dos grandes cadenas de TV, el famoso actor Sean Penn, ministros, fiscales (Uribe y Guerrero) DDHH y todos los medios estarán en la Corte para la Audiencia de si conceden o no libertad a Ostreicher injustamente encarcelado durante 18 meses en Palmasola

Ultima hora. Sean Penn el laureado actor de Hollywood está presente en la audiencia para pedir cesasión de encierro de Jacob Ostreicher que tiene lugar en el Palacio de Justicia de la Corte o Tribunal de Justicia Departamental.

En la clínica Incor donde se encuentra celosamente custodiado e internado el estadounidense Jacob Ostreicher por lo menos dos cadenas internacionales que han llegado a Santa Cruz pretenden entrevistar al hombre que destapó la existencia de una presunta red de extorsión en dos ministerios mientras que el teléfono de su abogado, Yimmy Montaño, en el edificio Milenium, frente al Palacio de Justicia, no deja de sonar, por la expectativa que ha desatado la audiencia de cesación a la detención que ha planteado el imputado de legitimación de ganancias ilícitas. Y a eso se suma el arribo del actor Sean Penn, a abogar por su amigo, en una historia que puede verse también como el libreto de una película de cine.

Jimmy Montaño uno de los abogados de Jacob que lo defiende ante la Justicia

El actor estadounidense estuvo ayer en La Paz, participando de un acto por la salud del presidente venezolano, Hugo Chávez. Antes estuvo el 7 de noviembre cuando se entrevistó con el presidente Evo Morales y luego con el ministro de Gobierno, Carlos Romero, para comentarle sobre el pedido de 50 mil dólares que le plantearan presuntamente los abogados vinculados a la red de extorsión, a cambio de dejarlo en libertad y que se olvide de sus inversiones de 27 millones de dólares.

La audiencia. Será a las 8:40, en la que el empresario planteará la revisión de la orden de detención ordenada por la juez Eneas Gentile, hace 1 año y medio. Los vocales Sigfrido Soleto y Edgar Carrasco serán los magistrados que conocerán el caso.

El fiscal de distrito de Santa Cruz, Henry Herrera, anunció anoche, luego de una reunión con el fiscal general, Ramiro Guerrero, que mantendrá el pedido de detención en la investigación por legitimación de ganancias y que dejará en manos de los magistrados cualquier determinación.

Pruebas. El abogado Montaño comunicó que hoy presentarán un informe de la policía suiza que revela que los 27 millones de dólares que llegaron desde Ginebra fueron abonados por el abogado André Zolty, socio de Ostreicher, por medio de cuentas bancarias y que no tienen relación con el traficante brasileño Maximiliano Dorado, actualmente preso y con quien lo relacionan.

Los  personajes en este caso

Jacob Ostreicher Empresario judío norteamericano que está detenido hace 18 meses acusado de legitimación de ganancias ilícitas. Tiene detención y está internado en la clínica Incor de Santa Cruz.

Sean Penn. Es un actor y director estadounidense  ganador de dos premios Óscar, que llegó a Bolivia en dos oportunidades. Una de ellas fue para abogar por su amigo Jacob Ostreicher.

Maximiliano Dorado. Es un traficante brasileño, detenido en Santa Cruz. Tenía relaciones sentimentales con  Claudia Liliana Rodríguez, la gerente del proyecto de Ostreicher y Zolty  en Bolivia.

Transparencia Internacional nos da el tercero de los peores, otras encuestas sitúan mal a Bolivia mientras en el interior el Vice se encarga de "los cantos de sirena" puro bluff. cuento. distracción. la realidad es otra difícil de enmascarar. El Deber en su nuvo look

Los últimos acontecimientos referidos a la corrupción de algunos funcionarios del Gobierno en la manipulación de la justicia vienen a conocerse cuando la imagen del país ya estaba muy deteriorada en el exterior. Respecto de la situación económica, organizaciones internacionales han hecho saber en los últimos días informes que dejan la fama de Bolivia con una mala nota.
Las notas positivas sobre la economía nacional que habían producido algunas calificadoras de riesgo en octubre tenían alguna falla, a juzgar por los indicadores que surgieron luego.
Algunos analistas económicos deslizaron la sospecha de que aquellas notas altas de los calificadores pudieron ser parte del acuerdo para la colocación de los bonos soberanos que esas mismas empresas debían ayudar a vender. De todos modos, esas calificaciones hicieron, aunque sea por unos días, que los bolivianos piensen que las cosas no estaban tan mal como parecían, que la economía no estaba reposando exclusivamente en ingresos ilegales ni en cotizaciones inusualmente altas de las materias primas.

