dan plazo de 24 horas. caso contrario en 50 buses partiremos a Potosí a sacar de la cárcel al detenido. amenazan "no hay justicia" afirman

Los nueve ayllus del Norte de Potosí dieron un plazo de 24 horas al Gobierno, para que destituya de sus cargos a los fiscales de Uncía, Llallagua y Potosí, y pongan en libertad al sospechoso del linchamiento de cuatro policías, ocurrido el 23 de mayo que fue recluido en la cárcel pública de Kantumarca de Potosí.

Con ese propósito llegaron hasta el Palacio Quemado, varios comunarios del Norte de Potosí que se reunieron con el presidente Morales a quién le plantearon este ultimátum. Los comunarios advirtieron que no permitirán el ingreso a Uncía de fiscales y policías, para seguir la investigación del linchamiento de los cuatro policías de DIPROVE.

"Los nueve ayllus de la Provincia Bustillos hemos sacado una Resolución de ser los guardianes en nuestros territorios, si entran los fiscales o policías a nuestro territorio camuflados de civiles van a tener las consecuencias. Los fiscales de Potosí, Uncía y Llallagua, deben renunciar en 24 horas" dijo Boris Colque Mallku de la Federación de campesinos del Norte de Potosí, al término de la reunión con Evo Morales.

De confirmarse estas amenazas Uncía será otro municipio del país donde no existe la presencia del Estado, menos aún se respeten los derechos humanos de los pobladores que visiten esa región por parte de los campesinos de los ayllus del norte de Potosí.

Las amenazas de los campesinos en el afán de proteger a los culpables del linchamiento de los cuatro policías, fueron más allá cuando "recomendaron" Fiscal de Uncía Sandro Fuertes y de Llallagua Trifón Romero "liberar en 24 horas a las personas detenidas en Uncía al hermano Hilarión Escapa que están detenidos en la cárcel de Potosí".

"Si no los ponen en libertad en 24 horas nosotros en 50 flotas nos vamos a lanzar a Potosí, en esta coyuntura no hay justicia, sólo hay justicia ordinaria para las víctimas que no están involucrados en el caso ellos tiene 60 años y están sufriendo", amenazó.

El juez cautelar Edgar Jallasa determinó el fin de semana la detención preventiva en la cárcel de Cantumarca de Potosí al minero Hilarión Escapa Gallego por ser sospechoso del linchamiento de cuatro policías de la Dirección de Prevención de Robo Contra Vehículos (Diprove) en la comunidad de Qala Qala, municipio de Uncía en Norte Potosí en mayo.

El Comandante Departamental de la Policía de Potosí, coronel Mario Hinojosa, dijo que el encargado de llevar adelante toda la investigación es el Ministerio Público y que la institución del orden continuará colaborando como brazo operador.

la ignorancia supina de Evo es mostrada como un ingrediente del subdesarrollo en un portal de Costa Rica que lo reproduce del afamado El País madrleño

Las alarmas se han encendido. El atrevido, el irrespetuoso presidente de Bolivia, Evo Morales, osó cuestionar uno de los pilares que sostienen el imaginario nacional hegemónico costarricense, desde la abolición del ejército en 1948. “Yo digo que Costa Rica no tiene Fuerzas Armadas, pero sus Fuerzas Armadas son las de Estados Unidos”, afirmó el mandatario en un acto oficial en La Paz.

Agraviado, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Costa Rica deploró mediante un comunicado las declaraciones de Morales. Hay desafíos mayores para la región, rezaba el documento: “el narcotráfico, el crimen organizado o las catástrofes naturales, entre muchos otros”. En ese orden. El canciller René Castro zanjó el asunto por la vía de laexcepcionalidad costarricense: “cuesta entender la idiosincrasia que este pueblo desarrolló”.

¡Corto de miras o mal informado, este presidente Evo Morales!

Que no entiende que el gobierno de un país sin ejército debió enlistarse en la coalición que, comandada por el presidente de Estados Unidos, George W. Bush, invadió Irak en el año 2003, al costo de cientos de miles de vidas humanas perdidas, y en flagrante violación del derecho internacional y las resoluciones de la Organización de Naciones Unidas, porque había que complacer al Comandante en Jefe en las negociaciones de un Tratado de Libre Comercio.

