agradecer por su visita. prometer superación. perseverancia en el trabajo diario. bendiciones.

Si el Banco Mundial afirma que Bolivia es uno de los peores países para invertir y si el Gobierno refuta refiriéndose a la situación actual y si el Banco replica que se debe a los precios altos del gas y los minerales...entonces sigue faltando una Ley de Inversiones clara y contundente. El Deber.SC.

El Banco Mundial calificó a Bolivia en uno de los peores lugares en su tabla de Doing Business, referida a las condiciones que existen en los diferentes países para hacer negocios. El Gobierno nacional hizo una observación a esta calificación, con el argumento de que cómo puede ser que las condiciones para hacer negocios sean malas cuando la economía muestra tan buenos resultados.

En respuesta, el organismo mundial ha revelado que el Gobierno del presidente Evo Morales creó un total de 198 normas que perjudican el desempeño de las empresas. Un cruce de opiniones que viene a dar la razón a quienes atribuyen los positivos indicadores de la economía solo a los precios internacionales. Dicho de otra manera: la economía está bien “a pesar del Gobierno”.

El clima creado por el actual Gobierno para la economía, porque lo que existe no puede llamarse una ‘política económica’, es de incertidumbre: no existe una ley de inversiones que siente las bases de las ‘seguridades jurídicas’ que desean los inversionistas. El concepto de seguridad jurídica engloba a la existencia de leyes claras y de un sistema judicial apto, que no obedezca a presiones políticas, sino que refleje solamente lo que dice la ley.

Si en Perú, este año, las inversiones extranjeras solamente del sector minero sumaron 7.000 millones de dólares, es porque en ese país se respetan las leyes, y las condiciones son iguales para todos, según la definición que usó el presidente Ollanta Humala en un reciente foro.

Por lo tanto, el Gobierno nacional tendría que tomar en cuenta las calificaciones hechas por el Banco Mundial en lugar de protestar contra ellas y decir que si el país crece a un 6% es porque hay un buen clima para las actividades económicas. Las operaciones mineras asaltadas en estos años, los predios agrícolas tomados, las ‘nacionalizaciones’ reales o ficticias solo empeoran la imagen del país en el exterior.

Que la Unión Europea recuerde todas las semanas al Gobierno su compromiso de aprobar la Ley de Inversiones se ha convertido en una escena vergonzosa para el país. Y que el Gobierno responda que esa ley será aprobada “lo antes posible”, cuando se haya concluido la agenda patriótica, es algo que ha comenzado a molestar a los propios ciudadanos. La economía legal es una cosa seria. Hay que tratarla como tal.

Lupe Cajías toma conciencia de la tendencia entre gobiernos autócratas de fastidiar a los medios, cuando les niega publicidad, financian separatas a precios millonarios, en medios de propiedad cubana, venezolana, paraguaya, mientras Evo se afana, "el 90% son ya amigos" están ya comprados, todo anuncia que vienen tiempos difíciles para la libertad de expresión.

Todo anuncia que vendrán tiempos peores para la libertad de expresión (…) mientras muchos periodistas, antiguos dirigentes, prefieren el silencio, ¿por comodidad?, ¿por complicidad?

Cuando hace unos meses, Raúl Peñaranda, interrogó sobre los rostros encubiertos de ciertos dueños de medios de comunicación, la respuesta oficial fue un torrente de presiones, de insultos y de agresiones contra él, su familia, sus colegas.

Mientras el asunto de la relación medios de comunicación y poder central sigue turbio. A ello hay que añadir las tendencias continentales en los países con regímenes del populismo neoliberal que usan similares armas: cerco económico a través de la publicidad o con vigilias impositivas; agresiones verbales permanentes y al más alto nivel; violencias ejercidas por patotas o barras bravas (turbas); y una compra casi enloquecida de testaferros o capitalistas del modelo socialista chavista.

Una diputada boliviana intentó llevar el debate al seno de la Asamblea Plurinacional sin recibir respaldo de sus colegas. El Congreso está ocupado en otros asuntos. Los temas de interés público no son de su prioridad.

El Ministerio de Comunicación niega publicidad estatal a los medios que considera “enemigos”, con diferentes argumentos (según quién pregunta a esas autoridades). Uno de ellos es “no dar dinero a esos que tienen plata”.

Lo curioso, espantoso para quienes luchamos por la libertad de expresión y una prensa democrática, es que financian páginas o separatas en medios de propiedad extranjera (¿venezolana?, ¿paraguaya?, ¿cubana?). En otras palabras, nuestros impuestos bolivianos enriquecen medios paraestatales con dueños que, como la vieja mafia siciliana, no aceptan ser fotografiados.

