por segunda vez por la segunda causa Gómez enviado a Palmasola. 4 horas duró la audiencia y el Juez Instructor Subieta ordenó formalmente su detención preventiva. abatido, deshecho lució el ex-poderoso fiscal que gobernó varios años en SC y LP

La audiencia del ex fiscal Gómez duró cuatro horas donde alegó inocencia y pidió pruebas de obtenido beneficio económico en la presunta extorsión a Ostreicher, quien está internado en la clínica Incor, de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra.

El juez Subieta determinó el traslado del ex fiscal Isabelino Gómez al penal de Palmasola donde ya están los abogados Fernando Rivera Tardio y Dennis Rodas Limachi que eran apoderados legales del Ministerio de Gobierno. Además de Gustavo Wagner Céspedes que era hombre de confianza de Rivera.

También está preso por el "caso Ostreicher" José Manuel Antezana que era director de Gestión Pública del Ministerio de la Presidencia.
Sobre el ex fiscal Isabelino Gómez ya existe una orden de detención emitida el miércoles la jueza Valeria Salas por indicios de extorsión, acción legal que planteó Crescencio Pinto.

Pinto, preso en Palmasola por violación sexual y trata de personas, demandó al ex fiscal Isabelino Gómez por extorsión. El abogado de Pinto sostuvo que la ex autoridad pretendía el pago de 500.000 dólares y una vagoneta para la cesación de libertad.

Isabelino Gómez saltó a la notoriedad por el caso Catler Uniservice que llegó a la cárcel en 2009 al entonces presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Santos Ramírez, quien está preso en la cárcel paceña de San Pedro.

Gómez fue Fiscal del Distrito de Santa Cruz desde hasta noviembre pasado. También tiene en su contra acusaciones legales por uso indebido de influencias, incumplimiento de deberes, desobediencia a resoluciones judiciales, cohecho y extorsión.

El ex fiscal fue detenido el lunes en la ciudad de Sucre, enmanillado fue trasladado a Santa Cruz de la Sierra, y tras dos días de audiencia de medidas cautelares se ordenó este miércoles su detención preventiva en la cárcel de Palmasola.

Carlos Cordero Carrafa nos plantea "la cultura de la extorsión" como algo adherido al alma boliviana. analiza la conducta de funcionarios en altos puestos de confianza convertidos en extorsionadores para su provecho propio?

No somos un país de corruptos, en cambio sí somos un país donde la extorsión se campea a sus anchas desde tiempos inmemoriales. El escándalo de la red de extorsión, asociada a los ministerios de la Presidencia y de Gobierno, es la muestra fehaciente de la existencia de una cultura de la extorsión que estuvo siempre del lado del poder y que en el tiempo del Estado Plurinacional se ha exacerbado.

Los testimonios de ciudadanos, víctimas de alguna forma de extorsión por parte de funcionarios o servidores públicos, sería literalmente interminable. No solo tenemos un Estado pobre que destila ineficiencia sino que además funciona gracias a la extorsión. Somos una sociedad, cuesta admitirlo, que vive atemorizada por la posibilidad de caer en manos de un bufete de abogados que nos lleve por los kafkianos pasillos de los tribunales de justicia, padeciendo pleitos indescifrables. Laberinto del cual es posible salir cediendo a la violencia del chantaje o la extorsión. Pues quien tiene una minúscula cuota de poder que le otorga el Estado, como funcionario o servidor público, se vale de ello para beneficiarse y perjudicar al que no paga la tarifa, la cuota o la coima.

La extorsión en el ámbito de la justicia se ha convertido en un moderno leviatán, el monstruo bíblico que vivía en el mar. En la actualidad este detestable monstruo, de múltiples cabezas y mañas, está devorando las entrañas, tanto de la revolución democrática y cultural como del Estado Plurinacional.

