por el momento inservible. alocada compra de un lujosísimo avión francés que le queda muy grande al originario. quizá sería mejor devolverlo opina LP.

La Prensa:

¿Y si se devuelve el Falcon?

El avión es demasiado moderno para ser operado en el país, como quedó patentado por la incapacidad de los pilotos de la FAB para conducirlo.

En los hangares de la Fuerza Aérea está estacionado desde fines de junio uno de los aviones más lujosos del mundo, comprado por el Gobierno nacional a un precio muy elevado (38,7 millones de dólares), pero que no puede ser usado por falta de personal calificado.

El Falcon 900 Easy provocó críticas desde antes de su adquisición, sobre todo por el hecho de que su compra no fue precedida por una licitación como ordenan las leyes del país. El Gobierno nacional no prestó atención a esos detalles legales, seguramente confiado en que después el equipo de abogados o, en último caso, los parlamentarios, defenderían la decisión Presidencial.

Para justificar la compra fue puesto a prueba todo el equipo de comunicación que responde al Gobierno, que debió insistir en la importancia de renovar el avión presidencial porque era vergonzoso que el Presidente siguiera usando aviones facilitados por sus colegas amigos, como Hugo Chávez, de Venezuela. El mensaje de estos profesionales de la comunicación decía que Bolivia había dejado de ser un país mendigo y que ahora podía darse el lujo de proporcionar a su Presidencia una nave que sea digna de su cargo del orgullo de Bolivia. El detalle del precio fue relegado por estos mensajes, lo mismo que la irregularidad de que no se había hecho una licitación.

Las alusiones a que se trataba de una compra de lujo, un exceso de parte del Gobierno de un país pobre, tampoco fueron respondidas por el Órgano Ejecutivo, a pesar de que se dieron en medio del debate sobre el incremento de salarios. Sin embargo, algunos medios internacionales hicieron esa referencia.

Pero lo que ha quedado de esta observación es que el avión, de veras, es demasiado moderno para que pueda ser operado en el país, como ha quedado patentado por la incapacidad de los pilotos de la FAB para conducirlo.

Si los pilotos no son capaces de hacer volar este prodigio de la tecnología moderna, las pistas de aterrizaje del país no son aptas para sus características. Las autoridades de AASANA han hecho saber que, en efecto, para comenzar, la pista de aterrizaje del aeropuerto de La Paz (en la ciudad de El Alto) adolece de graves defectos que es preciso corregir para la operación de aviones comerciales. Las demás pistas de aterrizaje del país no están en mejor estado que la de la sede del Gobierno.

Los países vecinos están más adelantados, pero algunos de ellos han optado por comprar aviones presidenciales menos sofisticados y más aptos para sus propias realidades, como el BAE de Inglaterra que usa el TAM.

Para contar con un piloto que sea capaz de poner en vuelo el Falcon sería necesario traerlo del exterior. Se trata de profesionales muy caros, como lo demuestra el hecho de que el piloto que trajo el avión al hangar de la FAB desde Estados Unidos cobró 30.000 dólares.

Por todas estas consideraciones, quizá sea conveniente revisar esta compra, devolver el avión, asumiendo los costos de esta decisión y, con la lección aprendida, proceder a comprar un avión que sirva para el Presidente de Bolivia, uno seguramente mucho más barato y menos complicado que el Falcon 900.

"Un avión que no despega" LT refiriéndose al lujoso y por el momento inservible aparato de 40 millones de dólares que compró Evo con dinero fiscal!!!

Dando una muestra más de lo cierto que es aquello de que cuando se tiene el poder total --o casi— no hay límites que valgan, el Gobierno ha logrado hace unos días coronar con éxito uno de los deseos más ardientes del presidente Evo Morales: tener un avión presidencial. Pero no uno cualquiera, sino uno de los más lujosos del mundo. Uno que esté a la altura de los que usan los magnates de los negocios o de los deportes.

