marcha la administración "sin brújula" al divino botón, no tiene rumbo y va de tumbo en tumbo (El Día.SC)

El Gobierno no terminaba de anunciar que daba por superado el problema de la escasez de alimentos y el pico inflacionario que emergió a raíz del gasolinazo y de pronto, en Llallagua una marcha de campesinos y mineros que protestaban por el incremento de los precios deriva en violencia y saqueos a los comercios de ese poblado del norte de Potosí. Las autoridades nacionales optan por calificar la reacción como un acto de connotaciones políticas e insisten en que no hay razones para quejarse porque los precios están bajando en los mercados. De cualquier forma, encomendarse al Ekeko para que no haga faltar comida en el país, parece ser la exteriorización del verdadero sentimiento de un Gobierno que sigue preso de la confusión y la incapacidad para enfrentar las dificultades que agobian a los bolivianos.

El Gobierno sigue en la suya, en el acullico, en la defensa de la coca y en la búsqueda de protagonismo a como dé lugar, atropellando autoridades locales como sucede en el Beni, donde la lucha contra el dengue exige un trabajo coordinado entre las distintas instancias del Estado y dejar de lado las miserias de la politiquería y los resentimientos.

El régimen del MAS continúa enfrascado en sus visiones mezquinas y excluyentes que le impiden reaccionar a tiempo frente a graves problemas. Así pasó con el dengue y ocurre con la tragedia del edificio Málaga, que requería la inmediata intervención del presidente para movilizar equipos, recursos y personal y no como realmente ha pasado, que recién al cuarto día del derrumbe se ordena el traslado de grandes perforadoras y se comienza a procurar ayuda internacional.

Cómo juzgar a este Gobierno, cuya propuesta estrella para luchar contra el contrabando consiste en ofrecerles el 20 por ciento de las incautaciones a aquellas personas que denuncien a los contrabandistas. La recompensa, según anuncia el vicepresidente, será en efectivo y de manera inmediata, sin trámites judiciales ni ningún otro paso “burocrático”. Es verdad que el contrabando es un monstruo de siete cabezas al que hay que enfrentar con todas las armas, pero eso no implica desatar una “cacería de brujas” que se puede prestar a la violación de las normas y los procedimientos administrativos. Con este mecanismo los únicos que saldrán ganando serán los dueños de las mercaderías ilegales, pues no hay forma de respaldar jurídicamente una medida con estas características.

Tal vez no se trate de la legalidad. Ya lo ratificó hace poco el Presidente: aquí se trata de que él hace y sus abogados legalizan. Y en esa línea va justamente la propuesta del senador masista Eugenio Rojas, quien a raíz de la detención del alcalde de Calamarca, Yasid Mamani (MAS), con tres kilos de cocaína, ha propuesto la reducción de las penas por el delito de narcotráfico. Cree que no se puede medir con la misma vara al que trafica con una tonelada que quien comercializa dos o tres kilos. Antes que sigan proliferando los saqueos y las propuestas descabelladas como ésta, el Gobierno –ya lo dijo alguien-, necesita una brújula y más que nada reflexionar con sinceridad sobre el rumbo que está tomando su administración. A este paso, el deterioro del régimen del MAS se producirá antes de lo previsto.

Tal vez no se trate de la legalidad. Ya lo ratificó hace poco el Presidente: aquí se trata de que él hace y sus abogados legalizan. Y en esa línea va justamente la propuesta del senador masista Eugenio Rojas, quien a raíz de la detención del alcalde de Calamarca, Yasid Mamani (MAS), con tres kilos de cocaína, ha propuesto la reducción de las penas por el delito de narcotráfico. Cree que no se puede medir con la misma vara al que trafica con una tonelada que quien comercializa dos o tres kilos.

crónica del diario mayor El Deber que refiere la enorme tragedia que vive Santa Cruz por el derrumbe de un edificio de 10 pisos

Carlos Morales Peña

Desde el cielo, los restos del Málaga parecen formar un dominó desparramado con las fichas pintadas de gris.

Un promontorio de losas, vigas y pilotes destruidos es la señal de que estamos sobre la calle Monseñor Salvatierra, entre René Moreno e Independencia, la zona cero del siniestro. A dos cuadras se observa el edificio del Banco Nacional de Bolivia y, un poco más allá, la catedral mayor de Santa Cruz. La ciudad entera contiene la respiración frente a la impotencia de un rescate que parece imposible.

