la vida política y social de Bolivia adquiere un dinamismo incesante sea porque los problemas básicos no llegan a resolverse sea porque no existe la voluntad política de asumirlos. Este sitio pretende hacer el seguimiento de los asuntos en mesa y traer al debate los que no están resueltos en la medida de la justicia, el derecho y las espectativas del hombre boliviano
martes, 18 de octubre de 2016
importa 140% mas alimentos, tiene el peor puesto en el índice hambre, es sub campeón mundial de corrupción, ha colapsado su producción de gas, han otorgado mas beneficios a las transnacionales. tiene la deuda externa e interna récord de la historia, no tiene inversión, no independencia del Banco Central, digita los indicadores económicos, es un invalorable texto de Carlos Sánchez desde El Diario de las América.
Cuando el 17 de octubre de 2003 las acciones criminales lideradas por el dirigente cocalero Evo Morales y la traición de Carlos Mesa forzaron la renuncia del Presidente Constitucional, Bolivia era una República independiente fundada en la “nación boliviana”, vivía en democracia desde 1982 con alternancia en el poder, con libertad de prensa, con división e independencia de poderes, con cortes electorales imparciales, con estado de derecho, con Fuerzas Armadas institucionalizadas, con políticas de estado en el ámbito económico, educativo, social y de lucha contra el narcotráfico, con instituciones independientes, luchando para salir del subdesarrollo. Trece años después, es una dictadura del socialismo del siglo XXI en crisis y narco estado plurinacional.
República es un “sistema político que se funda en el imperio de la ley, en la igualdad ante la ley como freno al poder, al gobierno y a las mayorías, en el que la máxima autoridad cumple funciones por un tiempo determinado y es elegida por los ciudadanos”. Nación es “una comunidad humana con características históricas, de tradiciones y cultura compartidas, en un mismo territorio y Estado, se trata de una “concepción política entendida como el sujeto en el que reside la soberanía del Estado”. La “nación boliviana” es la identidad política y sociológica que une a todos los habitantes de Bolivia –bolivianos- por el mismo origen territorial, por el mestizaje de mas de 500 años, es una identidad fundada en los vínculos culturales, de lengua, costumbres, religión y la historia comunes. Es el proceso político-social iniciado en 1952 con la Revolución Nacional que incorporó a la ciudadanía a todos los bolivianos reconociéndolos como ciudadanos en democracia con el voto universal, la reforma agraria, la educación gratuita y obligatoria.
Octubre de 2003 fue solo el comienzo de la ejecución del plan para acabar con la República y destrozar la Nación Boliviana. Para eso los conspiradores triunfantes en el gobierno se otorgaron ellos mismos “amnistía” (decretos supremos 27234 y 27237) por los delitos que cometieron en la sedición, conspiración y derrocamiento, excluyéndose de toda investigación y convirtiéndose en acusadores. Luego enjuiciaron y persiguieron al Presidente, ministros y alto mando militar constitucionales, como primer paso para terminar con el sistema político de la democracia. Desde entonces y con diversos pretextos han criminalizando la política y judicializando la represión contra todos los líderes políticos, cívicos, indígenas, periodistas y ciudadanos que consideren oposición real. Hoy existen mas de 1.200 exiliados y decenas de presos políticos bolivianos. En su gobierno Evo Morales es responsable por mas de 20 masacres en las que no tiene “amnistía” como la que lo ampara por octubre de 2003.
La Constitución Política que solo permitía su “reforma parcial”, fue violentada para convocar una Asamblea Constituyente, y cuando ésta se celebró no lograron los votos ni texto que necesitaban para liquidar la República de Bolivia y la Nación Boliviana. Entonces cometieron “usurpación de funciones” y “suplantación constitucional” con la Ley 3941 de 21 de octubre de 2008 por la que redactaron su nueva constitución en comisión secreta y la aprobaron en el Congreso Ordinario arrogándose la facultad de “realizar los ajustes necesarios…por ley especial del Congreso”!! El criminal texto de la ley 3941 es la mejor prueba de la nulidad de la constitución del Estado Plurinacional de Bolivia, en base a la que el socialismo del siglo XXI institucionalizó la dictadura de Evo Morales.
La constitución del Estado Plurinacional, liquidó la República e impostó 36 naciones para dividir la Nación Boliviana y acabó con las instituciones de la República cambiándoles el nombre para cesar a sus componentes: la Corte Suprema de Justicia fue reemplazada por el Tribunal Supremo de Justicia, la Corte Nacional Electoral por el Tribunal Supremo Electoral, el Tribunal Constitucional por el Tribunal Constitucional Plurinacional y de esta manera digitaron sus miembros, terminando con la “división e independencia de los órganos del poder publico” y el “estado de derecho”. El terrorismo de estado judicial y el fraude electoral son los frutos. Es el modelo previamente aplicado en Venezuela que ha hecho de Bolivia un satélite de la órbita castrista.
Los mismos conspiradores de octubre de 2003, cosecharon la estabilidad económica y la capitalización social legada por los derrocados, se beneficiaron del boom de las materias primas, aplicaron el desarrollismo populista del modelo chavista, institucionalizaron la corrupción y la impunidad convirtiéndose en nuevos ricos con palos blancos como dueños de empresas y medios de comunicación. Llevaron al país a la crisis económica que la dictadura ya acepta.