Pero luego llegaron indicadores reales de la economía que mostraron una situación similar, o peor, a la que se daba antes de las buenas notas concedidas por las calificadoras. Transparencia Internacional entregó su último informe en medio del escándalo del caso Ostreicher, dando a Bolivia una muy mala calificación. El indicador más preciso quizá sea el referido a las inversiones extranjeras. Si hay o no confianza en Bolivia en el exterior, lo dicen los inversionistas. Ser el tercer peor país para las inversiones en Latinoamérica es preocupante. Así como llegan inmigrantes europeos a esta región del mundo trayendo ganas de trabajar, algunos de ellos, pero también trayendo sus ahorros, los otros, así los países del continente americano saben que deben competir entre ellos para atraer a esos inmigrantes.

Será más difícil todavía esperar que lleguen extranjeros que quieran invertir si saben que en este momento están tomadas por la fuerza tierras agrícolas en producción, minas en explotación, cementeras y fábricas textiles. Y –esto es lo peor– es difícil que vengan a un país donde saben que uno de los últimos inversionistas que se atrevieron a llegar está preso, en calidad de rehén, de un grupo de abogados que trabajaban para el Gobierno.

El presidente Evo Morales ha dicho que todos estos corruptos son unos infiltrados que se proponían destruir la imagen de su Gobierno. Sería aconsejable que se ponga el mayor esfuerzo a la tarea de esclarecer las cosas para contrarrestar todo el daño que han hecho los infiltrados, que no son solo los que ahora están presos, sino muchos más.

por segunda vez por la segunda causa Gómez enviado a Palmasola. 4 horas duró la audiencia y el Juez Instructor Subieta ordenó formalmente su detención preventiva. abatido, deshecho lució el ex-poderoso fiscal que gobernó varios años en SC y LP

La audiencia del ex fiscal Gómez duró cuatro horas donde alegó inocencia y pidió pruebas de obtenido beneficio económico en la presunta extorsión a Ostreicher, quien está internado en la clínica Incor, de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra.

El juez Subieta determinó el traslado del ex fiscal Isabelino Gómez al penal de Palmasola donde ya están los abogados Fernando Rivera Tardio y Dennis Rodas Limachi que eran apoderados legales del Ministerio de Gobierno. Además de Gustavo Wagner Céspedes que era hombre de confianza de Rivera.

También está preso por el "caso Ostreicher" José Manuel Antezana que era director de Gestión Pública del Ministerio de la Presidencia.
Sobre el ex fiscal Isabelino Gómez ya existe una orden de detención emitida el miércoles la jueza Valeria Salas por indicios de extorsión, acción legal que planteó Crescencio Pinto.

Pinto, preso en Palmasola por violación sexual y trata de personas, demandó al ex fiscal Isabelino Gómez por extorsión. El abogado de Pinto sostuvo que la ex autoridad pretendía el pago de 500.000 dólares y una vagoneta para la cesación de libertad.

Isabelino Gómez saltó a la notoriedad por el caso Catler Uniservice que llegó a la cárcel en 2009 al entonces presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Santos Ramírez, quien está preso en la cárcel paceña de San Pedro.

Gómez fue Fiscal del Distrito de Santa Cruz desde hasta noviembre pasado. También tiene en su contra acusaciones legales por uso indebido de influencias, incumplimiento de deberes, desobediencia a resoluciones judiciales, cohecho y extorsión.

El ex fiscal fue detenido el lunes en la ciudad de Sucre, enmanillado fue trasladado a Santa Cruz de la Sierra, y tras dos días de audiencia de medidas cautelares se ordenó este miércoles su detención preventiva en la cárcel de Palmasola.

Carlos Cordero Carrafa nos plantea "la cultura de la extorsión" como algo adherido al alma boliviana. analiza la conducta de funcionarios en altos puestos de confianza convertidos en extorsionadores para su provecho propio?

