empiezan a fluir informaciones del frente interno de las FFAA. claro que hay dos vertientes, una oficial de la jerarquía conocido como "los oficiales" y la otra de sargentos o "suboficiales" según la crónica "ambos apoyan al masismo" según otra se marcan diferencias con "la superioridad" esto causa malestar según nuestra fuentes.

Iván Paredes Tamayo - ivan.paredes@eldeber.com.bo

El Movimiento Al Socialismo (MAS) busca ganar las elecciones generales. Para ello uno de los objetivos es acercarse a los sectores sociales para sumar respaldo. 

    Una de las organizaciones es la Asociación Nacional de Esposas de Suboficiales y Sargentos de las Fuerzas Armadas (Anesfa), sector reconocido por las tres fuerzas militares y que desde octubre de 2013 se subió al tren del denominado proceso de cambio. Un grupo de la directiva de la Asociación Nacional de Suboficiales y Sargentos de las Fuerzas Armadas del Estado (Ascinalss) también selló un acuerdo con el masismo.  

Esta alianza política está a punto de quebrarse. El Gobierno no quiere tomar en cuenta las demandas del sector, que, entre otros puntos, pide igualdad de oportunidades entre los oficiales y suboficiales y sargentos; además de respeto a los derechos humanos. Estos planteamientos están insertos en el proyecto de modificación a la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas. 

Consultada si su organización apoya al Gobierno de Evo Morales, la ejecutiva de Anesfa, Sandra López, respondió: “Sí, pero en las FFAA aún existe la mentalidad colonialista”.   

Instructivo masista

La dirección nacional del MAS instruyó a sectores para que asistan al aniversario masista en Sacaba (Cochabamba). En la lista figura Anesfa, entre otras, como la Central Obrera Boliviana, la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb) y las ‘Bartolinas’. 

EL DEBER accedió al instructivo y comprobó que un grupo de Anesfa asistió al evento. Ahí, el sector militar distribuyó un volante en el que asegura que los suboficiales y sargentos de las FFAA “respaldamos el proceso de cambio, estamos con nuestro presidente”. Una fuente de Ascinalss reveló a este medio que parte de su organización “apoya al Gobierno, pero no al Alto Mando (Militar)”. 

En otro documento, un trabajo de inteligencia militar, apunta a que la dirigente López es la ‘operadora’ política entre los suboficiales y sargentos con la cúpula masista y sectores sociales. Concluyen que López asistió al ampliado del MAS, a la apertura de inscripción de militantes del oficialismo en Oruro y a la posesión de ministros de Estado.      

“Nos dijeron que quieren llegar al 75% de votación y que nuestro respaldo es importante. Por eso apoyamos”, dijo otra fuente de Ascinalss.

La vicepresidenta del MAS, Concepción Ortiz, admitió que asistió a una reunión con el sector militar. Dijo que quieren evitar conflictos por las demandas de los suboficiales 

Inteligencia militar vigila a suboficiales

 La ejecutiva de las esposas de suboficiales y sargentos de las FFAA, Sandra López, denunció que un grupo de Inteligencia Militar vigila a 15 efectivos que fueron parte de la elaboración del proyecto de modificación de la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas. El sector exige igualdad de oportunidades entre oficiales y suboficiales y sargentos.

“Nos quieren provocar, quieren amedrentarnos, pero no cederemos”, relató López. 

La dirigenta afirmó que tres suboficiales que son parte del proyecto tuvieron problemas para llegar a La Paz. Dijo que en Cochabamba la Policía Militar quiso evitar que suban al avión. En la sede de Gobierno intentaron retenerlos. 

ANÁLISIS

La demanda es justa, falta decisión
Marcelo Antezana - Excomandante del Ejército

Desde que ingresé a las Fuerzas Armadas siempre se presentaron estas situaciones como consecuencia de la revolución de 1952. Es un justo reclamo de igualdad de oportunidades, pero como toda Fuerzas Armadas en cualquier país del mundo tiene una jerarquía, una estructura clásica que es difícil de perforar, a pesar de ello si es que existe voluntad política hay que ver la manera de solucionar estos problemas. 

