fantas Uno, fantasma Dos, fantasma Tres....fantasmas del MAS (el penoco)

El Estado Plurinacional sigue acumulando una suerte de “fantasmas”, personajes oscuros que han desaparecido por arte de magia. La lista es encabezada por el excustodio presidencial George Peter Nava, quien fue detenido y posteriormente liberado de manera muy sospechosa, por el caso del atentado a un canal de televisión en Yacuiba. El segundo es otro uniformado, el capitán Wálter Andrade, quien tuvo una actuación bastante oscura en el caso Rózsa y que según algunos indicios, recibió una beca especial para trasladarse a Venezuela. Muy cercano a este personaje, el teniente Jorge Clavijo, autor de la muerte de la periodista Hanalí Huaycho, del que no conviene hablar mucho porque además de ser un “caso cerrado”, se trataría de un alma en pena con certificado de ADN trucho. Alrededor del caso terrorismo hay varios otros fantasmas, como un alto oficial Clavijo, otro de apellido Núñez del Prado y la policía Karen que tenía mucho que aportar para el esclarecimiento pero que nunca más apareció. El más reciente e ilustre de los candidatos a fantasma es el fiscal Marcelo Soza, cuya voz apareció en una cinta presentada por la senadora pandina Carmen Eva Gonzales. Desde ese día, el hombre fuerte del caso hotel Las Américas no ha vuelto a dar la cara y renunció casi de forma clandestina. Es probable que, al igual que en los casos anteriores, no volvamos a saber de él. Una forma extraña de admitir la culpabilidad.

Fiscal Guerrero informa de la renuncia de Marcelo Soza, aunque el comunicado hace incapié en el informe pendiente del Caso Soza que debió haber sido presentado. podría suceder sanciones penales y administrativas de no ser presentado tal informe.

El fiscal Marcelo Soza presentó su renuncia al cargo de fiscal de materia y se apartó así de la dirección del controvertido caso terrorismo, según informó hoy el fiscal General Ramiro Guerrero en conferencia de prensa.

Guerrero dijo que Soza presentó una nota de renuncia al cargo, la misma que fue recibida en la Fiscalía General esta jornada a las 17:30 después de que ayer dicho fiscal no asistiera a una audiencia del juicio que se lleva adelante en la ciudad de Santa Cruz.

Además, el Fiscal General apuntó que Soza debía haber presentado un informe detallado sobre el estado del proceso en el que se desempeñaba como director funcional, el cual debe incluir los detalles de todo lo que se ha llevado adelante hasta ahora.

Guerrero dijo que en su nota, Sosa expresa su decisión de renunciar al cargo aduciendo motivos "familiares" motivados, aparentemente, en supuestas amenazas contra su integridad física y la de su familia, pues una de sus hijas habría sido amenazada de secuestro.

El Fiscal General añadió que en las siguientes horas, personal del departamento jurídico y de recursos humanos del Ministerio Público procederán a analizar el contenido de la renuncia de Soza, para después emitir una opinión con mayor fundamento.

No obstante, Guerrero sostuvo que esperaba el informe del Fiscal Soza que debe ser presentado en un término de cuarenta y ocho horas, pues lo contrario podría suponer el inicio de acciones administrativas e incluso penales contra la renunciante autoridad.

"La renuncia será valorada, hay un instructivo que debe cumplir porque lleva la investigación funcional, si no lo hace puede ser pasible de un proceso disciplinario e incluso penal", dijo Guerrero.

El Fiscal General informó a los periodistas que tras su inasistencia a la audiencia celebrada en Santa Cruz, vanos fueron los intentos para tomar contacto con esa autoridad, de la cual se desconoce su actual paradero.

Marcelo Soza desaparece del escenario en su lugar Iván Ortiz designado por el Ministerio Público para continuar la labor en el caso Rózsa en S.C.

El fiscal Marcelo Soza, principal promotor en la investigación del caso Rózsa, no se presentó ayer a la reinstalación del juicio en Santa Cruz y en su lugar designaron a Iván Ortiz Tristán.

