la Central de Pueblos Indígenas de La Paz (C-Pilap), José Ortiz, dijo que su sector realiza las consultas respectivas entre sus afiliados para preparar algunas medidas, como el inicio de la novena marcha indígena, “pero esta vez para exigir el respeto a la democracia”.
Mientras tanto, en la Asamblea se inició el debate del proyecto de Ley Sobre Consulta Previa Libre e Informada, y se conoció que campesinos de la provincia Marbán, del departamento del Beni, que limita al sur con Cochabamba, iniciaron el bloqueo de la ruta Beni-Santa Cruz, en reclamo, entre otros puntos, que se construya la vía Villa Tunari-San Ignacio de Moxos.
El cierre de vías impide la salida de buses desde la capital cruceña hacia el norte amazónico.

1.284 familias habitan la TCO-TIPNIS. Éstas están organizadas de acuerdo con sus tradiciones.

al paso que vamos, falto de seriedad el gobierno, se tendrá que proceder al reconocimiento de firmas para legalizar la mínima acción oficial. sostiene H. Vacaflor

Los pueblos originarios del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis) y los tarijeños, originarios o no, quisieran tener interlocutores más serios cuando llegan a acuerdos con representantes del Gobierno.
Un presidente que promulga una ley en un sentido y luego, de inmediato, ordena que se organice una marcha para que esa ley sea desconocida, no es una persona seria.
Un ministro que firma acuerdos con la delegación tarijeña para resolver un conflicto y luego dice que lo acordado no tiene ningún valor, no es alguien en quien se pueda confiar.
A partir de ahora quizá sea conveniente que cada documento firmado por nuestras autoridades sea sometido al trámite de reconocimiento de firmas, usado para otros propósitos, entre pares.
Antes de partir de la plaza Murillo en octubre pasado, los defensores del Tipnis hubieran necesitado ir en presencia de un notario y decir que quieren el reconocimiento de firmas.
Lo mismo debían haber hecho los tarijeños que negociaron con el ministro correspondiente, a fin de que el documento tenga toda la fuerza de ley.
Los periodistas también tendrían que pedir este tipo de certificaciones antes de dar noticias. Ahora que una experiodista, no muy destacada en el gremio, se propone eliminar la Ley de Imprenta y exigir que se aplique el principio de la veracidad comprobada, las cosas se ponen interesantes.
Cuando los periodistas informaron, el 20 de octubre pasado, una fecha muy especial, que el presidente dio a conocer el descubrimiento de petróleo en el norte de La Paz, no pidieron pruebas.
A estas alturas se sabe que el anuncio no estuvo basado en hechos reales. Es decir que no se descubrió petróleo en el norte de La Paz. ¿Quién tiene la culpa en ese caso? ¿El periodista que repitió la información o el presidente, que la ofreció?
Entonces, lo que corresponde es que a partir de ahora todo sea certificado. Que las leyes promulgadas sean remitidas a la justicia, en el nivel que corresponda, a fin de que no sean violadas ni siquiera por quien las promulgó.
Son previsiones que deben ser tomadas en vista de la poca seriedad demostrada por las autoridades.