Albarracín y Vilela vinculados a los DDHH señalan que Evo se equivocó en la forma de encarar Caranavi. (L.T.)

El asesinato de dos jóvenes y la casi treintena de heridos en la norteña localidad de Caranavi que dejó el pasado viernes la intervención policial a los puntos de bloqueo en la carretera que vincula esa población con La Paz, inhabilitan al presidente Evo Morales para postularse al Premio Nobel de la Paz, galardón que es codiciado por el gobernante desde su época de dirigente sindical.

Esta afirmación corresponde a los activistas de derechos humanos Waldo Albarracín, ex Defensor del Pueblo; y Guillermo Vilela, actual presidente del Observatorio de Derechos Humanos y Políticas Sociales, quienes coincidieron en señalar que Morales y sus colaboradores se equivocaron en la forma en cómo encararon el conflicto que generó la instalación de una planta procesadora de cítricos en el norte tropical paceño.

Vilela, en declaraciones a la Red Erbol, lamentó que la administración de Evo Morales, caracterizada por ser un régimen popular, esté cometiendo los mismos errores de los gobiernos neoliberales del pasado a quienes constantemente criticó por su accionar violento, autoritario y fascista.

“Cuando se dan muertos contra sus propios hermanos, no estamos hablando de la oposición derechista o reaccionarios combatiendo al gobierno de Evo Morales, sino una protesta de sectores sociales que en criterio de ellos pueden ser reivindicaciones justas, (pero) han sido reprimidos como en anteriores épocas”, declaró.

Aseguró que lo ocurrido la anterior semana en Caranavi no sólo perjudica sino que inhabilita la posible candidatura del primer mandatario del Estado, y recomendó a quienes lo quieren postular al Premio Nobel de la Paz, examinen este aspecto y a partir de ello tomar una determinación.

Vilela recordó que el aspirante al galardón instituido por el inventor e industrial sueco Alfred Nobel, es quien promueve la paz a pesar de las provocaciones o de cualquier afrenta, siendo su misión solucionar los conflictos por la vía del diálogo, a tiempo de recordar que no hay nada que justifique la pérdida de un ser humano.

Durante la intervención policial del pasado viernes a los puntos de bloqueo en la carretera a Caranavi, ordenada por el gobierno, falleció un adolescente de 16 años, David Callisaya Mamani, y posteriormente se conoció del deceso de Fidel Mario Hernany Jiménez (19), ocurrido la madrugada del domingo en el Hospital de Clínicas después de permanecer por dos días con un diagnóstico reservado a consecuencia de una herida de bala en su cabeza.

CONSULTA POPULAR

En la misma línea, el ex Defensor del Pueblo, Waldo Albarracín, afirmó que es impertinente después de lo ocurrido la semana pasada que Morales sea postulado al Premio Nobel de La Paz y recomendó promover una consulta popular para que sea la población la que defina en las urnas el perfil que debe tener el aspirante a dicho galardón internacional.

“En todo caso no son figuras políticas, independientemente de los acontecimientos de Caranavi donde se han suscitado hechos de sangre debido al autoritarismo, a la intolerancia y a la soberbia de las autoridades gubernamentales, yo creo que, por otros factores más, no corresponde esa postulación (de Evo Morales) por lo menos para el tipo de premio que se busca. Se supone que el perfil de la persona tiene que estar orientado fundamentalmente a la construcción de la paz y no al incentivo de la violencia”, puntualizó.

Albarracín aseveró que la postulación que promueven los seguidores de Morales, incluso el propio mandatario, está basada en un interés político que no le favorece en absoluto al país sino única y exclusivamente al gubernamental Movimiento Al Socialismo (MAS).

“Los que se postulan a Premio Nobel de la Paz se han caracterizado por acciones a favor de la paz, no a favor de la violencia, de tal manera yo creo que de origen la postulación es impertinente porque en el mundo en general, incluso en el país, son las mujeres o varones que tienen una trayectoria meritoria a favor de la paz (los que deben postularse)”, remarcó.

