importante que un laboratorio hubiese determinado que la voz del audio corresponde al Fiscal Marcelo Soza. el informe técnico provocó un sofocón al Gobierno.

La conclusión del peritaje que fue leída por la senadora Gonzales señala: “frente a todo lo que fue descrito y analizado el perito que firma concluye más allá de cualquier duda razonable que la voz revisada en los dos archivos que le fueron presentados con la sigla q1 y q2 pertenecen al fiscal Marcelo Soza Álvarez”.

Para González con esto “no existe duda” de que el ex fiscal fue quien habló con una persona desconocida sobre detalles del caso terrorismo e incluso acusó a algunos funcionarios de Gobierno de tener nexos con hechos de corrupción.

“Seguramente ahora el Gobierno como el Ministerio Público está haciendo su trabajo y estudios periciales, si bien esto no ha sido autorizado sirve para poder comparar en cuanto al resultado que saque el Ministerio Público con el Gobierno, haremos las comparaciones”, señaló la legisladora.

La senadora dijo que ahora ya no se debe centrar la investigación en el hecho de que si se trata o no la voz de Soza, porque eso queda muy claro, sino en las cosas que se escuchan en esta grabación.

"Lo que queda es investigar el contenido, investigar a cada una de las personalidades que están siendo reveladas al interior del audio, este trabajo le corresponde dentro de una función muy responsable al fiscal general, al Ministerio Público", señaló.
 

en la crónica de Marco Chuquimia desde luego muy interesante, hay elementos que pudieran inscribirse en "conjeturas y suposiciones" como reacción a la desaparición de Marcelo Soza, sin dejar de lado la intención de desmontar "el juicio.." con fines electorales...(?)

Marco Chuquimia -marco.chuquimia@eldeber.com.bo

La renuncia del fiscal Marcelo Soza Álvarez a su cargo se produjo dos semanas después de que la senadora opositora Carmen Eva Gonzales (CN-PPB) presentara un audio que supuestamente lo involucraba en encubrimiento de extorsión. Esos 14 días, entre la denuncia y la renuncia, fueron cruciales para que el exfiscal tomara la decisión final, no sin algunos empujoncitos del más alto nivel del poder político.

Así lo confirmó el propio ministro de Gobierno, Carlos Romero, que deslizó que el gabinete consideró la denuncia de la senadora apenas la misma salió a la luz pública y él fue designado portavoz para hacer conocer la postura del Ejecutivo.

“Cuando nos hemos pronunciado lo hicimos previo a una  evaluación al más alto nivel. Cuando apareció el audio y me tocó hacer una conferencia a nombre del Gobierno expresando la posición también del presidente (Evo Morales)”, dijo Romero a un programa de televisión.

Pero fuentes del Gobierno explicaron que no solo hubo un ‘análisis’, sino que las posiciones enfrentadas se manifestaron abiertamente a favor y en contra del exfiscal. Según estas versiones, dos de los ministros que conforman el gabinete político se pronunciaron por el relevo de Soza para evitar que el juicio que se realiza en Santa Cruz sea ‘contaminado’ por posiciones políticas. En frente de ellos estaba un grupo más numeroso e influyente. Una vez que ese grupo se impuso, las fuentes señalaron que se aplicó el principio del “centralismo democrático”, término explicado ampliamente por el vicepresidente Álvaro García Linera en una conferencia de prensa y que implica que tras la discusión interna y la decisión de la mayoría, todos –incluso los que no están de acuerdo- respaldan las acciones y descalifican las acusaciones ‘como soldados’.

Fuentes del Gobierno explicaron que hay al menos cuatro grupos dentro el Ejecutivo que pelean sus espacios de poder y que tienen nexos con autoridades judiciales y del Ministerio Público. Estos grupos son: el del vicepresidente Álvaro García Linera, que es el más influyente; el otro grupo es el del ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, que tiene sus propios aliados internos; el del ministro Carlos Romero y cierra la lista el grupo del canciller David Choquehuanca.

Las fuentes hicieron notar que, desde el cambio de ministro en la cartera de Gobierno, el trabajo de los asesores y de los fiscales fue observado después de que se realizó una ‘revisión’ de todos los casos en los que el Ministerio de Gobierno era parte querellante. Fue a raíz de esa ‘auditoría’ que se empezó a renovar el equipo de asesores primero y, segundo, las denuncias de extorsión que involucraban a fiscales y funcionarios estatales.

