COCAINA EN LIBERIA. se trata de droga boliviana que ayudó a decomisar nada menos que el hijo de Kadafi. es boliviana. qué triste!

Fumbah Sirleaf, director de la Agencia de Seguridad Nacional de Liberia e hijo de la presidenta de Liberia, Ellen Johnson Sirleaf, se infiltró en el narcotráfico y logró la confiscación de cuatro toneladas de cocaína provenientes de Bolivia y Colombia, informaron medios internacionales.

Ésta es la primera ocasión en que un operativo internacional antidrogas permite establecer vínculos entre las FARC y narcotraficantes bolivianos.

Según un reporte de El Tiempo, de Colombia, Sirleaf entabló contacto con agentes de la DEA (Administración Estadounidense Ejecutora de Leyes sobre Drogas, en inglés) para efectuar la acción.

En octubre del año pasado, un narcotraficante colombiano ofreció al liberiano 200 mil dólares si permitía el paso de cuatro toneladas de cocaína, recompensa que se elevaría a 1,4 millones si la operación tenía éxito.

Los agentes de la DEA recomendaron a Sirleaf que aceptara el trato. Según el diario mencionado, Al Qaeda y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) mantienen relaciones para traficar drogas. La DEA capturó en Ghana, según el rotativo citado, a tres agentes de Al Qaeda a quienes acusó de narcoterrorismo.

El acuerdo fue enviar tres embarques. Dos toneladas partirían en avión desde una pista clandestina en Venezuela y llegarían a Monrovia, la capital liberiana. 1.500 kilos saldrían por barco desde Panamá y otros 500 kilogramos serían enviados a través del océano. Esta media tonelada provendría de Bolivia.

De acuerdo con los informes, la droga era protegida durante su recorrido por Sudamérica y Panamá por militantes de las FARC.

Sin embargo, algo salió mal y las autoridades venezolanas capturaron la aeronave cuyo cargamento estaba valuado en unos 35 millones de dólares.

El narcotraficante colombiano, actualmente prófugo, Marcel Acevedo Sarmiento, conocido también con los alias de “Jota” y “Juan Restrepo”, dijo que si le abonaban 100 mil dólares podría remitir de inmediato 500 kilos de cocaína boliviana.

Esa droga sería enviada en vuelos comerciales desde Ghana a Estados Unidos o por barco hacia Europa.

Como consecuencia del operativo, ocho personas fueron detenidas: cuatro liberianos y un ruso, capturados en Liberia y extraditados el pasado fin de semana a Nueva York, donde son enjuiciados. Otros dos liberianos fue arrestados el pasado martes 8 en Monrovia y extraditados. El colombiano Jorge Iván Salazar Castaño cayó en España.

Este sujeto es considerado por la DEA como el mayor proveedor de droga de esta organización. Los investigadores establecieron que este hombre de 44 años poseía una flotilla de aviones y varias pistas clandestinas en Colombia y en Venezuela para enviar la droga hacia destinos de ultramar.

Según la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE), de Naciones Unidas, el contrabando de droga a través de África hacia Estados Unidos movió el año pasado más de mil millones de dólares.

Naciones Unidas pide una investigación seria y responsable sobre el linchamiento de Policías en Uncía

El alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Bolivia, Dennis Racicot, dijo ayer que en la localidad de Uncía hubo linchamiento de los cuatro uniformados y exhortó a las autoridades de Bolivia a esclarecer el asunto.
“Estamos pidiendo a las autoridades bolivianas una investigación. Para nosotros es un caso de linchamiento de cuatro miembros de la Policía que de algún modo se incorporan al fenómeno de ejecuciones que ocurren en el país. No sabemos qué ha ocurrido, pero vamos a hacer el monitoreo de todo el caso”, adelantó el representante internacional.
El delegado también dijo que hasta el momento ya se reunieron con el Defensor del Pueblo, Rolando Villena, para hablar de este tema y que tienen previsto entrevistarse con el fiscal del distrito de Potosí, cuya oficina investiga este hecho.
Una misión de esta reparticipación partirá, en fecha aún no establecida, hacia las comunidades del norte de Potosí para entrevistarse con los pobladores involucrados en el problema y estas autoridades no descartan una entrevista con los familiares de los cuatro policías asesinados en la localidad de Uncía el 23 de mayo.
No obstante, el Alto Comisionado demandó de las autoridades bolivianas y de la misma sociedad la confianza en las investigaciones que realizan. “Tienen que ser siempre percibidos por el público como los únicos que pueden realizar una investigación objetiva de cualquier caso”, dijo Racicot, en relación a los fiscales destinados al caso.
Afirmó que existen las instancias pertinentes que pueden hacer un trabajo profesional. “Mi punto de vista es que se puede tener desde el ámbito de la sociedad boliviana, desde sus instrumentos que son el Defensor del Pueblo, una comisión del Parlamento, las organizaciones no gubernamentales, la misma Fiscalía. Los bolivianos pueden realizar investigaciones objetivas”, añadió.
Acotó que es ‘obligación’ de estas entidades realizar investigaciones imparciales y que el deber del Alto Comisionado es ver que esas instituciones cumplan esa labor y que no se recurra a esta oficina cuando hay este tipo de problemas.
El 28 de mayo, el Gobierno boliviano comunicó a esta oficina que ampliaba su permanencia en Bolivia hasta el 2013. La oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos está en Bolivia desde agosto de 2007 y entre sus actividades está brindar asistencia técnica a las instituciones del Estado y organizaciones de la sociedad civil, promover los derechos humanos y monitorear la situación de los derechos humanos en el país.
Por su parte, el abogado de las familias, Jhonny Castelú, adelantó que si no encuentran en el país las garantías necesarias para lograr el esclarecimiento de los hechos, se puede acudir a instancias internacionales y una de esas alternativas puede ser el alto comisionado.
Ayer, el profesional informó de que Fabiola Mendoza, esposa del cabo Esteban Alave, tiene alta probabilidad de perder al bebé que esperaba por los trajines recorridos desde el 23 de mayo y que fue internada el domingo después del entierro.
También anunció que los familiares decidieron impugnar el memorial de desistimiento que habían firmado porque fue rubricado bajo presión y ahora se constituirán en parte querellante. Confirmó que hasta el momento no fueron convocados por el fiscal de Potosí que investiga el caso y desconocen el trabajo que se realizó hasta el momento.
En Potosí, el fiscal de Distrito Sandro Fuertes, dijo que luego de la recuperación de los cuerpos y las necropsias existen muchas evidencias de que los uniformados “hubiesen (muerto) en un enfrentamiento entre chuteros”, dijo en declaraciones a una emisora local.

Preocupa el incremento de los casos
El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Dennis Racicot, hizo pública su preocupación por el crecimiento de los linchamientos en territorio boliviano e informó que las ciudades de El Alto y Santa Cruz son donde se presentaron más casos.
“Vemos con preocupación que el método de linchamiento en el país ha ido creciendo en los últimos años, de 35 en 2008 ha subido a 71 en 2009 y en este año, van como 35 casos que tenemos registrados en sólo cinco meses”, evidenció el delegado.
Añadió que, de todos estos hechos, resultaron 14 víctimas fatales y que se puede considerar que la tendencia es negativa.
“En ese sentido, parece instalarse una cierta tolerancia del público hacia esto que son formas ilegales de poblaciones que toman la justicia en sus manos y lo más preocupante es que los hechos suceden en ámbitos urbanos más que en ámbitos rurales”.
Es necesario, dijo, que las autoridades revisen los datos que se revelan de las ejecuciones y que no se puede confundir estas muertes con justicia indígena originaria y menos con justicia comunitaria, “porque si esto es justicia indígena originaria, entonces estamos perdidos”, reflexionó. La mayor parte de estos hechos quedaron en la impunidad y uno de los pocos casos en los que se persiguió a los culpables fue en Epizana, donde los pobladores asesinaron a tres policías.