Hoy Bolivia –entre otros logros de los sediciosos del 2003- importa 140% mas alimentos que hace 10 años, tiene el peor puesto en Sudamérica en el índice hambre, es sub campeón mundial de corrupción según el Foro Económico Mundial, ha colapsado su producción de gas, han otorgado mas beneficios que nunca a las transnacionales petroleras, tiene la deuda externa e interna récord de la historia, no tiene inversión externa, no existe independencia del Banco Central, digita políticamente los indicadores económicos, es “una satrapía del imperio chino”.
Evo Morales el exitoso sedicioso del 2003, líder perpetuo de los cocaleros y jefe del estado plurinacional defiende airadamente en la ONU y donde puede a la coca y al narcotráfico. Sostiene que “la lucha contra el narcotráfico es un instrumento del imperialismo”, ha incrementado mas de quince veces los cultivos de coca ilegal. Todos los países vecinos tienen que defenderse de la creciente amenaza de la droga que se exporta desde el estado plurinacional calificado como “narco estado”...
miércoles, 12 de octubre de 2016
dos actitudes. en El Alto el Obispo media por la pacificación y el entendimiento entre autoridad y ciudadanos, en LP, ese oprobioso manejo de Mujeres Trabajando de insultar a la Iglesia, a Jesucristo, a la Virgen Maria, con la pretensión de practicar "una revolución" provocö justa indignación del pueblo, que embadurnó la ignominia galindista.
Mientras en El Alto, su Obispo realizaba los máximos esfuerzos para evitar que la violencia se adueñe nuevamente de esa explosiva urbe y sentaba a la Alcadesa con representantes de sus detractores, que virtualmente han paralizado la ciudad con objetivos más que dudosos, en el centro de La Paz, las dirigentes de Mujeres Creando exponían en el frontis del Museo Nacional de Arte, una serie de ofensivos “graffitis” “anti cristianos”, provocando, cuándo no, espacios de confrontación ciudadana.
Probablemente, agraviar la imagen de Jesucristo, de la Virgen María y ofender las creencias que tiene la mayoría de la población boliviana constituye para las dirigentes de Mujeres Creando un acto revolucionario, dirigido a transformar las estructuras del país.
Probablemente, para el Obispo de El Alto, lograr la pacificación del El Alto y que su colaboración ayude a que en esa ciudad se deje gobernar a la Alcaldesa conforme a ley, evitando que nuevamente los grupos corporativos puedan manejar ese espacio estatal en beneficio propio, evitará que nuevamente se imponga la ley del más fuerte en desmedro del bien común.
Está claro que en estos tiempos la pacífica convivencia ciudadana, que exige el respeto al otro, hombre y mujer, parece ser una posición retrógrada. Hay demasiados y fuertes intereses en subvertir, precisamente, esa pacífica convivencia y, casualmente, en ello parecen coincidir muchos representantes de las corrientes más autoritarias del Gobierno y el MAS con los de algunas organizaciones de la sociedad que creen que sus palabras y creencias deben imperar, a las buenas o a las malas.
Los Tiempos, como lo hace desde su fundación, adhiere a los principios de la pacífica y respetuosa convivencia ciudadana.
Probablemente, agraviar la imagen de Jesucristo, de la Virgen María y ofender las creencias que tiene la mayoría de la población boliviana constituye para las dirigentes de Mujeres Creando un acto revolucionario, dirigido a transformar las estructuras del país.
Probablemente, para el Obispo de El Alto, lograr la pacificación del El Alto y que su colaboración ayude a que en esa ciudad se deje gobernar a la Alcaldesa conforme a ley, evitando que nuevamente los grupos corporativos puedan manejar ese espacio estatal en beneficio propio, evitará que nuevamente se imponga la ley del más fuerte en desmedro del bien común.
Está claro que en estos tiempos la pacífica convivencia ciudadana, que exige el respeto al otro, hombre y mujer, parece ser una posición retrógrada. Hay demasiados y fuertes intereses en subvertir, precisamente, esa pacífica convivencia y, casualmente, en ello parecen coincidir muchos representantes de las corrientes más autoritarias del Gobierno y el MAS con los de algunas organizaciones de la sociedad que creen que sus palabras y creencias deben imperar, a las buenas o a las malas.
Los Tiempos, como lo hace desde su fundación, adhiere a los principios de la pacífica y respetuosa convivencia ciudadana.
martes, 11 de octubre de 2016
Previus: cuando los ingleses construyeron los ferrocarriles, firmaron convenios de explotación del servicio por 50 anos, cumplidos los cuales dejaron todo el material rodante al Estado. cuando los EEUU construyeron las carreteras la deuda fue de 20 años que Bolivia honró puntualmente condicionados al uso de maquinaria estadounidense en la construcción. los chinos vienen "como muy generosos e hipotecan el Tesoro por todo el tiempo que la deuda esté impaga. muchos dicen que los intereses son onerosos y que los bienes, máquinas y servicios serán chinos" aspecto que debería ser previamente debatido al menos en el Congreso. El Deber nos introduce al tema.
La llegada del canciller chino Wang Yi al país, la semana pasada, se transformó en la visita oficial más importante de la potencia asiática en la historia de las relaciones entre Bolivia y la República Popular China. El arribo confirma la alianza estratégica que el Gobierno del presidente Evo Morales ha decidido establecer con uno de los actores más importantes de la geopolítica y la economía mundial.
Entre los principales anuncios aparece el otorgamiento de más de $us 4.800 millones en créditos para obras de infraestructura, con la idea de subir ese piso hasta los $us 10.000 millones en los próximos años. Con el último crédito comprometido por Wang Yi, la deuda bilateral con China pasará de $us 606,4 millones a $us 5.464 millones, lo que convierte a Pekín en el principal acreedor del país. El dinero será invertido en proyectos de carreteras, hidroeléctricas y otros proyectos de infraestructura, evidentemente necesarios para el desarrollo del país.