No somos un país de corruptos, en cambio sí somos un país donde la extorsión se campea a sus anchas desde tiempos inmemoriales. El escándalo de la red de extorsión, asociada a los ministerios de la Presidencia y de Gobierno, es la muestra fehaciente de la existencia de una cultura de la extorsión que estuvo siempre del lado del poder y que en el tiempo del Estado Plurinacional se ha exacerbado.

Los testimonios de ciudadanos, víctimas de alguna forma de extorsión por parte de funcionarios o servidores públicos, sería literalmente interminable. No solo tenemos un Estado pobre que destila ineficiencia sino que además funciona gracias a la extorsión. Somos una sociedad, cuesta admitirlo, que vive atemorizada por la posibilidad de caer en manos de un bufete de abogados que nos lleve por los kafkianos pasillos de los tribunales de justicia, padeciendo pleitos indescifrables. Laberinto del cual es posible salir cediendo a la violencia del chantaje o la extorsión. Pues quien tiene una minúscula cuota de poder que le otorga el Estado, como funcionario o servidor público, se vale de ello para beneficiarse y perjudicar al que no paga la tarifa, la cuota o la coima.

La extorsión en el ámbito de la justicia se ha convertido en un moderno leviatán, el monstruo bíblico que vivía en el mar. En la actualidad este detestable monstruo, de múltiples cabezas y mañas, está devorando las entrañas, tanto de la revolución democrática y cultural como del Estado Plurinacional.

El MAS y el presidente Morales llegaron al poder gracias al argumento de que iban a reformar el Estado luchando contra la corrupción. Después de dos gestiones constitucionales, se ha cambiado el nombre del Estado, tenemos una nueva CPE, se ha creado un ministerio de lucha contra la corrupción y todo está peor que antes. La persecución política se ha disfrazado de aplicación de justicia y lucha contra la corrupción. La extorsión por medio de funcionarios públicos ha sustituido a los viejos organismos de represión del tiempo de las dictaduras.

Los ciudadanos estamos francamente decepcionados de que las autoridades gubernamentales hayan sido tolerantes con la cultura de la extorsión que medraba en sus narices.Carlos Corde

Los Tiempos y sin duda otros grandes medios consideran que el proyecto de Seguro para Periodistas significa un nuevo, honeroso impuesto para los medios que lejos de favorecer a los comunicadores les significará despidos, cierre de fuentes, una rebaja de sus reales beneficios profesionales. faltó mayor estudio y consentuarla mejor

En fin, en estos tiempos de extorsión, estamos a punto de que se promulgue una norma que es eminentemente extorsiva

La Cámara de Diputados sancionó la noche del lunes el proyecto de Ley de Seguro Privado de Vida e Invalidez Permanente por Accidentes, Enfermedades en General u otras Causas para Trabajadores de la Prensa de Bolivia. De nada han valido los argumentos que los diferentes gremios del periodismo interpusieron ante las autoridades de los órganos Ejecutivo y Legislativo demostrando que dicho proyecto es inconstitucional y que más que favorecer a los trabajadores de la prensa, puede afectarlos porque significa en los hechos la imposición de un nuevo impuesto.

Es que no sólo que quienes han promovido este proyecto han mentido descaradamente respecto a sus objetivos y las bases que lo sustentan, como se demostró fehacientemente en la Cámara de Senadores, sino que, en el fondo, y como lo hemos sostenido desde que el malhadado proyecto ingresó en la agenda pública, se pudo observar en él que su objetivo central no es tanto beneficiar a los trabajadores de la prensa cuanto acosar a los medios independientes y contar con recursos extraordinarios, que fácilmente podrán ser destinados a campañas políticas de dudosa legitimidad.

Resumiendo, los medios privados deberán aportar el 1 por ciento (los llamados comunitarios sólo el 0,25) de sus ingresos mensuales al fondo, y la administración de estos recursos, salvo que se haya incluido algún cambio en la redacción final, estará en manos de un comité conformado por tres representantes del Estado, un representante de los propietarios de medios de comunicación, y un representante de la Confederación de Trabajadores de la Prensa.

Esto significa que será el Estado el que tendrá la capacidad de definir el destino de los fondos remanentes una vez pagado el seguro, y no hay por qué no creer que podrían incluso aportar a campañas propagandísticas, si nos atenemos, por ejemplo, a los spots publicitarios elaborados por el Ministerio de Comunicaciones en los que niños agradecen al presidente Evo Morales por el pago del Bono Juancito Pinto, como si éste fuera financiado por sus propios recursos y del Estado.