Cuando fui comandante del Ejército, de manera conjunta solucionamos problemas de ascensos o temas de discriminación y desigualdades. Tienen razón en reclamar igualdad de oportunidades en educación, porque existen civiles que ingresan a la Escuela Militar de Ingeniería (EMI) y por qué un sargento o un suboficial no puede hacerlo, tiene derecho a estudiar carreras a nivel licenciatura. Considero que llegó el momento de dar la oportunidad a los señores suboficiales para que se destaquen en una doble profesión y que también tengan acceso a educación de altos estudios militares. 

El Alto Mando Militar debería aprovechar que son socios del MAS y deben exigir solucionar estos problemas y dejar de buscar pegas luego del servicio pasivo  

tres muertos más al haber del MAS. de Evo. del Régimen. entre 40 y 50 heridos conducidos a Cochabamba y La Paz. mineros se velan en Kami Manuel Cachaca de 22 y Jhonny Huisa de 39. lejos de la Paz. Erbol

El bloqueo de carreteras por parte de los cooperativistas mineros en contra de la modificación del proyecto de Ley Minera dejó este lunes dos trabajadores muertos, más de 50 heridos y 43 policías tomados como rehenes de los movilizados, confirmó el Gobierno.

Los cuerpos de los dos cooperativistas fallecidos llegaron cerca a las 22.00 a la población de Kami, junto a tres policías tomados como rehenes de los movilizados, reportó la radio “Don Bosco” de la Red ERBOL.

Según la emisora local, uno de los cuerpos fue identificado como Juan Manuel Cachaca Condori de aproximadamente 22 años, estado civil soltero y trabajador de la sección “Patiño”.

El segundo fallecido es Jhonny Huisa Condori (29), casado, cooperativista de la sección “Cortes Wañusqa”, que dejó  en la orfandad a un menor de 8 años, otro de año y medio, además su esposa se encuentra en estado de gestación (seis meses).

Los cuerpos llegaron al Hospital “María Auxiliadora”, donde también se encuentran los tres policías rehenes de los cooperativistas de Kami, que serían el teniente José Chávez Salvatierra y dos cabos.

Mineros que estuvieron en el bloqueo de los cooperativistas de Kami, que estaba instalado en el sector Sayari (tramo Cochabamba-Oruro), aseguraron que fueron emboscados por los uniformados.

“Nosotros estábamos bloqueando de manera pacífica en la carretera, pero nos emboscaron por los cerros”, relató el presidente del Comité de Vigilancia de los Cooperativistas de Kami, Michael Vargas.

Versión del Gobierno 

Cerca a las 21.00, el ministro de Gobierno, Carlos Romero, dijo en la ciudad de La Paz que hay sólo un minero muerto.

“De acuerdo a una información registrada en el hospital de Pongo, un cooperativista minero de Kami habría sido trasladado a ese nosocomio llegando sin vida el mismo, lamentamos este fallecimiento (...) no conocemos todavía la causa del deceso”, afirmó Romero, en conferencia de Prensa.

Luego Romero se volvió a dirigir al público a través del programa No Mentirás, donde ya confirmó el deceso de dos personas.

"El gobierno no autorizó en ningún momento el uso de armamento letal, por eso es necesario investigar la causa de los dos decesos", señaló.

Heridos y rehenes

La autoridad en la conferencia de prensa también indicó que llegaron 15 personas heridas (13 policías y dos mineros) a la Caja Nacional de Salud de Cochabamba y al Hospital Policial de la ciudad de La Paz otros 25 uniformados.

“Lamentablemente muchos policías fueron agredidos con dinamitas, nosotros dijimos que se había instruido que cada cooperativista debía portar mínimamente 20 cartuchos de dinamita”, recordó.

Pero en el programa televisivo sostuvo que los policías heridos ya suman  más de 50, además denunció que 43 uniformados están en calidad de rehenes de los cooperativistas.

Según Romero, 40 de los efectivos fueron capturados en el bloqueo instalado en el sector de Mantecani (carretera La Paz-Oruro, donde además les habrían quitado sus botas) y tres en Sayari, donde los trabajadores de Kami bloquearon y se enfrentaron con las fuerzas del orden.

