si las autoridades, en el nivel que corresponda, no cumplen los acuerdos, en el caso concreto con los encarcelados, sobrevendrán los problemas y males mayores se cernirán sobre la comunidad. sentencia de LT a propósito de Palmasola.

Pese a una inicial actitud de indiferencia estatal, la autoridades del Ministerio de Gobierno tomaron la iniciativa de entablar negociaciones con los presos de Palmasola, en Santa Cruz, y arribar a acuerdos mínimos que han permitido disipar las tensiones al suspenderse una huelga de hambre en la que participaban alrededor de 560 reclusos.

Los presos, que encontraron eco en las cárceles del resto del país, demandaban un prediario de 25 bolivianos, construcción de un hospital, restauración de las instalaciones (días antes a carpintería ardió).

Finalmente, se acordó aumentar el prediario a ocho bolivianos y coordinar esfuerzos con las gobernaciones y municipios para mejorar las condiciones generales de los presidios.

Es decir, las autoridades han adoptado un compromiso y será importante que lo honren. No es vano recordar que muchos de los conflictos sociales que se registran en el país se deben a que los representantes del Estado (en todos sus niveles) suscriben una serie de acuerdos para pasar el momento, y luego no los cumplen o lo hacen a medias, provocando reacciones más radicales, creando un círculo vicioso interminable.

En el caso que se comenta hay que agregar que las cárceles del país están hacinadas, la infraestructura es mala y los proyectos de reinserción social de los presos sólo son retórica, salvo cuando gracias a la acción de la Pastoral Penitenciaria de la Iglesia Católica, algunas iglesias y agrupaciones (que genéricamente llamadas organizaciones no gubernamentales, ésas que el Gobierno cree que ya no sirven) de ciudadanos, hombres y mujeres, que han hecho suya --incluso antes que la pronuncie el papa Francisco-- la idea de que estar recluido no es estar excluido.