El presidente Evo Morales afirmó que el 90 por ciento de los medios de comunicación masiva en Bolivia ya son “amigos”.

¿Quiénes son los otros? ¿Son enemigos? Hace un par de semanas Morales volvió a atacar: “para cambiar nuestra patria, necesitamos cambiar los medios de comunicación”.

¿Cómo entender esas palabras? ¿Acallar las voces con pensamiento libre? ¿Será casual cómo la ATT llena de frecuencias el espectro radial, curiosamente cerca de radios con programas de debate para impedir escuchar Erbol o Fides?

La cereza de la torta fue el comentario presidencial sobre las radios mineras, otrora orgullo nacional. Cree que él ha regalado una emisora al sindicato de Huanuni, ¿con su dinero? Riñe públicamente a los comunicadores populares por algún comentario crítico.

Todo anuncia que vendrán tiempos peores para la libertad de expresión, incluyendo a las gloriosas emisoras sindicales.

Mientras muchos periodistas, antiguos dirigentes, prefieren el silencio, ¿por comodidad?, ¿por complicidad?

con toda energía El Dia reclama poner punto final "al terrorismo de Estado" en contra de Santa Cruz y su liderazgo con "la patraña del Hotel que dio origen al más burdo proceso de manipulación de la justicia y corrupción jamás vistos en el país", todo para "polarizar, dividir, confrontar?" pregunta

Un tufillo algo fétido está comenzando a expeler esta primera etapa de la campaña electoral que nos puede llevar a un pasado doloroso en el que la política exacerbó la división de los bolivianos, el racismo, la confrontación y el odio entre adversarios.

De pronto surgen los mismos planteamientos que despertaron los más bajos instintos en el país y que desataron una de las etapas más violentas que se haya visto en la historia nacional, con acciones de terrorismo de Estado que dejaron profundas heridas y que aún esperan por el esclarecimiento y la justicia.

Sin el menor anticipo y totalmente fuera de contexto, el presidente lanza la acusación de “separatista” contra el gobernador de Santa Cruz, argumento que tiende a convertirse nuevamente en el caballito de batalla para descalificar a toda una región, a su dirigencia y a quienes tuvieron el coraje de exigir con la autonomía, el cese del monopolio del poder y del control de los recursos.

Fueron esos epítetos los que despertaron la ira de algunos sectores que degollaron perros ante las cámaras de televisión, que organizaron el cerco a Santa Cruz, los que planificaron y perpetraron la toma de Cochabamba, de Pando y muchos otros episodios violentos, como la patraña del hotel Las Américas, que dio origen al más burdo proceso de manipulación de la justicia y corrupción jamás visto en este país.

¿Qué pretende el exalcalde y precandidato a presidente Juan del Granado con su propuesta de revisar el asunto de la “capitalidad”? ¿Quiere que los paceños hiervan de rabia y los chuquisaqueños se revuelquen en su remordimiento? Cuando esa idea surgió de forma genuina en Sucre durante la Constituyente, el mismo líder político que hoy propone sinceridad fue uno de los responsables de la manipulación del debate que derivó en los sucesos de La Calancha, un evento que sigue pendiente, esperando que Del Granado y los que fueron sus aliados, coadyuven para que se haga justicia, como está esperando Leopoldo Fernández y los 39 acusados de terrorismo en Santa Cruz. ¿Por qué no se pronuncia sobre estos aspectos?

¿Qué es eso de pedir una constituyente justo ahora en periodo electoral? ¿De pronto se les iluminó la mente? ¿Queremos volver al mismo zafarrancho que se armó en Sucre, para que se repita lo del cuartelazo de Oruro, lo del episodio en el edificio de Lotería Nacional o la manipulación del Congreso y sus comisiones clandestinas? ¿Qué se está buscando con todo esto? ¿Un nuevo Revocatorio? Son sin duda alguna ideas que despiertan muchas sospechas y que al parecen no tienen otra finalidad más que polarizar, dividir y confrontar, tres verbos que se han practicado de manera compulsiva en estos últimos ocho años en Bolivia.

No es que la autonomía, la reforma de la constitución o el debate que esperan los chuquisaqueños sean innecesarios. De hecho, sin autonomía o federalismo este país está condenado al eterno caudillismo centralista que lo mantiene ahogado; con la actual carta magna es imposible que el país pueda avanzar y por supuesto, la capitalidad es un tema que el algún momento va a tener que cerrarse.

