El narcotráfico está ganando la guerra contra Bolivia. Sus fuerzas han penetrado las estructuras de la policía, de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico y reparticiones del propio Gobierno, como la que ocupaba el narco-general René Sanabria cuando fue capturado en Panamá.
Las noticias sobre ciudadanos bolivianos capturados con droga en el exterior se han hecho cotidianas y el descubrimiento de laboratorios de fabricación de pasta base de cocaína cubre todo el territorio, desde los llanos orientales al altiplano, pasando por los valles.
La caída del general Sanabria abre enormes dudas acerca de lo que pueda decir ante la justicia de Estados Unidos, donde se anuncia la posibilidad de que sea sentenciado a cadena perpetua. Las conexiones de su organización podrían llegar hasta niveles insospechados, pero todos muy peligrosos.
Si Bolivia está amenazada por una fuerza transnacional poderosa, la más poderosa con las que tuvo que vérselas en toda su historia, hace falta que todos los bolivianos, empezando por el Gobierno, sean convocados a organizar la defensa del país.
Se requerirán políticas claras pero sobre todo la decisión de aplicarlas sin otra consideración que la defensa de Bolivia, la preservación de su democracia, de su dignidad y la de sus habitantes.
La guerra obliga a las autoridades a entender que quienes cultivan coca son cómplices, algunos confesos y otros no, de esta tenebrosa organización que está amenazando al país.
No se puede alegar que se está combatiendo a la droga si al mismo tiempo se permite el incremento de la superficie cultivada con coca, que es la materia prima de esta actividad criminal.
Tampoco se puede cerrar un ojo ante el avance de los cultivos sobre los parques naturales, ignorando los angustiosos llamados de los pueblos originarios que habitan esos parques. Ni se puede ordenar la construcción de carreteras que han sido concebidas para destruir esos parques y abrir sus tierras a la entrada de nuevos cocaleros.
Habrá que establecer cómo es que personas tan importantes vinculadas al Gobierno, como el ya famoso amauta Valentín Mejillones, los alcaldes de varias poblaciones y ahora este general retirado que estaba trabajando en el Ministerio de Gobierno, pueden entrar en dicha actividad.
La permisividad que el Gobierno muestra hacia los cocaleros podría estar alentando a algunos bolivianos, con la idea de que si el cultivo está permitido, pues dar un paso más no tendría que ser muy peligroso.
Esta amenaza no es algo que se pueda tomar con ligereza. El presidente Evo Morales tiene que entender que su lucha en defensa de los cultivos de coca en Chapare se justificaba cuando él era su dirigente, pero ahora, cuando ha comprobado el peligro del narcotráfico, es preciso cambiar de actitud, de manera radical.
Esto no es más un juego de un sindicato que desafía a los gobiernos con el pretexto de que no hay otros cultivos a los que se puedan dedicar. Porque, además, ocurre que el país –y el mundo- necesitan alimentos que podrían producirse en Chapare.
La coca no es necesaria. Es más, la coca es un peligro para Bolivia.
