por avión desde Apolo la policía trasladó a LP a 8 otros detenidos de entre los cocaleros. el mismo Comandante Nacional Aracena dirigió las operaciones.

Ocho cocaleros detenidos en el operativo del miércoles en tres comunidades del municipio de Apolo arribaron hoy a la ciudad de La Paz para ser sometidos en las próximas horas a disposición de un juez cautelar, por ser sospechosos del asesinato de cuatro erradicadores de coca y otros delitos registrados el pasado 19 de octubre.

los detenidos duermen en el Hércules que los trasladó de Apolo a LP.

Los aprehendidos fue retenido desde la víspera hasta la media jornada de hoy en el Regimiento Infantería 30 Murillo de la localidad de Apolo y a las 13.00 de la presente jornada fueron embarcados a un avión Hércules para su traslado a La Paz.

Durante el viaje, uno de los aprehendidos expresó su preocupación por que no tiene abrigo para soportar el frío de la ciudad de La Paz. “Nosotros estamos en poleras, no hemos comido desde ayer, no nos dieron nada”, esbozó uno de los detenidos en un breve contacto con ERBOL.

El avión Hércules llegó a la pista de la Fuerza Aérea Boliviana a las 14.00 y del lugar los aprehendidos fueron trasladados hasta las celdas policiales de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de La Paz.

  

Junto a los detenidos arribaron de Apolo el comandante General de la Policía, Alberto Aracena; viceministro de Defensa Social, Felipe Cáceres; viceministro de Coca, Gumercindo Pucho; director departamental de la Felcc La Paz, coronel Julio Mariscal, director del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), los fiscales Gregorio Blanco y Ruddy Flores, además de algunos periodistas.

Lista de aprehendidos: Víctor Machaca, Guido Gonzalo Vaquiata, Percy Fernández, Hernán Vaquiata, Eliodoro Hugo Estrada, Martín Cosme Flores, Carmelo Enríquez, Elizardo Fernandez Ortiz

Los primeros encarcelados 

El 22 de octubre, el juez Daniel Guarachi  determinó la detención preventiva en la cárcel de Patacamaya de un primer grupo de nueve cocaleros acusados por el caso Apolo, que dejó cuatro muertos, 14 heridos de bala y 18 contusos.

Entre los remetidos a la cárcel se encuentran Domingo Guzmán Mendo Condori, Luis Fructuoso Chávez Lipa, Camilo Machaca, Rubén Limaco Lipacho, Darwin Choque Surco, Savino Cubo Estrada, Alejo Huanca Flores, Santiago Flores Huanca y Julián Flores Pamuri. Texto y fotos transcritos de ERBOL, edición digital.

los empresarios están molestos. demasiados controles, inspecciones, exigencias, normas que desalientan la actividad industrial, por ejemplo, sujeta a tanta vigilancia cual se tratase de un sector informal que no estuviese cumpliendo la Ley. El Dia, SC

Mientras en Apolo, los cocaleros y los narcotraficantes reclaman a bala su “derecho” a mayores cuotas de la permisividad gubernamental que campea en ciertos lugares como el Chapare por ejemplo, los empresarios bolivianos aglutinados en la Cámara Nacional de Industrias (CNI) le piden al Gobierno que deje de pisarles la cabeza con las “excesivas y repetidas intervenciones” de las autoridades de fiscalización y control en materia tributaria, laboral, de la Autoridad de Empresas y de otras entidades públicas de reciente creación con el objetivo de hacerle la vida imposible al sector privado (legal).

Hace poco, los directivos de la CNI se reunieron en Cochabamba y allí emitieron una declaración en la que, en palabras muy elegantes, le piden a las autoridades que los dejen respirar un poco con las sanciones, las fiscalización, las auditorías y todo el acoso incesante que sufren las empresas legalmente establecidas en el país y las que contribuyen con más de dos tercios de los impuestos que mantienen al Estado.