Ayllus llevan su protesta hasta La Paz
Pobladores de los cinco ayllus del municipio de Uncía definieron marchar mañana en la ciudad sede de Gobierno para hacer conocer su voz de protesta por los sucesos ocurridos en la comunidad de Cala Cala, donde lincharon a cuatro policías a los que acusan de extorsionarlos.
La manifestación fue confirmada por el diputado del norte de Potosí, Luis Gallegos, que dijo a la ABI que los pobladores están molestos contra los malos policías.
“(Estamos) dispuestos a marchar contra los corruptos. Vamos a investigar", aseguró el representante del norte potosino, que ofició como el portavoz de los pobladores.
Por otro lado, los principales dirigentes y autoridades de los ayllus ratificaron la determinacin asumida el lunes de plantear oficialmente la investigación de los bienes de los policías muertos.
Exigirán que esa indagación se realice bajo la Ley 004 Marcelo Quiroga Santa Cruz, porque presumen que los efectivos policiales se han enriquecido cometiendo sus fechorías.
El 23 de mayo, Nelson Alcócer, Miguel Ramos, Rubén Cruz y Esteban Alave fueron linchados por presuntamente extorsionar y asesinar a pobladores de los ayllus del municipio de Uncía. /El Potosí

retroceso a la barbarie. los ajusticiamientos son "corruptio maxima" asegura el padre José Gramunt sacerdote jesuíta

Los sucesos de los ayllus de Nor - Potosí, a pesar de haberse producido hace más de dos semanas y de haberse comentado abundantemente a través de todos los medios de comunicación a nivel nacional e internacional, permanecen en la memoria viva de la gente común. Adelanto una conclusión, que es el desprestigio manifiesto en que ha caído el Gobierno por su negligencia y omisión culpable. Corresponde ahora aprender las lecciones que hemos deducido de lo ocurrido y aplicar, hasta donde sea posible, los remedios que el buen sentido nos dicta.
La ciudadanía mentalmente sana coincide en las siguientes ideas: Que en varias zonas del país no hay Estado. Que autoridades nacionales y locales han estado ausentes, en la masacre de Uncía, como si no les importaran ni los muertos ni cómo murieron ni el dolor de sus familiares. Algunas autoridades trataron de negociar con los criminales. Que la gente gritó de consuno: “¡Con los asesinos no se transa!”. Que el contrabando de automóviles y de toda clase de mercaderías, de droga y de armas campea por sus respetos en todo el país. Que personas y grupos extranjeros y pandilleros nacionales se han instalado en el país por la impunidad de la que gozan. Que el Gobierno ha demostrado una incapacidad y una negligencia inexcusables.
Que el haber introducido en la administración de la justicia la llamada justicia comunitaria y, aunque el caso de Nor - Potosí no se remita a la tal justicia consuetudinaria, no contribuye a mejorar la buena administración de la justicia sino que generar confusión, la que, a su vez, facilita la comisión de graves delitos que antes no ocurrían con la frecuencia y la impunidad de ahora, tales como la tortura y la pena de muerte. Que la imagen de Bolivia se ha envilecido a causa de lo que venimos comentando.
Esta breve enumeración nos lleva a algunas otras conclusiones: Que la experiencia de los casos ocurridos exigen una correlativa y ejemplar sanción. Que sería una equivocación culpable que las autoridades, por motivos políticos, trataran de interponer cortinas de humo para que no se conozca toda la verdad de los hechos. Que deben establecerse las responsabilidades de todos aquellos que debieron tomar decisiones justas y oportunas y no lo hicieron. Que el procedimiento apropiado para juzgar a los autores, cómplices y encubridores es el que dictan los códigos escritos y promulgados y no las imprecisas, arbitrarias o meramente supuestas e imaginadas tradiciones orales que no son ni claras, ni precisas, ni escritas, ni codificadas, ni debidamente promulgadas, ni socializadas (como hay que decir ahora).
Que vistos los antecedentes hasta aquí apuntados y los que puedan añadirse, resulta ineludible reformar la Constitución vigente en lo que se refiere a la llamada justicia comunitaria. Que la promoción de las naciones originarias ha de reorientarse en el sentido del progreso, dignificación y modernización de sus instituciones tradicionales, sin declinar en la consolidación de las instituciones republicanas. Que un Gobierno que creó un Ministerio Anticorrupción, es incompatible con la impunidad de la “corruptio maxima” como son los ajusticiamientos “de libre disponibilidad”. Que el retroceso a la barbarie primitiva contradice absurdamente los anuncios de un país “en donde se vive bien, mejor que antes”.

con total precisión Los Tiempos está mostrando la negligencia del Gobierno en el caso de los linchamientos del norte potosino

Al parecer, una de las causas determinantes para que el secuestro de cuatro policías comunarios asentados alrededor de Uncía haya terminado en su asesinato es la negligencia de parte de las autoridades del Órgano Ejecutivo. Sea por un falso sentido de solidaridad con aquéllos, sea por omisión en el cumplimiento de sus deberes, lo que va resaltando es que fue la acción de los familiares de las víctimas, de la intervención del párroco de la zona y el trabajo de los medios de comunicación lo que obligó a los comunarios a, finalmente, devolver los cadáveres.