Que no entiende que, en un país sin ejército, el gobierno de un Premio Nobel de la Paz termine plegándose a los sectores más reaccionarios de las élites políticas, militares y empresariales de Honduras y los Estados Unidos, para “blanquear” un golpe de Estado; y tampoco da con las razones que explican por qué un Premio Nobel de la Paz establece relaciones con lo peor del aparato de seguridad colombiano, para que asesore a la policía política costarricense (la DIS, hermana menor del DAS uribista), ni comprende los beneficios de atraer capitales extranjeros -especialmente si están vinculados con el paramilitarismo- para que fortalezcan las inversiones en nuestra economía.

Que no entiende que para perseguir las pequeñas embarcaciones de los narcotraficantes, en las rutas que suplen la demanda del mercado norteamericano, era necesario que el gobierno de la presidenta Laura Chinchilla y los partidos aliados al oficialismo en la Asamblea Legislativa aprobaran el ingreso a discreción en territorio nacional de hasta 46 buques de la armada y más de 10 mil marinos estadounidenses. Estamos en guerra contra un enemigo maligno y toda medida extrema debe aceptarse con resignación.

Que no entiende que es mejor ver soldados extranjeros recorriendo las calles de nuestras ciudades, antes que narcotraficantes, como lo ha dicho el Comisionado Antidrogas del gobierno costarricense (¡qué importa que los verdaderos capos enriquezcan sus cuentas al amparo de los paraísos fiscales, el secreto bancario y la complicidad del sistema financiero internacional!).

¡Pobre presidente Morales, que simplemente no entiende lo que viene sucediendo en Costa Rica en los últimos años! Lego en las altas artes del pragmatismo neoliberal, Evo ignora cómo se administra la neocolonialidad en la Centroamérica del siglo XXI.

Por eso, al escuchar sus críticas, no han faltado a la cita las voces que lanzan la carta -usada a conveniencia- de la excepcionalidad costarricense: ese manido recurso con el que se intenta fraguar, frente a la opinión pública, las grietas inocultables que las equivocadas decisiones de política exterior de nuestros gobiernos abrieron, en los últimos años, en el consenso social y el imaginario de la paz. Especialmente por el curso que, en distintos ámbitos, han tomado las relaciones con los Estados Unidos.

Pero somos diferentes y el presidente boliviano no lo entiende. Y eso ha molestado a muchos en la Suiza centroamericana. No la presencia del buque de guerra estadounidense USS Iwo Jima en Puerto Limón, en la costa del Caribe, ni el ruido de las hélices y motores de los helicópteros militares que la semana anterior sobrevolaron, en reiteradas ocasiones, nuestro territorio, sino las palabras de Evo Morales: esas que tanto incomodan a los guardianes de la guardarropía histórica de la identidad nacional y los artefactos con los que el poder, en tiempos de crisis, pretende evadir las fracturas y los reflejos deformes en el espejo de la realidad presente.

el control social se ejerze en el Congreso, por la Contraloría, por la Fiscalía, por los partidos, para qué otro? para manipular según voluntad de Evo

La Razón accedió a un proyecto según el cual se busca vigorizar a la Conalcam hasta convertirla en la nueva estructura de control político y social en el país. El objetivo central es “garantizar que el proceso de cambio dure muchos años”, reconoció Rodolfo Machaca, dirigente de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia.

Luego, se conoció que, en realidad, esta asociación de grupos entre los que destacan sindicatos y otras organizaciones ligadas al MAS, se encargará de diseñar la Ley de Control Social y que esta instancia —el Control Social— será un mecanismo convertido en suprapoder. El perfil de la Conalcam, de todos modos, continúa bastante más alto del que tenía al principio: estaría perfilando nada menos que un suprapoder.

La intención pudo haber sido desviar la atención, que la opinión pública no tome a la Conalcam como un poder que estuviera encima de los reconocidos por la Constitución; las críticas llovieron cuando se supo que los movimientos sociales, seguramente a través de una cúpula dirigencial, manejarían una especie de poder extraordinario.