En el corazón de la inmensa ciudad, una herida, una dolorosa herida sobre la que millones de bolivianos esperan novedades de los posibles sobrevivientes y que ha sido un derrumbe de tristeza por los ocho muertos que, hasta ahora, dejó el desplome del edificio Málaga, el mayor desastre de la construcción.

EL DEBER hizo un sobrevuelo que comenzó a las 16:45 cuando el piloto Fernando Cadaño, de 21 años, pidió pista para el avión CP 2449. Había tardado unos minutos antes de lograr que la máquina descanse de un imprevisto ahogo y de esperar la llegada de otras dos avionetas y un lujoso Fairchaild. “Adelante, 2449, adelante”, ordenó el jefe de seguridad del aeropuerto El Trompillo, una de las estaciones de mayor tráfico aéreo del país.

A las 17:15, este reportero y el fotógrafo Fuad Landívar estábamos en el aire. “Debe volar dando vueltas por la izquierda, también esté atento a otros aparatos, ya que está en la línea de arribo de El Trompillo”, alcanzó a ordenar el operador de pista cuando desde el cielo ya se veía la avenida del segundo anillo.

No pasó ni un minuto y ya estábamos sobre la zona cero del desastre del Málaga. El escenario es, sencillamente, sobrecogedor. Los tres nos quedamos en silencio. Desde los 300 metros de altura en que nos encontrábamos no era posible escuchar el dolor de los familiares ni el esfuerzo de cientos de rescatistas, pero el sentimiento de dolor compartido frente a la tragedia lo pudimos ver y compartir desde otro ángulo.

Un dato que llama la atención de inmediato es el orden en que se realizan las tareas para llegar a los posibles sobrevivientes.
Un equipo de no más de 15 personas, entre bomberos y técnicos, se encuentra sobre los escombros del Málaga.

No mueven una pieza sin antes recibir las instrucciones de intervención en la zona del desastre. Trabajan con ayuda de maquinaria pesada, en particular, una grúa que mueve los bloques más pesados. La labor es lenta, pero parece precisa. Otras decenas de rescatistas esperan en fila para realizar los relevos, otros descansan y recuperan fuerzas.

Varios camiones de alto tonelaje esperan los restos de cemento, losas, ladrillos, maderas y fierros que quedaron de la destrucción. Detrás, en el parqueo que da a la calle Mercado, se instaló el campamento de salvataje de los heridos y atención de los familiares.

La manzana entera fue afectada por el siniestro entre las calles Salvatierra, René Moreno, Independencia y Mercado. En las cuatro esquinas, decenas de ciudadanos particulares y familiares de las víctimas esperan noticias del rescate.

Una larga fila de vehículos espera el paso en un embotellamiento en la René Moreno. Impresiona el número de personas que rodean la cuadra donde se ubicaba el edificio de nueve pisos que cayó la noche del lunes 24.

Otra avioneta, delante de nosotros, realiza también un sobrevuelo en la zona afectada por el derrumbe.
El operador de pista ordena al piloto que se aleje por unos minutos de la zona cero. El tráfico aéreo exige hacer una pausa en el avistaje. Santa Cruz se ve como una alfombra de casas, edificios, calles y avenidas que se extienden al lado del Piraí.

Al minuto volvemos sobre el edificio siniestrado. Desde las alturas se observa la tensión del rescate, bomberos y paramédicos que van y vienen, socorristas que toman un descanso en la titánica tarea.

Dos vueltas más fueron suficientes para mostrar la enorme mole de cemento destruido sobre el que trabajan los bomberos. Parece un gigante tendido que ha sido víctima de un bombardeo aéreo inesperado. Abajo esperan, con un dolor inconmensurable, a que salga alguna víctima con vida.

Detalles

- Rescate. Más de 300 rescatistas, entre bomberos y voluntarios, participan de las tareas de búsqueda de los sobrevivientes.

- Maquinaria. Una grúa excavadora, volquetas y equipos de perforación están siendo utilizados para llegar hasta los lugares donde presuntamente se encuentran los posibles sobrevivientes. Retiran escombros y losas más pesadas.

- Grupos. Los rescatistas fueron distribuidos en tres grupos: socorristas, técnicos de maquinaria pesada y voluntarios.

- Cruces. Desde el aire se pudo observar que se pintaron cruces sobre las losas principales para señalar lugares donde realizar las tareas de perforación.

- Campamento. El parqueo ubicado detrás del derrumbe, sobre la calle Mercado, fue habilitado para instalar el campamento de salvataje de los heridos y familiares. Ocho carpas están listas para atender a las víctimas con equipos paramédicos.