Iván Ortiz designado por el Fiscal General en caso Rózsa en SC

Ese hecho provocó el aumento de rumores sobre la renuncia de Soza, situación que no pudo ser confirmada ni desvirtuada por las autoridades.

“Presento este memorial de designación”, dijo Iván Ortiz al reinicio de la audiencia alrededor de las 16 horas, sin dar mayores explicaciones.

El fiscal Sergio Céspedes, compañero de Soza en el caso, dijo que desconocía qué sucedió con éste, mientras que Paola Barriga, representante del Ministerio de Gobierno en el jucio, señaló que la Fiscalía es independiente y por eso no conoce por qué Soza no estuvo en la audiencia.

El caso continuará. Céspedes y Barriga afirmaron que la ausencia de Soza no significa que el juicio quede paralizado o se cierre, pues en el caso del Ministerio Público cualquier fiscal puede continuar con las acusaciones hasta llegar a la sentencia.

En La Paz el abogado de Marcelo Soza, Moisés Ponce no pudo ser ubicado por este medio y no contestó a su celular.

El fiscal Soza había sido acusado de estar en una conversación con supuestos integrantes de la supuesta red de extorsión del caso Ostreicher y también había aparecido en unas fotografías entregadas por la senadora opositora Carmen Eva Gonzales.'Es una pena que abandone el caso, debe terminarlo y quedar en ridículo porque no podrá probar nada', dijo Otto Ritter, abogado defensor.

Incidentes. Durante la jornada de ayer, uno de los 39 imputados, el ex dirigente cívico, Alberto Melgar se quejó porque la abogada del Ministerio de Gobierno, Paola Barriga en declaraciones formuladas en La Paz dijo la palabra terroristas para referirse a los involucrados en el caso.

El presidente del tribunal, Sixto Fernández señaló que se debe guardar el principio de presunción de la inocencia.

Al final, el tribunal decidió tomarse hasta el jueves a las 18 horas para analizar los incidentes presentados por las partes.

Evo culpa de nuevo a los medios, esta vez por "mal comportamiento" en el caso Clavijo. LT puntualiza cómo es en verdad el asunto

Es preocupante la obsesión de importantes autoridades del Gobierno por el presunto mal comportamiento de los medios masivos de comunicación privados (mostrando, además, doble moral porque acusan a estos medios de lo que efectivamente hacen los medios bajo su control).

El Primer Mandatario, en un acto de reconocimiento a la Policía, lamentó que respecto al “condenable y lamentable hecho del exteniente Clavijo”, “algunos medios y algunas personas hacen aparecer como si ese hecho fuera instrucción de su comandante; quién puede creer que haya decisiones conjuntas o colectivas para que una institución o el Gobierno ejerza esa clase de misiones para acabar con la vida (de Clavijo)”.

Olvida el Presidente que ha habido gente conectada con la familia de la víctima, que ha planteado ese extremo y el papel de los medios escritos (no así los estatales) ha sido mesurado. Más aún, hay quienes han intentado aprovechar este uxoricidio cometido por un oficial de policía, miembro de un grupo comando especializado. Varias de sus ministras y algunos parlamentarios plantearon acciones de venganza descabelladas y participaron en una marcha ciudadana que fue impedida de ingresar en la plaza Murillo. Además, no faltó quien intentó relacionar –con total falta de escrúpulos– la profesión de la víctima, periodista, con las supuestas ventajas de la extorsiva Ley de Seguro Privado (....) para los Trabajadores y las Trabajadoras de la Prensa de Bolivia.

Así de simple. Además, todos (autoridades y sociedad) han recordado que de acuerdo a los informes anuales de la Defensoría del Pueblo, se comprueba que los policías son los más violentos cuando se trata de violencia doméstica. ¿Por qué entonces achacar a los medios por mala cobertura en este caso?