ANTECEDENTES

Sería la segunda vez que Evo Morales es postulado al Premio Nobel de la Paz. La primera ocasión se dio en 2007, cuando la Confederación Quechua de Ecuador, agrupados en la ECUARUNARI, hizo oficial su respaldo absoluto a la candidatura del gobernante boliviano. Ese mismo año la coalición política española Izquierda Unida también expresó su completo apoyo a su nominación.

A su vez, el presidente de la Sociedad Boliviana de Escritores Néstor Taboada Terán envió una carta a la Fundación Nobel para solicitar que se le otorgue el galardón de la Paz, bajo el argumento de que la vida de Morales se caracterizó por defender a los pobres y ser el “portaestandarte de la resistencia anticolonialista”.

El 24 de abril la Asamblea Legislativa boliviana, de mayoría oficialista, pidió a la Cancillería del país iniciar una campaña de apoyo para Evo Morales por sus contribuciones en defensa de los derechos de la Tierra, tras la conferencia climática realizada en la población de Tiquipaya, a 15 kilómetros de la ciudad de Cochabamba.

El evento, cuya organización le costó al Estado cerca de 10 millones de bolivianos, sirvió de plataforma para que el presidente Morales se muestre como un defensor del planeta Tierra y así obtener los méritos para acceder al codiciado galardón, coincidieron en afirmar políticos de la oposición.

PREMIO NOBEL

El Premio Nobel de la Paz es uno de los cinco Premios Nobel que fueron instituidos por el inventor e industrial sueco Alfred Nobel. Este premio se otorga “a la persona que haya trabajado más o mejor en favor de la fraternidad entre las naciones, la abolición o reducción de los ejércitos existentes y la celebración y promoción de procesos de paz”, según el testamento del propio Nobel. Mientras que la entrega de los restantes Premios Nobel se lleva a cabo en Estocolmo, la capital de Suecia, este premio se entrega en Oslo, la capital de Noruega por el Comité Nobel Noruego del Parlamento Noruego.

El Premio Nobel de la Paz ha sido otorgado a 95 personas y a 20 organizaciones desde su creación en 1901. El Comité Internacional de la Cruz Roja lo ha recibido en tres ocasiones, en 1917, 1944 y 1963; la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, en 1954 y 1981.

No fue otorgado durante los principales años de las guerras mundiales. Ya en el siglo XXI (2009) el premio está dotado con 10 millones de coronas suecas. El último en recibir el galardón fue el presidente Barack Obama, en diciembre del año pasado.

la dicotomía entre el MAS y los movimientos sociales es un hecho. están enfrentados. los ánimos están crispados

Queda cada vez más claro que el Gobierno y algunos movimientos sociales están distanciados y en ciertos casos enfrentados. Lo que llama la atención es que, como en otros casos, algunos exponentes del Órgano Ejecutivo vuelvan al viejo y fácil argumento de atribuir a otros los problemas intestinos del oficialismo.

A fines de abril, un titular de La Prensa sostenía que se enfría el idilio entre el presidente Evo Morales y los sindicatos; los hechos acontecidos desde principios de abril revelan una relación cada vez más accidentada entre los protagonistas de ambos ejes políticos, como una reacción confusa del Gobierno que, desde 2006, se sostuvo en los movimientos sociales y, claro, las instituciones armadas del país.

La votación para alcaldes en municipios del occidente del país ha sido la primera señal de que los factores disidentes u opositores al proceso de cambio no se encuentran en la extinta media luna ni en los grupos políticos tradicionales. Por el contrario, el triunfo de candidatos no masistas en Achacachi, Corocoro, La Paz u Oruro puso en evidencia la emergencia de liderazgos y agrupaciones políticas al margen del Movimiento Al Socialismo.

Luego, el paro de 24 horas convocado por la COB, el ataque de los fabriles al Ministerio de Trabajo, la huelga general indefinida por un mejor incremento salarial o los fatídicos hechos del 7 y 8 de mayo en Caranavi pintan un escenario político alterado y modificado, por razones poco conocidas y relacionadas con la actuación de los hombres más influyentes en torno al Jefe de Estado, en el gabinete de ministros, en el Congreso Nacional como en el Conalcam. ¿Por qué será que algunos dirigentes que piden cambios a ciertas medidas del Gobierno cuestionan la actuación del entorno presidencial?