Según el exviceministro de Gobierno Gustavo Torrico, la actual administración de ese ministerio tuvo el cuidado de revisar los casos y tomar interés en ellos más que las anteriores autoridades y descubrió que había demasiadas irregularidades.

Pero dijo que en el caso del exfiscal Marcelo Soza no existe ninguna posibilidad de que el caso sea anulado por los acusados, ya que existió el hecho y las pruebas fueron recolectadas. Además señala que existe una investigación parlamentaria que también entregó su informe.

El Día contradice a Mesa dice que nunca hubo uniformidad. que Bolivia anduvo a tientas y que no existe una Política de Estado sobre el Mar. avanzar en la integración puede ser una via concluye

Lo del mar es muy irónico. Antes de la Guerra del Pacífico, Bolivia no había desarrollado una cualidad marítima porque no había fuerza productiva para explotar los recursos naturales, no había rutas para llegar a los puertos y tampoco había comercio, porque sencillamente nuestro país no tenía un Estado con la capacidad para desarrollar esos aspectos y tampoco lo tuvo para enfrentar una conflagración en la que tuvieron que intervenir civiles para defender sus pertenencias.

Lo paradójico es que años más tarde y por una cuestión de Estado, los gobernantes bolivianos entregaron voluntariamente mediante el Tratado de 1904, el territorio arrebatado con las armas. Ese convenio le permitió a Bolivia desarrollar su industria minera, conseguir un acceso ferroviario al Pacífico para exportar su producción y consolidar un medio de sustento al país que hasta ahora sigue siendo uno de los más importantes. Chile hizo lo propio pues las mercancías bolivianas y el movimiento comercial que se origina en nuestro territorio son los que le dan vida al árido territorio del norte, sin el cual, estaría condenado al atraso y la pobreza.

Chile se agarra uñas y dientes del Tratado de 1904 porque se trata de un instrumento que le impide a Bolivia avanzar en su demanda. Por su parte, nuestro país, porque jamás ha hecho de su reivindicación una “cuestión de Estado”, no ha podido hallar la alternativa que le permita modificar esta situación, estancada por más de un siglo.

En vísperas de un nuevo aniversario de la Guerra del Pacífico, se produjo una segunda reunión del presidente Morales con varios exmandatarios y excancilleres, con el objetivo de buscar una posición consensuada respecto del tema marítimo. Jaime Paz Zamora fue designado como vocero del cónclave y al finalizar dijo que por fin, Bolivia está en condiciones de encarar su reivindicación como una “Cuestión de Estado”.

¿Qué se puede esperar de un anuncio de esta naturaleza? En primer lugar, se podría pensar en aspirar a tener una diplomacia más profesional y capacitada que abandone la conducta errática que hemos tenido desde 1879. No hace falta ir muy lejos para identificar toda la serie de cambios que ha tenido la postura boliviana. En este Gobierno se ha cambiado de estrategia en tres ocasiones, se han hecho anuncios y amenazas, se han redactado leyes, se han creado instancias institucionales y el único saldo visible ha sido la confrontación verbal inútil, oportunista y netamente electoralista y distraccionista con Chile, con quienes no hemos avanzado ni un solo milímetro.

Se puede esperar que una política de Estado nos lleve a dejar de usar el mar como herramienta de evasión de la realidad nacional, cosa que han hecho todos los gobernantes que asistieron a la reunión del otro día. También se exige madurez, audacia y búsqueda del interés integral de los bolivianos, con el objetivo de pensar en diferentes alternativas, para no quedarnos en la fijación “soberanista” de siempre y buscar formas de avanzar en el comercio, la integración y las alianzas estratégicas. Esa sería una visión de Estado y no una posición parcializada y partidista como las que hemos visto siempre.

Se podría pensar en aspirar a tener una diplomacia más profesional y capacitada que abandone la conducta errática que hemos tenido desde 1879. No hace falta ir muy lejos para identificar toda la serie de cambios que ha tenido la postura boliviana. En este Gobierno se ha cambiado de estrategia en tres ocasiones.E

el previsible desenlace de una causa injusta, titula LT a su juicio sobre "el caso Rózsa. es tanto el desprestigio y el manipuleo de la justicia que se está mostrando la verdad

Ahora que se acerca el desenlace, es de esperar que las autoridades gubernamentales sepan ponerse a la altura de las circunstancias

Poco antes de que se cumpla el cuarto aniversario del operativo policial más importante de los últimos tiempos, el que tuvo lugar en Santa Cruz durante la madrugada del 16 de abril de 2009, cuando un grupo de lo más selecto de las fuerzas policiales de élite puestas al servicio de la seguridad gubernamental aniquiló a un grupo de mercenarios sospechosos de organizar actividades subversivas, todo el andamiaje judicial que se montó a partir de ese día está a punto de desmoronarse estrepitosamente.