No importó si para consumar tal antojo hacía falta pasar por alto todas las normas legales vigentes ni los procedimientos previstos para tan onerosas adquisiciones. Tampoco si había en el mercado otras opciones menos costosas y más prácticas. De nada valieron las advertencias de gente entendida en la materia sobre las dificultades y gastos que traería un avión que por lo raro que es en estas latitudes no cuenta con el respaldo necesario para mantenerlo en vuelo. Será difícil y muy caro contar con los repuestos, los técnicos especializados en su mantenimiento, y hasta formar un equipo de gente capaz de pilotarlo. Es decir, además del avión habrá que adquirir y contratar, a precios exorbitantes, todos los servicios necesarios para que alguna vez sirva de algo.

El resultado no podía ser otro que el que ya se ve. El lujosísimo avión está en tierra y no sólo porque no hay quién lo pilotee. También porque hasta para inflar sus llantas hace falta personal certificado por la fábrica, pues de otro modo, como ocurre hasta cuando se repara un teléfono celular con alguien no autorizado por el fabricante, se pierde la garantía, el seguro y todo lo demás. El dictador africano Robert Mugabe tuvo muchos inconvenientes parecidos.

lo que el gobierno hace decir a Sacha, lo anunciaron los medios antes e insisten. Erbol.

Sacha: “si la Policía no se transforma se convierte en amenaza para la sociedad”

La Paz, 16 Jul (Erbol).- El ministro de Gobierno, Sacha Llorenti, afirmó este viernes que la Policía Boliviana requiere de una transformación inmediata y de no darse el caso podría convertirse en un peligro para la sociedad en su conjunto, tras las sendas denuncias presentadas en su contra en las últimas semanas.

“Si en la Policía boliviana no existe una depuración real entonces lamentablemente esta continuará conviviendo con algunos delincuentes que utilizan el uniforme verde olivo para sus intereses personales y no para los de la comunidad”, sentenció el ministro en el acto de posesión del nuevo viceministro de de Régimen Interior y Gobierno, Marcos Farfán, tras la sorpresiva destitución de Gustavo Torrico.

En este sentido, informó que la cartera de Estado a su cargo tiene un paquete legal de transformaciones de la institución del orden, además de la seguridad ciudadana y la del Estado, que será presentado en los próximos días, “por eso entendemos que serán tratadas de manera urgente por la Asamblea Legislativa Plurinacional”.

Explicó que en una reunión que tuvo el pasado lunes con miembros del Alto Mando Policial y los comandantes departamentales, se coincidió en que es imprescindible tener a los policías en las calles movilizados. “Este jueves ya se tuvo un ejemplo, vamos a continuar este tipo de operativos en todo el país y en las capitales importantes para tener ocupada a la policía en estas tareas (seguridad, control y prevención”.

Po su parte, el flamante viceministro de Régimen Interior y Gobierno, Marcos Farfán, fue enfático al mencionar que trabajará duro por trasparentar la labor de la institución del verde olivo.

“Vamos a coordinar en el trabajo de transparencia en cuanto al mejoramiento de la labor que cumple la Policía para que en su interior se desarrolle una lucha intransigente contra todo indicio de corrupción, por eso daremos curso a la capacitación y fortalecimiento del policía buscando que sea más eficaz su combate contra la delincuencia”, puntualizó al lamentar las quejas permanentes en contra de la institución.

Primero la mentira. Segundo la evidencia. Tercero la suspensión de 7 policías. Cuarto debería la acusación que ojalá llegue algún día. Algo es algo.

El Ministerio de Gobierno dispuso hoy la suspensión y remisión al Ministerio Público de siete policías por la presunta tortura y asesinato de David Olorio Apaza, supuesto miembro de la banda de atracadores que asaltó el pasado fin de semana las oficinas de Vías Bolivia en la Autopista La Paz – El Alto, donde un efectivo de la institución del orden fue acribillado y dos civiles resultaron heridos.

El titular del despacho de Gobierno, Sacha Llorenti, en conferencia de prensa en la ciudad de La Paz, dijo que estos uniformados serán investigados por la Fiscalía para esclarecer las circunstancias en las que murió el presunto atracador Olorio Apaza en celdas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de El Alto.

La lista de policías suspendidos la encabeza el director de la Felcc alteña, coronel Israel Vega; el jefe de Inteligencia, capitán Marco Antonio Aceñas Cusi; los tenientes Ronald Saravia, Cristian Vargas y Omar Antezana; el sargentos Juan de la Cruz Cerón; y al cabo Luis Aquino.