OPINION benévolo y complaciente insta a resolver el problema de Oruro, instando a encontrar solución mediante el diálogo sin embargo todo depende de UNA SOLA palabra de Evo. retiren mi nombre y se acabó. falta humildad, desprendimiento, visión de Patria!

Se debe imponer un análisis sereno de las instituciones y, en última instancia, la mediación del Presidente, para evitar enfrentamientos entre los sectores.

Muchos de los conflictos y enfrentamientos que se presentan en diferentes momentos de la vida nacional, se originan en decisiones de las autoridades, que no siempre tienen lo que se llama, de manera tan repetida, el consenso o cuando son adoptadas de manera apresurada sin el análisis correspondiente.

Cuando el conflicto estalla, las soluciones resultan más complejas, porque en ellas se involucran a personas, instituciones o finalmente a los intereses generales del pueblo y sus aspiraciones, que unas veces tienen que ver con el desarrollo y otras, con causas que son consideradas inherentes a las tradiciones, costumbres y sentimiento de la gente.

Ésto viene ocurriendo desde hace algunos días en la ciudad de Oruro, donde se registra un movimiento ciudadano respaldado por el Comité Cívico y ahora por organizaciones laborales, que se oponen a una Ley departamental mediante la cual se nombra al aeropuerto de Oruro con el nombre del presidente del Estado Plurinacional Evo Morales, en reemplazo de la tradicional nominación de “Juan Mendoza”, el primer piloto boliviano de origen orureño.

El rechazo citadino encuentra una respuesta en la movilización de la Federación Sindical Única de Trabajadores campesinos de Oruro, que emitió sendas resoluciones declarando estado de emergencia de las 16 provincias , otorgando un plazo de 48 horas para que las organizaciones impulsen piquetes de huelga de hambre y advierten un cerco a la ciudad sino aceptan el nombre del Presidente para la terminal aérea.

El problema ha llegado a extremos insostenibles y debe merecer soluciones inmediatas, porque de un asunto que debería ser analizado en su justa dimensión y proporcionalidad, se puede llegar a situaciones de enfrentamiento.

Por un lado, el pueblo orureño debe estar agradecido al Gobierno del presidente Morales por la magnífica obra del aeropuerto internacional, que gravitará en el desarrollo de este departamento, pero por otro, se tiene que analizar con la debida prudencia la pertinencia de la Ley departamental que dispone el cambio de nombre del aeropuerto. Otra vez habrá que recordar que las leyes tienen efecto en su aplicación, cuando toman en cuenta realidades concretas del entorno donde son aplicadas, cuando asumen un estudio sobre aspectos históricos, de tradiciones y costumbres y, finalmente, cuando analizan lo que se denomina, el espíritu de la ley, que de alguna manera tiene que ver con el sentir de la gente.

La leyes que no guardan condiciones ni se relacionan con el entorno, siempre ocasionan conflicto y rechazo y, muchas veces, descontrol en su aplicación, como se está observando en el actual conflicto de Oruro.

Las soluciones no se darán a partir del enfrentamiento, de marchas y contramarchas, de manifestaciones y advertencias, sino mediante un análisis sereno de las instituciones, es decir del movimiento cívico y de los campesinos y, en última instancia, la mediación del propio Presidente, quien tendrá que decir su última palabra, en un asunto que posiblemente se ha originado, incluso, sin el requisito elemental que en el caso de las nominaciones, se tiene que cumplir, que es la consulta previa al interesado.

Una obra transcendental como es el nuevo aeropuerto de Oruro, ha sido concebida para beneficio de todos los orureños, para mejorar las condiciones de vida y para abrir espacios aéreos buscando mejores oportunidades en un departamento que ha sido relegado históricamente. Es una obra para el bienestar común, no para el enfrentamiento.