El MAS y el presidente Morales llegaron al poder gracias al argumento de que iban a reformar el Estado luchando contra la corrupción. Después de dos gestiones constitucionales, se ha cambiado el nombre del Estado, tenemos una nueva CPE, se ha creado un ministerio de lucha contra la corrupción y todo está peor que antes. La persecución política se ha disfrazado de aplicación de justicia y lucha contra la corrupción. La extorsión por medio de funcionarios públicos ha sustituido a los viejos organismos de represión del tiempo de las dictaduras.

Los ciudadanos estamos francamente decepcionados de que las autoridades gubernamentales hayan sido tolerantes con la cultura de la extorsión que medraba en sus narices.Carlos Corde

Los Tiempos y sin duda otros grandes medios consideran que el proyecto de Seguro para Periodistas significa un nuevo, honeroso impuesto para los medios que lejos de favorecer a los comunicadores les significará despidos, cierre de fuentes, una rebaja de sus reales beneficios profesionales. faltó mayor estudio y consentuarla mejor

En fin, en estos tiempos de extorsión, estamos a punto de que se promulgue una norma que es eminentemente extorsiva

La Cámara de Diputados sancionó la noche del lunes el proyecto de Ley de Seguro Privado de Vida e Invalidez Permanente por Accidentes, Enfermedades en General u otras Causas para Trabajadores de la Prensa de Bolivia. De nada han valido los argumentos que los diferentes gremios del periodismo interpusieron ante las autoridades de los órganos Ejecutivo y Legislativo demostrando que dicho proyecto es inconstitucional y que más que favorecer a los trabajadores de la prensa, puede afectarlos porque significa en los hechos la imposición de un nuevo impuesto.

Es que no sólo que quienes han promovido este proyecto han mentido descaradamente respecto a sus objetivos y las bases que lo sustentan, como se demostró fehacientemente en la Cámara de Senadores, sino que, en el fondo, y como lo hemos sostenido desde que el malhadado proyecto ingresó en la agenda pública, se pudo observar en él que su objetivo central no es tanto beneficiar a los trabajadores de la prensa cuanto acosar a los medios independientes y contar con recursos extraordinarios, que fácilmente podrán ser destinados a campañas políticas de dudosa legitimidad.

Resumiendo, los medios privados deberán aportar el 1 por ciento (los llamados comunitarios sólo el 0,25) de sus ingresos mensuales al fondo, y la administración de estos recursos, salvo que se haya incluido algún cambio en la redacción final, estará en manos de un comité conformado por tres representantes del Estado, un representante de los propietarios de medios de comunicación, y un representante de la Confederación de Trabajadores de la Prensa.

Esto significa que será el Estado el que tendrá la capacidad de definir el destino de los fondos remanentes una vez pagado el seguro, y no hay por qué no creer que podrían incluso aportar a campañas propagandísticas, si nos atenemos, por ejemplo, a los spots publicitarios elaborados por el Ministerio de Comunicaciones en los que niños agradecen al presidente Evo Morales por el pago del Bono Juancito Pinto, como si éste fuera financiado por sus propios recursos y del Estado.

Las susceptibilidades han crecido también por la campaña que se ha desplegado para que, contra viento y marea e incluso mintiendo descaradamente, el proyecto sea aprobado y una vez sancionado se puede presumir que su promulgación es cuestión de horas. Lo que queda, y es probable que así actúen las organizaciones del gremio, es recurrir al Tribunal Constitucional demandado la inconstitucionalidad de esta norma.

Desde otro enfoque es de lamentar que sea desde el Órgano Ejecutivo que se ponga en duda la eficacia de la acción estatal. Al promover este seguro privado, se cuestiona la eficacia de los servicios que el Estado debe proporcionar a la ciudadanía. Es no más reconocer que el seguro médico y las AFP, que velan por la seguridad social de todos los trabajadores y empleados del país no funcionan, ni los aparatos llamados por ley pueden garantizar la seguridad ciudadana. Y como no lo hacen, se dispone recurrir a un seguro privado contradiciendo, además, el discurso estatista predominante en las autoridades del Gobierno.

En fin, en estos tiempos de extorsión, estamos a punto de que se promulgue una norma que es eminentemente extorsiva. Así de sencillo.