A ello se añade el informe forense –que un fiscal potosino y el ministro de Gobierno tratan de deslegitimar-- que señala que una de las víctimas habría sido asesinada mientras se desarrollaban las negociaciones, lo que da cuenta, además, de la incapacidad de los mandos policiales para reaccionar en forma debida ante hechos como el que se comenta, al dar por muertos a los policías cuando sólo se sabía que estaban desaparecidos.

Hay más. Una de las reacciones recurrentes de las autoridades –lamentablemente incluido el nuevo Defensor del Pueblo-- ha sido, para explicar sus evidentes errores y omisiones, tratar de desacreditar aquellas gestiones que realizaron actores no estatales. Es decir, las autoridades no sólo no actuaron a la altura de las circunstancias, sino que atacan a quienes sí lo hicieron.

Todo ello se inscribe –en momento en que se debate en la Asamblea Legislativa el proyecto de Ley del Órgano Judicial-- en el proceso de inclusión en la economía jurídica del país de la denominada justicia originaria campesina, y se puede constatar aquello que nos advertían cuando se discutía el nuevo proyecto de Constitución Política del Estado (CPE) los entendidos en el tema: se debe rescatar, incluir y valorar los usos y costumbres de los pueblos originarios en la resolución de sus conflictos, pero es un error situarlos en el mismo nivel de la justicia ordinaria, y que una Ley de Deslinde no eliminaría los problemas y retrocesos en este campo.

La demagogia junto a una visión neocolonial de muchos asesores del Gobierno en el proceso de elaboración del proyecto de Constitución –una buena parte abogados españoles-- lograron imponer sus criterios, basados en mera ideología y culpas pasadas, y concibieron un híbrido que será muy difícil adecuar a la realidad, una realidad en la que, como aparece en el caso de Uncía, grupos delincuentes se aprovechan de dirigentes originarios para actuar como lo han hecho y escudarse, maliciosamente, en las normas constitucionales sobre justicia para tratar de evadir el peso de la justicia ordinaria en el proceso que se debe incoar a sus autores ideológicos y materiales por asesinato con alevosía y premeditación.

Pero, precisamente por tratarse de un hecho tan claro, tal vez es momento para que las propias autoridades del Gobierno, como una forma de devolver a la justicia comunitaria su exacto sitial en el ordenamiento jurídico del país y de esa manera convertirla en mecanismo efectivo de resolución de controversias y no amparo de crímenes, revisen posiciones claramente retrógradas e ideológicas y se trabaje por un sistema jurídico renovado, ágil, oportuno y de acceso generalizado.

dura expresión del Defensor Villena "a pesar del peligro la Policía debía efectuar su trabajo, asegura criticándoles por su inoperancia.

El Defensor del Pueblo, Rolando Villena, acusó, este sábado, a la policía de no haber asumido su rol en el rescate de los cuerpos de los cuatro policías de la Dirección de Prevención del Robo de Vehículos (DIPROVE) de Oruro.

Para Villena no hubo “prontitud” para acudir a los ayllus de Uncía por parte de la institución verde olivo, además de la fiscalía. “La fiscalía demostró total inacción y por parte de la policía no asumió su rol”, señaló a tiempo de acotar que este hecho es preocupante pues demuestra la debilidad del estado y sus instituciones.

La policía debió realizar su trabajo que era acudir a pesar del peligro porque se sabe que allá la gente estaba con los ánimos muy caldeados, expresó el defensor en declaraciones brindadas a la Red Erbol.