Sin embargo, vivir de deudas no es el mejor camino para una economía, menos en momentos en que bajan los ingresos productos de un contexto internacional con enormes dificultades. Además, los empréstitos firmados con China incluyen una cláusula por demás polémica: los proyectos deben ser ejecutados por empresas chinas solas o asociadas a empresas nacionales, por lo que no están abiertos a otros oferentes.
Ya sabemos cómo han terminado varios de ellos otorgados directamente a las empresas chinas, como fue el sonado escándalo desatado en la compañía china CAMC dirigida por la expareja del presidente Evo Morales. Cuando los proyectos se otorgan de forma directa, en general, caen en esquemas complejos de corrupción, con enormes costos para la sociedad que los ampara. El Gobierno de Morales ha insistido en que los créditos chinos se otorgan sin condiciones y lejos de las prácticas ‘imperialistas’ de EEUU y los organismos internacionales que, según el Ejecutivo, sometieron al país en el pasado. Uno se pregunta si la actual gestión no ha decidido cambiar una dependencia por otra, un ‘imperialismo’ por otro, con grandes costos políticos y económicos para las futuras generaciones.
Ojalá las autoridades de fiscalización del Estado, como la Contraloría General del Estado, pudieran tomar cartas en el asunto y puedan ejercer un control más efectivo sobre la plata fácil que llega desde ‘países aliados’ cuyo vínculo importante se encuentra más en la ideología que en los negocios a futuro bien administrados
Entre los principales anuncios aparece el otorgamiento de más de $us 4.800 millones en créditos para obras de infraestructura, con la idea de subir ese piso hasta los $us 10.000 millones en los próximos años. Con el último crédito comprometido por Wang Yi, la deuda bilateral con China pasará de $us 606,4 millones a $us 5.464 millones, lo que convierte a Pekín en el principal acreedor del país. El dinero será invertido en proyectos de carreteras, hidroeléctricas y otros proyectos de infraestructura, evidentemente necesarios para el desarrollo del país.
Sin embargo, vivir de deudas no es el mejor camino para una economía, menos en momentos en que bajan los ingresos productos de un contexto internacional con enormes dificultades. Además, los empréstitos firmados con China incluyen una cláusula por demás polémica: los proyectos deben ser ejecutados por empresas chinas solas o asociadas a empresas nacionales, por lo que no están abiertos a otros oferentes.
Ya sabemos cómo han terminado varios de ellos otorgados directamente a las empresas chinas, como fue el sonado escándalo desatado en la compañía china CAMC dirigida por la expareja del presidente Evo Morales. Cuando los proyectos se otorgan de forma directa, en general, caen en esquemas complejos de corrupción, con enormes costos para la sociedad que los ampara. El Gobierno de Morales ha insistido en que los créditos chinos se otorgan sin condiciones y lejos de las prácticas ‘imperialistas’ de EEUU y los organismos internacionales que, según el Ejecutivo, sometieron al país en el pasado. Uno se pregunta si la actual gestión no ha decidido cambiar una dependencia por otra, un ‘imperialismo’ por otro, con grandes costos políticos y económicos para las futuras generaciones.
Ojalá las autoridades de fiscalización del Estado, como la Contraloría General del Estado, pudieran tomar cartas en el asunto y puedan ejercer un control más efectivo sobre la plata fácil que llega desde ‘países aliados’ cuyo vínculo importante se encuentra más en la ideología que en los negocios a futuro bien administrados
lunes, 3 de octubre de 2016
análisis sobre el líquido alimento el agua. urge acometer soluciones que esperan los ciudadanos desde largo tiempo atrás. José Luis Baptista en forma clara y contundente muestra la patética realidad que se vive en la llajta.
Actualmente, en el Departamento de Cochabamba, una considerable parte de la población se encuentra en extrema inquietud por dificultades de acceso al elemento esencial para la vida que es el agua. La generalizada preocupación por esa causa ha adquirido un laudable ánimo de busca de soluciones en profesionales del ramo de la hidrología.
Uno de esos profesionales, de destacada actuación en su especialidad, el ingeniero Guido Quiroga Navarro, ha expuesto criterio al respecto mediante sugerencias de orden técnico que, a su juicio, deben aplicarse de inmediato.
Entre esas sugerencias figura en primer término el aprovechamiento de la laguna de Corani. Al respecto, propone que se proceda en primera fase a instalar una estación de bombeo desde ese embalse a la altura de ingreso del río Tablas (3.340 metros sobre el nivel del mar) hasta la Laguna de Huallyatani (4.000 metros). Señala que, en segunda fase, es posible trasladar hasta la ciudad de Cochabamba por bombeo las aguas de la laguna de Corani recurriendo a los cursos naturales de los ríos que van hacia la laguna de Larati (3.6640 metros). Indica que en la fase tercera se hace viable llevar las aguas por el río Molino desde la laguna de Larati hasta la localidad de Sacaba (2.600 metros). Se completaría la cuarta fase con traslado de las aguas por tuberías desde Sacaba hasta la planta de tratamiento del Servicio Municipal de Aguas Potables y Alcantarillado (Semapa). Explica que, también en relación a Corani hay factibilidad de bombeo de aguas desde la Central Hidroeléctrica de Santa Isabel, que podrían incrementarse con caudal del río Paracti y sus afluentes Roncos, Solitarios y Miguelito.