Ese distanciamiento ha llegado a su primer pico, con un lamentable y doloroso resultado en Caranavi, donde el diálogo reivindicado por la revolución democrática y cultural no ha sido usado y mucho menos agotado y, por el contrario, se ha puesto en marcha un operativo policial muy complejo, pero ordenado con alarmante facilidad.

Han retornado los síntomas de la conflictividad características del occidente del país. Aún no se conoce si estas señales provienen de un problema profundo o de demandas estructurales. O, por el contrario, son consecuencia de pequeñas disputas. Como fuere, el Gobierno debe demostrar su capacidad de diálogo y concertación con todos y cada uno de los sectores sociales.

Sin embargo, como ha ocurrido con los gobiernos del pasado, el actual echa mano de argumentos viejos pero eficaces para ocultar problemas internos: denunciar conspiraciones políticas e internacionales. Falta poco para que los sindicalistas que demandan un incremento salarial, que exigen mercado para productos de exportación, una planta de cítricos o demandan respeto a las autonomías sean vinculados al grupo del extinto mercenario Eduardo Rózsa Flores. En otras palabras, diálogo y gestión, en lugar de victimizarse. (Editorial de La Prensa de La Paz)

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en el Día del Periodista, La Prensa destaca que después de la Iglesia los medios gozan de la confianza popular

El Día del Periodista que se celebra este 10 de mayo encuentra a la prensa nacional fortalecida por el respaldo de la sociedad, que la ha puesto en el segundo lugar de su confianza después de la Iglesia Católica.

Ese reconocimiento constituye un motivo de satisfacción en esta fecha en que los periodistas celebran su aniversario y que encuentra a la prensa acosada por quienes quieren no sólo acallarla, sino ponerla al servicio de sus intereses ideológico políticos.

El periodismo boliviano ha experimentado en los últimos años el mayor acoso y represión que se recuerde en democracia.

Es cierto que en el pasado hubo intentos de otros ostentadores del poder político de imponer leyes para silenciar al periodismo, que siempre fue y será un servidor de la sociedad sin importar quiénes se encuentren al mando de la nación. Pero también hay la convicción de que ahora o mañana habrá pretensiones de conculcar la libertad de prensa y esconder bajo la alfombra la basura de malas gestiones o hechos irregulares.

Quienes piensen así deberán estar conscientes de que la libertad de expresión, en la que está inmersa la de prensa, es el derecho fundamental que garantiza la vigencia de un sistema democrático. Deben comprender que sin plena libertad de prensa, no habrá democracia por mucho que pregonen su vocación democrática a los cuatro vientos.

La libertad de expresión y de prensa es sinónimo de democracia, y ésta hay que preservarla porque es, con todas sus deficiencias, el mejor sistema descubierto para una convivencia civilizada y pacífica. Por ello, los organismos internacionales no sólo la inscribieron en las declaraciones universal y regional de los derechos humanos, sino que buscan profundizarla.

Para ello han acordado y los Estados se han comprometido a despenalizar los delitos de prensa de desacato y calumnia contra funcionarios públicos y a dictar leyes que hagan efectivo, y con un mínimo de restricciones, el acceso a la información pública.

Existen funcionarios públicos en diversas partes del mundo que, con el pretexto de preservar su intimidad, quieren esconder hechos que dañan al Estado y de esa forma quedar impunes.

El tener una ley de acceso a la información es una obligación que se han impuesto a sí mismos los Estados al refrendar aquellas normas internacionales de lucha contra la corrupción. Se considera que ella facilitará el descubrimiento de actos irregulares de aquellos funcionarios que usan el poder para beneficio propio o de sus intereses particulares.