- Obras. Según datos de la propietaria del edificio Málaga, las obras se iniciaron en junio de 2010. Los departamentos debían entregarse en julio de este año.

- Causas. La Fiscalía establecerá las causas del siniestro. Los sobrevivientes señalan que el edificio se desplomó en cinco segundos y que no les dio tiempo a los trabajadores e ingenieros para salir del lugar.

Quejas porque nadie fiscaliza edificaciones
Nadie en Santa Cruz, ninguna entidad pública, sea del municipio u otra estatal fiscaliza la construcción de las obras civiles privadas, especialmente los edificios para uso multifamiliar o de índole comercial, denunció la presidenta del Colegio de Arquitectos de Santa Cruz, Rim Safar.
“El gobierno municipal no tiene ninguna norma que lo obligue a fiscalizar las obras de índole privada. No existe ninguna ordenanza que indique que el ejecutivo municipal debe tener una oficina, una dirección, como se llame, que haga la fiscalización de las obras de ejecución privada” expresó Safar.
Solamente la Alcaldía fiscaliza alguna obra cuando hay un aporte estatal, ya sea del Gobierno nacional, departamental o municipal.
En ese sentido, la representante de los arquitectos cruceños se quejó porque el Concejo Municipal desde 2005 hace “dormir el sueño de los injustos”, un proyecto para modificar el Código de Urbanismo y Obra, vigente desde 1992.
Safar sostuvo, además, que el municipio lo único que hace es aprobar el proyecto arquitectónico sin reparar en los aspectos estructurales. “Solamente piden que el proyecto de arquitectura esté de acuerdo con las medidas, a los retiros y a las alturas que indica el código. Las propuestas del cálculo estructural que se le dan solamente le ponen un sello de revisado, sujeto a responsabilidad del autor”, apuntó.
Por su parte, el actual concejal secretario del organismo deliberante cruceño, Manuel Saavedra, dijo que en la presente gestión no ha llegado al Concejo Municipal ninguna solicitud para modificar el Código de Urbanismo y Obra. Explicó que si es necesario este tema tiene que ser abordado dada su importancia para regular las edificaciones civiles. Saavedra se mostró contrario a buscar culpables mientras dure el proceso de recuperar las víctimas del edificio Málaga.

manejo transparente de la plata del pueblo.sobornos. comisiones. declaración fraguada deben desaparecer. Lucha contra la Corrupción(LP de LP)

El Gobierno y los legisladores no deben olvidar que el acceso a la información es un derecho fundamental que tienen que respetar y legislar…

La lucha contra la corrupción se ha convertido, en casi todo el mundo, en un desafío que muchos países están afrontando con una alta dosis de voluntad, y otros no la toman tan en serio o prefieren ignorarla o buscar la paja en el ojo ajeno.

Esa lucha viene aparejada de la necesidad imperiosa de hacer que los gobiernos manejen en forma transparente los recursos económicos que administran y no usarlos arbitraria o discrecionalmente, sin dar cuenta a nadie mientras ejercen las funciones públicas. No se dan cuenta de que después de dejar esas funciones no faltará quien formule acusaciones y ponga a sospechosos en el banquillo de los acusados. La eliminación de sobornos, de comisiones por concesiones, adquisiciones, la declaración fraguada de bienes y otros actos de corrupción deberían estar destinados a desaparecer. Los funcionarios públicos deberían dar cuenta de todo lo que hacen y de las decisiones que toman, en forma detallada y documentada, a quien se lo pida.

Por eso, los mismos Estados se han comprometido, en el marco de los organismos internacionales de los que forman parte, como las Naciones Unidas o la Organización de Estados Americanos (OEA), a adoptar las políticas necesarias para combatir a la corrupción y para administrar los países en forma cristalina, eficaz y eficiente.

En Bolivia, una de las normas más efectivas es la conocida como Ley SAFCO que establece una serie de mecanismos para utilizar los recursos del Estado. A pesar de ello, no ha sido del todo suficiente. Siempre se ha encontrado el modo de eludirla, incluyendo el dictado de decretos para compras directas, pasando por encima de la ley.

Uno de los métodos, el más moderno que se conoce para reducir la corrupción en la Administración Pública, es la Ley de Acceso a la Información Pública (AIP) que muchos países en el mundo están adoptando. Bolivia tiene, al respecto, un decreto supremo de 2005 que nadie lo cumple, ni los que pueden beneficiarse con la información ni los que están obligados a suministrarla. Estos últimos practican lo que se ha dado en llamar la “cultura del secreto”, sin entender que toda la información que maneja el Estado es, por principio, pública y debía no sólo dársela al que la pida, sin condiciones como las que piden Insumos Bolivia y otras instituciones, sino publicarla en los sitios electrónicos de cada institución pública.