El Ministro de Gobierno afirmó que de acuerdo al informe preliminar con el que se cuenta, estos policías estuvieron el momento en que falleció el supuesto atracador y que por ello se decidió que pasen a disposición del Ministerio Público a objeto de que sean investigados.

La autoridad indicó que de acuerdo al primer informe del Médico Forense que practicó la autopsia al cuerpo de Olorio, se evidencia que el mismo presenta laceraciones, escoriaciones, equimosis, golpes y lesiones de distinta índole.

“Como causa preliminar de la muerte es un proceso asfíctico, probablemente por una bronco-aspiración del sangrado encontrado en vías respiratorias aéreas superiores, diagnóstico que puede confirmarse o modificarse de acuerdo a los resultados de laboratorio”, señala el informe forense leído por el ministro Llorenti, a tiempo de afirmar que con estos datos se descarta que hubo una muerte súbita como pretendieron hacer creer los policías suspendidos.

comprobada la mentira de la Policía. una segunda autopsia descubre torturas graves y asfixia del detenido Olorio Apaza muerto al ser interrogado.

(La Razón tomó la foto de la morgue cuando se paró a la prensa)

El Ministerio Público citará al menos a cinco policías de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) de El Alto, quienes están acusados de asesinato por la muerte de David Olorio Apaza, sospechoso de haber participado en el asalto a oficinas de Vías Bolivia, el domingo 4.

“La querella fue presentada por la concubina del occiso, Carola Cristina Céspedes, por supuestos autores de asesinato”, afirmó el fiscal que atiende el caso, Daniel Aguilar.

Olorio Apaza murió la madrugada del martes, camino al hospital, a raíz de un paro cardiaco, según los primeros informes policiales. Sin embargo, la pareja de éste denunció que fue torturado y asesinado durante un proceso interrogatorio.

Tras recibir la demanda de la concubina, Aguilar anunció que se citará al menos a cinco policías para establecer los hechos y las circunstancias que derivaron en la muerte de Olorio Apaza. Entre los citados están el encargado de llaves de las celdas de la FELCC y el director de Inteligencia de esa repartición.

Fuentes policiales indicaron que quien interrogó a Olorio Apaza el martes es el teniente Omar Antezana, jefe de Propiedades y de Inteligencia de la FELCC de El Alto.

Al referirse a este tema, el director de la FELCC de El Alto, coronel Israel Vega, aseguró que no avalará a ningún efectivo de su unidad y que pondrá a disposición del Ministerio Público toda la información que éste requiera para la investigación. “Cada uno es profesional como policía y yo no puedo meter las manos al fuego por nadie, sólo nos remitimos a los informes que recibimos”.

Vega indicó que la noche del martes, a través de una llamada, le informaron que Olorio Apaza pidió hablar. “Quería hablar con alguien, no específicamente conmigo, entonces a esa consulta el cabo de llaves informó que salió el teniente”, dijo y luego se negó a identificar al efectivo.

El jefe policial no dio detalles sobre la hora del pedido de Olorio Apaza, pero se presume que fue antes de ser sometido a un interrogatorio. Vega dijo que en ese momento se encontraba en un operativo y que no estaba en dependencias de la FELCC.

Agregó que recibe de forma constante informes de quienes trabajan en dependencias de dicha unidad. “Ellos, al dar su informe, dan a conocer todo lo que han escuchado y han dicho”, explicó la autoridad policial.

VERSIONES. El director de la FELCC de La Paz, coronel Rosalío Álvarez, sostuvo la versión de que los moretones que presentó el cuerpo de Apaza fueron producto de una caída. “Al examen externo no presenta lesiones exteriores más que la que se hizo en el momento de la caída cuando estaba en las celdas de El Alto”, señaló.

La parte acusadora sostiene que fue asesinado porque presenta una serie de moretones en todo el cuerpo, somo si hubiera sido torturado.

“A través de la investigación se va a determinar quiénes son los implicados en este hecho. Creemos que son al menos cinco personas que serán convocadas a declarar para esclarecer el hecho”, precisó el fiscal.

El representante del Ministerio Público agregó que ayer no se pudo interrogar a los policías que están bajo sospecha. “Este proceso va a comenzar desde la próxima semana, es probable que desde el lunes”, aseveró.

