gentileza de Sol de Pando, aparece aquí una crónica testimonial de su Director Wilson García Mérida que descubre la relación fatal entre Juan Ramón Quintana, brazo derecho de Evo Morales y LaMia, la aerolínea fantasma que nadie quizo apadrinar...

El prepotente Ministro de la Presidencia de Bolivia influyó personalmente para que la Dirección de Aeronáutica Civil cambie su inicial decisión de no autorizar a Lamia vuelos internacionales. | Foto ABI

QUINTANA, EL PADRINO DE LAMIA

soldepando.com |

El 10 de noviembre de 2014, el entonces Director General de Aeronáutica Civil (DGAC), Luis Coimbra, advirtió que la venezolana Lamia, al igual que la boliviana EcoJet, sólo podría operar dentro el territorio nacional como “taxi aéreo”. Albacete reclamó a Quintana por esa restricción  y el Ministro de la Presidencia presionó logrando la renuncia del honesto militar. Quintana puso en el espacio aéreo internacional una ruleta rusa voladora. A cambio, el estafador venezolano “aportó” un significativo monto para financiar las “estrategias” de un adicto al poder que no quiere irse cuando termine el mandato constitucional de Evo…

© Wilson García Mérida | Redacción Sol de Pando en Rio Branco

Miguel Quiroga Murakami junto al general Gustavo Vargas Gamboa y el coronel Marco Rocha Venegas, quienes lo coptaron para pilotear en Lamia. Ellos gerentes y él “socio”. | Foto archivo Sol de Pando

“Yo no hubiera volado directo desde Viru Viru a Medellín” fue la declaración lapidaria efectuada a muy pocas horas del desastre por el coronel de la Fuerza Aérea de Bolivia (FAB) Marco Antonio Rocha Venegas, socio del capitán Miguel Quiroga Murakamy en la aereolínea Lamia, de la cual, además, Rocha es Gerente de Operaciones. “Nunca volamos al límite de combustible, velamos por la seguridad de los pasajeros” mintió el militar a una radio de Argentina el 29 de noviembre, e insinuó con poco disimulo que el piloto civil era el responsable del horroroso suceso,  desatando con esa revelación una inmediata ola mundial de repudio contra el piloto pandino. Así, a la muerte física de Quiroga Murakami se agregaba una desalmada muerte civil, sin más perdida de tiempo.
Simultáneamente, el mismo 29 de noviembre, para rematar, el general de División Aérea Gustavo Vargas Gamboa, Gerente Ejecutivo y representante oficial de Lamia-Bolivia, declaró a un medio escrito de La Paz que Miguel Quiroga no había cumplido el protocolo de reabastecerse haciendo una escala intermedia antes de llegar a Medellín. En nota publicada el 30 de noviembre por Página Siete, Vargas Gamboa reveló que el piloto tenía opciones de hacer escala técnica de reabastecimento en Cobija o Bogotá.  “Tenemos que investigar el porqué tomó la determinación de irse en forma directa a Medellín”, remarcó Vargas.
“La aerolínea Lamia le echó la culpa al piloto por la tragedia de Chapecoense”(Vargas Gamboa), o “Director de Lamia cuestionó accionar de piloto del avión del Chapecoense”(Rocha Venegas), son tenores comunes en los titulares de la prensa nacional e internacional que ambos jefes castrenses provocaron premeditadamente con su despiado ataque a un hombre muerto. No sólo buscan “lavarse las manos”. Están cumpliendo órdenes superiores que bajan desde el Ministerio de la Presidencia para enterrar el caso junto al ataúd de Miguel Quiroga Murakami.
Con esa maniobra de manipulación informativa, típica de una “operación sicológica” que aprendieron los militares bolivianos en la Escuela de las Américas del Comando Sur, el chivo expiatorio estaba servido en bandeja de plata. Todos apuntan a Quiroga Murakamy y él no ya puede defenderse. Asunto resuelto, caso cerrado.