Bolivia es uno de esos Estados, pero que no ha incumplido hasta ahora su compromiso. Los periodistas bolivianos exigen en este día una ley, con las menores excepciones, que facilite la tarea investigativa y así cumplir más eficientemente con la misión de fiscalizar al Estado.

Al cumplirse el Día del Periodista, La Prensa rinde su homenaje a sus periodistas y a todos quienes están realizando esta tarea en otros medios sin importarles las agresiones físicas o verbales y sin fijarse en los riesgos que corren, con tal servir honestamente a esa sociedad que confía en ellos más que en muchas otras organizaciones, incluyendo al Gobierno.

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sin respeto a la propiedad privada sobrevendría el caos. existen violaciones a la propiedad privada que no se castigan. es una forma de alentarlas

Poner freno a los abusos

Editorial de El Dia de SC

Finalmente los avasalladores de la propiedad privada abandonaron –a regañadientes- los predios del ingenio azucarero San Aurelio. Se espera que sea de forma definitiva y no se vuelva a tener a los “loteadores” intentando otra vez romper la ley. Conviene tener presente que ha sido necesaria la presencia disuasiva de las fuerzas del orden para que se cumpla en el acto una orden judicial de desalojo que ha tardado más de lo previsto. Justamente esta lentitud de acción policial, atribuida a los trámites de rigor, ha sido uno de los factores que ha proporcionado las condiciones para que se desencadene la violencia. Sin orden ni autoridad, esto era previsible. Siendo así, no se debe permitir que estos hechos se repitan.
Y ahí, justamente, está la gran duda de la ciudadanía. ¿Hasta qué punto se puede asegurar que no se darán nuevos casos de avasallamiento a la propiedad privada? Todavía más, cumplido el término de diez días que la orden judicial señala para que las fuerzas policiales permanezcan en custodia del ingenio San Aurelio: ¿Volverán los “loteadores? ¿Se les permitirá asentarse otra vez mientras se tramita una nueva orden judicial de desalojo? ¿O la Policía saldrá de oficio en defensa de la propiedad privada en estricto cumplimiento del resguardo del orden tal como reza la Constitución, al solo grito –auténtico- de auxilio?
Lo que la gente quiere es que se le respeten sus bienes. Con mayor razón aquellos que les ha costado esfuerzos, tiempo, dinero y sacrificios. Para ello tiene que confiar en que se aplicará la fuerza y los principios de la ley, sin mayores trámites. La opinión pública considera que ya es hora de poner freno a tanto abuso. Ya es tiempo que se termine la inseguridad ciudadana mediante la acción consciente y organizada de las autoridades para proteger a la población. Los “loteadores” son simplemente transgresores de la ley que no pueden quedar impunes. No es posible que en nombre de la pobreza o la falta de vivienda se despoje a otros de sus bienes. Para ello están los planes de vivienda ediles o nacionales.
Para frenar tanta insolencia e irritante desparpajo para violentar las normas legales, del que han hecho gala los denominados “sin lote” y otros aprovechados, hace falta que se aplique el principio de autoridad. La justicia, la aplicación de las sanciones que la ley dispone para quienes atropellan la propiedad privada tiene que ser dura y pronta. Se sabe quiénes son y dónde están. Por ello, corresponde que las autoridades pongan en marcha no sólo medidas preventivas, que buena falta hacen, sino que ordenen las medidas disuasivas y punitivas cuando haga falta y de la manera más rápida posible. De lo contrario, no sólo que se cultiva un ambiente de impunidad y violencia sino que las consecuencias se hacen imprevisibles.
El desalojo de los terrenos del ingenio azucarero San Aurelio alienta esperanzas de respeto a la propiedad privada, aunque las certezas no se han dado todavía con la fuerza que deberían, porque existen amenazas de retorno de los avasalladores. Está bien que se haya impuesto el derecho propietario por sobre los intentos de despojo. Sin embargo, hace falta que se den mayores seguridades sobre este asunto. La ciudadanía ha llegado a un límite crítico de confianza donde, sobrepasado el mismo, comenzará a hacerse justicia por sí misma, en defensa de lo suyo y a pesar del marco legal que no se aplica como corresponde y cuando se debe, lamentablemente.