Las historias que cuentan los empresarios son de no creer. Al mismo tiempo que se deben dedicar su tiempo a buscar clientes, a producir y satisfacer los mercados, los gerentes y administradores deben atender simultáneamente a varios ejecutivos de entidades públicas que les exigen uno y mil papeles. Ya no es solo la presión impositiva, que siempre lleva bajo el brazo el letrero de “Clausurado”, sino también las inspecciones laborales, el control aduanero, la fiscalización ambiental y un sinnúmero de oficinas que ha creado el gigantesco aparato burocrático del “proceso de cambio”.

Para colmo, acaba de lanzarse un nuevo decreto que obliga a las compañías en liquidación a transformarse en empresas sociales de propiedad de los trabajadores, hecho que genera incertidumbre y que se presta al peligro del avasallamiento, tal como ocurre con los predios mineros y agropecuarios. Es exactamente el mismo riesgo, pues ante el menor indicio de dificultad financiera, las empresas pueden ser víctimas de la presión sindical que puede derivar en la toma de facto.

Y así como los cocaleros de Apolo y otros que también son ilegales, le piden al Gobierno que haga la vista gorda sobre sus actividades, los empresarios, que son legales y que pagan impuestos, reclaman por lo menos la posibilidad de opinar cuando se redacten normas que los involucran y que cada vez le aprietan más la soga en el cuello, puesto que inhiben la inversión, incrementan la inseguridad jurídica y destruyen los mercados que durante años han conseguido formar con mucho sacrificio.

Y de la misma forma que los productores de coca de los Yungas reclaman por la “competencia desleal” de otros cocaleros ilegales que gozan de la protección gubernamental, los industriales, que generan empleo y que aportan al Tesoro General de la Nación, piden que el Gobierno mejore la lucha contra los contrabandistas, que en ciertas ocasiones han sido defendidos por altos jerarcas del régimen que en algún momento tuvo en el seno del Congreso nada menos que una bancada de “chuteros”, es decir, congresistas que hicieron lobby para que se apruebe una ley para legalizar lo ilegal.

Esto que parece un juego de palabras y al mismo tiempo una novela de terror, resume la lucha más importante que ha instaurado el proceso de cambio entre lo ilegal y lo legal. Todos saben por supuesto de qué lado está el Gobierno aunque últimamente lo han puesto contra las cuerdas.

Y así como los cocaleros de Apolo y otros que también son ilegales, le piden al Gobierno que haga la vista gorda sobre sus actividades, los empresarios, que son legales y que pagan impuestos, reclaman por lo menos la posibilidad de opinar cuando se redacten normas que los involucran y que cada vez le aprietan más la soga en el cuello.

Jacqueline Patiño con esa pasión de justicia que le caracteriza clama por la muerte de José María Bakovic por no vender su conciencia, por no aceptar la corrupción. por Bolivia nuestra Patria.

José María Bakovic fue un hombre que murió por su integridad y sus valores, y por tener muchos kilos de conciencia. Fácil era para él venderse, hacerse el loco, o dejar pasar la hipercorrupción en el Servicio de Caminos, hoy ABC. No lo hizo y le costó la vida.

Su muerte es una más en la larga lista de muertes directas e indirectas del gobierno socialista. Pero esta muerte marca un hasta aquí. Esta muerte es un garrotazo a nuestras conciencias. Nos ha hecho tambalear en todas nuestras creencias, y nos ha hecho pensar en el tipo de gente que somos adentro, donde nadie más que cada uno entra.

La conciencia es eso que nos diferencia del resto de la vida en la naturaleza, que tiene solo conciencia colectiva, mientras que nosotros tenemos conciencia colectiva y conciencia individual. Yo quiero que entres hoy en tu conciencia individual, y te liberes de la conciencia colectiva que te lleva a pensar igual que el resto de los mortales bolivianos.

Quiero que te liberes de la dominación que ejercen los medios socialistas, la ideología del socialismo, y los ideales locos de juventud socialista de matar para quedarse en el poder. Quiero que entres en tu conciencia de Buen Boliviano y la toques, la abraces, y veas cuánto pesa. Si pesa un gramo o más, estás bien. Estás bien porque sabes diferenciar la maldad de la bondad. Lo grosero de lo normal. Lo embustero de lo verdadero. Y entonces, estamos todos bien.