Sugiere que, para dotación de agua a barrios de la zona Sur de la ciudad, Semapa debe perforar en forma inmediata en ese sector de 15 a 20 pozos, cada uno de los cuales puede proporcionar entre 15 y 20 litros por segundo.
Otra propuesta tiene como base una adecuada utilización de aguas de las 50 torrenteras procedentes de la Cordillera a 4.000 metros sobre el nivel del mar, formadas por lagunas. Para el futuro inmediato, entre los meses de marzo a noviembre que son anteriores a la estación lluviosa, deben ejecutarse obras para mejorar la capacidad de almacenamiento de cada una de esas lagunas mediante taludes precedidos de medición de profundidad. Explica que, en los canales de desfogue, a fin de encauzar convenientemente el flujo de las aguas evitando aceleraciones, debe procederse a la construcción de pequeñas presas con cubos de gaviones de piedra envueltos en mallas de alambre en forma escalonada cada 50 metros.
Hace también referencia a la necesidad de reciclaje de las aguas servidas, que debe efectuarse en todo el eje metropolitano, mediante instalaciones especiales de cámaras de evapotranspiración, biodigestores, sistemas y filtrados anaeróbicos. Menciona que ello es posible recurriendo a ese efecto a las lagunas Alba-Rancho, Alalay y Angostura, a las que se debe dotar con sus respectivas estaciones de bombeo, y efectuar la conexión entre ellas mediante tuberías y también a cielo abierto.
Uno de esos profesionales, de destacada actuación en su especialidad, el ingeniero Guido Quiroga Navarro, ha expuesto criterio al respecto mediante sugerencias de orden técnico que, a su juicio, deben aplicarse de inmediato.
Entre esas sugerencias figura en primer término el aprovechamiento de la laguna de Corani. Al respecto, propone que se proceda en primera fase a instalar una estación de bombeo desde ese embalse a la altura de ingreso del río Tablas (3.340 metros sobre el nivel del mar) hasta la Laguna de Huallyatani (4.000 metros). Señala que, en segunda fase, es posible trasladar hasta la ciudad de Cochabamba por bombeo las aguas de la laguna de Corani recurriendo a los cursos naturales de los ríos que van hacia la laguna de Larati (3.6640 metros). Indica que en la fase tercera se hace viable llevar las aguas por el río Molino desde la laguna de Larati hasta la localidad de Sacaba (2.600 metros). Se completaría la cuarta fase con traslado de las aguas por tuberías desde Sacaba hasta la planta de tratamiento del Servicio Municipal de Aguas Potables y Alcantarillado (Semapa). Explica que, también en relación a Corani hay factibilidad de bombeo de aguas desde la Central Hidroeléctrica de Santa Isabel, que podrían incrementarse con caudal del río Paracti y sus afluentes Roncos, Solitarios y Miguelito.
Sugiere que, para dotación de agua a barrios de la zona Sur de la ciudad, Semapa debe perforar en forma inmediata en ese sector de 15 a 20 pozos, cada uno de los cuales puede proporcionar entre 15 y 20 litros por segundo.
Otra propuesta tiene como base una adecuada utilización de aguas de las 50 torrenteras procedentes de la Cordillera a 4.000 metros sobre el nivel del mar, formadas por lagunas. Para el futuro inmediato, entre los meses de marzo a noviembre que son anteriores a la estación lluviosa, deben ejecutarse obras para mejorar la capacidad de almacenamiento de cada una de esas lagunas mediante taludes precedidos de medición de profundidad. Explica que, en los canales de desfogue, a fin de encauzar convenientemente el flujo de las aguas evitando aceleraciones, debe procederse a la construcción de pequeñas presas con cubos de gaviones de piedra envueltos en mallas de alambre en forma escalonada cada 50 metros.
Hace también referencia a la necesidad de reciclaje de las aguas servidas, que debe efectuarse en todo el eje metropolitano, mediante instalaciones especiales de cámaras de evapotranspiración, biodigestores, sistemas y filtrados anaeróbicos. Menciona que ello es posible recurriendo a ese efecto a las lagunas Alba-Rancho, Alalay y Angostura, a las que se debe dotar con sus respectivas estaciones de bombeo, y efectuar la conexión entre ellas mediante tuberías y también a cielo abierto.
viernes, 30 de septiembre de 2016
tres aspectos destaca LT, en relación al intento de repostulación de Morales-García. Lo legal, lo ético y lo político. Lo primero contra el Régimen Electoral cuyas decisiones son de carácter vinculante. No es nada ético, burlar la voluntad popular sin respeto al voto, en cuanto a la pérdida de credibilidad, legitimidad y autoridad moral, parece despreocupar "a los estrategas" que continúan maniobras distractivas, para mantener en vilo a la ciudadanía que acusa agotamiento ante estas actitudes.
El principal efecto en la consciencia de la ciudadanía de las maniobras que se hacen para desconocer la voluntad popular es la pérdida de credibilidad, legitimidad y autoridad moral de quienes así actúan.
La decisión del XIII Congreso Ordinario de las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba de “buscar y/o establecer el mecanismo jurídico de iniciativa ciudadana, asimismo otros medios necesarios para la repostulación del año 2020 (del presidente Morales)”, ha confirmado que las fuerzas oficialistas –tanto las formales como las informales– no tienen ninguna intención de acatar los resultados del referendo del 21 de febrero pasado.