El oficialismo dio una buena señal al rechazar de plano la intención del Consejo de Participación y Control Social de dotar de inmunidad a sus miembros. Por otro lado, la reacción de varios políticos opositores sonó algo exagerada, principalmente aquella que vinculó a la futura Conalcam con situaciones ilícitas, sin posibilidad de otorgar a esa organización el beneficio de la duda o, tal vez, esperar a que se definan sus atribuciones.

La idea de un organismo de control social siempre, no es de ahora, inquietó en el ambiente político. Salió a la luz durante la Asamblea Constituyente, donde se hablaba del Control Social como un cuarto poder. En definitiva, la Constitución terminó reconociendo que “la sociedad civil ejercerá el control social a la gestión pública de todos los niveles del Estado y a las empresas públicas, mixtas y privadas que administren recursos fiscales” (Art. 241).

Todavía se está a tiempo de encaminar el Control Social por la única vía posible en democracia, dentro del marco de la Constitución y las leyes. El gran reto es acomodarlo en la estructura institucional vigente del país, sin que vulnere la independencia de los poderes, aparte de que la nueva instancia debe respetar la libertad de expresión de sus integrantes y no erigirse en una suerte de mordaza. (Editorial de La Razón, de LP)

los medios cuentan con un mecanismo a salvo de errores y faltas y se llama AUTOREGULACION según lo explica El Dia de SC

La prensa es una de las instituciones más creíbles de Bolivia, junto con la Iglesia Católica. Este dato ha sido ratificado en numerosas encuestas hechas a nivel nacional y también por estudios internacionales como el que acaba de divulgar la prestigiosa Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), según la cual, la gente de los países de América Latina confía más en los medios de comunicación que en los políticos.
Los medios de comunicación se ganan la confianza del público todos los días, proporcionándole información veraz y oportuna sobre la base de un trabajo responsable y honesto. La gente está debidamente protegida por leyes que penalizan los excesos o errores que pueden cometer los periodistas. El Código Penal establece muy claramente los delitos contra el honor de las personas, al igual que el Código del Niño, marca con precisión los límites del ejercicio periodístico cuando se trata del sector más vulnerable de la sociedad. Cualquier ciudadano puede recurrir a los tribunales cuando siente que sus derechos han sido vulnerados por la prensa y no son pocos los casos que se encuentran hoy en día en las cortes de justicia.
La credibilidad de cualquier medio informativo es muy frágil. Los periodistas no se pueden arriesgar a mentir descaradamente como hacen otros actores de la sociedad y por eso es que, mientras la confianza en los medios se ha mantenido alta por décadas, otros sectores han caído en un descrédito del que es muy difícil salir. Y no son sólo las leyes mencionadas las que aseguran esa relación de confianza entre los medios y el público. La autorregulación; es decir, la fijación voluntaria de límites, el establecimiento de normas éticas que se aplican en las salas de redacción, la búsqueda permanente de la responsabilidad y de la honestidad, son la mejor garantía para el ejercicio de un periodismo sano, edificante, coadyuvante en el fortalecimiento de la democracia, contribuyente efectivo para el progreso social.
La autorregulación es la única que garantiza la vigencia de los valores internos de la comunicación, destinados a mantener al ciudadano consciente, despierto y enfocado en su comunidad, libre de las interferencias de “grupos o sectores deseosos de imponer al resto su modelo de lo correcto o, lo que es más frecuente, su interés”. (Restrepo). Justamente vivimos tiempos difíciles en el ámbito comunicacional porque existen fuerzas políticas con afanes totalitarios que buscan quitarle al ciudadano boliviano uno de los últimos espacios democráticos que le quedan, expresado en el pluralismo informativo, en la libre circulación de ideas, en el debate público y la posibilidad de ejercer cierto nivel de fiscalización sobre la cosa pública. El acoso a los medios de comunicación busca la consolidación de una voz única, incuestionable, incontrastable, dueña de la verdad.
Lo lamentable es que estén surgiendo sectores funcionales al proyecto de destrucción del espectro comunicacional pluralista. Más terrible todavía es que sean actores de la comunicación los que se estén prestando a esos fines oscuros, intentando sabotear los proyectos de autorregulación que emanan de un mandato de la Constitución Política del Estado. Se busca crear tribunales de facto, estamentos inquisidores con el pretexto de la ética, cuando en realidad lo que pretenden es instaurar un nuevo modelo de periodismo militante, al mejor estilo de los regímenes autoritarios del pasado.
La autorregulación es la única que garantiza los valores internos de la comunicación, libre de presiones políticas y de intereses de grupos.