Brasil tiene el liderazgo natural en América Latina, su vecindad con Bolivia determina cierta conducta sine qua non no funciona la integración. además el Gobierno está conminado a resolver la devolución de vehículos robados y tierras motivo de conflicto en las fronteras (El Día)

El Gobierno boliviano ha hecho lo que Brasil intenta que hagan todos los países de América del Sur, es decir, alinearse en la dirección de su liderazgo, que en este momento pasa por el contexto del Mercosur, una instancia que ha perdido su horizonte económico, pero que se ha convertido en un  núcleo político de convergencia regional bajo la batuta de Itamaraty, que ha recuperado importantes posiciones tras el declive de Hugo Chávez y el desmoronamiento de las iniciativas de integración creadas bajo su influencia, especialmente el ALBA y Unasur.

El régimen nacional ha buscado la forma cómo superar el momento difícil por el que atraviesan las relaciones bilaterales, fisuradas desde el ultraje a Petrobras en el 2006 y mucho más afectadas luego de que Brasilia decidió hace seis meses concederle refugio político al más aguerrido de los opositores de la administración Morales, el senador Róger Pinto, quien espera en la embajada brasileña en La Paz, la entrega de un salvoconducto para trasladarse al vecino país. A esto hay que agregarle también la molestia que existe en el gobierno de Dilma Rousseff por las constantes reticencias de Bolivia a mejorar la cooperación en la lucha contra el narcotráfico, un tema en el que los brasileños acaban de adoptar una posición muy firme.

Pese a que, como se mencionó, Bolivia ha lanzado dulces para los oídos brasileños, aún a costa de poner en peligro el comercio exterior boliviano, que depende en gran medida de la Comunidad Andina, Brasil acaba de lanzarle una respuesta que las autoridades nacionales no esperaban, al menos no con la rispidez con la que se ha pronunciado la embajada brasileña en La Paz.

El vocero de la representación diplomática, Eduardo Pases Saboia, dijo que el ingreso de Bolivia al Mercosur es importante para la integración, pero desde el punto de vista de su país, antes se deben resolver temas muy importantes y que han estado entorpeciendo las relaciones de buena vecindad no solo con Brasil sino con otros países de la región, que además son socios del bloque comercial.

Pases Saboia citó varios puntos de una espinosa agenda que ha provocado tensiones, entre ellos, las tomas de tierras, el robo de vehículos y el narcotráfico. En tono de queja, el representante dijo, en relación al conflicto por los autos “chutos” que “el Gobierno boliviano se comprometió a devolver los vehículos recuperados, pero hasta ahora nada”. También indicó que durante los últimos meses, los agricultores brasileños que han hecho importantes inversiones en el departamento de Santa Cruz, han sido blanco de avasallamientos de sus tierras y deben soportar inseguridad jurídica que pone en peligro actividades productivas. Se sabe que la embajada brasileña  ha estado haciéndole un seguimiento muy cercano a estos casos y en este sentido, se han producido quejas sobre una supuesta permisividad de las autoridades nacionales con los invasores de las haciendas.

El diplomático ha dicho que si no se resuelven estos aspectos, podría ocurrir lo mismo que Venezuela, que pasó varios años hasta que pudo incorporarse al bloque. “Tenemos que llevarnos bien, pero hay que hacer un sinceramiento y enfrentar los problemas, no ponerlos debajo de la alfombra”, dijo Pases Saboia, en una clara alusión a las motivaciones políticas que se esconden detrás del pedido boliviano de ingreso al Mercosur. Esta posición pone en aprietos a Gobierno nacional, cuya misión es redoblar sus esfuerzos por combatir el crimen organizado, sobre todo después de constatar que éste también se ha enquistado dentro del propio régimen.

Brasil le dice a Bolivia que antes de pensar en la integración dentro del Mercosur, debe resolver temas importantes como el robo de vehículos y las tomas de tierra que generan conflictos a nivel regional.