La misteriosa desaparición del fiscal Marcelo Soza, hasta hace poco uno de los hombres más temidos de Bolivia por los omnímodos poderes que le fueron otorgados para facilitar la exitosa realización de la misión que le fue asignada, y las dificultades en que al sumirse en la clandestinidad ha puesto a las autoridades gubernamentales, que no atinan a dar una explicación convincente de lo que ocurre, son expresiones de la magnitud del enredo del que ahora los involucrados no saben cómo salir.

Ése y no otro era el más previsible desenlace del tan bullado “caso terrorismo” –como maliciosamente fue denominado– pues desde el momento mismo de la ejecución del operativo del hotel Las Américas comenzaron a hacerse visibles demasiados cabos sueltos que ni las fuerzas policiales ni los operadores del Ministerio Público supieron explicar. Fueron desde un principio tantas las incongruencias, que la versión oficial de los hechos nunca fue verosímil.

El asunto, gravísimo de por sí, lo es mucho más si se considera que lo que está en juego es la inminente posibilidad de que el Gobierno resulte perdedor de una apuesta en la que, por voluntad propia, arriesgó su prestigio y credibilidad, exponiéndose, además, a juicios internacionales promovidos por los países de los que muchos de los muertos y acusados eran y son ciudadanos.

Recuérdese, por otra parte, que fueron las propias autoridades gubernamentales las que se esmeraron para dar al caso una extraordinaria proyección internacional y lo hicieron con tanto éxito que ya no es sólo la mirada de la opinión pública nacional, sino la del mundo entero, la que atónita observa los extremos a los que se puede llegar en la mala administración de la justicia, cuando ésta es puesta al servicio de quienes ejercen el poder.

Fue también el Gobierno, por razones de las que siempre se sospechó pero recién ahora comienzan a hacerse visibles, el que unió de manera indisoluble su propia suerte a la de la ofensiva legal iniciada contra parte de la elite cívica, política y empresarial de Santa Cruz radicalizada. Lo hizo sin duda con la certeza de que bien valía correr cualquier riesgo para infligir una derrota –calificada como “estratégica” en la jerga gubernamental– al principal foco de oposición y resistencia regional a su proyecto político.

Ahora, cuando ya no puede seguir postergándose el desenlace de tan importante episodio de nuestra historia contemporánea, sólo cabe esperar que las autoridades gubernamentales sepan ponerse a la altura de las circunstancias.

fantas Uno, fantasma Dos, fantasma Tres....fantasmas del MAS (el penoco)

El Estado Plurinacional sigue acumulando una suerte de “fantasmas”, personajes oscuros que han desaparecido por arte de magia. La lista es encabezada por el excustodio presidencial George Peter Nava, quien fue detenido y posteriormente liberado de manera muy sospechosa, por el caso del atentado a un canal de televisión en Yacuiba. El segundo es otro uniformado, el capitán Wálter Andrade, quien tuvo una actuación bastante oscura en el caso Rózsa y que según algunos indicios, recibió una beca especial para trasladarse a Venezuela. Muy cercano a este personaje, el teniente Jorge Clavijo, autor de la muerte de la periodista Hanalí Huaycho, del que no conviene hablar mucho porque además de ser un “caso cerrado”, se trataría de un alma en pena con certificado de ADN trucho. Alrededor del caso terrorismo hay varios otros fantasmas, como un alto oficial Clavijo, otro de apellido Núñez del Prado y la policía Karen que tenía mucho que aportar para el esclarecimiento pero que nunca más apareció. El más reciente e ilustre de los candidatos a fantasma es el fiscal Marcelo Soza, cuya voz apareció en una cinta presentada por la senadora pandina Carmen Eva Gonzales. Desde ese día, el hombre fuerte del caso hotel Las Américas no ha vuelto a dar la cara y renunció casi de forma clandestina. Es probable que, al igual que en los casos anteriores, no volvamos a saber de él. Una forma extraña de admitir la culpabilidad.