Diálogo suspendido 

El diálogo instalado entre el gobierno y los representantes de los cooperativistas mineros, para llegar a un acuerdo sobre el artículo 151 de la nueva Ley Minera, se rompió luego de que el Ejecutivo rechazara el pedido de los movilizados de retirar a los efectivos policiales de los puntos de bloqueo. 

Ahora los mineros quieren dialogar sólo con el presidente Evo Morales y no con sus ministros. Mientras, los dirigentes anunciaron que desde mañana radicalizarán los puntos de bloqueo.

Fiscalía instruye investigación penal 

El Fiscal General del Estado, Ramiro Guerrero, informó desde Sucre que el Ministerio Púbico emitió un instructivo a todas las fiscalías departamentales del país, para iniciar una investigación penal contra todas las personas involucradas en actos de violencia en los puntos de bloqueo que inició el sector cooperativista en distintas carretas del país.

Evo premia con "exilio dorado" a militares que "le prestaron servicios especiales"...según el General Antezana se repite el caso contra un teniente que tuvo que con la voladura de un estudio de TV en el sur. el teniente que debe ser ya mayor o teniente coronel irá a Santiago, como agregado al Consulado que funciona como Embajada. Antezana critica el proceder el Presidente

El presidente Evo Morales mantiene una estrecha relación con las Fuerzas Armadas. Foto archivo Opinión.

Antezana aseguró que Flores Montaño tuvo participación en la acción contra una de las repetidoras de la red Unitel en el sur del país. Mencionó incluso que las 22 personas implicadas en ese hecho fueron premiadas por el gobierno con determinados cargos.

“(Recuerdo) que les salió mal (el atentado) gracias a que se emborracharon y chocaron la movilidad luego de hacer el atentado. Tenían credenciales de acreditados a Palacio, a la Presidencia y entre uno de ellos, del que no se sabía dónde estaba, era el oficial Flores. Ahora sabemos que él esta como Cónsul en Chile, premiado igual que otros”, sostuvo Antezana, en declaraciones a ERBOL.

Sin embargo, una fuente allegada a Flores dijo que él no tuvo nada que ver en el atentado y que ni siquiera fue convocado a declarar por ese caso. “Todo fue manejado de manera política y mediática”, sostuvo.

Los datos públicos sobre el atentado señalan que al menos siete miembros de las FFAA estuvieron involucrados en la explosión de una dinamita en el medio televisivo, hecho que sucedió  el sábado 21 de junio de 2008, un día antes del referéndum estatutario en Tarija. Los uniformados implicados pertenecían al grupo denominado “Los Chachapumas F-10”, dependiente de la Presidencia.

Sobre el caso, el senador del Movimiento Al Socialismo (MAS), David Sánchez, pidió conocer los procedimientos jurídicos que se siguió en el proceso iniciado contra los militares. Sugirió indagar si las acusaciones derivaron en algún tipo de sentencia, aunque consideró inapropiado que una persona con esos antecedentes ocupe un cargo diplomático.

“Yo quisiera conocer en estas investigaciones sobre el señor Flores Montaño, si han derivado en alguna sentencia y si fue así, es irresponsable que él (Oswaldo) ocupe algún cargo (…) si hay una sentencia, por ética no debería ocupar algún cargo público. Habría que generar una investigación”, aseveró el oficialista.

Flores acompañó desde 2011 al general Ramiro de la Fuente como representante diplomático de Bolivia. El caso atentado nunca se llegó a esclarecer  y ese proceso  fue cerrado tras el desistimiento de la denuncia que realizaron los propietarios del propio canal de Yacuiba en la misma gestión.

Humberto Vacaflor se refiere a la declaración de los Obispos "estamos perplejos" y parodia "todos estamos perplejos" de los escándalos de cómo Evo maneja "la cosa política y los excesos por doquier. no hay respuestas, es que las evidencias son tales...

El gobierno está demorando demasiado en usar el manual que tiene para responder a los obispos, y decirles que están haciendo política, ahora que se han declarado perplejos por la corrupción y los escándalos.