El Deber dice basta de hechos de naturaleza criminal en que se incuban fortunas a espaldas de un pueblo impotente cuando se refiere al cas Ostreicher de corrupción extrema

El caso del ciudadano estadounidense Jacob Ostreicher ha destapado una red de corrupción cuyos alcances no terminan aún de conocerse. Muy penoso lo sucedido, sobre todo por el daño  casi irreparable  propinado a la imagen internacional boliviana y por ocurrir, además, en el seno de una administración que prometió solemnemente desde el inicio de su gestión  (2006) “corrupción cero”. Está visto  -penosamente- que sí han habido muchos ceros, pero a la derecha, como se colige por los millones de dólares que han sido delincuencialmente apropiados en este caso, como también por anteriores escándalos  no menos millonarios y que siguen salpicando al Gobierno de Evo Morales. 
Cabe esperar que las autoridades ejerzan de una buena vez acciones con la dureza y rigor que este triste caso de Ostreicher impone, caiga quien caiga y hasta que se aclare totalmente. De la misma manera, otros asuntos pendientes  que involucran hechos ilícitos deben ser tramitados con idéntica urgencia. Caso contrario, la corrupción seguirá agregando nefastos ceros a su favor.
En el caso de los bienes incautados, cabe resaltar que la corruptela no es de ahora. Viene desde hace muchos años y con distintos gobiernos. En lugar de que esos bienes incautados sean debidamente cuidados y protegidos,  como lo estipula con claridad la ley, se han ido convirtiendo en el festín de turno de funcionarios ladrones e  inescrupulosos. La normativa acerca de los bienes incautados siempre ha sido muy clara, pero  también siempre se la ha incumplido. Los bienes incautados a cualquier sospechoso de actividades vinculadas con el narcotráfico tienen que ser inventariados y puestos en custodia del Estado  mediante el organismo gubernamental  a cargo, hasta tanto se concluya la investigación correspondiente y termine el proceso judicial. Al dictarse sentencia ejecutoriada, si el acusado es declarado inocente, se le debe devolver la totalidad de los bienes incautados exactamente en la misma  cantidad y calidad de cuando se hizo la incautación. Si, por el contrario, el acusado es declarado culpable, entonces esos bienes incautados serán confiscados  definitivamente y pasan a ser de dominio del Estado, quien mediante normas al respecto dispondrá de ellos para diversos usos o necesidades públicas. Todo muy bien  aclarado y la letra de la normativa así lo expresa, pero  he aquí que la realidad ha sido muy diferente. Cada vez que se han incautado bienes, estos casi siempre han “desaparecido” o fueron alevosamente distribuidos, utilizados, malversados, desgastados, inutilizados, etc. La lista de tropelías es larga, cada tanto la crónica periodística ha ido reflejando diversos hechos de oprobio con respecto al mal uso de los bienes incautados.
Esta vergonzosa situación anómala -que ha involucrado durante largos años  a muchos funcionarios de la Dirección de Bienes Incautados en complicidad con otras áreas administrativas estatales- tiene que alterarse drásticamente y para bien. El camino inicial para ello es la aplicación con dureza de sanciones ejemplares que sirvan de escarmiento, para evitar así  la gravosa continuidad de estos alevosos actos que tanto perjudican la imagen del Estado boliviano, al mismo tiempo que incuban oscuras fortunas  a espaldas y a costillas de un pueblo que mira impotente estos zafarranchos de franca naturaleza criminal. ¡Basta ya!

OPINION cita al Ministro Aguilar en la última coyuntura "todo control social en lo interno y en lo externo es bienvenido" para evitar los excesos y vicios de abuso de autoridad y peculados.

Las repercusiones del escándalo político y judicial que ha desatado la existencia de una red de corrupción y extorsión que operaba desde el Ministerio de Gobierno y de la Presidencia, son tantas a nivel nacional e internacional, que se desencadenan como una bola de nieve, porque cada día, se conocen más detalles y situaciones de este asunto que, seguramente, configura una de las preocupaciones mayores en el aparato gubernamental.