Estamos bien porque tenemos esperanza. Esta muerte nos hace pesar nuestras conciencias y sabemos que pesan más de un gramo. Por tanto, vamos a dejar de ser simples seguidores para comenzar a discernir, y alejar de nosotros así, a la maldad, la grosería y los embustes. Si. Por fin podemos sacar fuera lo que tenemos dentro: Un noble corazón.

Porque no hay clases sociales. Hay clases de corazón. Lo mismo hay ricos de mal corazón que pobres de mal corazón. Lo mismo hay ricos con corazones de primera, como pobres con corazones de primera. La cantidad de plata que tengas, no te diferencia de nadie. Lo que te diferencia es tu corazón.

Por eso, a partir de hoy, vamos todos a unir nuestras voluntades. Vamos a armar nuestra propia conciencia con valor y con valores que nuestro corazón de primera clase nos provee. Y le vamos a decir clarito al poder judicial, a la policía y a los ministros que gobiernan el país, que no queremos su violencia judicial, ni su violencia política, ni su violencia económica. Vamos, entre todos, a cuidarnos y cuidar nuestro país. Así, nuestra conciencia colectiva va a ser por fin el reflejo de lo que realmente somos.

Somos el país más rico del mundo, no porque haya plata, sino porque estamos acá nosotros, los Buenos Bolivianos, que Somos Muchos, y que vamos a lograr nuestro progreso en base a nuestro corazón de primera clase. Ese que siempre nos acompaña. Ese que ningún tirano puede doblegar. Ese, que es el legado que vamos a dejar a nuestros hijos.

Te invito a que te unas. Pídele perdón al Universo, a Dios, por haber sido parte de la grosera violencia que nos ha subyugado hasta hoy, y ven a caminar con nosotros. Tú eres un líder. Tú tienes el poder dentro de ti, en tu noble corazón, de cambiar la realidad violenta hacia una realidad No Violenta. Vamos a tomar acción! Vamos a definir qué podemos hacer cada uno, desde nuestro lugar, y hacerlo. Vamos, entre todos, a vencer el monstruo de la violencia estatal, judicial, narcotraficante, política y callejera que nos han agobiado hasta hoy.

Vamos que podemos! Vamos que juntos, entre todos, hacemos una gran diferencia.

policía corrupto Fabrizio Ormachea preso en Miami por extorsión tendrá hasta el 16 de enero para responder al juicio que le inician los EEUU. se prevee una penal de 15 a 25 años de cárcel

Una jueza federal del sur de la Florida aceptó el pedido del exdirector anticorrupción de la Policía Fabricio Ormachea, acusado en EEUU de extorsionar al empresario Humberto Roca ypostergó su juicio por tres meses, hasta mediados de enero.

La magistrada Robin Rosenbaun accedió a la solicitud de Mario Fabricio Ormachea Aliaga a menos de una semana del inicio del juicio con jurado, que estaba previsto inicialmente para el próximo lunes 21 de octubre.

En una breve audiencia realizada en esta ciudad vecina de Miami, Rosenbaun fijó el inicio del juicio para el 16 de enero,después que la abogada de Ormachea, Chantel Doakes, le pidió 90 días más para preparar la defensa.

El alto funcionario de la Policía Nacional de Bolivia, que permanece detenido en una prisión federal desde el 31 de agosto, se declaró inocente en septiembre de las acusaciones de que le habría pedido al empresario aeronáutico Humberto Roca que le pagase 30 mil  dólares a cambio de quitarle cargos que enfrenta en el país y acusar a otra persona en su lugar.

En caso de que fuera encontrado culpable de las dos acusaciones que enfrenta por viajar en una misión de comercio exterior para cometer extorsión, Ormachea enfrentaría una condena máxima de hasta 25 años de prisión.

Ormachea, de 42 años, lucía tranquilo y a través de auriculares escuchó atentamente la traducción al español de la audiencia, que transcurrió en inglés. Estaba vestido con pantalones y camisola beige de preso y llevaba grilletes en sus tobillos y esposas en sus muñecas.