Gonzalo Vargas y Marco Rocha, militares vinculados a Quintana y socios de Albacete, usaron al piloto Miguel Quiroga para lanzar el despegue empresarial de Lamia en Bolivia; ahora lo acusan de ser único responsable de la atroz tragedia. | Foto archivo Sol de Pando

Sin embargo, la família del piloto pandino escarnecido  comienza a hablar. Dicen que Miguel Quiroga no era quien tomaba decisiones técnicas ni administrativas en la trucha aerolínea. No tenía nungún cargo gerencial, a diferencia de Rocha y Vargas que son gerentes, y entre ambos ya habrían gerenciado varios vuelos anteriores con el combustible al límite, lo cual también debería investigarse con los rigores periciales del caso.
No era la primera vez que se forzaba a limite extremo la limitada autonomía de vuelo de esa nave, arriesgando vidas humanas ajenas y las suyas propias. De hecho la familia de los militares Vargas Gamboa y Rocha Venegas perdió uno de sus integrantes, el capitán Rommel David Vacaflores Terrazas —cuñado del general Vargas y del coronel Rocha— que iba como copiloto del capitán Miguel Quiroga en ese viaje fatídico. Rommel David era a la vez tío de otro integrante de la tripulación de Lamia, el capitán Marco Rocha Vacaflores.
Se sabe asimismo que el general Vargas Gamboa, líder de este equipo, es padre del director del Registro de Aeronáutica Civil, Gustavo Steven Vargas Villegas. Fue en este entorno familiar ligado al Ministerio de la Presidencia de donde salieron las influencias decisivas para que el Jet Avro RJ-85 de Lamia despegara de Santa Cruz con una carga de combustible demasiado “exacta” sobre la ruta a Medellín, sin ningún margen de previsión, forzando el itinerario y violando las normas internacionales de aeronavegación.
Y eso no es todo. El general Gustavo Vargas que piloteaba el avión oficial del presidente Hugo Banzer Suárez en los tiempos del neoliberalismo, fines de los años 90, fue ratificado en esa función como piloto de la nave presidencial de Evo Morales, gracias a las influencias de otro de sus camaradas de armas, el ex mayor del Ejército Juan Ramón Quintana Taborga, actual Ministro de la Presidencia de Bolivia. (Quintana es el encargado de la seguridad personal del presidente Morales, quien —cometiendo su peor error estratégico que le está costando ser un prisionero en el Palacio Quemado— confió en este ex militar la organización de un aparato paralelo y clandestino de Inteligencia, gracias a lo cual Quintana controla todos los mecanismos de Seguridad del Estado, por encima del propio Ministerio de Gobierno).

¿Cómo y por qué llegó Lamia a Bolivia?

Ricardo Albacete, el fundador de Lamia, propietario del avión RJ que se estrelló el 28 de noviembre. Alquilaba su nave a otra “Lamia”  creada ilegalmente en Bolivia, después de que su negocio fracasara en Venezuela. Radica hoy en España. | Foto archivo Sol de Pando

Esta compañía cuya sigla es inconfundiblemente venezolana, del Estado de Mérida, y no representa en absoluto a Bolivia (“Línea Aérea Mérida Internacional de Aeronavegación”), se convirtió de la noche a la mañana en una empresa boliviana, prácticamente “trucha”, mediante una componenda de Quintana con sus camaradas de la FAB —es decir el grupo del general Gustavo Vargas Gamboa— para favorecer a los dueños reales y originales de Lamia: el conocido estafador venezolano-español Ricardo Alberto Albacete Vidal y el narcotraficante chino Sam Pa, cuyo nombre real es Xu Jinghua.
Lamia fue creada el año 2009 con dinero proveniente del narcotráfico que Sam Pa entregó al venezolano, su testaferro, para comprar inicialmente tres naves, una de las cuales es la que se estrelló en Colombia. El proyecto original fue constituir una gran aerolínea bandera del Estado de Mérida con una flota de 15 naves para que recién pueda adquirir categoria de línea internacional, y con tal perspectiva el gobierno de Hugo Chávez la respaldó abiertamente; aunque el Estado Bolivariano sólo le había otorgado licencia para vuelos domésticos integrando al Estado de Mérida con el resto del territorio venezolano. (Es decir que la Lamia “original” no tenía licencia para operar internacionalmente ni siquiera en su país de origen).
El año 2014 Xu Jinghua, alias Sam Pa, fue denunciado por la Justicia Federal de Estados Unidos como un mafioso de alto peligro por sus nexos con organizaciones de narcotráfico y terrorismo, y en octubre del 2015 el gobierno de China lo encarceló cumpliendo una resolución del Comité Anticorrupción del Partido Comunista Chino. Entonces ya no había la plata para comprar los 15 aviones prometidos por Albacete al Gobierno de Venezuela. Y para colmo las tres naves inglesas con que Lamia había iniciado operaciones el año 2010 resultaron inservibles. Con su socio en la cárcel, Albacete no tenía dinero ni para reparar esas pequeñas naves que solo podían volar como taxis aéreos en rutas cortas.
El éxito y el futuro de Lamia dependían indisolublemente del mafioso chino, de quien Albacete era simplemente uno de sus testaferros.