Debe respetarse la propiedad privada. No es posible que en nombre de la pobreza o la falta de vivienda se despoje a otros de sus bienes.

MIENTRAS "EVO TURISTEA POR EL MUNDO" DESPUES DE NUEVA YORK A MADRID Y ESCANDINAVIA MUERTOS Y CONTUSOS EN BOLIVIA

El secretario ejecutivo de la Federación Agro Ecologías de las Comunidades de Alto Beni (FAECAB), Cerapio Marco Condori, informó que a causa del bloqueo en Caranavi falleció ayer el subalcalde del Distrito Popoy Alto Beni, Pedro Fernández, quien tenía que ser trasladado a La Paz para recibir atención médica especializada.

El dirigente, en declaraciones al Periódico Digital Erbol, indicó que el subalcalde Fernández debía ser transferido de emergencia a laciudad de La Paz; sin embargo, la falta de combustible para la ambulancia y los bloqueos que se registran en Caranavi impidieron su trasládalo y falleció en el Hospital General de la región.

“Los médicos del hospital de Alto Beni transfirieron al compañero a la ciudad de La Paz para que sea atendido, lo cual no se pudo hacer por culpa de los bloqueos en Caranavi. Perdimos a nuestro compañero”, manifestó Condori.

Por su lado, el secretario general de la Comunidad Central de Palos Blancos, Pablo Efraín Callisaya, explicó que según el informe del Hospital General de Alto Beni no contaban con suficientes medios para auxiliar al Subalcalde del Distrito Popoy, por lo que determinó su inmediata transferencia a la ciudad de La Paz.

“Entonces debido a este bloqueo en Caranavi falleció nuestro compañero, y ahora nuestros compañeros del Distrito de Popoy están de luto y afligidos”, sostuvo Callisaya.

gmm/wjsg

a los 100 días de "la coronación en la cima" se acaba el idilio. ahora llegaron los IDUS (espíritus del mal) un millón de votos menos y la vorágine...

Un poco más de tres meses han transcurrido desde el 22 de enero de 2009 a la fecha, desde la folklórica ceremonia llevada a cabo en las ruinas de Tiahuanacu cuando el presidente Morales, ante una entusiasta multitud de delegaciones, nativas y extranjeras, recibía los símbolos ancestrales del poder y la designación de líder espiritual de los pueblos indígenas del continente. Tiempo después, un exultante Vicepresidente hablaría de la dimensión planetaria de dicho liderazgo. En aquel momento todo indicaba que la credibilidad y legitimidad del Presidente se encontraba en su punto más alto.

Transcurridos algo más de 100 días desde entonces, ha retornado el conflicto al país y el idilio con los movimientos sociales y clases medias dan evidentes y alarmantes muestras de su distanciamiento y deterioro.

En los momentos de gloria, los hombres del Presidente nos recordaban la rutilante carrera electoral del MAS desde el lejano 2002 a las elecciones 2009. En la primera competencia electoral había logrado algo más de medio millón de votos y el segundo lugar en la votación nacional, lo que le permitió disputar la Presidencia de la República con Gonzalo Sánchez de Lozada. En las elecciones 2005, el MAS lograba más de un millón y medio de sufragios y por segunda vez en nuestra historia un líder de raigambre indígena asumía el Gobierno del Estado en medio de conmovedoras ceremonias oficiales. Finalmente, en diciembre de 2009, el MAS rozaría la mítica cota de tres millones de sufragios, para una primera reelección presidencial.

Hasta que llegaron los Idus de abril. Las elecciones del domingo 4 de abril. En realidad los idus eran días de buenos augurios que caían en el 15 de los meses de marzo en adelante. La fecha logró fama oscura porque el emperador Julio César fue asesinado el 15 de marzo del año 44 antes de Cristo. Según Plutarco (Vidas Paralelas, Tomo IV), Julio César había sido advertido por un vidente y por su esposa, del peligro que se cernía sobre él y que desoyó con cierta arrogancia. Cuando éste iba al Senado, llamó al vidente y riendo le habría dicho: “Los idus de marzo ya han llegado”, a lo que el augur contestó: “Sí, han llegado, pero aún no han concluido”. Varios siglos más tarde, Shakespeare recogió la advertencia en la escena segunda del drama Julio César. El adivino le grita al emperador: “Guárdate de los idus de marzo”.

