Saúl Lara, exministro de Gobierno, admitió en una entrevista de radio que en 1988 se estableció que 12.000 hectáreas de coca serían suficientes para atender la demanda legal, pero que se lo hizo a partir de criterios políticos. Veinticinco años después, el Gobierno del presidente Evo Morales, utilizando también criterios políticos y no científicos, dice que el área necesaria es de 14.705 hectáreas.
Esta cifra surge como respuesta a la expectativa que se creó en el país desde 2010, cuando la Unión Europea decidió financiar el estudio sobre la hoja de la coca, con la esperanza de que el país comience a liberarse de los sacrilegios provocados por la hoja sagrada. No se sabe qué dice realmente el estudio hecho con el dinero de la UE. Algunas filtraciones habían señalado que el documento menciona 6.000 hectáreas como superficie máxima necesaria para atender la demanda legal.
Una reunión de lo que se podría llamar el ‘alto mando cocalero’, realizada en el Palacio Quemado, revisó el documento y, tras varias horas de ‘discusión’, surgió la cifra de 14.705 hectáreas. Pero el dato no es definitivo, pues al área mencionada hay que añadir la que se requiera para atender las exportaciones de hoja de coca y la demanda de su industrialización.
Con esos nuevos detalles, calculan los funcionarios del Gobierno, se podría llegar a superar las 20.000 hectáreas. Esta es la cifra establecida como meta ideal por el presidente Morales cuando era dirigente activo de las seis federaciones de cocaleros de Chapare, y que se convirtió en un compromiso con sus bases cuando llegó a la Presidencia de Bolivia.
Es decir que, dando muchas vueltas y rodeos, se ha llegado al número mágico por el cual Chapare podrá tener las 7.000 hectáreas que ansiaba el señor Morales. Lo malo es que en todo este ejercicio se ha olvidado que la producción sobrante de coca es responsable de la peor pesadilla que ha vivido el país desde 1825.
Los bolivianos estaban esperando que el Gobierno anuncie una actitud seria respecto de la hoja que, apoyada en su condición de ‘sagrada’, es responsable de la inseguridad ciudadana, la depredación de los campos, la violación de los parques, la pérdida de la moral y la distorsión de los precios y de la economía.
El país quiere saber de una buena vez qué dice el estudio sobre la coca.
Consejo Editorial: Pedro F. Rivero Jordán, Juan Carlos Rivero Jordán, Tuffí Aré Vázquez, Lupe Cajías, Agustín Saavedra Weise y Percy Áñez River
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