Álvarez afirmó que se está solicitando todos los informes de la FELCC y que se va a analizar los resultados de las autopsias hechas a Olorio Apaza, para conocer las circunstancias reales de su deceso.

Denuncian exceso policial

Hora
El abogado de la familia de Olorio Apaza sostiene que el interrogatorio se hizo a las 3.00, sin la presencia del
fiscal asignado.

Detención
Apaza fue detenido la mañana del martes y declaró su inocencia. La audiencia debía efectuarse al día siguiente.

Realizan la segunda autopsia en presencia de la familia

El cuerpo de David Olorio Apaza fue sometido ayer a una segunda autopsia en la morgue judicial, con el fin de conocer las causas de su muerte. Sus familiares solicitaron la acción y participaron de esa tarea realizada por la forense Mabel Morales.

Olorio Apaza, uno de los supuestos implicados en el asalto al peaje de Vías Bolivia del pasado domingo, murió el martes cuando estaba detenido. Hay contradicciones sobre su muerte; mientras la Policía dice que se debe a un paro cardiaco, la familia del fallecido afirma que lo mataron durante un interrogatorio.

En la autopsia, que se realizó entre las 16.30 y 21.15, también participó el forense Rubén Soliz, quien practicó el primer examen.

Al final de la autopsia, Morales informó que se tomaron muestras del cadáver y que en 10 días se tendrá un informe sobre las causas de la muerte de Olorio Apaza.

“Los que le han detenido son los responsables de la muerte de mi hijo, además yo lo vi adentro (en la morgue). Todo su cuerpo está golpeado y maltratado, es mentira que haya muerto de un ataque cardiaco, él era sano”, dijo el padre, Hipólito Olorio.

Tras la autopsia, se dio la autorización para que los familiares recojan el cadáver, el mismo que fue trasladado a Coripata, lugar donde nació David Olorio Apaza.

MIENTE. LA POLICIA MIENTE ASEGURA LA PRENSA DE LA PAZ.

En lugar de inventar explicaciones inverosímiles, la Policía y la Fiscalía deberían munirse de profesionales para resolver las dos aristas del caso.

La extraña muerte del ciudadano David Olorio, implicado en el atraco a la Administración del peaje de la Autopista La Paz-El Alto, alarma, estremece y, por qué no decirlo, recuerda las viejas prácticas autoritarias y antidemocráticas.

Cuando se creía que quedaron en el pasado los métodos violentos, los bolivianos han sido impresionados con lo sucedido en la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) en El Alto.

Olorio murió en algún momento de la noche del martes 6 de julio, supuestamente en el trayecto del edificio de la FELCC hasta el hospital Agramont, en esa ciudad.

Las evidencias gráficas que medios impresos, como La Prensa y El Alteño, han publicado sobre Olorio son sólidas y estremecedoras. El supuesto hombre clave para resolver el millonario atraco ocurrido la noche del domingo fue torturado y, al parecer, fue sometido a asfixia por personas desconocidas en algún punto de la Policía.

A pesar de aquello, en la Policía y la Fiscalía aún creen que los bolivianos darán crédito a las versiones sin fundamento y hasta ridículas con las que pretenden explicar las heridas y laceraciones en la humanidad del presunto delincuente.

La fiscal Virginia Villegas fue más allá. Quizás con el criterio de que la estupidez es un mal generalizado, ella ha declarado que Olorio “no ha sufrido ningún tipo de lesiones” y que ha sido víctima de “una muerte súbita”. Lo que resta saber es qué intereses existen en este caso para que la supuesta defensora del Estado y la sociedad mienta sin el menor rubor.

La Constitución Política del Estado es, como sabemos, una de las normas más progresistas del mundo en materia de derechos humanos. La Carta Magna establece, nítidamente, que “toda persona tiene derecho a la vida y a la integridad física, psicológica y sexual. Nadie será torturado ni sufrirá tratos crueles, inhumanos, degradantes o humillantes”. Las imágenes difundidas demuestran que, en el caso de Olorio, se violó el artículo 15 de la CPE.

