una de las más prestigiadas auditoras la Pricewaterhouse acaba de poner 13 puntos rojos en el manejo de Entel que de no corregirse llevará a quiebra

Alerta en Entel

Editorial de El Dia.SC

Entel es una empresa pública, tanto como lo es YPFB, donde la corrupción ya tiene un muerto y varios presos en su haber, sin mencionar la catastrófica situación energética del país, convertido en gran importador de hidrocarburos. ¿Puede estar ocurriendo lo mismo en la telefónica nacionalizada? La respuesta es obvia, por las mismas razones que explican el drama de la petrolera: administración politizada y absoluta ausencia de control. La señal de alerta ha sido lanzada por el empresario y dirigente político Samuel Doria Medina, respaldado por los datos de dos consultoras de gran prestigio internacional.
Según Doria Medina, la firma PricewaterhouseCoopers ha dado a conocer doce puntos críticos de la telefónica estatal, que se resumen en una caída de los ingresos, menor aporte al fisco, aumento del gasto, transferencia de capitales al exterior y obviamente un derrumbe de las utilidades.
De acuerdo a estos datos, los ingresos de Entel han estado cayendo a un ritmo de cien millones de bolivianos por año desde 2008 y los gastos se han incrementado en un volumen similar. La telefónica, según la denuncia, tiene alrededor de 1.500 millones de bolivianos en bancos nacionales y extranjeros, algo que no se explica en el contexto de una política de marcada tendencia endógena. Una de las conclusiones más interesantes de esta relación de números está relacionada con los impuestos. Resulta que hoy, Entel, aporta 400 millones menos al fisco que antes, es decir, cuando estaba capitalizada, lo que lleva a Doria Medina a creer que los “vendepatrias” han sido reemplazados por los “fundepatrias”.
Hay otros datos no menos graves que han sido obtenidos de un informe de la calificadora internacional de riesgo Fitch Ratings, los cuales han sido plenamente justificados por el presidente de Entel. Estos se refieren a la escala salarial de los ejecutivos de la telefónica que ronda los 25 mil bolivianos. La administración de la empresa afirma que eso es poco comparado con lo que pagaban los italianos que manejaban la compañía hace unos años, pero siempre es mejor poner esos montos en el contexto de los discursos de austeridad que tanto repite este gobierno. Lo más llamativo sin embargo, es el estipendio de 900 dólares por cada reunión que reciben los seis miembros del directorio, lo que da una cifra total de 162 mil dólares por 30 reuniones realizadas el 2009.
Parlamentarios de la oposición han pedido que se investiguen estos hechos y harían muy mal los asambleístas del oficialismo en impedir que se busque la transparencia, cuando supuestamente están luchando contra la corrupción. Entel es una empresa pública y tiene que mostrar resultados y no esperar a que se produzcan hechos graves y manchados de sangre para actuar.
Lamentablemente, tal como está planteada la institucionalidad del Estado Plurinacional, todo en manos de los amigos con el fin de aplicar la ley y el control exclusivamente a los opositores, ese gigantesco aparato empresarial y productivo que ha quedado en manos del oficialismo es manejado bajo un manto de oscurantismo. El Gobierno dice estar luchando contra la corrupción y no se puede negar que se ha castigado a quienes han sido sorprendidos cometiendo irregularidades. Una solución más convincente sería aplicar políticas de vigilancia justamente para prevenir y evitarle daños al Estado.

Surgen graves denuncias sobre malos manejos en la telefónica. Conviene actuar ahora, antes de que se repita otro caso como YPFB.