Las susceptibilidades han crecido también por la campaña que se ha desplegado para que, contra viento y marea e incluso mintiendo descaradamente, el proyecto sea aprobado y una vez sancionado se puede presumir que su promulgación es cuestión de horas. Lo que queda, y es probable que así actúen las organizaciones del gremio, es recurrir al Tribunal Constitucional demandado la inconstitucionalidad de esta norma.

Desde otro enfoque es de lamentar que sea desde el Órgano Ejecutivo que se ponga en duda la eficacia de la acción estatal. Al promover este seguro privado, se cuestiona la eficacia de los servicios que el Estado debe proporcionar a la ciudadanía. Es no más reconocer que el seguro médico y las AFP, que velan por la seguridad social de todos los trabajadores y empleados del país no funcionan, ni los aparatos llamados por ley pueden garantizar la seguridad ciudadana. Y como no lo hacen, se dispone recurrir a un seguro privado contradiciendo, además, el discurso estatista predominante en las autoridades del Gobierno.

En fin, en estos tiempos de extorsión, estamos a punto de que se promulgue una norma que es eminentemente extorsiva. Así de sencillo.

Brasil tiene el liderazgo natural en América Latina, su vecindad con Bolivia determina cierta conducta sine qua non no funciona la integración. además el Gobierno está conminado a resolver la devolución de vehículos robados y tierras motivo de conflicto en las fronteras (El Día)

El Gobierno boliviano ha hecho lo que Brasil intenta que hagan todos los países de América del Sur, es decir, alinearse en la dirección de su liderazgo, que en este momento pasa por el contexto del Mercosur, una instancia que ha perdido su horizonte económico, pero que se ha convertido en un  núcleo político de convergencia regional bajo la batuta de Itamaraty, que ha recuperado importantes posiciones tras el declive de Hugo Chávez y el desmoronamiento de las iniciativas de integración creadas bajo su influencia, especialmente el ALBA y Unasur.

El régimen nacional ha buscado la forma cómo superar el momento difícil por el que atraviesan las relaciones bilaterales, fisuradas desde el ultraje a Petrobras en el 2006 y mucho más afectadas luego de que Brasilia decidió hace seis meses concederle refugio político al más aguerrido de los opositores de la administración Morales, el senador Róger Pinto, quien espera en la embajada brasileña en La Paz, la entrega de un salvoconducto para trasladarse al vecino país. A esto hay que agregarle también la molestia que existe en el gobierno de Dilma Rousseff por las constantes reticencias de Bolivia a mejorar la cooperación en la lucha contra el narcotráfico, un tema en el que los brasileños acaban de adoptar una posición muy firme.

Pese a que, como se mencionó, Bolivia ha lanzado dulces para los oídos brasileños, aún a costa de poner en peligro el comercio exterior boliviano, que depende en gran medida de la Comunidad Andina, Brasil acaba de lanzarle una respuesta que las autoridades nacionales no esperaban, al menos no con la rispidez con la que se ha pronunciado la embajada brasileña en La Paz.

El vocero de la representación diplomática, Eduardo Pases Saboia, dijo que el ingreso de Bolivia al Mercosur es importante para la integración, pero desde el punto de vista de su país, antes se deben resolver temas muy importantes y que han estado entorpeciendo las relaciones de buena vecindad no solo con Brasil sino con otros países de la región, que además son socios del bloque comercial.

Pases Saboia citó varios puntos de una espinosa agenda que ha provocado tensiones, entre ellos, las tomas de tierras, el robo de vehículos y el narcotráfico. En tono de queja, el representante dijo, en relación al conflicto por los autos “chutos” que “el Gobierno boliviano se comprometió a devolver los vehículos recuperados, pero hasta ahora nada”. También indicó que durante los últimos meses, los agricultores brasileños que han hecho importantes inversiones en el departamento de Santa Cruz, han sido blanco de avasallamientos de sus tierras y deben soportar inseguridad jurídica que pone en peligro actividades productivas. Se sabe que la embajada brasileña  ha estado haciéndole un seguimiento muy cercano a estos casos y en este sentido, se han producido quejas sobre una supuesta permisividad de las autoridades nacionales con los invasores de las haciendas.