A los 100 días del segundo gobierno del presidente Morales, los idus de abril están reverberando y advierten: “Guárdate de las elecciones de 2015”.

El MAS, con la pequeña ayuda del Órgano Electoral, sobre el asunto de la asignación de escaños departamentales, obtuvo una pequeña victoria política que ha dejado una herida la cual podría convertirse con el tiempo en una gran derrota electoral. El enfrentamiento entre los productores de Caranavi y Alto Beni, el incremento salarial del 5 por ciento rechazado por trabajadores, maestros, policías y Fuerzas Armadas constituyen las preocupantes señales de que los próximos años estarán teñidos de conflictos y enfrentamientos entre el gobierno del MAS y la sociedad.

¿El encanto se ha roto? Será muy difícil recuperar el millón de votos perdidos en las elecciones de abril. Las equivocadas decisiones que adoptan el Gobierno y la Asamblea Legislativa Plurinacional no ayudan a mantener el clima de paz para la construcción del ansiado desarrollo y del vivir bien.

ccordero@estudiosdemocraticos.org

Politólogo y catedrático

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documento principista desautoriza a Evo el juzgamiento de ex-mandatarios por jueces nombrados personalmente por el originario. DDHH de USA

(Washington, DC) – Bolivia debería modificar su marco jurídico para acusar y enjuiciar a ex jefes de estado con el fin de asegurar que se protejan garantías básicas de debido proceso, señaló hoy Human Rights Watch.

La Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia aprobó recientemente dos leyes, y está debatiendo una tercera, cuyas disposiciones no cumplen con requisitos básicos del derecho fundamental a un juicio justo, afirmó Human Rights Watch. Las nuevas leyes, junto con el proyecto de ley, vulneran la prohibición sobre la aplicación retroactiva de la ley penal reconocida por el derecho internacional, así como el derecho a estar presente durante el juicio y a apelar cualquier condena. También hay cuestionamientos vinculados con la independencia real o percibida del tribunal que juzgará ciertos casos.

“Nadie está por encima de la ley, y los ex jefes de estado que hayan cometido delitos durante sus funciones deben rendir cuentas por sus actos”, manifestó José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. “No obstante, tienen derecho a las mismas garantías de debido proceso que la Constitución y el derecho internacional reconocen a cualquier otra persona”.

El derecho a ser juzgado por un tribunal independiente
El Presidente Evo Morales, quien como legislador acusó a tres ex presidentes y a un ex vicepresidente por la comisión de delitos, ha designado recientemente a jueces que los juzgarán. Un ex presidente ha sido acusado de “sometimiento a dominio extranjero”, mientras que los demás enfrentan cargos de corrupción. Luego de que, en febrero de 2010, la Asamblea Legislativa aprobara una ley que autorizaba a Morales a designar personalmente a los jueces para cubrir vacantes en los tribunales, Morales nombró a cinco magistrados en la Corte Suprema, sobre un total de 12 integrantes. Los jueces designados ocuparán el cargo hasta diciembre, cuando se celebrarán elecciones para cubrir los cargos vacantes.

Tratados internacionales que son vinculantes para Bolivia, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) y la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH), exigen que las personas sean juzgadas por “tribunal[es] ...independiente[s] e imparcial[es]”.

Según los Principios básicos relativos a la independencia de la judicatura de las Naciones Unidas, “[t]odas las instituciones gubernamentales y de otra índole respetarán y acatarán la independencia de la judicatura” y los jueces “resolverán los asuntos que conozcan con imparcialidad, basándose en los hechos y en consonancia con el derecho, sin restricción alguna y sin influencias, alicientes, presiones, amenazas o intromisiones indebidas, sean directas o indirectas, de cualesquiera sectores o por cualquier motivo”.