Para la oposición se trata de un plato fuerte y bien servido y una de sus primeras reacciones está en pedir la renuncia de los titulares de las carteras ministeriales que se encuentran involucradas. El partido oficialista, a través de un influyente parlamentario, sostiene que deben iniciarse investigaciones rigurosas en los ministerios y que además se debatirá en las filas oficialistas si es necesaria la conformación de una Comisión Legislativa para colaborar en el caso y dar con todos los responsables. En estos criterios coinciden, como pocas veces lo hacen, los opositores que también consideran que es necesario que se vea un nivel fuera del Ejecutivo que realice las investigaciones, o bien que sea el Ministerio Público recientemente renovado en su titular principal.

En lo que corresponde a la Asamblea Legislativa existe opinión concordante entre oficialistas y opositores que una Comisión Mixta coadyuve en las investigaciones de la red de corrupción y que reciba las denuncias de todas las personas que fueron o trataron de ser extorsionadas por el grupo de funcionarios de Gobierno, lo que en realidad sería lo más adecuado.

Pero de todas las reacciones, que como se ha dicho, son muchas, hay una que sobresale por quien lo dice y porque se trata de una reflexión que va más allá de este complicado trance que afecta al Gobierno. Se trata del ministro de Educación, Roberto Aguilar, quien considera que se debe mejorar los niveles de control de los funcionarios públicos para evitar actos irregulares que se puedan dar al interior del aparato estatal. El ministro Aguilar, que se caracteriza por su serenidad e intelecto, comenta que en su ministerio constantemente se hace cruce de información con la verificación de contratos para detectar posibles irregularidades y cuando se evidencia se pasan los casos al Ministerio de Transparencia y en otros se opta por la suspensión de contratos o de los funcionarios involucrados.

Se trata de consejos que de algún modo interpelan o cuando menos plantean respecto a tareas que no se realizaron en los ministerios donde se develó la red de corruptos y extorsionadores. El cruce de información en un ministerio parece lo más próximo que se tiene que ejercitar en la administración pública y también lo más básico.

El ministro Aguilar abunda aún más y señala que cualquier mecanismo de control es positivo y dice que es parte de una obligación y de un proceso que debe estar continuamente establecido, “seguimiento desde adentro y desde afuera, para que no se presenten situaciones tan críticas, horribles como la que se ha presentado en este caso”.

Las investigaciones si se realizan de manera clara y hasta el final, seguramente, dejarán algunas luces sobre los entretelones que se presentaron, pero además sobre las responsabilidades de otros funcionarios públicos que sin estar comprometidos con la red de la corrupción, no pudieron, no supieron o quizá no quisieron detectar una situación, que como se sabe, se arrastra desde hace años.

no podía faltar la pluma de Manfredo Kempff que refiere la suerte de Jacob que bajó 40 kilos y su salud está resentida por acción de sinuosos delincuentes que escudados en cargos públicos acusaron "al reo de narco" e hicieron de él, lo que les vino en gana

Desde hace algunos días el país entero, mira, perplejo, la serie novelada de gánsteres que pasa la televisión con motivo de haberse ventilado el pestilente “caso Ostreicher”, que todavía está en sus inicios, prometiendo capítulos imperdibles. Esto se suma a una serie interminable de corrupción y crimen organizado existente en Bolivia, cuya máxima crueldad y salvajismo ha sido el asesinato de un boliviano y dos extranjeros (Rozsa, Magyarosi y Dwier) en el Hotel Las Américas de Santa Cruz, en abril de 2009.

Al norteamericano Jacob Ostreicher no lo han matado todavía – tal vez ya esté a salvo de morir – pero como individuo ha quedado aniquilado físicamente y está internado, con frondosa guardia, en una clínica privada de Santa Cruz, donde se lo trata de temblores en sus brazos y manos y se le hace una evaluación de su salud ya que, por ayuno voluntario y las penurias de la vida carcelaria, bajó de 86 a 47 kilos, es decir que perdió casi la mitad de su masa corporal. Habrá que dar por descontado que su estado psicológico no es de lo mejor pese a la fortaleza y coraje que ha demostrado.