"Esta todo claro", manifestó Ormachea con voz fuerte y en español cuando la jueza le explicó que de acuerdo con las leyes estadounidenses tenía derecho a un juicio por jurado. "Estoy de acuerdo", dijo cuando Rosenbaun le preguntó si avalaba la decisión de aplazar por tres meses el inicio del juicio.

El FBI detuvo a Ormachea, tras un encuentro en el que Roca le pagó 5 mil dólares como adelanto del dinero que el reclamaba, de acuerdo con la acusación de la Fiscalía.

El policía viajó desde Bolivia al sur de la florida en un vuelo comercial el 29 de agosto y al siguiente día se reunió con Roca por primera vez en Miami. Una declaración jurada del FBI, indica queOrmachea le dijo al empresario que desecharían los cargos en su contra y que acusarían a otra persona si pagaba el dinero en efectivo.

La defensa de Ormachea alega que su cliente viajó a Estados Unidos a recoger a su padre, de casi 90 años, que estaba visitando a familiares en la Florida. De acuerdo con los abogados defensores,Ormachea realizó el viaje por motivos personales y no como funcionario público; y se reunió con Roca para ofrecerle asesoramiento en carácter de abogado.

El Gobierno de Evo Morales asegura que Ormachea era investigado y fue removido de su cargo el 28 de agosto, un día antes de su viaje a Miami. Lo ha descripto como un desertor y ha expresado que su viaje no fue avalado por las autoridades.

Ormachea se desempeñaba como director interino de la Unidad de Lucha Anticorrupción de la Policía. Previamente trabajó en una fuerza especial de lucha contra el narcotráfico, y sus camaradas aseguran que conocía los casos de corrupción más importantes en Bolivia.

bufete judío contratado por Guerrero en Miami atiende asuntos cubanos y así le va. judíos cobrarán millones de dólares por atender el caso, no garantizan resultados y el Tesoro debe girar cerca de 200 mil dólares por adelantado. Goni además de sus 84 años tiene ciudadanía estadounidense. Título nuestro y texto de El Deber.

MIGUEL ÁNGEL MELENDRES  - mamelendres@gmail.com

El Estado boliviano erogará al menos $us 600 por cada hora que el estudio de abogados contratado en Estados Unidos lo represente en los procesos para tramitar la extradición del expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada y de sus exministros Carlos Sánchez Berzaín, de Defensa, y de Jorge Berindoague, de Hidrocarburos.

El fiscal general, Ramiro Guerrero, informó el 7 de octubre la contratación del estudio de profesionales Rabinowitz, Boudin y al experto traductor Jonathan Cavanagh, (acreditado en Naciones Unidas) para la traducción de la solicitud de extradición de los acusados de “octubre negro”.

Ayer, y sin precisar el monto global de los gastos, el fiscal superior, Orlando Rivero, manifestó en El Alto que el presupuesto para esos dispendios profesionales los aprobó el Gobierno en un presupuesto adicional para la Fiscalía.

“Los bufetes en EEUU cobran en un rango de entre $us 600 y 1.000 la hora. No hay otro sistema. El estudio (Rabinowitz Boudin) tiene el parámetro más económico, aunque es el mismo sistema (por hora). Un monto global no sé darle. El traductor también tiene un costo alto”, indicó Rivero, que presentó un informe a pedido de la dirigencia alteña en vísperas de conmemorar los 10 años de la renuncia de Sánchez de Lozada y de las luctuosas muertes por “la guerra del gas”.

EL DEBER intentó ampliar la información con el fiscal Guerrero en Sucre, pero su departamento de prensa dijo que tenía recargadas labores.

La información se conoce, después de que las familias de los muertos, las víctimas de la balacera militar el 2003 y las juntas vecinales de El Alto, exigieran al Gobierno bonos mensuales para vivir y hasta un fondo compensatorio por la movilización de hace 10 años, que posibilitó la nacionalización de los hidrocarburos, pero no reciben respuesta positiva.

El proceso

La Fiscalía presentó una nueva solicitud de extradición de las exautoridades con un legajo de pruebas de 2.068 fojas para que el Departamento de Estado y el Departamento de Justicia de EEUU atiendan la demanda judicial de Bolivia.