“La designación directa de los jueces interinos por el presidente, mediante un proceso que carece de las garantías que se aplican habitualmente a la selección de los jueces, como mínimo despierta dudas acerca de la apariencia de independencia e imparcialidad del tribunal”, manifestó Vivanco. “Será sumamente importante evaluar de cerca el desempeño de los jueces”.

La prohibición de aplicar retroactivamente la ley penal
En marzo de 2010, la Asamblea Legislativa aprobó una ley contra la corrupción que crea nuevos delitos y prevé penas más severas. Para dos de estos delitos (enriquecimiento ilícito de funcionarios públicos y enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado), se contempla la posibilidad de juzgar a personas por actos y conductas anteriores a la adopción de la ley.

El derecho internacional prohíbe la aplicación retroactiva de las disposiciones penales. Tanto el PIDCP como la CADH establecen que nadie podrá ser condenado por actos que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho nacional o internacional. Asimismo, ambos tratados disponen que no se puede imponer una pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito.

El derecho a estar presente durante el juicio
La nueva ley contra la corrupción prevé la posibilidad de juzgar a los ex jefes de estado en rebeldía. La ley exige que el gobierno designe un defensor de oficio para representar al imputado.

Esta disposición es incompatible con el derecho a estar presente durante el juicio, que tiene por fin ejercer una defensa adecuada, un aspecto básico de cualquier juicio justo. El PIDCP, por ejemplo, establece que toda persona tiene derecho a “hallarse presente en el proceso y a defenderse personalmente o ser asistida por un defensor de su elección”.

Según el derecho internacional, los juicios en rebeldía solo se aceptan en circunstancias excepcionales y cuando existe una renuncia expresa al derecho a estar presente durante el procedimiento. El imputado debe haber sido citado oportunamente a presentarse frente al tribunal e informado del proceso en su contra. Las personas imputadas que sean juzgadas en rebeldía, si luego son detenidas, deberían recibir un nuevo juicio en el cual estén presentes.

El derecho a apelar una condena
Un proyecto de ley que reglamenta los procesos penales contra ex jefes de estado (Ley de Juicio de Responsabilidades) dispone en su artículo 17 que la condena de un ex presidente o ex vicepresidente por la Corte Suprema no podrá ser apelada. Esto es lo dispuesto por el proyecto aprobado por la Cámara de Diputados, que se encuentra pendiente ante el Senado.

Esta disposición vulnera directamente el derecho a apelar una condena garantizado por el PIDCP (el artículo 14 (5) establece expresamente que “[t]oda persona declarada culpable de un delito tendrá derecho a que el fallo condenatorio y la pena que se le haya impuesto sean sometidos a un tribunal superior") y la CADH (artículo 8 (2) (h)).

Por último, la ley de lucha contra la corrupción reitera y mantiene el lenguaje amplio y vago del Código Penal del Bolivia, que permite iniciar acciones penales contra funcionarios públicos que “dictare[n] resoluciones... contrarias a la Constitución o a las leyes”. La nueva ley prevé una pena de hasta 10 años de prisión para los funcionarios culpables de estos delitos.

La disposición vulnera claramente el principio básico de derechos humanos según el cual los delitos deben estar definidos de manera precisa para que su aplicación sea previsible. Como ha señalado la Corte Interamericana, “en la elaboración de los tipos penales es preciso utilizar términos estrictos y unívocos, que acoten claramente las conductas punibles”. Este principio es fundamental para garantizar que las personas puedan regular adecuadamente su conducta. Los funcionarios públicos no podrían razonablemente hacerlo con los términos de la nueva ley.

“Nos preocupa profundamente que el gobierno de Morales esté usando su apoyo en la Asamblea Legislativa Plurinacional para impulsar leyes que no cumplen con estándares básicos de debido proceso”, afirmó Vivanco. “Si no se respetan estas garantías fundamentales en todas las leyes penales que están siendo debatidas, se agrava drásticamente el riesgo de que el sistema de justicia esté sujeto a la influencia política”.