Por causalidad ha coincidido la difusión de dos informes sobre el tema de la producción de coca en el país. El primero, el elaborado por la administración estadounidense, en el que se incluye un capítulo sobre Bolivia; el segundo, de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodoc, por sus siglas en inglés).
En ambos documentos hay dos constataciones similares: ha habido reducción de cultivos de coca detectados en el país: en un 12 por ciento (de 31.000 ha en 2010, a 27.200 ha en 2011), según Unodoc; en un 13 por ciento (de 34.500 ha a 30.000 en similar período), de acuerdo al informe estadounidense. Asimismo, ambos documentos coinciden en que las tareas de interdicción han mejorado, pero que las nuevas tecnologías permiten producir más cocaína con menos hojas de coca.
La diferencia se concentra en que mientras la Unodoc felicita al Gobierno boliviano por estos logros, sin dejar de advertir que el problema no está, ni de lejos, solucionado, el Gobierno estadounidense, pese a expresar también satisfacción por los logros (“Bolivia ha incrementado sus esfuerzos para combatir la producción y el tráfico de narcóticos ilegales”), éstos aún no serían suficientes, por lo que ha decidido volver a “descertificar” al país, en una aparente simplificación político-ideológica que poco ayuda a enfrentar el problema con seriedad.
La importancia de ambos informes radica en que, por un lado, permiten conocer el estado de situación en el tema coca y tráfico, en nuestro caso, fundamentalmente de cocaína base y clorhidrato. Así, el informe de Unodoc alerta, entre otros tópicos, sobre la presencia de cultivos de coca en varios parques nacionales; que el 91 por ciento de la coca producida en los Yungas de La Paz se comercia en el canal legal, mientras que la proveniente del trópico cochabambino sólo el 9 por ciento se tranza en este espacio; que hay mucha cocaína en tránsito; que el destino de las drogas ilegales que se producen o pasan por el país es, en un 20 por ciento, Sudamérica; 34 por ciento Europa y 40 por ciento Estados Unidos (lo que permite entender el creciente interés de Brasil por arribar a acuerdos con Bolivia para el control de las fronteras).
Por otro lado, estos informes, que reseñan pequeñas victorias frente al complejo mundo de la droga ilegal, permiten insistir en que es fundamental instalar un debate sensato acerca de cómo éste debe ser enfrentado. Son varias y prestigiosas las voces que claman porque se ponga coto a la lógica represiva y se reflexione sobre nuevas estrategias una vez que, como se está, poco más se podrá avanzar.
De ahí que como es frustrante la rutina estadounidense para encarar este tema, lo es también la reacción gubernamental ante estos informes, porque sigue primando la ideología de la culpa (incluso en el ataque) antes que la realidad y el interés nacional.
Lo que correspondería, rescatando legítimamente los logros obtenidos, sería, antes que distanciarse de Gobiernos y pueblos, utilizando la técnica del judo, aprovechar la fuerza de los contrincantes, para convencer de la necesidad de abrir un nuevo debate sobre el tema a nivel planetario. Lo demás, sólo es retórica.
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