Mientras esta columna era preparada, los memoriosos voceros del MAS no habían insultado todavía a los obispos ni les habían dicho que eran neoliberales, como suelen hacerlo con presteza cuando la tormenta no es tan grande.

“Están haciendo política”. El propio presidente Evo Morales usa ese sonsonete cada vez que el cardenal Julio Terrazas alude al narcotráfico, sin advertir que está mostrando la hilacha más comprometedora de su gobierno.

La demora en la respuesta a los obispos quizá se explique por una peligrosa combinación que se está dando ahora: una lluvia de escándalos y denuncias, por un lado, y el hecho de que los bolivianos están dejando de tenerle miedo al gobierno.

Es alentador pero sobre todo reconfortante observar cómo el miedo, que hasta hace poco era casi total, al que desafiaban sólo algunos réprobos que fueron relegados de los medios del sistema, ha ido disminuyendo.

Se podían contar con los dedos de media mano a los columnistas críticos del gobierno y ahora ocurre exactamente lo contrario. ¡Qué alivio! ¡Ufa!

Hay que admitir que para llegar a este momento el gobierno ha hecho el mayor aporte. Los conductores del proceso de cambio han cometido tal cantidad de errores, o delitos, que dejan poco margen a quienes están de su lado.

Quizá los bolivianos se cansaron de ser tomados por tontos y quisieran que el gobierno explicara, de veras y en serio, qué es este carnaval de corrupción y extorsión, como dicen los obispos.

Los anuncios de inversiones millonarias han perdido impacto desde que se difundieron los informes sobre el descalabro en que están casi todos los proyectos en que fueron gastados más de 95.500 millones de dólares (el cálculo es de José Luis Parada).

El gobierno revolucionario, de cambio radical, ha pasado a ser un gobierno que sólo sabe sobornar. Sus únicos argumentos para ganar o retener apoyo es hacer anuncios millonarios.

Esas inversiones son hechas con un perfecto descriterio.

Está gastando ahora 28 millones de dólares para una cumbre del G-77 mientras los benianos se ahogan.

Estamos como en Venezuela, aunque aquí no hay, todavía, ningún general preso.

metástasis en el Cuerpo Masista. por todos los últimos sucesos escandalosos y la imposibilidad del Estado (léase del evismo) de decir la verdad. suma una mentira a otra y como no puede negar las evidencias. punto de inflexión en el manejo de la Justicia, con corrupción, abuso y persecusión. El Dia. SC

Hace algunos meses alguien dijo que en el Gobierno de Bolivia se había instalado el cáncer de la corrupción y por los hechos que están ocurriendo en estos días parece ser que el foco canceroso ha hecho metástasis o, como se dice comúnmente, cada vez que se aprieta algo, brota la pus que refleja el grave estado infeccioso.

El problema es que los casos apuntan cada vez más alto y los señalados se quedan con poco margen para decir "yo no fui" o como se dijo alguna vez "errores, no delitos", hoy se expresa que "es legal, pero no ético", aunque los hechos prueben la ausencia de ambos valores.

De todos lados surgen las dudas y los cuestionamientos. Los casos Marcelo Soza y Fabricio Ormachea han posicionado a nivel nacional un hecho que parecía relegado a las páginas policiales de Santa Cruz, pero hoy todo parece indefendible; ya no se puede tapar el sol con un dedo y tanto en el Congreso, como en el Tribunal Supremo de Justicia, la ONU, la Defensoría del Pueblo y hasta el Tribunal Constitucional se exige parar con la patraña, dar la cara, brindar las explicaciones porque la población se ha quitado la venda y nadie soporta la desvergüenza.

En la Asamblea Plurinacional los parlamentarios oficialistas pegan el grito al cielo porque un grupo de diputados quiere iniciar una investigación. Ponen excusas ridículas para no cumplir con su misión de fiscalizar la gestión de los órganos del Estado. ¿Acaso algún legislador necesita una orden especial, un poder específico para investigar el comportamiento de funcionarios e instituciones públicas? Ese es su deber y tienen que cumplirlo, aunque en las circunstancias actuales parezca un escándalo sospechar de quienes han querido erigirse como los más excelsos exponentes de la honestidad y la transparencia.