Fiscal Guerrero informa de la renuncia de Marcelo Soza, aunque el comunicado hace incapié en el informe pendiente del Caso Soza que debió haber sido presentado. podría suceder sanciones penales y administrativas de no ser presentado tal informe.

El fiscal Marcelo Soza presentó su renuncia al cargo de fiscal de materia y se apartó así de la dirección del controvertido caso terrorismo, según informó hoy el fiscal General Ramiro Guerrero en conferencia de prensa.

Guerrero dijo que Soza presentó una nota de renuncia al cargo, la misma que fue recibida en la Fiscalía General esta jornada a las 17:30 después de que ayer dicho fiscal no asistiera a una audiencia del juicio que se lleva adelante en la ciudad de Santa Cruz.

Además, el Fiscal General apuntó que Soza debía haber presentado un informe detallado sobre el estado del proceso en el que se desempeñaba como director funcional, el cual debe incluir los detalles de todo lo que se ha llevado adelante hasta ahora.

Guerrero dijo que en su nota, Sosa expresa su decisión de renunciar al cargo aduciendo motivos "familiares" motivados, aparentemente, en supuestas amenazas contra su integridad física y la de su familia, pues una de sus hijas habría sido amenazada de secuestro.

El Fiscal General añadió que en las siguientes horas, personal del departamento jurídico y de recursos humanos del Ministerio Público procederán a analizar el contenido de la renuncia de Soza, para después emitir una opinión con mayor fundamento.

No obstante, Guerrero sostuvo que esperaba el informe del Fiscal Soza que debe ser presentado en un término de cuarenta y ocho horas, pues lo contrario podría suponer el inicio de acciones administrativas e incluso penales contra la renunciante autoridad.

"La renuncia será valorada, hay un instructivo que debe cumplir porque lleva la investigación funcional, si no lo hace puede ser pasible de un proceso disciplinario e incluso penal", dijo Guerrero.

El Fiscal General informó a los periodistas que tras su inasistencia a la audiencia celebrada en Santa Cruz, vanos fueron los intentos para tomar contacto con esa autoridad, de la cual se desconoce su actual paradero.

Marcelo Soza desaparece del escenario en su lugar Iván Ortiz designado por el Ministerio Público para continuar la labor en el caso Rózsa en S.C.

El fiscal Marcelo Soza, principal promotor en la investigación del caso Rózsa, no se presentó ayer a la reinstalación del juicio en Santa Cruz y en su lugar designaron a Iván Ortiz Tristán.

Iván Ortiz designado por el Fiscal General en caso Rózsa en SC

Ese hecho provocó el aumento de rumores sobre la renuncia de Soza, situación que no pudo ser confirmada ni desvirtuada por las autoridades.

“Presento este memorial de designación”, dijo Iván Ortiz al reinicio de la audiencia alrededor de las 16 horas, sin dar mayores explicaciones.

El fiscal Sergio Céspedes, compañero de Soza en el caso, dijo que desconocía qué sucedió con éste, mientras que Paola Barriga, representante del Ministerio de Gobierno en el jucio, señaló que la Fiscalía es independiente y por eso no conoce por qué Soza no estuvo en la audiencia.

El caso continuará. Céspedes y Barriga afirmaron que la ausencia de Soza no significa que el juicio quede paralizado o se cierre, pues en el caso del Ministerio Público cualquier fiscal puede continuar con las acusaciones hasta llegar a la sentencia.

En La Paz el abogado de Marcelo Soza, Moisés Ponce no pudo ser ubicado por este medio y no contestó a su celular.

El fiscal Soza había sido acusado de estar en una conversación con supuestos integrantes de la supuesta red de extorsión del caso Ostreicher y también había aparecido en unas fotografías entregadas por la senadora opositora Carmen Eva Gonzales.'Es una pena que abandone el caso, debe terminarlo y quedar en ridículo porque no podrá probar nada', dijo Otto Ritter, abogado defensor.

Incidentes. Durante la jornada de ayer, uno de los 39 imputados, el ex dirigente cívico, Alberto Melgar se quejó porque la abogada del Ministerio de Gobierno, Paola Barriga en declaraciones formuladas en La Paz dijo la palabra terroristas para referirse a los involucrados en el caso.

El presidente del tribunal, Sixto Fernández señaló que se debe guardar el principio de presunción de la inocencia.

Al final, el tribunal decidió tomarse hasta el jueves a las 18 horas para analizar los incidentes presentados por las partes.