Jessica Echeverría y María Cristina Vizcarra ambas diputadas opositoras denuncian la existencia de flagrante persecusión y un campo de concentración

JéssicaEcheverrÍa Diputada de Convergencia Nacional

Su perfil Abogada y activista de los presos políticos. Sus cargos pú bli cos • Fue candidata a Constituyente en el 2006 por Autonomía para Bolivia y diputada por Convergencia Nacional.María Cristina Vizcarra Diputada de Unidad Nacional. Su perfil. Ha sido dama cívica, es periodista y estudia Derecho.
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Sus cargos públicos • Fue electa diputada por Unidad Nacional en Santa Cruz.En la Asamblea Legislativa Plurinacional aparentemente no faltaba nada: asambleístas de poncho, corbata, aguayos, abarcas, sombreros con espejos, cascos mineros, pero que lleguen vestidas de presidiarias, eso sí que fue una novedad. Por eso cuando las diputadas cruceñas, Jéssica Echeverría de Convergencia Nacional y María Cristina Vizcarra de Unidad Nacional irrumpieron en el hemiciclo todas las miradas se posaron sobre ellas. Llevaban poleras a rayas en blanco y negro y en su pecho el número 017. Así también las encontramos caminando en Santa Cruz.

¿Por qué decidieron vestirse así?

La idea surgió después de una visita que tuvimos a la cárcel de San Pedro en La Paz donde hemos visto que existe alrededor de una veintena de detenidos que creemos que son presos políticos del Gobierno de Evo Morales. Para solidarizarnos con ellos (Vizcarra).

Resulta que San Pedro se ha convertido en una especie de campo de concentración del Gobierno de Evo Morales. Hay cruceños presos por el caso Rózsa, hay tarijeños por la supuesta voladura de un ducto, hay benianos por toma de instituciones y hay pandinos por la llamada masacre de Porvenir que todos sabemos fue armada por el Gobierno para detener al gobernador Leopoldo Fernández. (Echeverría)

¿Qué sentimiento o acción quieren provocar en la sociedad?

Queremos que la gente despierte, que se dé cuenta que poco a poco estamos dejando morir la democracia ante nuestros ojos y no hacemos nada. (Vizcarra)

Porque estamos como adormecidos dejando que la dictadura y la impunidad avance. (Echeverría)

¿Por qué afirman eso?

Porque vemos que todos los que se consideren contrarios al régimen del presidente Evo Morales somos combatidos y porque el Gobierno maneja un discurso que a fuerza de tanto repetirse, por ejemplo, creen que en Santa Cruz somos terroristas y separatistas cuando por el contrario debemos sentirnos orgullosos de ser cruceños y de haber embanderado la autonomía como un sistema de administración que busca mejores días para los bolivianos. (Echeverría)

Porque no debemos acomplejarnos por el tema del terrorismo, con eso nos quieren callar las voces cuando en realidad hemos sido un pueblo que ha reaccionado bajo el recuerdo de los ucureños que nos invadieron en 1957 ante la amenaza de otros extraños comandados por Fidel Surco e Isaac Ávalos que se mostraron armados a punto de llegar a Santa Cruz y lo más extraño es que ellos no han sido procesados por alzamiento armado, pero un cruceño que recibió o hizo una llamada de teléfono es llamado terrorista o separatista. Debemos decir sin miedo que estuvimos en la casa de campaña de La Torre y que fuimos a recibir trípticos, banderas o material de campaña para promover la autonomía, nada más. (Vizcarra)

¿Qué deben hacer los opositores, porque están cada vez más acorralados?