La máxima autoridad de la ONU en Bolivia le ha recordado al Gobierno que se cometieron muchos errores en relación al "Caso Terrorismo" y ha puesto en evidencia algunas advertencias que se hicieron en el año 2011, cuando se mencionó la injusticia, el abuso y la violación a los derechos humanos que se estaba cometiendo con los acusados. Hoy se pide con vehemencia que el Gobierno brinde las garantías para que la población pueda conocer la verdad.

Ya no se puede poner como pretexto que las pruebas que vinculan al exfiscal Marcelo Soza no tienen validez jurídica, pues se cuenta con una confesión firmada y validada de forma oficial que tiene que ser tomada en cuenta, porque allí se confirma que en Bolivia sí hubo terrorismo, pero terrorismo de Estado, ejecutado con premeditación y un alto grado de organización que solo el ejercicio del poder omnímodo y descontrolado lo puede permitir.

Hoy no solo estamos viendo que las sospechas se confirman, que las denuncias eran acertadas y que las pruebas acumuladas tenían suficiente asidero como para hablar del montaje. También se conoce que todo apunta a una misma raíz, a un solo tronco dentro del Gobierno que parece tambalearse. No hay duda que estamos ante lo que parece ser un punto de inflexión en este oprobioso proceso de manipulación de la justicia, corrupción, abuso y persecución.

Hoy no solo estamos viendo que las sospechas se confirman, que las denuncias eran acertadas y que las pruebas acumuladas tenían suficiente asidero como para hablar del montaje. También se conoce que todo apunta a una misma raíz, a un solo tronco dentro del Gobierno que parece tambalearse. No hay duda que estamos ante lo que parece ser un punto de inflexión en este oprobioso proceso de manipulación de la justicia, corrupción, abuso y persecución.

Los Tiempos reclama "racionalidad" ir por el camino correcto, esclarecer los conflicto como ineludible deber para que el mundo vea que hay normas de pacífica convivencia que deben ser cumplidas.

La forma en que el Gobierno ha reaccionado ante dos golpes contundentes que ha recibido en las últimas semanas: la fuga de su fiscal Marcelo Soza y el encarcelamiento de quien fuera una de sus autoridades de lucha contra la corrupción, Fabricio Ormachea, así como la actuación del Ministerio Público en estos casos y las declaraciones de uno de sus infiltrados en el grupo Rózsa, afirmando que no podía responder a un cuestionario de la Fiscalía por tratarse de temas que son “secreto de Estado”, no hacen más que aumentar dudas en quienes ya no creen en la palabra oficial y despertarlas en muchos de quienes han sido sus leales seguidores.

Hay momentos, como muestra nuestra historia, en los que la incapacidad de las autoridades de ver la realidad y confiarse en lo que sus áulicos les informan ha sido el detonante de procesos que, finalmente, las han conducido a su fracaso. Y parece ser éste el caso. Las autoridades de Gobierno han cometido varios errores de gran magnitud en el tratamiento del caso Rózsa, mantener una posición de fuerza y soberbia sólo las daña más.

Peor aún si en esas declaraciones se insulta y pretende desprestigiar a quienes disienten por el sólo hecho de hacerlo. Por ejemplo, la propuesta de organizar una misión internacional para investigar el caso Rózsa, a la que se adhiere este periódico, no tiene nada de cipaya como la han querido calificar las autoridades. Hay que recordar, como lo ha hecho con pertinencia un exmandatario, que el Gobierno procedió de esa manera en situaciones de difícil dilucidación (casos El Porvenir o la aprobación del proyecto de Constitución Política del Estado), sin que se haya cuestionado esa decisión porque, más allá de los resultados, otorgaban legitimad a lo actuado.

En ese contexto, este tipo de reacciones muestra que este escabroso caso Rózsa y sus secuelas –como oportunamente se les advirtió, también en forma infructuosa– afecta profundamente a las autoridades que, aparentemente y como en pocas oportunidades, no saben cómo asir al toro por las astas y sólo recurren a la agresión.