A fines de 2010 se presentó a una comisión de la Cámara de Diputados un proyecto de Ley de AIP que no pasaba el mínimo análisis de rigurosidad y más parecía cumplir simplemente con el propósito de decir: “tenemos una ley de acceso a la información, somos transparentes”, pero que en el fondo no sirva de mucho. Parece tan poco importante para el Gobierno que no figura entre las leyes que el Ejecutivo y el Legislativo se proponen tratar en la presente gestión.

Los legisladores y el Gobierno no deben olvidar que el acceso a la información es un derecho fundamental y que tienen la obligación de respetarlo y legislarlo, para toda la información estatal, en el marco de los estándares internacionales, y no simplemente aprobar una ley que por inaplicable no sólo quede archivada, sino que, además, deje al país a expensas de los corruptos, como siempre ha sucedido.

al ratificar al gabinete Evo Morales está dando una prueba del FRACASO CONFIRMADO de gestión nula. ED de SC

Hacer cambios estructurales en el gabinete hubiera significado para Evo Morales, incurrir en una grave contradicción respecto del paradisiaco panorama que pintó un día antes en casi cuatro horas de discurso, celebrando con feriado, fanfarria y todo, el primer año de vigencia del Estado Plurinacional de Bolivia.

Evo Morales decidió hacerle un maquillaje a su equipo ministerial como para que no quede en nada el pedido que le hicieron distintas organizaciones indígenas y campesinas sobre un golpe de timón en la conducción del Gobierno. En teoría, el presidente ha escuchado al pueblo y le ha hecho caso, cambiando algunos nombres y sobre todo, restableciendo una importante cuota de poder para la Ciudad de El Alto, cuya virulencia se hizo sentir otra vez durante los días del gasolinazo.

El problema del Presidente, a juzgar por el rosario mal hilvanado de cifras, estadísticas y confusión de papeles, es que ya no ve al pueblo. No ve filas para comprar alimentos, no ve la escasez de azúcar, tampoco el precio del pollo y el maíz a 160 bolivianos el quintal. Su realidad pasa por tasas de desempleo que ponen a Bolivia al nivel de países del norte de Europa y que desconocen al 75 por ciento de informalidad. A no ser que se considere trabajo estable y digno contrabandear gasolina en mamaderas o “bicicletear” en las tiendas de Emapa con el azúcar la harina.

El discurso del 22 de enero era la ocasión ideal para iniciar un proceso de recuperación de credibilidad de este régimen, sumido en un pozo de desconfianza, como se puede advertir en el bajísimo nivel de popularidad del presidente Morales. Lamentablemente la opción sigue pasando por reforzar los mitos como el de la nacionalización, las reservas del Banco Central, la baja inflación y el supuesto equilibrio fiscal, percepciones que contradicen el indicador más importante de la economía boliviana, un crecimiento que apenas sobrepasa el 4 por ciento, cuando en Paraguay se ha registrado un 14 por ciento y en el resto de los países vecinos esta cifra ronda el ocho y nueve por ciento.

Cuesta creerle al Primer Mandatario, cuando un par de días antes del 22 de enero se reúne con los empresarios de Santa Cruz para pedirles ayuda para enfrentar la crisis alimentaria y en su discurso vuelve a defenestrarlos y llamarlos “oligarcas”. Evo Morales no dice cómo es que se van a perforar 41 pozos petroleros este año, cuando el 2010 sólo se perforó uno. Recitar números y leer a tropezones los cuadros que le pasaron sus colaboradores no significa establecer una agenda y muchos menos esbozar un plan para enfrentar los problemas de abastecimiento que se avecinan. En el mejor de los casos, la respuesta presidencial fue eludir su responsabilidad y pedir que no le echen la culpa por la situación del país.