Que así sea no es nada nuevo ni sorprendente. En efecto, si algo quedó claro a partir de la noche del domingo 21 de febrero pasado, cuando comenzaron a difundirse los resultados del referendo, fue que el Movimiento Al Socialismo, a través de sus diversos brazos operativos, recurriría a cuanto medio estuviera a su alcance para eludir el escollo interpuesto por las urnas a su afán prorroguista. A partir de ese día, diversas fórmulas fueron exploradas en el afán de poner en duda la legitimidad y el carácter vinculante de la voluntad popular mayoritaria.
Esa línea de acción, cuya más reciente expresión es la resolución del congreso de los productores de coca, tiene una triple dimensión: legal, ética y política.
Desde el punto de vista legal, es tan diáfana la situación que no tendría que haber ningún resquicio que dé lugar a dudas. En efecto, para dar por zanjado el asunto bastaría aplicar el Art. 15 de la Ley Nº 026 del Régimen Electoral que dispone: “Las decisiones adoptadas mediante Referendo tienen vigencia inmediata y obligatoria, y son de carácter vinculante”. Eso significa que la decisión adoptada por los ciudadanos y ciudadanas debe acatarse y respetarse.
Siendo tan claro lo que manda la ley, cualquier iniciativa, peor aún si proviene de las máximas autoridades del Estado Plurinacional, sólo puede interpretarse como una flagrante falta de respeto a la voluntad popular y a las reglas establecidas. Lo que, si hubiera en nuestro país la posibilidad de aplicar con rigor los mandatos constitucionales, bien podría dar lugar a que quienes insinúen siquiera la posibilidad de desacatarlos sean sometidos a enjuiciamiento bajo la figura de sedición.
Visto el asunto desde el punto de vista ético, esa conducta pone en evidencia el lugar desdeñable que el respeto a la voluntad popular y las normas legales ocupa en la escala de valores y principios de quienes se niegan a reconocer los resultados del referendo del 21 de febrero. Lo que no es sorprendente, pues se trata de personas que nunca negaron su desdén por las formalidades legales y la institucionalidad democrática y tampoco pusieron mucho empeño para disimular el doblez de sus pensamientos y acciones ante estos temas.
La tercera, la dimensión política del asunto es probablemente la más importante y, por muchas razones, la que más debería preocupar a los estrategas políticos del oficialismo. Es que el principal efecto de esas maniobras en la consciencia de la ciudadanía es la pérdida de credibilidad, legitimidad y autoridad moral de quienes así actúan. Y eso, como lo enseña la historia, la propia y la ajena, termina tarde o temprano privando a cualquier régimen de su principal base de sustentación.
La decisión del XIII Congreso Ordinario de las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba de “buscar y/o establecer el mecanismo jurídico de iniciativa ciudadana, asimismo otros medios necesarios para la repostulación del año 2020 (del presidente Morales)”, ha confirmado que las fuerzas oficialistas –tanto las formales como las informales– no tienen ninguna intención de acatar los resultados del referendo del 21 de febrero pasado.
Que así sea no es nada nuevo ni sorprendente. En efecto, si algo quedó claro a partir de la noche del domingo 21 de febrero pasado, cuando comenzaron a difundirse los resultados del referendo, fue que el Movimiento Al Socialismo, a través de sus diversos brazos operativos, recurriría a cuanto medio estuviera a su alcance para eludir el escollo interpuesto por las urnas a su afán prorroguista. A partir de ese día, diversas fórmulas fueron exploradas en el afán de poner en duda la legitimidad y el carácter vinculante de la voluntad popular mayoritaria.
Esa línea de acción, cuya más reciente expresión es la resolución del congreso de los productores de coca, tiene una triple dimensión: legal, ética y política.
Desde el punto de vista legal, es tan diáfana la situación que no tendría que haber ningún resquicio que dé lugar a dudas. En efecto, para dar por zanjado el asunto bastaría aplicar el Art. 15 de la Ley Nº 026 del Régimen Electoral que dispone: “Las decisiones adoptadas mediante Referendo tienen vigencia inmediata y obligatoria, y son de carácter vinculante”. Eso significa que la decisión adoptada por los ciudadanos y ciudadanas debe acatarse y respetarse.
Siendo tan claro lo que manda la ley, cualquier iniciativa, peor aún si proviene de las máximas autoridades del Estado Plurinacional, sólo puede interpretarse como una flagrante falta de respeto a la voluntad popular y a las reglas establecidas. Lo que, si hubiera en nuestro país la posibilidad de aplicar con rigor los mandatos constitucionales, bien podría dar lugar a que quienes insinúen siquiera la posibilidad de desacatarlos sean sometidos a enjuiciamiento bajo la figura de sedición.
Visto el asunto desde el punto de vista ético, esa conducta pone en evidencia el lugar desdeñable que el respeto a la voluntad popular y las normas legales ocupa en la escala de valores y principios de quienes se niegan a reconocer los resultados del referendo del 21 de febrero. Lo que no es sorprendente, pues se trata de personas que nunca negaron su desdén por las formalidades legales y la institucionalidad democrática y tampoco pusieron mucho empeño para disimular el doblez de sus pensamientos y acciones ante estos temas.
La tercera, la dimensión política del asunto es probablemente la más importante y, por muchas razones, la que más debería preocupar a los estrategas políticos del oficialismo. Es que el principal efecto de esas maniobras en la consciencia de la ciudadanía es la pérdida de credibilidad, legitimidad y autoridad moral de quienes así actúan. Y eso, como lo enseña la historia, la propia y la ajena, termina tarde o temprano privando a cualquier régimen de su principal base de sustentación.
martes, 27 de septiembre de 2016
excelente texto de Carlos Sánchez referido al discurso del Jefe del Estado Pluri en Nueva York. bien podría el texto titularse "El Pez Muere por la Boca" porque lo expresado por Evo es como una "confesión de boca", un supino atrevimiento, sin duda nadie de sus colaboradores "avaló el discurso" porque le resulta contraproducente.
