Treinta internos murieron quemados y al menos 60 resultaron heridos en un enfrentamiento sangriento ocurrido la madrugada de ayer en Chonchocorito, recinto considerado de máxima seguridad en la cárcel de Palmasola. La mayoría de las víctimas, incluido un niño, perecieron calcinadas dentro del bloque A, sector denominado de ambientamiento que se convirtió en un horno crematorio gigante caldeado con bombas incendiarias de gasolina arrojadas desde afuera por reclusos del Bloque B que, en la pugna por el control total del predio, pretendieron aniquilar a sus rivales.
La tragedia, la más grande que se recuerde en una cárcel de Bolivia, conmocionó y movilizó a mucha gente. Familiares de los presos resultaron desbordados por la histeria al negárseles el ingreso al penal para saber sobre la situación de sus seres queridos, mientras que las autoridades tomaron medidas urgentes como la clausura temporal de Chonchocorito, el aislamiento de 50 sospechosos de la masacre y el traslado de los reos más violentos a cárceles del altiplano.
Plan siniestro
La acción criminal empezó a la medianoche, con la ingesta de alcohol y de droga en el bloque B, donde moraban los reos más violentos. Un interno afirmó que todo estaba planeado para asaltar el bloque A por la madrugada, cuando la mayoría de las víctimas estuviera durmiendo. Horas antes los agresores se aprovisionaron de botellas con gasolina, palos y armas de fuego, y aseguraron por fuera las puertas del pabellón de sus rivales. “Lanzaron las bombas incendiarias desde afuera y adentro se convirtió en un infierno. También usaron garrafas de gas con sopletes para quemar a los que trataban de huir. Muchos se defendieron con palos, pero decenas murieron carbonizados”, explicó un reo.
La versión del testigo no está alejada de la realidad, pues los medios de prensa obtuvieron fotografías con decenas de cuerpos calcinados, cuya identidad será difícil de determinar. De todas formas, la Fiscalía General designó una comisión de fiscales y de médicos forenses para la verificación de los cadáveres.
Se desconoce la identidad de los fallecidos. Esta tarea la decidirá un estudio científico; muchos de los cadáveres están irreconocibles.
La acción policial
A decir del comandante nacional de la Policía, Alberto Aracena, la fuerza del orden controló la situación de forma rápida realizando disparos de disuasión desde las garitas. Los guardias no tienen un control efectivo sobre los internos en Palmasola, pues no tienen acceso a los pabellones, donde los reclusos organizan su propia seguridad.
Quien vio de cerca la carnicería fue el gobernador del recinto, coronel Guido Parada, que explicó: “Los muertos están completamente calcinados. Todo está destruido. Al parecer, explotaron dos garrafas que ha dado lugar a que el fuego se expanda dentro de la infraestructura. Ha volado parte del techo. Antes del mediodía se pudo controlar el fuego y ahora resta que los expertos forenses ingresen y busquen entre los escombros los cuerpos para saber cuántos son”, manifestó Parada y añadió que la Policía empleó sus armas de fuego en el momento de ingresar al penal, con disparos al aire para dispersar a los grupos confrontados.
Respecto a la presencia de niños, donde murió uno de poco más de un año, Parada dijo que no está permitido el ingreso de pequeños de esa edad, pero no supo explicar la presencia del chico que aparentemente murió quemado junto con su padre.
Dolor familiar
El coliseo deportivo del pabellón femenino se convirtió en un sanatorio improvisado, donde los gritos de dolor de las víctimas taladraban los oídos. Al escaso personal médico del penal se sumaron paramédicos de la Cruz Roja, del Ministerio de Salud, de la clínica Ucebol y de otros centros. Personeros de la Defensoría del Pueblo, de la Niñez y Adolescencia y de Derechos Humanos apenas pudieron ingresar, mientras que los familiares fueron mantenidos a raya en el portón principal de la cárcel. “Tenemos derecho a saber qué está pasando. Adentro hay un montón de heridos y quemados que piden auxilio. No puede ser que no nos dejen ver a nuestros familiares. Entre nosotros colaborémonos, necesitamos vituallas, kemacurán y otros medicamentos”, pedía una mujer a otras fuera del penal
CIFRA
5.200 población carcelaria
El Centro de Rehabilitación Santa Cruz, más conocido como Palmasola, actualmente alberga más de 5.200 reos en sus siete recintos. La mayor parte de los reos se encuentra en régimen abierto. En Chonchocorito había 250 personas.
En la jornada
La Policía tuvo que echar gas irritante a varias mujeres que no permitían el ingreso de los vehículos policiales al centro penitenciario.
Los familiares se mostraban indignados por la falta de información. Exigían una lista de los afectados. La Policía contribuía al caos, puesto que el comandante Alberto Aracena dijo inicialmente que había 10 muertos, luego que eran 15 los fallecidos.
Celso Parada, funcionario de la Defensoría del Pueblo, no aguantó las lágrimas al narrar lo que vio dentro. “Lo que ha ocurrido esta madrugada es realmente una tragedia, hay 29 fallecidos entre ellos un bebé”, dijo llorando.
Según el ministro de Gobierno, la mayoría de los internos murieron en el piso superior del bloque A, debido a que el gas los asfixió.
Siete nilos ha seido remitidos al agobernqacion, co medida de proteccion e iran a hogares de acogida.
35 items de medcciamento, antibioticvos analgesicos, se preparo aprtida eoclmicas para cubrir gastods ante complicaiones y imprevistos, los examenes se trabajan toda la noche
La bomba de tiempo acaba de explotar
La Defensoría del Pueblo, por intermedio de Celso Parada, manifestó que la matanza en Chonchocorito obedece a problemas estructurales añejos en Régimen Penitenciario y que, por lo tanto, requiere de soluciones profundas.
“Palmasola es una bomba de tiempo que acaba de explotar. Como Defensoría del Pueblo estamos pidiendo que se investigue y que los responsables sean castigados”, señaló Parada.
El ministro de Gobierno, Carlos Romero, admitió la deficiencia de Régimen Penitenciario en cuanto al control de los reclusos en las cárceles bolivianas y no descarta la implementación de un sistema en el que el Estado tenga el control de los penales. “En muchos casos los reos están mandando en las cárceles”, señaló Romero, que ratificó que el ataque se debió a disputas por espacio y liderazgo de reos condenados por asesinato, violación, asaltos y narcotráfico.
El ministro presentó anoche a cinco presuntos cabecillas del acto criminal: Ricardo Prado Oliva, Luis Adán Tobías Ortiz, Wálter Gumero Lazo, Vicente Plaza Arteaga y Pedro Luis Banegas Galdo, alias ‘Sindi’, internos del bloque B.
‘Sindi’, ‘Cocacho’, ‘Kily’, ‘Piyo’, ‘Duma’, ‘30-30’ y otros eran mencionados ayer como los cabecillas de la revuelta para apoderarse del bloque A, donde llegan los presos nuevos y son víctimas de extorsión.