Enterado de la custodia de Ostreicher en la clínica donde reposa, imaginé, de inmediato, un episodio de suspenso de El Padrino – cine y novela – cuando al “godfather”, don Corleone, interpretado magistralmente por Marlon Brando, lo internan malherido en un hospital y desaparece toda guardia para dejar al capo mafioso indefenso a merced de sus enemigos para que lo silencien. Aquí, si no lo cuidan bien, es Ostreicher quién podría correr el riesgo de ser rematado en su lecho para encubrir una red de robo, extorsión y soborno, cuyas ramificaciones pueden tener brazos muy largos.

En los últimos años y mucho antes aún, se han presentado en Bolivia casos de asesinato, chantaje y latrocinio que están sin investigar y que pueden quedar en el misterio. Han sucedido extraños asesinatos de estilo mafioso, no descubiertos, como fue el de los esposos Alexander, Otero Calderón, el general Larrea y el dirigente campesino Solíz, allá por 1969. Bomba, ahorcamiento, ametrallamiento y emboscada, dejaron asustada a una sociedad que había observado de otra manera la violencia política y que, por eso mismo, pensaba que había algo más que política detrás de todo eso. Como últimamente en el siniestro crimen del hotel Las Américas que sigue envuelto en una nebulosa aunque, en este hecho, se sabe quiénes dispararon.

En el “caso Ostreicher” está a las claras que actúan sinuosos delincuentes comunes escudados en cargos políticos o fingiendo representar el poder. Unos, los capos, surgen de recónditos antros judiciales del Ministerio de Gobierno, y otros de una institución que dará mucho qué hablar e investigar: la Dirección de Registro, Control, y Administración de Bienes Incautados (DIRCABI). En DIRCABI es donde, se supone, se guardan los bienes incautados al narcotráfico, pero, al parecer, eso está poco vigilado, o ahí se hace la vista gorda; es como meter ratones en una alacena para cuidar el queso. De allí han surgido sujetos que, como si Ostreicher fuera un narcotraficante más, le confiscaron, según las informaciones de prensa, 20 mil toneladas de arroz, 273 cabezas de ganado y maquinaria agrícola, que con lápiz y papel en mano, el latrocinio asciende a varios millones de dólares hasta hoy esfumados. El despojo, en las propias barbas de las autoridades, ha sido tan abusivo que ha movilizado conciencias en EEUU, pero, además a la FBI, que dicen, ha jugado un papel importante en destapar la cloaca.

¿No es cinematográfico todo esto? ¿No es el argumento para una gran novela negra? Porque, desde luego, si no venía a hablar con S.E. el afamado actor norteamericano Sean Penn, Ostreicher seguiría en las mazmorras de Palmasola con las manos temblando e invocando al Dios para que lo salve o se lo lleve de una vez. Sean Penn puede dirigir y también ser protagonista de una película como El Padrino, explotando eso de la “cosa nostra” nativa y la ley de la “omertá”, de los “conseglieri” y de los que manejaban diestramente la “lupara” o escopeta recortada.

La mesa está puesta y sólo hay que esperar el desenlace, cuando habrá que saber quién es el “capo di tutti capi” en este embrollo mafioso, porque abogados, jueces y asesores del Ministerio de Gobierno se habrán tenido que conformar con un puñado de dólares; esos no tienen vuelo para quedarse con cifras millonarias. ¿Y el resto? ¿Quién decide qué hacer con los cuantiosos bienes incautados a los narcotraficantes? ¿Quién o quiénes tienen autorización para meter la mano en la lata en una institución donde no se puede discernir entre bienes mal habidos o no?

Hay una lista de personajes llamados a declarar, entre otros un ex ministro de Gobierno que ejerce las funciones de embajador en NN.UU. que, por donde ha pasado, ha dejado recuerdos deplorables. Habrá que oír qué dicen aquellos que desde hace siete años han convivido con mafiosos, pero, según juran, sin saberlo ni menos ser parte de la “cosa nostra” nativa.