Dijo que el cuadro de la policía es contradictorio en esa región y se basó en el argumento de que el personal de la institución del verde olivo que trabaja allá lo hace por castigo, hecho que devela que los policías no los más calificados profesionalmente para trabajar en estos lugares.

Agregó que es la labor del Ministerio Público establecer la verdad y no de la Defensoría del Pueblo. Emitió esta apreciación luego de que su entidad fuera blanco de duras críticas al fracasar en su intervención de mediador para facilitar la entrega de los cuerpos de las víctimas.

"Son siete muertos en los últimos seis años y tanto la fiscalía como la policía no hiceiron mucho al respecto, por eso no existe un manejo adecuado de sus roles, parecen más entidades simbólicas”, argumentó.

Anunció que para los próximos días la defensoría emitirá un informe de carácter reflexivo y analítico sobre el caso, en el que no emitirá ningún juicio de valor, en correspondencia con el trabajo que desempeña.

ERBOL informa que los cadáveres fueron enterrados boca abajo. hicieron justicia con sus manos, los torturaron pero no los quemaron. aseguran

Los cadáveres de cuatro policías torturados y linchados por indígenas del suroeste del país, fueron enterrados boca abajo, para, según sus creencias, evitar que sus almas "persigan" a quienes les asesinaron, informó hoy el Defensor del Pueblo, Rolando Villena.

Villena, quien estuvo en los últimos días en el lugar del crimen, declaró a medios locales que los indígenas, de acuerdo con sus creencias, enterraron los cadáveres boca abajo "para que el alma de los que han sido victimados no persiga a quienes los han victimado".

"Las comunidades han admitido que hicieron justicia con sus manos. Tras haberlos torturado de la manera más cruel, los victimaron, pero no fueron quemados", dijo el Defensor.

Los indígenas de Uncía, asesinaron hace nueve días a los policías tras acusarlos de supuestos homicidios, robos y extorsiones.
La Policía y el Ministerio Público no han podido ingresar desde entonces a Uncía para recuperar los cuerpos, ya que los "ayllus" (clanes de indígenas) declararon "zona roja" la región.

El presidente Morales, envió ayer a sus ministros de la Presidencia, Óscar Coca, y Gobierno (Interior), Sacha Llorenti, a negociar con los indígenas para pedirles que devuelvan los cadáveres.

La negociación se suspendió sin éxito ni fecha de reanudación, ante la negativa de los indígenas a entregar los cuerpos, aunque luego acordaron que cada ayllu volverá a analizar la petición.

Villena cree que la devolución de los cadáveres será un asunto "complicado" por la concepción indígena "sobre la vida misma".
Recordó que los ayllus se niegan a la investigación de las muertes de los agentes y que, por el contrario, han exigido que se investiguen los presuntos asesinatos de siete indígenas, cometidos -según ellos- en los últimos seis años por policías.

Morales descartó hoy una intervención militar o policial y apeló a los indígenas que estén de acuerdo con la entrega de los cuerpos.

"No vamos a buscar ninguna intervención militar ni policial. Confiamos en algunos dirigentes indígenas y vecinos dispuestos a devolver los cuerpos por una cuestión humanitaria", sostuvo Morales.

Según dijo el mandatario en rueda de prensa en La Paz, "no es toda la población, ni siquiera son todos los ayllus, sino que es alguna gente usada por los contrabandistas" la que se opone a entregar los cuerpos de los policías linchados.

Insistió en que el Ministerio Público debe investigar "de oficio" el linchamiento, pero también las denuncias de presuntas extorsiones y abusos de poder cometidos por los agentes en la zona.

Evo cumple. ejecuta el plan de Chávez. viola la democracia y utiliza a las FFAA a su favor.

Evo Morales y su democracia

Por Jaime Daremblum

Al margen de la hilaridad que provocan sus insólitas teorías, no debemos perder de vista que Evo Morales está ejecutando al pie de la letra el plan de acción de su mentor Hugo Chávez para destruir la democracia desde dentro.

El paralelo entre la trayectoria en el poder del boliviano y la del venezolano se torna cada vez más notorio, y si Morales ha avanzado ligeramente menos que Chávez en el camino a la autocracia es porque empezó unos años más tarde. Sin embargo, recorre exactamente el mismo camino. Así, quien pudo servir de puente para zanjar las profundas divisiones étnicas, geográficas, socioeconómica de su país se ha dedicado a exacerbarlas y llevarlas al extremo.