La documentación fue presentada a Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, que debe redactar tres exhortos suplicatorios diferentes para cada uno de los tres extraditables, Sánchez de Lozada, Sánchez Berzaín y Berindoague, que viven en Maryland, Florida y California, respectivamente.

Los exhortos tienen que presentarse a la Cancillería para que, luego de ser traducidos en su totalidad, los presente ante una corte judicial estadounidense. En 2008, el Estado presentó la primera solicitud, pero fue rechazada preliminarmente.

 De acuerdo con la explicación del abogado Jorge Valda, el costo de $us 600 la hora es muy elevado. “Fácilmente se puede dedicar entre 1.500 a 2.000 horas de trabajo. La Fiscalía General debería pedir información del tiempo aproximado que va a tomar el trabajo para que no sean por tiempo indefinido las gestiones de los abogados en EEUU”, dijo 

ANÁLISIS

Se malgastan los recursos del Estado
Jorge Valda / Abogado Una de las formas más comunes en Estados Unidos del trabajo con juristas es cobrar, no por juicio sino por horas de trabajo. Un juicio de extradición no es trámite de un día, sino de muchas jornadas de trabajo. Estamos hablando de que son meses que dedicará este estudio jurídico al caso de extradición. Si pensamos que habrá 800 o más horas de trabajo para este tema, seguramente será excesivamente oneroso para el Estado boliviano.  Creo que $us 600 es muy caro. Los abogados con los que tuve contacto en EEUU y de los más caros, cobran entre $us 300 y 400 la hora y esos eran los más cotizados en el Estado de Florida. Sobre el trabajo de traducción, nos sorprende que se tenga que contratar un personal foráneo, cuando la Cancillería tendría que tener un departamento especializado para la traducción de documentos. Esto debería hacerse como parte de las labores cotidianas y si se necesita un aval específico, qué mejor que la Cancillería para establecer la idoneidad de los documentos a ser traducidos. Nos parece que se están malgastando los recursos del Estado 

 El entorno

Estudios de gobiernosEl bufete Rabinowitz, Boudin, Standard, Krinsky & Lieberman, P.C. representa entre otros países, a la República de Cuba, sus agencias y empresas en todos los asuntos relacionados con Estados Unidos.

AsiladosVarios ex ministros acusados de los hechos de ‘octubre negro’ están refugiados o asilados en otros países, como España o Perú, lo que imposibilita a la Fiscalía General pedir la extradición de esas exautoridades.

Juicio pendienteSegún el fiscal Orlando Rivero, no hay otra razón para el pedido de extradición que no sea el clamor de justicia, para que los acusados respondan ante el juicio contra ellos, que está pendiente en la ciudad de Sucre.

está sucediendo que se tiran la pelota entre el Fiscal y el Tribunal y los médicos que dieron desde Sucre el verdicto que llevó a la muerte al patricio José María Bakovic.

El fiscal general del Estado Plurinacional, Ramiro Guerrero, anunció ayer que fijará su posición sobre las responsabilidades del deceso del expresidente del Servicio Nacional de Caminos (SNC), José María Bakovic, una vez que conozca hoy el informe solicitado al Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF).

Una junta médica de este instituto habría avalado el viaje de Bakovic  para que éste se presente el viernes pasado en una audiencia en La Paz, donde sufrió un ataque al corazón, lo que luego derivó en su muerte el sábado.

Por su parte, la directora del IDIF, Cecilia Pérez, dijo que la junta médica elabora un informe para presentarlo hoy junto con el suyo al Fiscal General, y que antes no podía pronunciarse sobre el tema. Sin embargo, adelantó que los médicos sólo hacen una valoración clínica y que son los jueces quienes deciden si el imputado puede o no viajar.

Mientras tanto, los restos mortales de José María Bakovic, de 75 años, estaban siendo velados en La Capilla, donde acudieron cientos de personas a lo largo del día para acompañar a la familia doliente.

Asimismo, la familia doliente y políticos de oposición declararon ayer que analizaban la posibilidad de iniciar querellas criminales contra la junta médica, por haber obligado a Bakovic a asistir a la audiencia sin tomar en cuenta los informes médicos anteriores ni su edad.