Lo que llama la atención es el oportunismo de algunos líderes y los propósitos que surgen alrededor de sus propuestas guiadas únicamente a polarizar, a dividir las aguas y por supuesto, como siempre, pescar en río revuelto.

El presidente lanza la acusación de “separatista” contra el gobernador de Santa Cruz, argumento que tiende a convertirse nuevamente en el caballito de batalla para descalificar a toda una región.

linchamientos a todo nivel. del Chapare saltamos a Sorata donde hubo un crimen, a las pocas horas los vecinos tomaron rehenes, les hicieron pasar por la calle de la amargura y terminaron linchando a uno de ellos de 24 años. ERBOL

El dueño de una pizzería fue asesinado anoche en el municipio de Sorata, ubicado en la provincia Larecaja del departamento de La Paz y horas después, un grupo enardecido de pobladores de esta localidad turística del país procedió a la captura de dos sospechosos del crimen.

De acuerdo a versiones extraoficiales de algunos vecinos de la población, anoche, Félix Mamani Coronel, más conocido entre sus amigos como “El Choco” y dueño de una pizzería, ubicada en la avenida Villamil de Rada, fue asesinado en su casa presuntamente con un arma punzocortante.

Algunos vecinos aseguran que Mamani habría salido de su casa al escuchar el ladrido continuo de su perro y en ese momento supuestamente fue victimado. Pero uno de los cuñados de “El Choco” se habría percatado del hecho y presuntamente persiguió junto a otros familiares a uno de los sospechosos.

El individuo perseguido por el cuñado de Mamani finalmente fue capturado en su casa –según algunas versiones de los pobladores– y negó ser autor del asesinato del dueño de la pizzería, aunque sindicó del crimen a otra persona, a quien también lograron ubicarlo en su domicilio.

Ambos fueron trasladados hasta la plaza principal de Sorata, donde fueron sometidos a una serie de golpes. 

Uno de los lugareños dijo que inicialmente ambos se acusaban mutuamente y ninguno reconocía que fue autor del asesinato de Mamani, pese a que incluso fueron lanzados a una de las zanjas abiertas por la empresa constructora que ejecuta la obra de pavimento de la plaza.

Algunos de los testigos aseguran que cerca al medio día finalmente uno de los dos sospechosos –identificados como José Pari Chino (24 años, aproximado) y Baldomero Macías Aruquipa (20, aproximado)– fue ejecutado por la turba.

Uno de ellos “primero fue envenenado, pero como seguía vivo, luego fue ahorcado”, afirmó uno de los vecinos de Sorata, que se comunicó vía teléfono con la Red ERBOL. Mientras el otro sospechoso del crimen, se salvó de morir a manos de los vecinos de Sorata porque intervinieron –dicen algunos de los lugareños– sus familiares.

El ahorcado fue identificado como José Pari Chino y el otro joven que sobrevivió a la arremetida de la turba como Baldomero Macías Aruquipa, quien ahora se encuentra en celdas policiales recibiendo atención médica.

alarma. sobresalto. incredibilidad despiertan en Bolivia y fuera de ellas las noticias de los linchamientos escalofriantes que se suceden tan a menudo sin una lógica explicación, al punto que DDHH, la ONU, la Cruz Roja, Amnisty International, la OEA están sorprendidos de tanta violencia en Bolivia, especialmente en la región productora de coca como es El Chapare

Un minucioso monitoreo arroja la escalofriante cifra de 60 casos de linchamiento en Bolivia desde septiembre de 2011. Muy pocos de esos hechos son investigados por los organismos jurisdiccionales  y se conoce que uno solo ha llegado al esclarecimiento final en las instancias judiciales.

Los ideólogos del masismo no dejan de insistir que esos episodios no tienen nada que ver con la denominada "justicia comunitaria", pero lamentablemente hacen muy poco por demostrarlo con hechos; es decir, coadyuvando a través del Ministerio de Gobierno y la Policía para que se investiguen y se sancionen los asesinatos cometidos a sangre fría. Lo lamentable es que existen indicios de que el régimen político no solo tolera el linchamiento por cuestiones "culturales", sino que lo usa como un instrumento simbólico que infunde temor en la población, sobre todo entre los contrarios al sistema dominante, pues casi siempre los que ejercen la violencia son sectores allegados a la ideología gubernamental, algunos con rango de "intocables". El caso más claro es el Chapare, región donde se han producido 16 linchamientos en los últimos cinco años, tres de los cuales han ocurrido en el mes de octubre. La opinión pública ha podido contemplar la saña con la que han actuado las turbas, que incluso han recurrido a extraños rituales como corolario de sus fechorías y por supuesto a un código de silencio que goza de la connivencia de organizaciones sociales y sindicales de la zona. El Comité de Derechos Humanos de la ONU ha emitido un informe de 28 puntos relacionado a Bolivia en el que recomienda tomar "medidas urgentes" para evitar los linchamientos y garantizar que estos casos sean investigados. La sugerencia se hizo en la sede central del organismo de Ginebra, donde comparecieron cinco países en la sesión del Comité que tuvo a su cargo el seguimiento a la aplicación del Pacto de Derechos Civiles y Políticos. En su informe, la entidad expresa su preocupación por el elevado número de casos de linchamiento y los escasos procesos penales contra los supuestos responsables. "El Estado debe tomar medidas urgentes para garantizar que todos los linchamientos sean investigados sin demora, los autores enjuiciados y sancionados debidamente, y que las víctimas reciban una reparación", recomienda el comité, compuesto por expertos y juristas independientes. 