Lo que debemos hacer es cuestionar, investigar y acusar la corrupción que enloda a este Gobierno. (Vizcarra).

Hay una frase bonita que marca la lucha de los presos políticos en Venezuela y es “echémonos el miedo a la espalda y salvemos la patria”. Yo creo que es momento que los temores los guardemos en el bolsillo y asumamos la defensa de la libertad y la democracia. Hay muchos presos políticos en San Pedro, pero también quiero denunciar que en Santa Cruz hay prisioneros de su conciencia, gente que ha negociado, gente que ha entregado gente y que se ha dejado usar y ha sido funcional con el Movimiento Al Socialismo. (Echeverría)

la caída de Evo. fallido periplo a Corea. Evo asume toda la culpa. la culpa le caerá por lo de Caranavi. recuento de notis en EJU.tv

El presidente ha alcanzado el punto más bajo de popularidad desde que asumió su cargo en enero del 2006. Un desplome de 9 puntos en el último mes reduce su respaldo al 46%, por lo que ya existe una sólida mayoría de bolivianos que reprueba la conducción de Evo Morales. Varios factores inciden para que, por primera vez, la responsabilidad de los problemas sea atribuida al primer mandatario. Entre otros, la desconexión de Evo con las bases sociales y regionales, patente en su negativa a dialogar personalmente con los representantes potosinos; o la inoperancia demostrada en la crisis ecológica de los incendios forestales. Tanto desde sectores del partido de gobierno como de la supuesta oposición habrá quienes busquen “blindar” al presidente contra la caída, señalando que el problema son “los malos ministros”. Creemos que un cambio real de políticas sólo será posible cuando haya una profunda rectificación del accionar presidencial y no sólo una simple sustitución de los secretarios.

A confesión de partes, relevo de pruebas

Evo Morales dijo en conferencia que él y no Sacha Llorenti dio la orden de actuar en Caranavi. Jurídicamente, esta aceptación de responsabilidad obliga al fiscal general Mario Uribe a abrir una etapa preparatoria para un juicio de responsabilidades contra el presidente del Estado Plurinacional. Si las investigaciones determinan que hay delitos (como lo señalan los informes de la Defensoría del Pueblo y Derechos Humanos, donde se da cuenta de abusos de la fuerza de Estado como torturas y asesinatos), el fiscal general deberá pedir que el Tribunal Supremo de Justicia gestione ante la Asamblea Legislativa Plurinacional la apertura del juicio contra el primer mandatario.

Premio consuelo para una misión fallida

Evo vuelve sin inversores para el litio. Esa es la cruda realidad, tras un oneroso viaje a Corea del Sur anunciado con bombos y platillos, realizado con un gran séquito de funcionarios y parlamentarios. A manera de consuelo que evite aparecer con las manos vacías, el mandatario vuelve con la promesa de ese país de cooperar en la investigación científica del litio ycon un crédito blando para otros rubros. Mucho ruido y pocas nueces.

Intimidando a la prensa

Un ciudadano argentino vinculado a Juan Ramón Quintana, marido de la senadora del MAS Gabriela Montaño, acaba de enviar una carta de claro tono intimidatorio al jefe de redacción de El Deber, Tuffí Aré. En la misiva, el Sr. Restivo defiende la maniobra de Cristina Fernández de Kirchner para hacerse del control de Papel Prensa y la ley de censura de Hugo Chávez, al tiempo que critica la línea editorial del diario mencionado y sugiere la necesidad de una norma que separe la libertad de prensa de la libertad de empresa. ¿Amenaza velada de impulsar medidas similares a las de Argentina y Venezuela en nuestro país? La carta cobra mayor relevancia en el contexto del proceso anunciado por el gobierno contra el diario Opinión, lo que podría estar anticipando una ofensiva estratégica contra la prensa.