El periodo ordinario de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) es el escenario donde una vez al año los jefes de estado o sus representantes realizan planteamientos políticos para darles alcance mundial. Sin importar que el estado sea democrático, autoritario, dictadura o teocracia, su representante tiene la oportunidad de decir lo que quiera y la historia refleja la presencia de dictadores, guerrilleros, líderes religiosos, políticos, académicos y desde luego, estadistas.
Este año son notorias las afirmaciones con valor de confesión del jefe del estado plurinacional de Bolivia, que ha dejado clara su condición de promotor y defensor del narcotráfico. Evo Morales en la ONU ha consolidado la imagen del narco estado que ha construido y que dirige.
Evo Morales es el líder máximo y vitalicio de los sindicatos cocaleros del trópico desde los 90 y defiende con violencia la coca ilegal que es sustancia prohibida y controlada como materia prima indispensable del narcotráfico. La coca está sujeta a fiscalización y control por la Convención Única de 1961 sobre estupefacientes y por la Convención de la ONU contra el tráfico ilícito…. En su “lucha por la coca ilegal” Morales ha producido decenas de confrontaciones violentas y ha podido soslayar hasta ahora su responsabilidad en asesinatos y hechos criminales como los de los esposos Andrade y otros. Aprovechando la Ley de Participación Popular incursionó en la política y adquirió la sigla del partido Movimiento al Socialismo (MAS), una organización desgajada de la derechista Falange Socialista Boliviana (FSB).
Con el MAS como “instrumento político de los cocaleros”, Morales llegó a diputado nacional cocalero. Apoyado por la dictadura castrista, por el dictador Gadafi de Libia que le daba premios en dinero, los aportes sindicales y con Hugo Chávez, empezó a recibir respaldo y dinero. Conspiró y ejecutó el derrocamiento del Presidente Sánchez de Lozada en 2003 con intervención extranjera y para encubrir sus crímenes se convirtió en acusador de sus víctimas a quienes persigue hasta ahora. Llegó al poder en Bolivia el 2006 y se mantiene como líder de los cocaleros que son su principal fuerza política. Morales se ha presentado como el primer indígena en la presidencia cuando en verdad es el “primer cocalero presidente”. Los cocaleros integran ya el circuito de producción de cocaína, son dueños del poder político en Bolivia y su jefe, Evo Morales es el jefe del estado.
Para gobernar más de 10 años Morales ha liquidado la República, suplantado la Constitución Política y creado el estado plurinacional de Bolivia como parte del socialismo del siglo XXI; tiene presos y exiliados políticos, y ufana impunidad. Ha hecho desaparecer la democracia y lucha abiertamente por la legalización de la coca, buscando quitar a la coca de la lista de sustancias controladas y prohibidas. Cuando Morales tomó el poder Bolivia tenía 3.000 hectáreas de coca ilegal que hoy superan las 40.000 hectáreas, lo que produjo el geométrico incremento de droga con la que ha inundado Brasil y Argentina, abriendo ruta directa de narcotráfico con Venezuela y ahí al mundo e incluso vinculados al terrorismo islámico. Morales ha retenido por más de un año en la Embajada de Brasil en la Paz al senador boliviano Roger Pinto (hoy exiliado) por la información que éste le brindó sobre tráfico oficial de drogas entre Bolivia y Venezuela.
En su decidida narco política, Evo Morales como jefe de estado se ha quitado todos los obstáculos y con discurso castrista ha expulsado a la DEA, a USAID, al embajador de los Estados Unidos de Bolivia. Tiene el control total de la lucha antinarcóticos y de la erradicación de la coca. El resultado de que el infractor se encargue del cumplimiento de la ley es bueno para Evo pero malo para Bolivia, pues investigadores y medios de comunicación internacionales califican a la Bolivia gobernada por Evo Morales como “narco Estado”. En abril de este año en la Sesión Especial de la ONU sobre drogas UNGASS, Evo Morales afirmó que “la lucha contra el narcotráfico es un instrumento de opresión del imperialismo”, que usan los Estados Unidos como “medio de control político”, pidiendo además que la DEA sea desmantelada.
Si alguna duda quedaba sobre qué y a quién representa Evo Morales, en su intervención en el 71 Periodo Ordinario de Sesiones de la ONU ha hecho afirmaciones con valor de confesión diciendo: “en investigaciones realizadas ahora, se ha demostrado que la DEA instruía a la policía y militares para planificar asesinato a dirigentes”; acusó a la DEA de “hacer negocio con la droga que incautaba en Bolivia, la mitad del estupefaciente era para incinerar, pero el otro 50% se lo llevaba la DEA”; pidió la creación del “tribunal de los pueblos para juzgar al mandatario estadounidense Barack Obama por delitos de lesa humanidad”; defendiendo la narco dictadura de Venezuela dijo que “si la OEA no representa ni respeta la soberanía de sus estados miembros es mejor que deje de existir”; que ”en Bolivia estamos mejor que antes…sin la DEA y sin las bases militares estadounidenses”.