El diplomático ha dicho que si no se resuelven estos aspectos, podría ocurrir lo mismo que Venezuela, que pasó varios años hasta que pudo incorporarse al bloque. “Tenemos que llevarnos bien, pero hay que hacer un sinceramiento y enfrentar los problemas, no ponerlos debajo de la alfombra”, dijo Pases Saboia, en una clara alusión a las motivaciones políticas que se esconden detrás del pedido boliviano de ingreso al Mercosur. Esta posición pone en aprietos a Gobierno nacional, cuya misión es redoblar sus esfuerzos por combatir el crimen organizado, sobre todo después de constatar que éste también se ha enquistado dentro del propio régimen.

Brasil le dice a Bolivia que antes de pensar en la integración dentro del Mercosur, debe resolver temas importantes como el robo de vehículos y las tomas de tierra que generan conflictos a nivel regional.

El Deber dice basta de hechos de naturaleza criminal en que se incuban fortunas a espaldas de un pueblo impotente cuando se refiere al cas Ostreicher de corrupción extrema

El caso del ciudadano estadounidense Jacob Ostreicher ha destapado una red de corrupción cuyos alcances no terminan aún de conocerse. Muy penoso lo sucedido, sobre todo por el daño  casi irreparable  propinado a la imagen internacional boliviana y por ocurrir, además, en el seno de una administración que prometió solemnemente desde el inicio de su gestión  (2006) “corrupción cero”. Está visto  -penosamente- que sí han habido muchos ceros, pero a la derecha, como se colige por los millones de dólares que han sido delincuencialmente apropiados en este caso, como también por anteriores escándalos  no menos millonarios y que siguen salpicando al Gobierno de Evo Morales. 
Cabe esperar que las autoridades ejerzan de una buena vez acciones con la dureza y rigor que este triste caso de Ostreicher impone, caiga quien caiga y hasta que se aclare totalmente. De la misma manera, otros asuntos pendientes  que involucran hechos ilícitos deben ser tramitados con idéntica urgencia. Caso contrario, la corrupción seguirá agregando nefastos ceros a su favor.
En el caso de los bienes incautados, cabe resaltar que la corruptela no es de ahora. Viene desde hace muchos años y con distintos gobiernos. En lugar de que esos bienes incautados sean debidamente cuidados y protegidos,  como lo estipula con claridad la ley, se han ido convirtiendo en el festín de turno de funcionarios ladrones e  inescrupulosos. La normativa acerca de los bienes incautados siempre ha sido muy clara, pero  también siempre se la ha incumplido. Los bienes incautados a cualquier sospechoso de actividades vinculadas con el narcotráfico tienen que ser inventariados y puestos en custodia del Estado  mediante el organismo gubernamental  a cargo, hasta tanto se concluya la investigación correspondiente y termine el proceso judicial. Al dictarse sentencia ejecutoriada, si el acusado es declarado inocente, se le debe devolver la totalidad de los bienes incautados exactamente en la misma  cantidad y calidad de cuando se hizo la incautación. Si, por el contrario, el acusado es declarado culpable, entonces esos bienes incautados serán confiscados  definitivamente y pasan a ser de dominio del Estado, quien mediante normas al respecto dispondrá de ellos para diversos usos o necesidades públicas. Todo muy bien  aclarado y la letra de la normativa así lo expresa, pero  he aquí que la realidad ha sido muy diferente. Cada vez que se han incautado bienes, estos casi siempre han “desaparecido” o fueron alevosamente distribuidos, utilizados, malversados, desgastados, inutilizados, etc. La lista de tropelías es larga, cada tanto la crónica periodística ha ido reflejando diversos hechos de oprobio con respecto al mal uso de los bienes incautados.
Esta vergonzosa situación anómala -que ha involucrado durante largos años  a muchos funcionarios de la Dirección de Bienes Incautados en complicidad con otras áreas administrativas estatales- tiene que alterarse drásticamente y para bien. El camino inicial para ello es la aplicación con dureza de sanciones ejemplares que sirvan de escarmiento, para evitar así  la gravosa continuidad de estos alevosos actos que tanto perjudican la imagen del Estado boliviano, al mismo tiempo que incuban oscuras fortunas  a espaldas y a costillas de un pueblo que mira impotente estos zafarranchos de franca naturaleza criminal. ¡Basta ya!