Victor Gutiérrez muy claramente nos anticipa que "un fallo anunciado" será del Tribunal Constitucional torciendo la Ley para dar lugar a la reelección de Evo

A título de consulta, la Asamblea Legislativa ha remitido ante el Tribunal Constitucional la interrogante acerca de si Evo Morales Ayma puede ser candidato a la reelección en los comicios electorales del venidero 2014. Dicha consulta, a la luz de la Constitución Política del Estado en actual vigencia, es por demás innecesaria dado que el texto constitucional a través de una de sus disposiciones transitorias refiere que los mandatos anteriores serán tomados en cuenta a la hora de los cómputos respecto de la participación electoral, y en tal sentido, también la propia Constitución refiere que la reelección sólo es posible por una vez. 

Teniendo en cuenta estos precedentes constitucionales tenemos que en la actualidad el presidente Evo Morales se encuentra ejerciendo su segundo mandato, por beneficiarse con la reelección por una sola vez el pasado año 2010, razón por la cual y conforme establece la referida Constitución, no es legal, ni constitucional un segunda postulación del presidente masista.

A sabiendas de que el Tribunal Constitucional forzará una interpretación constitucional que termine habilitando al candidato masista es que ha sido remitida a su conocimiento la consulta promovida por una Asamblea Legislativa que, a diferencia de lo que acontecía en el pasado,es una instancia “legislativa” completamente subordinada a los designios del Poder Ejecutivo, subordinación que se la exhibe a título de una falsa e inexistente independencia entre los Órganos del Poder del Estado.

De esta manera es que muy poco duró el discurso acerca del advenimiento de un nuevo Poder Judicial, que de nuevo tiene muy poco, porque sus prácticas son iguales a las vistas con anterioridad y en el pasado no muy reciente. Este estado actual revela que estamos en los umbrales de una cancelación casi definitiva del estado de derecho, o lo que es lo mismo, ante la inminencia del desconocimiento fáctico de la democracia como sistema. Semejante cuadro reinante no podíamos haber imaginado durante las largas jornadas de recuperación democrática que nos tocó vivir hace exactamente treinta años atrás. Y es que los mayores atentados contra el orden constitucional resulta que vienen aconteciendo en plena vigencia de un estado de derecho, así como van las cosas, de democrático sólo va quedando el nombre.

Lo que sí es pertinente advertir es que ninguna interpretación constitucional puede suplantar la voluntad popular, podrán gozar y contar con la anuencia del Tribunal Constitucional, pero se harán acreedores de un rechazo nacional.

desconfianza y dudas sobre caso Rózsa. no son sólo opositores, también masistas piden investigar a Marcelo Soza. Los Tiempos. Cb

Como si la abundante cantidad de cabos sueltos, que desde la noche del 16 de abril de 2009, cuando se realizó el operativo, en el hotel Las Américas de Santa Cruz, donde fueron ejecutados varios sospechosos de participar en actividades terroristas, no fueran ya suficientes para poner en duda las acciones hechas desde esa fecha hasta ahora en la tramitación del proceso penal relativo al caso, durante los últimos días se han sumado nuevos elementos de juicio que no han hecho más que profundizar la desconfianza.

Ello aparece con más evidencia cuando ya no es sólo desde las filas de la oposición, y mucho menos de sus más recalcitrantes sectores, de donde provienen los cuestionamientos a lo actuado por los principales impulsores del proceso penal. Por las nuevas denuncias aparecidas, ahora son los ministros de Gobierno e incluso de Transparencia, quienes han reconocido la necesidad de que el fiscal Marcelo Sosa, que lleva el caso desde el Ministerio Público, sea sometido a una severa investigación, y a esas voces se han sumado las de importantes parlamentarios masistas que, dados los antecedentes, al parecer ya no están dispuestos a poner en riesgo su prestigio en este complejo caso. Abona además a este propósito, alentando la esperanza en la posibilidad de que se abra un resquicio por el que pueda fluir la claridad necesaria para que la verdad histórica sea restablecida, que el Vicepresidente del Estado se ha pronunciado también a favor de que el fiscal Sosa sea sometido a investigación.

Es de esperar que esas voces sean oídas, pues de otro modo, más tarde o más temprano, cualquier omisión será muy severamente juzgada por la historia.