Este es Sam Pa, alias de Xu Jingua, vinculado al narcotráfico, con cuyo dinero se compraron los tres aviones de Lamia que ahora están en Bolivia. | Foto archivo Sol de Pando

Hace 20 años Xu Jingua (o Sam Pa) era un funcionario gubernamental con rango diplomático en la República Popular de China, que tenía la misión —al mando de la estatal  “China Investment Fund” (CIF)— de abrir mercados y proyectos de envergadura para posibilitar la expansión de empresas estatales chinas en países de occidente, especialmente Europa y América Latina, además de África.
Sam Pa aprovechó esa misión oficial para beneficio personal. Tomó control directo de varias de aquellas empresas estatales, a muchas de ellas las condujo a la quiebra para transformarlas en empresas mixtas de las que él mismo resultaba su principal accionista, y entonces se erigió en un poderoso magnate, asociado a otro turbio multimillonario, el húngaro George Soros, conocido manipulador bursátil. Ambos, Sam Pa y George Soros, tienen a su merced bolsas de valores como la de Vancouver, en Canadá.
Muchas de las empresas creadas por Sam Pa realizan obras civiles de gran envergadura  como la construcción de hidroeléctricas, carreteras, infraestructura minera y petrolera, estructuras portuarias y ferrocarrileras en países como Argentina, Ecuador, Bolivia, Brasil, Venezuela y Nicaragua de Latinoamérica, así como en Zimbawe, Angola, Camerún y Senegal de África, y Guinea, Tanzania y Madagascar de la Oceanía.
Especialistas del ámbito financiero estiman que es dueño de al menos 200 compañias disseminadas en todo el mundo, muchas de ellas off shors asentadas en los paraísos fiscales de Panamá, Bahamas e Islas Caimán. Tiene bajo su mando un ejército de testaferros, entre ellos Ricardo Albacete.
En Latinaomérica, la más conocida compañía ligada a los capitales de Sam Pa es, entre otras similares, Sinohydro Corporation, la misma que opera  en África con el nombre de Sino Zimbaye, país donde también incursionó en la explotación de diamantes y tráfico de armas, sacándole partida a la guerra africana. Por ello, Estados Unidos lo acusa de terrorismo.
En España es conocido como el “Onassis chino”. Allí estableció un conglomerado naviero encabezado por China Sonangol International Holding Ltd., estrechamente colaborado por Ricardo Albacete, a quien Sam Pa ayudó financieramente con la creación de Lamia el 2009.
Resultó evidente que el dueño y fundador de Lamia era un vulgar testaferro de este mafioso asiático. En una entrevista que se difundió el año 2011, Albacete —sin imaginar que Xu Jinghua, alias Sam Pa, sería encarcelado cuatro años después— se jactó de tener como socio financiero en su aerolínea al sospechoso magnate chino. “Es una empresa de todos los ciudadanos de Mérida. Mi familia y yo tenemos el capital inicial, con ayuda de inversiones chinas. Se trata de un inversor chino con mucho dinero. Ya hice negocios en China. Él nos apoya un poco con esta operación. Se llama Sam Pa y también invierte en Angola“, reveló el estafador venezolano-español.
Pero en el 2015, con su mentor chino tras las rejas, Albacete quedó desprovisto de los capitales sucios que necesitaba para desarrollar su ambicioso proyecto en Mérida. Además, según nos informa un periodista y militante chavista desde Caracas, quien prefiere el anonimato, Ricardo Albacete enfrenta varios juicios por estafas en Venezuela, incluso por parte del Gobierno de Nicolás Maduro, razón por la cual, siendo gallego de nacimiento, actualmente vive en España huyendo de sus acreedores.
Antes de fugar a España, Albacete convenció al Ministro de la Presidencia de Bolivia, Juan Ramón Quintana, “transformar” su compañia creada en el Estado de Mérida —condenada irremediablemente a la quebra tras la debacle del chino Sam Pa— en una aereolínea “boliviana”.