Si reparamos en que nunca existieron bases militares estadounidenses en Bolivia, que las acciones de la DEA en la lucha contra el narcotráfico llevaron a juicio a los sobrinos de la primera dama de Nicolás Maduro, que el jefe antinarcóticos de Evo Morales cumple condena por narcotráfico en Estados Unidos, que la economía ilícita produce aproximadamente 3.200 millones de dólares para el estado que Morales gobierna, que el informe Almagro ha puesto en evidencia la dictadura en Venezuela y amenaza la de Bolivia. Entonces podremos entender que Morales ¿se prepara respecto a la prueba que tiene la DEA contra él y su gobierno? En todo caso, no hay duda que en la ONU Evo Morales ha representado sus personales intereses vinculados al narcotráfico y no los del pueblo de Bolivia.
*Abogado y Politólogo. Director del Interamerican Institute for Democracy
Este año son notorias las afirmaciones con valor de confesión del jefe del estado plurinacional de Bolivia, que ha dejado clara su condición de promotor y defensor del narcotráfico. Evo Morales en la ONU ha consolidado la imagen del narco estado que ha construido y que dirige.
Evo Morales es el líder máximo y vitalicio de los sindicatos cocaleros del trópico desde los 90 y defiende con violencia la coca ilegal que es sustancia prohibida y controlada como materia prima indispensable del narcotráfico. La coca está sujeta a fiscalización y control por la Convención Única de 1961 sobre estupefacientes y por la Convención de la ONU contra el tráfico ilícito…. En su “lucha por la coca ilegal” Morales ha producido decenas de confrontaciones violentas y ha podido soslayar hasta ahora su responsabilidad en asesinatos y hechos criminales como los de los esposos Andrade y otros. Aprovechando la Ley de Participación Popular incursionó en la política y adquirió la sigla del partido Movimiento al Socialismo (MAS), una organización desgajada de la derechista Falange Socialista Boliviana (FSB).
Con el MAS como “instrumento político de los cocaleros”, Morales llegó a diputado nacional cocalero. Apoyado por la dictadura castrista, por el dictador Gadafi de Libia que le daba premios en dinero, los aportes sindicales y con Hugo Chávez, empezó a recibir respaldo y dinero. Conspiró y ejecutó el derrocamiento del Presidente Sánchez de Lozada en 2003 con intervención extranjera y para encubrir sus crímenes se convirtió en acusador de sus víctimas a quienes persigue hasta ahora. Llegó al poder en Bolivia el 2006 y se mantiene como líder de los cocaleros que son su principal fuerza política. Morales se ha presentado como el primer indígena en la presidencia cuando en verdad es el “primer cocalero presidente”. Los cocaleros integran ya el circuito de producción de cocaína, son dueños del poder político en Bolivia y su jefe, Evo Morales es el jefe del estado.
Para gobernar más de 10 años Morales ha liquidado la República, suplantado la Constitución Política y creado el estado plurinacional de Bolivia como parte del socialismo del siglo XXI; tiene presos y exiliados políticos, y ufana impunidad. Ha hecho desaparecer la democracia y lucha abiertamente por la legalización de la coca, buscando quitar a la coca de la lista de sustancias controladas y prohibidas. Cuando Morales tomó el poder Bolivia tenía 3.000 hectáreas de coca ilegal que hoy superan las 40.000 hectáreas, lo que produjo el geométrico incremento de droga con la que ha inundado Brasil y Argentina, abriendo ruta directa de narcotráfico con Venezuela y ahí al mundo e incluso vinculados al terrorismo islámico. Morales ha retenido por más de un año en la Embajada de Brasil en la Paz al senador boliviano Roger Pinto (hoy exiliado) por la información que éste le brindó sobre tráfico oficial de drogas entre Bolivia y Venezuela.
En su decidida narco política, Evo Morales como jefe de estado se ha quitado todos los obstáculos y con discurso castrista ha expulsado a la DEA, a USAID, al embajador de los Estados Unidos de Bolivia. Tiene el control total de la lucha antinarcóticos y de la erradicación de la coca. El resultado de que el infractor se encargue del cumplimiento de la ley es bueno para Evo pero malo para Bolivia, pues investigadores y medios de comunicación internacionales califican a la Bolivia gobernada por Evo Morales como “narco Estado”. En abril de este año en la Sesión Especial de la ONU sobre drogas UNGASS, Evo Morales afirmó que “la lucha contra el narcotráfico es un instrumento de opresión del imperialismo”, que usan los Estados Unidos como “medio de control político”, pidiendo además que la DEA sea desmantelada.
Si alguna duda quedaba sobre qué y a quién representa Evo Morales, en su intervención en el 71 Periodo Ordinario de Sesiones de la ONU ha hecho afirmaciones con valor de confesión diciendo: “en investigaciones realizadas ahora, se ha demostrado que la DEA instruía a la policía y militares para planificar asesinato a dirigentes”; acusó a la DEA de “hacer negocio con la droga que incautaba en Bolivia, la mitad del estupefaciente era para incinerar, pero el otro 50% se lo llevaba la DEA”; pidió la creación del “tribunal de los pueblos para juzgar al mandatario estadounidense Barack Obama por delitos de lesa humanidad”; defendiendo la narco dictadura de Venezuela dijo que “si la OEA no representa ni respeta la soberanía de sus estados miembros es mejor que deje de existir”; que ”en Bolivia estamos mejor que antes…sin la DEA y sin las bases militares estadounidenses”.