La violación de principios y de instituciones esenciales para el funcionamiento de la democracia se inició en el momento mismo en que Morales hizo sesionar a la Asamblea Constituyente en un cuartel militar, al que se impidió el acceso a los constituyentes que no concordaban con la línea ideológica fijada de antemano por el gobierno. Las violaciones han proseguido de manera sistemática.

La noche misma del 6 de diciembre de 2009, en que festejó su reelección, Morales anunció que se postularía nuevamente como candidato presidencial en 2015, a pesar de que la nueva Constitución, aprobada a su arbitrio, prohíbe que se elija a una misma persona para el desempeño del cargo de presidente por más de dos períodos consecutivos. Además, sus partidarios en la legislatura han destituido a magistrados de la Corte Suprema cuya única falta había sido no haberse doblegado ante los deseos y presiones del gobierno. Este año, esos mismos legisladores han dado a Morales la potestad –que ya disfruta Chávez– de nombrar a los jueces de todas las cortes del país, lo cual impide al Poder Judicial cumplir con su función primordial en una auténtica democracia: actuar como mecanismo de control de los posibles excesos de los otros dos poderes, el Ejecutivo y el Legislativo.

Por otro lado, en Bolivia se persigue a líderes de la oposición, y se formulan cargos falsos contra ellos. De ese modo se les impide participar en elecciones, se los despoja de sus victorias electorales o se les fuerza a exiliarse. Esta típica receta chavista ha sido puesta sistemáticamente en ejecución por Morales y sus seguidores incondicionales.

Al gobernador del departamento de Santa Cruz, Rubén Costas, lo han acusado de peculado. Esto suena como una lucha contra la corrupción, pero el caso es que formularon esa acusación simplemente porque incluyó en su presupuesto los recursos necesarios para realizar un referéndum sobre la autonomía del departamento, a lo que Morales se opone.

La persecución política no está de ninguna manera reservada a la élite tradicional. Así, se sigue juicio por falsos cargos de irregularidades a René Joaquino, alcalde de Potosí, que es de origen humilde e indígena por los cuatro costados. ¿Su pecado? Haber competido con Morales por la presidencia del país en las elecciones de diciembre pasado y volver a ganar las municipales de Potosí, derrotando a la maquinaria del gobierno.

De las diez ciudades más importantes del país, siete están en manos de opositores, entre ellas Potosí, como acabamos de ver, y la capital, La Paz, donde triunfó el candidato del Movimiento Sin Miedo, aliado de Morales hasta principios de este año. Al presidente le preocupan estas derrotas en zonas clave.

En las elecciones del 4 de abril, el partido de Morales ganó dos tercios de las gobernaciones (6 en total, contra 3 ganadas por la oposición: las de los departamentos de Santa Cruz, Tarija y Beni); su partido obtuvo también una amplia mayoría de alcaldías. Pero el presidente, en lugar de festejar sus triunfos, denunció un "fraude" electoral en su contra.

La reacción de Morales refleja su alarma ante el significativo retroceso electoral que han sufrido él y su partido en sólo cuatro meses. A pesar de sus recientes victorias regionales, el Movimiento Al Socialismo acaba de perder un 14 por ciento del respaldo popular. En diciembre de 2009 el MAS obtuvo el 64% de los votos en las presidenciales, mientras que en abril de este año alcanzó sólo el 50% en las elecciones departamentales y locales. El MAS ha padecido retrocesos del 12% en Potosí, del 20 en Oruro y del 30 en La Paz, mientras que en los tres departamentos donde logró progresar las mejoras fueron del 3 o el 5%. Esto explica que Morales intente usar todo el poder del que dispone para destituir, con acusaciones de fraude electoral, a quienes legítimamente le vencieron.

La instauración de un régimen chavista en Bolivia ha servido para empeorar las condiciones, de por sí ya difíciles, que enfrenta la población del segundo país más pobre de América. Es hora de considerar con seriedad el poder desestabilizador del presidente boliviano.


© AIPE

JAIME DAREMBLUM, director del Centro de Estudios Latinoamericanos del Hudson Institute.