Un super Ministro que se apoderó del “proceso de cambio”

El poder casi absoluto que Evo Morales delegó en su Ministro de la Presidencia le dió a Quintana un control político y administrativo que va más allá del área de Inteligencia y Seguridad. Este ex mayor del Ejército es prácticamente dueño de todo el gabinete en el Poder Ejecutivo, además del Ministerio Público (Fiscalía General del Estado) y los aparatos armados (FF.AA. y Policía). Todos los ministros de Evo Morales —con excepción aparente de los ministros de Gobierno Carlos Romero Bonifaz y de Obras Públicas Milton Claros Hinojosa— le deben el cargo a Quintana.

El ejemplo más visible de esta dependencia ministerial del quintanismo es el Ministerio de Comunicación, el favorito de Quintana. Las dos últimas ministras de esta cartera, Amanda Dávila y Marianela Paco, totalmente sometidas, no tomarían ninguna decisión sin consultar previamente con Quintana, a quien le dicen “jefe”. Por ejemplo, es Quintana, y no la Ministra de Comunicación, quien decide cuáles medios periodísticos pueden o no recibir publicidad del Estado.

Otra cartera ministerial sobre la cual Quintana ejerce un absoluto e irreductible control, es el Ministerio de Defensa, desde donde el Ministro de la Presidencia ha desarrollado intensos vínculos clientelares y prebendales con el ámbito militar del cual él proviene. Es Quintana, por encima del Presidente del Estado, quien determina cada año la Orden General de Destinos violando incluso la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas, lo cual ha puesto a las FF.AA. del país bajo sus pies. El ministro Juan Ramón Quintana es el único civil que detenta un activo y peligroso mando de tropa en Bolivia.

Empezando por ministros y viceministros, el personal jerárquico, técnico y operativo en los demás ministerios estratégicos —como los de Energía e Hidrocarburos, de Mineria, de Planeamiento y de Economía— fue designado por “recomendación” y aval personal de Juan Ramón Quintana, atenido a su estrecha y privilegiada relación con el Presidente. Su influencia subterránea no se limita a la designación de cargos, abarca sobre todo la imposición de millonarios proyectos y contratos en su gran parte lesivos a los intereses del Estado y de los cuales el presidente Evo Morales no siempre toma conocimiento.

Esta sobredosis de poder que enloqueció a Quintana le llevó a erigirse en el principal estratega electoral y de proselitismo cotidiano que apunta a eternizar este perverso esquema político —el quintanismo—, mediante re-elecciones ad infinitum, utilizando la imagen y figura popular de Evo Morales como su caballo de troya para ganar votos.

Como máximo jefe de campaña en cada proceso electoral, Quintana recauda dinero extorsionando a empresarios nacionales que se han visto obligados a someterse a sus designios o de lo contrario caer en la ruina sufriendo represalias legales e impositivas; y en ese mismo afán extorsivo con fines electorales Quintana no vacila en vincularse con organizaciones mafiosas y tradicionales sectores corruptos de la política boliviana, de ultra derecha, que ahora son fervientes militantes del partido gobernante y que, a pesar de su habitual racismo, se declaran más “evistas” que el mismo Presidente indígena siguiendo el discurso adulador e hipócrita de Quintana. En los negocios turbios como en la política perversa, todo vale.

En ese contexto, fue el ministro Juan Ramón Quintana el responsable directo dentro el Gobierno para la llegada irregular de la empresa venezolana Lamia a Bolivia.