Si un recinto militar es vulnerado de manera reiterada tanto en sus mecanismos de control como de vigilancia, es que algo está funcionando mal, con el grave riesgo que ello conlleva para la seguridad de la institución armada y la de sus propios miembros. Los recientes titulares de prensa han dado cuenta de la muerte accidental de un soldado de la Armada Boliviana, debido a la mala manipulación de un arma cargada. El fatal suceso no tendría mayor repercusión si no estuviera acompañado de una saga de hechos de por sí preocupantes. Se sabe que desde el 2011 han ocurrido al menos 6 muertes en los recintos militares, unas por supuestos abusos a conscriptos y otras por accidentes.
Sin embargo, el comentado deceso de una enfermera en el interior de un cuartel, en circunstancias todavía no aclaradas lo suficiente como para sacar conclusiones, apunta también a una relajación de la disciplina militar y de la estricta vigilancia que debe prevalecer en su interior por razones obvias. En todo caso, la sucesión de hechos fatales de diferente causa debe mover a las autoridades militares a una profunda reflexión de los hechos y la investigación exhaustiva correspondiente para tomar medidas correctivas y preventivas. Así como no es tolerable bajo ningún concepto que un soldado pierda la vida en el cuartel, es inadmisible también se cometan hechos irregulares en su seno.
La Defensoría del Pueblo ha salido a la palestra para expresar la preocupación de la sociedad boliviana frente a estos hechos que dañan la imagen de la institución militar. Si bien en algunos casos se ha establecido la fatalidad accidental, como el caso del conscripto ahogado durante los ejercicios de rutina, y quizás en los fallecidos por el disparo accidental del arma, todavía subsisten dudas en los casos de abuso de superiores a conscriptos, donde no solo se han vulnerado abiertamente los derechos humanos de jóvenes que prestan el servicio militar obligatorio, sino que se ha incurrido en el delito de homicidio. Tales situaciones han puesto en evidencia la falta de control y vigilancia.
Esta suerte de inseguridad en los cuarteles castrenses, había motivado hace un tiempo el reclamo social de suspender de manera indefinida el servicio militar obligatorio. Es posible que afloren otra vez las voces de protesta para lograr ese cometido. Resulta oportuno advertir que en la actual coyuntura la inseguridad se ha extendido a los institutos militares, por lo que los cadetes corren peligro, como se ha podido constatar en los últimos sucesos. Por ello, conviene no perder de vista el problema de fondo que viene a ser sino estructural, al menos de clara responsabilidad administrativa en la gestión de la insoslayable seguridad que debe existir al interior de recintos castrenses.
Todo parece indicar que el cumplimiento de normas y reglamentos militares específicos, de suyos obligatorios sin objeción, ha caído aparentemente en una onda depresiva, donde la férrea disciplina y los valores éticos propios de la vida militar se están pasando por alto. La sucesión de hechos irregulares al interior de los recintos militares preocupa con justa razón a la Defensoría del Pueblo, a la ciudadanía y a la opinión pública, que esperan la reacción oportuna, sensata y rápida de las autoridades militares pertinentes para instruir cuanto antes las medidas preventivas y correctivas de hechos irregulares que no solo mancillan la imagen castrense nacional sino que comprometen su rol social.
Sin embargo, el comentado deceso de una enfermera en el interior de un cuartel, en circunstancias todavía no aclaradas lo suficiente como para sacar conclusiones, apunta también a una relajación de la disciplina militar y de la estricta vigilancia que debe prevalecer en su interior por razones obvias. En todo caso, la sucesión de hechos fatales de diferente causa debe mover a las autoridades militares a una profunda reflexión de los hechos y la investigación exhaustiva correspondiente para tomar medidas correctivas y preventivas. Así como no es tolerable bajo ningún concepto que un soldado pierda la vida en el cuartel, es inadmisible también se cometan hechos irregulares en su seno.
La Defensoría del Pueblo ha salido a la palestra para expresar la preocupación de la sociedad boliviana frente a estos hechos que dañan la imagen de la institución militar. Si bien en algunos casos se ha establecido la fatalidad accidental, como el caso del conscripto ahogado durante los ejercicios de rutina, y quizás en los fallecidos por el disparo accidental del arma, todavía subsisten dudas en los casos de abuso de superiores a conscriptos, donde no solo se han vulnerado abiertamente los derechos humanos de jóvenes que prestan el servicio militar obligatorio, sino que se ha incurrido en el delito de homicidio. Tales situaciones han puesto en evidencia la falta de control y vigilancia.
Esta suerte de inseguridad en los cuarteles castrenses, había motivado hace un tiempo el reclamo social de suspender de manera indefinida el servicio militar obligatorio. Es posible que afloren otra vez las voces de protesta para lograr ese cometido. Resulta oportuno advertir que en la actual coyuntura la inseguridad se ha extendido a los institutos militares, por lo que los cadetes corren peligro, como se ha podido constatar en los últimos sucesos. Por ello, conviene no perder de vista el problema de fondo que viene a ser sino estructural, al menos de clara responsabilidad administrativa en la gestión de la insoslayable seguridad que debe existir al interior de recintos castrenses.
Todo parece indicar que el cumplimiento de normas y reglamentos militares específicos, de suyos obligatorios sin objeción, ha caído aparentemente en una onda depresiva, donde la férrea disciplina y los valores éticos propios de la vida militar se están pasando por alto. La sucesión de hechos irregulares al interior de los recintos militares preocupa con justa razón a la Defensoría del Pueblo, a la ciudadanía y a la opinión pública, que esperan la reacción oportuna, sensata y rápida de las autoridades militares pertinentes para instruir cuanto antes las medidas preventivas y correctivas de hechos irregulares que no solo mancillan la imagen castrense nacional sino que comprometen su rol social.
La ciudadanía y la opinión pública esperan la reacción oportuna, sensata y rápida de las autoridades pertinentes para instruir medidas preventivas y correctivas de hechos que mancillan la imagen castrense y comprometen su rol social.
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