En lugar de inventar explicaciones, como aquélla de que una caída ha provocado que Olorio quede así, las autoridades de la Policía Boliviana y de la Fiscalía deberían conformar un equipo de profesionales peritos en la investigación para determinar quiénes y por qué torturaron a Olorio, que era una persona con prontuario policial.

El atraco perpetrado contra Vías Bolivia deja muchas interrogantes y una certeza. Resulta muy extraño que una oficina desguarnecida como la de El Alto tenga que guardar la recaudación generada en tres retenes del departamento de La Paz.

Los delincuentes actuaron con pasmosa profesionalidad. Burlaron a la gente y mataron a sangre fría a un policía que, además, estaba desarmado. En cambio, los investigadores de El Alto actúan sin profesionalidad y menos con criterios técnicos, lo que, con seguridad, afecta al esclarecimiento del delito y la recuperación del dinero, cuyo monto total no ha sido precisado aún.

Una vez más, la Policía está en la mesa de la controversia. Y su Comandante General está en la obligación de resolver las dos aristas de este complejo caso: debe dar con las autores y el botín del atraco, e identificar a quienes torturaron a David Olorio.

nos vienen con eso de la "autonomía tutelada". con qué se come?

Walter "Puka" Reyesvilla
aguadoble@yahoo.es

Se entiende por “tutelar” a aquella institución ordenada por la ley que tiene por objeto la protección y asistencia de una persona que, por razón de edad o de incapacidad, no puede gobernarse por sí misma no proveer a la administración de sus bienes. Por extensión --o por deformación-- esta definición se aplica a sociedades y naciones.

Pasé la mitad de mi vida escuchando la patraña de que las Fuerzas Armadas eran “la institución tutelar de la patria”, grosería empleada para sostener dictaduras militares que no he vuelto a oír desde 1982, año de la recuperación de la democracia. Analizada con propiedad, la dichosa autoatribución consideraba a los civiles (partidos políticos, sindicatos y sociedad en general) como infradotados incapaces de gobernarse por sí mismos a los que había que someterlos por la fuerza a un régimen de “orden” con sensibles restricciones de sus derechos civiles y políticos.

Que, apoyados por las bayonetas, los militares se sintieran convencidos de ser nuestros tutores es, hasta cierto punto, verosímil; pero que, tras su repliegue a los cuarteles para cumplir el rol de institución obediente (que no delibera) a la autoridad política constitucionalmente elegida, sean estas autoridades, en nombre de una circunstancial legitimidad electoral, quienes se arroguen la tutela del país, es inaceptable.

No disimula el régimen su tendencia totalitarista y tampoco su aversión hacia la autonomía, la departamental fundamentalmente, a la que “cruza” con la indígena y la regional para debilitarla.

Debe ser muy frustrante para el régimen que su encumbramiento haya coincidido con la emergencia de las autonomías departamentales, alas que en primera instancia se opuso abiertamente para, cuatro años más tarde, rendirse ante la evidencia y hacer como que las acepta con la consiguiente cesión del poder que ostenta.

Todo parece indicar que el régimen necesita, para su proyecto hegemónico, reducir el hecho autonomista a su mínima expresión castigando, incluso, a sus promotores. No se explica de otro modo la prescripción contenida en las recientemente promulgadas leyes de que éstos no podrán postularse a ninguno de los espacios en los órganos del “Estado Plurinacional”, como tampoco puede entenderse que la asignación de competencias exclusivas de las autonomías no vaya acompañada de transferencias de recursos –pacto fiscal redistributivo- para asumirlas.

Es más, se proscribe cuatro estatutos autonómicos ya aprobados en sendos referéndums y se inicia una persecución político-judicial contra sus gestores.

Hablemos claro: las autonomías son un escollo para el proyecto totalitario del régimen y lo más que éste está dispuesto a permitir es una especie de “autonomía tutelada”, y pare ello precisa hacer ver que los ciudadanos somos incapaces de gobernarnos por nosotros mismos y que por sobre los departamentos tiene que haber un suprapoder --el que tiene el control de la billetera--.

Es evidente que su proyecto Marco establece una suerte de oxímoron: centralismo autonómico. Al régimen le disgusta la idea de equilibrio de poder –compartirlo--, se inclina decididamente hacia la tiranía en nombre de una eventual, circunstancial y volátil mayoría.