Gobiernos de “derecha” ayudan a combatir incendios

Mientras el presidente defiende la práctica incendiaria de los chaqueos, confirmando la naturaleza demagógica de su discurso ecológico “pachamamista”, varios gobiernos considerados “derechistas” por su administración le ponen el hombro a Bolivia para combatir el flagelo de los incendios. Es el caso de Chile, donde el conservador Sebastián Piñera ha decidido enviar a expertos de la Corporación Nacional Forestal (CONAF) para cooperar en la tarea de reducir los focos ígneos. Es también el caso de los Estados Unidos, que a pesar de tener un gobierno de centroizquierda según los parámetros de su política interna, sigue siendo la encarnación del “imperialismo reaccionario” para el oficialismo, poco dado a sutilezas ymatices ideológicos. Venezuela y Cuba, por su parte, han hecho mutis por el foro. Reaparecerán cuando haya que crear otro tipo de incendios, políticos se entiende.

Ley para el secreto de Estado

Bajo La cobertura de un proyecto de Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, analizado actualmente en la Asamblea Plurinacional, se pretende exactamente lo contrario: crear un procedimiento mediante el cual diversas reparticiones del Estado puedan clasificar durante 20 años la información que consideren confidencial. “La información secreta se clasificará mediante leyes que serán promovidas por las entidades que así lo requieran. Estas leyes contendrán un listado específico de la información que consideren que debe ser secreta”, estipula el proyecto.

notishots@gmail.com

es tan grave la cosa que Sacha cambia al responsable de DIPROVE en SC, cuando el anterior había dado orden de relevo a toda la tropa. Corrupción!

El Gobierno anunció una investigación a efectivos de la Dirección de Prevención de Robo de Vehículos (Diprove) de Santa Cruz y a dos asambleístas, por una denuncia de extorsión para la devolución de un carro robado y echó al jefe de esa repartición.

Esta semana, el empresario brasileño Osvaldo Fonseca Filho contó a la red O Globo cómo recuperó su vagoneta Infinity, valuada en $us 132 mil, que le robaron el 2009 en su país. Dijo que tras un viaje de 5.000 kilómetros, desde Río de Janeiro hasta Santa Cruz, recuperó el vehículo, luego de pagar $us 5 mil, después de negociar con policías, un diputado y un senador, quienes le dijeron que el motorizado era ‘un encargo de un coronel de La Paz’.

“Estamos preparando una querella de parte del propio Ministerio de Gobierno sobre este caso, es absolutamente insuficiente que estas investigaciones se las hagan a través de una línea administrativa de la Dirección Nacional de Responsabilidad Policial”, sostuvo el ministro de Gobierno, Sacha Llorenti, al referirse al tema.

Caso. Agregó que “tiene que haber una investigación no sólo a través del Ministerio Público, yo voy a solicitar a la Ministra de Transparencia institucional y Lucha Contra la Corrupción (Nardi Suxo) para que inicie una investigación pormenorizada sobre este tema, sabiendo ya que existen otros casos indagados por esta instancia”.

“Es un tema en el que por supuesto va a haber una acción contundente de la justicia, caiga quien caiga”, agregó Llorenti.
En la misma línea, el viceministro de Régimen Interior, Marcos Farfán, aseguró que la investigación de la presunta extorsión estará dirigida a los denunciados, sean policías o asambleístas.

Farfán señaló que hubo una instrucción del Comando General de la Policía a las autoridades del Comando Departamental de Santa Cruz, para que inicie las investigaciones sobre la extorsión denunciada por Osvaldo Fonseca. “Vamos a ser sumamente drásticos en las sanciones contra las autoridades o funcionarios”, indicó.

El último jueves, los efectivos de la Diprove de Santa Cruz fueron relevados de sus cargos por órdenes superiores. Ayer, el director de esa repartición policial, coronel Fanor Heredia, fue destituido y pasado al Tribunal Disciplinario para que sea indagado.

Llorenti, por otra parte, advirtió que “hay bandas delincuenciales que se dedican a robar cerebros de vehículos y que en combinación con algunos malos policías esos temas no solamente no son investigados, sino en algunos casos los mismos policías saben quiénes son”. En ese sentido, el Ministro de Gobierno demandó a la ciudadanía denunciar las acciones irregulares que se presenten en la Diprove.

Comisión de diputados va a Brasil

Una comisión de la Cámara de Diputados viajará este fin de semana a Sao Paolo para entrevistar al dueño del vehículo robado que d