Otro hecho que ha despertado la preocupación en Ginebra ha sido el referido a la investigación y procesamiento de las denuncias de tortura. Según la conclusión a la que ha llegado el mencionado comité, las medidas tomadas en Bolivia para esclarecer estos hechos han sido insuficientes y están muy lejos de llegar a una sanción, sobre todo los que se producen en comisarías, dependencias de la Policía y en las cárceles. No hay duda que el fenómeno de los linchamientos y las torturas también están relacionado con la manipulación y la instrumentalización de la justicia boliviana. Tiene que ver con la impunidad que rige para los privilegiados, con la falta de profesionalismo de los organismos de seguridad y, por supuesto, con la corrupción que está muy lejos de erradicarse en el Poder Judicial. Los linchamientos constituyen el rostro más grotesco de un problema –la ausencia de justicia-, que se ha agudizado en el país y que nos impide construir un Estado sólido y moderno.

El caso más claro es el Chapare, región donde se han producido 16 linchamientos en los últimos cinco años, tres de los cuales han ocurrido en el mes de octubre. La opinión pública ha podido contemplar la saña con la que han actuado las turbas, que incluso han recurrido a extraños rituales como corolario de sus fechorías y por supuesto a un código de silencio que goza de la connivencia de organizaciones sociales y sindicales de la zona.

las víctimas de la violencia política continuamos sufriendo injusticias en Bolivia (Previus)

La crónica que sigue menciona que ni Bolivia ni Uruguay han cumplido con el resarcimiento a las víctimas de la violencia política durante Gobiernos De Facto, sin embargo corresponde puntualizar que sí, Uruguay ha cumplido con un gran porcentaje de las víctimas al otorgarles las indemnizaciones de Ley, en cambio en Bolivia, no obstante el trámite lento, azaroso, e interminable a que se nos sometió, no obstante existir una Ley taxativa y el DS respetivo, no obstante haberse creado un viceministerio para el trámite y contar con una buena parte de los recursos de que se dispone, al Jefe de Estado, simplemente no le apetece cumplir la Ley y mucho menos la suerte de las víctimas de las dictaduras.

Se aduce siempre que ha sido imposible determinar los casos específicos porque de los miles de solicitantes que creer contar con la calificación y las certificaciones para merecer el beneficio, no hay recursos en el presupuesto actual, que esta obligación se incluirá en el Presupuesto General del año subsiguiente, y así, una y otra vez, la burla continúa...las víctimas que se van muriendo de a poco, se llevan a la tumba el amargo sabor de haber sido burlados por Evo Morales, que demuestra su incapacidad para atender las demandas. Haría bien la Autoridad Suprema, darse una vueltecita por El Prado y llegar a nuestra carpa donde se le explicará con detalle el malestar de miles de demandantes, a quienes el ministerio del Interior promete atender y no lo hace.

El Comité de Derechos Humanos de la ONU consideró ayer que Bolivia y Uruguay tienen temas pendientes por resolver en relación a los crímenes perpetrados durante los periodos de dictadura en cada uno de ellos, en materia de reparación, en el primer caso; y de impunidad, en el segundo.

El jurista Fabián Salvioli, miembro del comité, dijo en una conferencia de prensa que una de las principales preocupaciones en el caso de Bolivia tiene que ver con el "insuficiente tratamiento de la reparación por violaciones de los derechos humanos cometidos durante el periodo de la dictadura militar".

"No existe aún suficiente reparación, ni en el plano económico, ni en términos de memoria, verdad y justicia para quienes fueron víctimas de violaciones a los derechos humanos entre 1964 y 1982", sostuvo. EFE.