Pero, los intereses del país están por encima de estos eventuales problemas y más allá de esas reacciones, se debe insistir en que la racionalidad retorne a nuestras autoridades y decidan ir por el camino correcto: el esclarecimiento total y cualesquiera sean los conflictos que pueda tener el caso Rózsa, no sólo como un deber moral ineludible, pues son muchas las víctimas que han aparecido a lo largo del proceso que no son, necesariamente, quienes estuvieron vinculados con aquél, sino para que la comunidad internacional constate que en el país hay normas de pacífica convivencia que deben ser cumplidas y que se sanciona a quienes no lo hacen.

De lo contario, y dadas las ramificaciones internacionales del caso, incluso algunas autoridades podrían temer, a futuro, por su propia seguridad, puesto que, con certeza, no faltarán los “baltazares” que busquen justicia para sus connacionales.

En manos de las autoridades está, pues, que este caso no las afecte más.

Lupe Cajías trata con dureza al Vice García, refiere su expresión "aquí aprendí a matar" y se pregunta cómo: con bombas, con fusiles, con maniobras envolventes? quienes son los enemigos? y se pregunta el porqué de tanto odio a los cambas

Seguramente en el movimiento autonomista hubo infiltrados separatistas (…) pero ese no fue ni es ni será el sentimiento del camba. ¿Por qué insisten en mezclar un tema con otro con el objetivo de destrozar liderazgos cruceños?

Recuerdo la dramática escena de las últimas horas del Gobierno de Carlos Mesa. Un informante advirtió la decisión de los Surco que cercaban la plaza Murillo de ingresar al Parlamento para retener a congresistas cruceños y después copar el Palacio de Gobierno, donde estaba reunido parte del gabinete.

Ninguno de los colaboradores de Mesa se movió, a pesar de los angustiosos llamados de familiares. Era de noche y crecía el rumor del tropel en la esquina de la Ayacucho y Comercio. Entonces el ministro Roberto Barbery sentenció: “Si tocan a un cruceño, yo me pego un tiro”. El silencio tenso siguió a esas palabras sinceras.

Varios de esos diputados eran parte de la férrea oposición al Gobierno y coincidían con logieros que habían impedido a Carlos Hugo Molina, íntimo amigo y colega de Barbery, tener gobernabilidad en la Prefectura de ese departamento. Incluso, el establishment había creado un castigo social contra ellos, a pesar de ser los mejores representantes de la inteligencia cruceña moderna y nacional.

Barbery reaccionó como un ser humano que respeta la vida, así sea del adversario. Mesa, tan agredido esos días por el entonces fuerte grupo “autonomista”, pidió al ministro Saúl Lara garantizar la seguridad de cada uno de sus opositores. Lara le dijo, palabras más o menos, “iré personalmente, y los sacaré uno a uno, no quiero que algún incidente o una provocación precipite un drama”.

Después de una o dos horas –nunca puedo medir el tiempo en circunstancias históricas que me toca atestiguar– Lara regresó:

“Ya están todos camino al aeropuerto”. Mesa había iniciado su corta presidencia asegurando al representante del halcón imperial “no estoy dispuesto a matar” y terminó su paso por el Palacio Quemado con la misma convicción.

¡Qué diferencia con su sucesor en la Vicepresidencia que declaró altivo: “Aquí aprendí a matar” (junto a su hermano), en el mismo lugar donde el presidente del senado ahorcó perros como advertencia a los de la Media Luna!

¿Matar a quién? ¿Cómo? ¿Con una bomba, con un tiro, de a poco, con maniobras envolventes? ¿Quiénes son los enemigos que hay que matar, quiénes los terroristas, quiénes los oligarcas?

Seguramente en el movimiento autonomista hubo infiltrados separatistas, como ocurrió entre los cívicos en 1959, pero ese no fue ni es ni será el sentimiento del camba. ¿Por qué insisten en mezclar un tema con otro con el objetivo de destrozar liderazgos cruceños? El gran repertorio de la lucha contra la corrupción, contra la delincuencia y contra el terrorismo y sus capítulos de redes, grabaciones y videos coinciden en algo: castigar a dirigentes y empresarios cruceños. ¿Cuál es el fin?