La abogada de la familia, Audalia Zurita, explicó ayer que su cliente contaba con al menos 30 informes de sus médicos privados que, durante los últimos tres años, le recomendaban no viajar debido a la presión alta y los problemas cardíacos que sufría, a un cuadro de laberintitis y a un problema ocular que estuvo a punto de quitarle la vista. Este informe fue refrendado por al menos siete informes forenses oficiales, de estrados judiciales de Cochabamba y La Paz, que recomendaban atender las sugerencias de sus médicos particulares.

Sin embargo, los tribunales segundo y séptimo de sentencia de La Paz, solicitaron un nuevo informe forense al IDIF, que conformó una junta médica en Sucre, concluyó (tras recibir el informe de una “doctora Llanos” de Cochabamba) que Bakovic podía viajar con las recomendaciones del caso y acompañado de médicos especialistas. El viaje, aparentemente, es la causa de la muerte, dijo Zurita.

La Directora del IDIF, sin embargo, dijo que su instancia sólo cumplió con las instrucciones recibidas desde los tribunales segundo y séptimo de La Paz y que la junta médica nunca obligó a Bakovic a realizar el viaje. “Los médicos sólo damos una valoración médica, son los jueces los que deciden si se viaja o no”, dijo a tiempo de explicar que los detalles sobre el diagnóstico y el procedimiento serían expuestos en el informe que presentará hoy al Fiscal y que, por respeto al conducto regular, es él quien debe conocer primero el documento.

Guerrero, en tanto, dijo que el IDIF es una instancia desconcentrada del Ministerio Público, y que él, además se encontraba fuera del país, por lo que no tuvo ningún conocimiento del caso hasta ayer a mediodía, cuando solicitó el informe. “Espero tener ese informe mañana (por hoy) a las nueve de la mañana en mi escritorio. Lo revisaré y si encuentro algún indicio de negligencia médica seguramente lo derivaré a la instancia disciplinaria que corresponda”, dijo sin especificar cuál sería esta instancia.

“Después de conocer el informe convocaré a una conferencia de prensa”, dijo.

Condena

Tras saberse de la muerte de Bakovic, quien, según la abogada Zurita,  enfrentaba más de 70 juicios por parte del Estado, hubo pronunciamientos de condena a la persecución política emprendida por el gobierno del Movimiento Al Socialismo. Según Zurita, la junta médica del Ministerio Público avaló el viaje por una obediencia al Ejecutivo.

El expresidente de Bolivia, Jorge Quiroga Ramírez, en declaraciones reproducidas por ejuTV, dijo que el fallecimiento de Bakovic es una muestra más del “matonaje judicial” del régimen que siembra dolor en las familias bolivianas.

En tanto, el representante de Unidad Nacional en Cochabamba, Arturo Murillo, dijo que no hay otro nombre para este deceso que “asesinato”, debido a que el expresidente del SNC falleció como producto de la persecución política del Gobierno.

“Cochabamba pierde a un patricio que nunca se metió en política, esto no puede ser”, dijo en declaraciones a Radio Panamericana.

Oposición y familiares analizan posibles querellas

Familiares de José María Bakovic y políticos de oposición analizan la posibilidad de instaurar un juicio criminal contra la junta médica que avaló el viaje del imputado.

La hija del fallecido Katica Bakovic, declaró el sábado que se analizaba esta posibilidad y que se reunirá toda la información del caso y tomar una decisión. Ayer, la abogada de la familia, Audalia Zurita, dijo que la decisión aún no había sido tomada, debido a que la casa aún se hallaba en los temas de exequias fúnebres. Sin embargo, agregó que “jurídicamente” existen muchas posibilidades para iniciar un juicio. “El mismo José María Bakovic, en vida, veía la posibilidad de acudir a una instancia internacional”, dijo a tiempo de especificar que si la familia se decide por el juicio debería acudir antes a instancias nacionales.

Asimismo, la diputada de Convergencia Nacional, Alejandra Prado, dijo que ella analizaba la posibilidad de presentar, por su parte, una querella contra los forenses de la Fiscalía General. “Estoy buscando apoyo para no ir sola. Me han comprometido su respaldo los legisladores Arturo Murillo y Centa Reck”, dijo.

