El pilar fundamental de la democracia es la elección de las autoridades políticas en elecciones periódicas, libres, plurales y transparentes, en las que la ciudadanía ejerce su derecho al “voto igual, universal, directo, individual, secreto, libre y obligatorio, escrutado públicamente”, como norma la Constitución Política del Estado (CPE). Sólo mediante este procedimiento quienes resultan elegidos tienen la legitimidad para dirigir los destinos del país. Por tanto, la organización de elecciones transparentes es un requisito sine qua non para el funcionamiento del sistema.
La historia del país es muy ilustrativa al respecto. Si en el país funciona el sistema democrático se debe a que luego de una serie de actuaciones lamentables del Órgano Electoral desde 1978, el sistema político-partidario, gracias a la presión ciudadana, se convenció de que mantener un sistema electoral poco transparente y manejado por ellos era un suicidio. Así, en 1991 optó por conformar una Corte Electoral independiente, lo que permitió que el ciudadano confíe en que los resultados electorales representaban fielmente el voto ciudadano.
Esta concepción se mantuvo hasta el arribo al poder del MAS, quien introdujo cambios en la estructura electoral que le han permitido conformar el Órgano Electoral Plurinacional (OEP) con ciudadanos afines a ese partido o al proceso de cambio impulsado por éste. Además, se han promulgados leyes y reglamentos que atentan en contra de la libertad de información.
A las originales susceptibilidades provocadas por este cambio, se añade que la actitud y las decisiones de los miembros del OEP dejan mucho que desear. Tareas fundamentales como la elaboración del mapa electoral y el empadronamiento muestran falta de previsión y mala organización, aspectos que unidos a la percepción de tener diferentes varas para evaluar a las organizaciones políticas, hacen que crezca la desconfianza en la ciudadanía.
A eso se debe añadir la amenaza lanzada por dirigentes de la Federación Sindical de Trabajadores Campesinos de La Paz, afiliada al oficialismo, en sentido de que no se permitirá el ingreso al área rural de otros partidos que no sea el MAS. Se trata de una prueba fehaciente de la decisión de cometer fraude electoral sin que el OEP reaccione en forma oportuna y drástica. A manera anecdótica, esta prohibición hace recordar actitudes iguales asumidas por los dirigentes oficialistas de la vieja
Confederación Campesina, cuando en aras al Pacto Militar-Campesino (de triste memoria en el país) también advertían que sólo ingresarían en el campo las organizaciones avaladas por las FFAA.
Asimismo, hay normas que atentan en contra de la transparencia electoral que deberían ser revisadas como las relativas a la difusión de encuestas de opinión. De una inaceptable tierra de nadie en que funcionaban, se ha pasado a un control excesivo cuya administración está en manos de reconocidos militantes del MAS y el proceso de cambio.
En definitiva, los miembros del OEP deben comprender que si por temor o vicio se atenta en contra de la realización de elecciones libres y transparentes, se abren las compuertas para salidas no precisamente democráticas, de las que ellos podrían ser coautores. Ésa es la dimensión de su responsabilidad.
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