Si reparamos en que nunca existieron bases militares estadounidenses en Bolivia, que las acciones de la DEA en la lucha contra el narcotráfico llevaron a juicio a los sobrinos de la primera dama de Nicolás Maduro, que el jefe antinarcóticos de Evo Morales cumple condena por narcotráfico en Estados Unidos, que la economía ilícita produce aproximadamente 3.200 millones de dólares para el estado que Morales gobierna, que el informe Almagro ha puesto en evidencia la dictadura en Venezuela y amenaza la de Bolivia. Entonces podremos entender que Morales ¿se prepara respecto a la prueba que tiene la DEA contra él y su gobierno? En todo caso, no hay duda que en la ONU Evo Morales ha representado sus personales intereses vinculados al narcotráfico y no los del pueblo de Bolivia.
*Abogado y Politólogo. Director del Interamerican Institute for Democracy
jueves, 22 de septiembre de 2016
Alvaro Puente escribe sobre nuestra llajta "El Puente de la Verguenza" cayó cerca de La Cancha, los bloques de cemento quedaron colgando, símbolo de la desidia, la corrupción, la pereza de las autoridades. los que pretendieron cambiar el país conviven con la mediocridad y la mentira. duras críticas a un régimen que ni siquiera castiga a los corruptos. no tiene capacidad ni para el castigo.
Hace meses cayó en Cochabamba un puente cercano al populoso mercado de la Cancha. Ahí quedaron colgando los bloques de cemento. Quedaron como bandera, como símbolo de la corrupción, la desidia y la pereza de las autoridades, como símbolo de nuestros pueblos y de todos nosotros, que hemos hecho las paces con la mediocridad y la mentira, que hemos adormilado la rebeldía.
La verdad es que el símbolo no son solamente los escombros. Todo el puente y su colapso son símbolos nacionales. La gran obra de ingeniería no soportó la carga que debía soportar, no unió las orillas que debía unir. Otra historia más de corrupción, como tantas obras públicas, como tantos servicios públicos.
Diseñaron y calcularon el puente unos ingenieros que no supieron calcular ni diseñar. No tuvieron honestidad para no ofrecer y para no cobrar lo que no eran capaces de dar. Egresaron de una universidad que no los preparó, ni como técnicos ni como personas correctas, pero certificó que eran los expertos que no eran. Un gobierno municipal compró lo que no servía y lo pagó a precio de oro, no porque quería construir la ciudad, sino porque estaban en juego jugosas comisiones. Recibió e inauguró solemnemente la obra, aunque no cumplía las condiciones. Encomendó el trabajo a contratistas que escatimaron hierro y cemento, robaron dimensiones y robaron calidad. Los inspectores de obra no inspeccionaron ni midieron ni comprobaron nada. No vigilaron. No avisaron a tiempo que daban por bueno un puente que era trampa de muerte.
Es el absurdo de las cajas de salud, que nos obligan a pagar para que nos maltraten y nos maten. Son las escuelas que atrofian a nuestros niños. Son las carreteras que destruyen las movilidades. Son los semáforos que no ordenan, sino paralizan. Es la Policía, que no soluciona el delito, sino es parte del problema. Son las cárceles convertidas en escuelas de delincuencia. Son las fábricas de papel donde no hay celulosa o de azúcar, donde no hay caña. Es el sistema judicial inicuo o las leyes laborales que matan puestos de trabajo.
El detalle que faltaba es que los que vinieron a cambiar el país, los que prometieron la nueva Bolivia, conviven con la mediocridad y la mentira. Las riegan, las abonan. Pareciera que una ministra iniciaba procesos judiciales a todos los que nos engañan, a los que roban, pero no. La ministra apedrea a juicios a los disconformes y a los críticos. Nunca se le ocurrió luchar contra la mentira
La verdad es que el símbolo no son solamente los escombros. Todo el puente y su colapso son símbolos nacionales. La gran obra de ingeniería no soportó la carga que debía soportar, no unió las orillas que debía unir. Otra historia más de corrupción, como tantas obras públicas, como tantos servicios públicos.
Diseñaron y calcularon el puente unos ingenieros que no supieron calcular ni diseñar. No tuvieron honestidad para no ofrecer y para no cobrar lo que no eran capaces de dar. Egresaron de una universidad que no los preparó, ni como técnicos ni como personas correctas, pero certificó que eran los expertos que no eran. Un gobierno municipal compró lo que no servía y lo pagó a precio de oro, no porque quería construir la ciudad, sino porque estaban en juego jugosas comisiones. Recibió e inauguró solemnemente la obra, aunque no cumplía las condiciones. Encomendó el trabajo a contratistas que escatimaron hierro y cemento, robaron dimensiones y robaron calidad. Los inspectores de obra no inspeccionaron ni midieron ni comprobaron nada. No vigilaron. No avisaron a tiempo que daban por bueno un puente que era trampa de muerte.
Es el absurdo de las cajas de salud, que nos obligan a pagar para que nos maltraten y nos maten. Son las escuelas que atrofian a nuestros niños. Son las carreteras que destruyen las movilidades. Son los semáforos que no ordenan, sino paralizan. Es la Policía, que no soluciona el delito, sino es parte del problema. Son las cárceles convertidas en escuelas de delincuencia. Son las fábricas de papel donde no hay celulosa o de azúcar, donde no hay caña. Es el sistema judicial inicuo o las leyes laborales que matan puestos de trabajo.
El detalle que faltaba es que los que vinieron a cambiar el país, los que prometieron la nueva Bolivia, conviven con la mediocridad y la mentira. Las riegan, las abonan. Pareciera que una ministra iniciaba procesos judiciales a todos los que nos engañan, a los que roban, pero no. La ministra apedrea a juicios a los disconformes y a los críticos. Nunca se le ocurrió luchar contra la mentira
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