Agregó que aún no se contaba con la documentación para identificar a las personas que serían emplazadas, pero de antemano traslucían los delitos de “negligencia médica” y “homicidio culposo”.

El diputado Alex Orozco, en declaraciones a Sol de Pando, dijo que también respaldaría juicios.

Reseña

José María Bakovic, falleció la noche del sábado en Cochabamba producto de un infarto, esto luego de haber estado en La Paz para asistir a una audiencia convocada por el Ministerio Público, dentro de uno de los 70 procesos que tenía en su contra.

Bakovic, de 75 años de edad, había sido convocado para declarar en la Sede de Gobierno el día viernes. Apenas había llegado al aeropuerto de El Alto, sufrió un sangrado nasal, que obligó a quienes lo acompañaban a trasladarlo urgentemente a la Clínica Cemes (Centro Médico Especializado).

Una vez allí, sufrió un infarto que logró ser estabilizado por los médicos. Y ante esta situación los familiares pidieron el traslado de Bakovic a Cochabamba, donde fue internado en el hospital Belga, donde falleció.(El texto es de Los Tiempos en primera plana del lunes 14 de octubre del 2013)

la respuesta la dio el pueblo. que sirva para frenar la violencia. que sirva para demandar mayor empleo de policias y organismos del Estado en la protección de sus ciudadanos. que sirva a los padres de familia para vigilar el tiempo libro de los jóvenes y que no dispongan de "todos los medios para sus caprichos", a los medios para ver el contenido de los mensajes mediáticos

Ha tenido masiva respuesta ciudadana la marcha ‘por la vida’ en repudio contra la inseguridad y la oleada de violencia que tiene viviendo en ascuas a la sociedad cruceña en su conjunto. La muerte a sangre fría de un joven universitario a manos de un pendenciero durante un paseo de fin de semana y, días antes, la de otro estudiante al que su victimario le quitó la vida por robarle su tablet, fueron el detonante para la convocatoria del Comité pro Santa Cruz a la manifestación, en la que participaron diferentes instituciones y sectores sociales, mientras otro muchacho se debatía entre la vida y la muerte después de sufrir un brutal asalto.

La plaza 24 de Septiembre fue el punto de convergencia donde la protesta multitudinaria se convirtió en clamor contra un mal que no deja de atormentar a la ciudad más poblada del país y que tiene esterilizados todos los esfuerzos por devolverle la tranquilidad a la gente.

Ante la gravedad extrema del problema, los reclamos demandaron mayores esfuerzos y mejores respuestas de autoridades locales y nacionales para impedir que la inseguridad y la violencia sigan campeándose en la capital y sus alrededores cobrando un número creciente de inocentes víctimas hasta por los más fútiles motivos. La ciudadanía cruceña salió a las calles sintiendo que no era posible permanecer indiferente por más tiempo ante una creciente y latente amenaza. Lo hizo como ocurriera en 1986 impactada por la muerte del recordado investigador Noel Kempff Mercado, a manos de sicarios del narcotráfico en la serranía del parque nacional que lleva su nombre. Fue cuando la ilícita actividad había adquirido en Santa Cruz de la Sierra ‘carta de ciudadanía’ tras penetrar y contaminar núcleos y estructuras sociales e institucionales. Aquella movilización ciudadana de hace más de 25 años, comparable a la cita de históricos cabildos autonómicos de tiempos más recientes, marcó inexorablemente un antes y un después en la lucha contra el narcotráfico que, dicho sea de paso, ha vuelto a florecer peligrosamente en esta y en otras partes del país.

Había cierta inquietud de que en plena época de campaña de cara a las elecciones del próximo año y en las que los gobernantes están más que absorbidos, la marcha se ‘politizara’, lo que afortunadamente no aconteció. Mayor tiene que ser la inquietud, y en esto debemos estar vigilantes, para que la protesta ciudadana de ayer sea un punto de inflexión a fin de ganar terreno en la desigual lucha contra la violencia y la inseguridad que nos acechan permanentemente. (El Deber, SC, Bolivia)