Pese a la mezcla de teorías y definiciones que hace, el vicepresidente García Linera es mucho más sincero cuando anticipa un nuevo año de conflictos en el país, a los que prefiere denominar con el disimulado nombre de “tensiones creativas”. Lo hizo a propósito de las protestas por el gasolinazo y seguramente en relación a los nubarrones que se avecinan en el mismo horizonte donde Evo Morales ve un país nadando en diapositivas. Aunque él también se atrevió a abrir el paraguas y pedir que “no haya broncas”. El problema del presidente, a juzgar por el rosario mal hilvanado de cifras, estadísticas y confusión de papeles, es que ya no ve al pueblo. No ve filas para comprar alimentos, no ve la escasez de azúcar, tampoco el precio del pollo y el maíz a 160 bolivianos el quintal. Su realidad pasa por tasas de desempleo que ponen a Bolivia al nivel de países del norte de Europa.[Image]

sorprende que sea La Razón que con gran claridad y síntesis le señala al Presidente los temas por resolver en esta Hora Decisiva

Aciertos y errores matizan el balance de los cinco años de Evo Morales en el poder. Un lustro no es mucho en términos de historia, pero basta para sacar conclusiones de una gestión de gobierno y esperar avances en un país repleto de carencias como Bolivia. Habiendo sentado las bases del Estado Plurinacional, se acaba el tiempo para plasmar la teoría en la práctica.

La pobreza no espera; ha disminuido en la última década, pero aún tiene al país en terapia intensiva. La falta de empleo requiere de menos retórica y más acción. A esta altura, resulta inadmisible que nos jactemos de contar con 10.000 millones de dólares en reservas del BCB (más del doble del PIB nacional), un contexto internacional favorable para las exportaciones de materia prima y, sin embargo, padezcamos los mismos problemas de siempre.

La legislación acompaña poco a poco a la nueva Constitución, en lo que el Gobierno denomina la refundación de Bolivia. Una ley educativa, otra de pensiones y la que busca erradicar la discriminación son tres ejemplos de ello. La letra refleja el espíritu del cambio que impulsa el MAS, ahora toca lo más difícil: transformar la vida de los bolivianos.

Entre los puntos a favor de la administración de Morales se cuentan sus políticas sociales de beneficio directo a los sectores tradicionalmente más desamparados. La entrega de bonos es una forma válida de atacar la pobreza, pero insuficiente; exige el fortalecimiento del aparato productivo nacional, en la búsqueda de la generación de empleos. El Estado, aun siendo actor principal en la economía, debe tener de aliados a los empresarios para apoyarse también en la inversión privada. El combate a la corrupción es otro acierto y se espera lo mismo para el contrabando, una de las debilidades reconocidas por Morales, y para el narcotráfico, que ha ganado terreno el último año.

En lo económico, la piedra angular de los hidrocarburos continúa estática. Es necesario un relanzamiento de YPFB y estimular a las petroleras para que produzcan combustibles líquidos; un tema irresuelto que, luego de las oscilaciones por la subvención de carburantes, ha repercutido en la popularidad del Presidente. Y el Gobierno tendría que evitar rencillas políticas que no conducen a ningún lugar, porque se vienen tiempos difíciles y mejor será que trabaje en el fomento al agro para garantizar la seguridad alimentaria. El diálogo con la oposición, por otra parte, continúa siendo una cuenta pendiente.

De las relaciones exteriores, sobresale la demanda marítima, que se va clarificando con una política de acercamiento a Chile menos timorata que la demostrada hasta ahora. En general, de aquí al 2015, el Presidente deberá ajustar las clavijas a sus ministros para que le entreguen resultados concretos; la población no se contentará con más promesas.

al menos cinco asuntos pendientes en el aniversario que celebra el MAS, inclusive campesinos de Potosí dijeron "no tenemos nada que celebrar" J.Ordene

El Estado debe más de lo que tiene en reservas lo que debería darse a conocer porque se trata de dinero del pueblo, o sea, de los movimientos sociales, la informalidad, el Ejército y la Policía, entre otros

El Estado Plurinacional parece estar a la deriva porque nadie está seguro de que los que mandan saben dónde están, lo que imposibilita llegar a donde quieran ir… siempre que lo sepan. El desaliento está cundiendo en el país incluyendo El Alto, las minas y Oruro; hasta el Chapare está mostrando desaliento. Los movimientos sociales no sólo se dividen sino que van cayendo en cuenta que respaldar y votar en las urnas por un grupo que ofrece “el oro y el moro” retóricamente no es suficiente. Tampoco parece ser suficiente ni menos cauto e inteligente votar por ellos como venganza de lo que ha sido el gobierno en Bolivia desde 1952 e incluso antes. El empleo en el Estado Plurinacional escasea más que nunca porque no hay inversión privada como debería haberla dadas las inmensas necesidades estructurales y microeconómicas. La inseguridad jurídica perjudica y la empleomanía política, sin enfatizar productividad, es una epidemia.

“Hechos y no palabras” dice el adagio pero desde hace seis años que abundan las palabras sobre todo en lo que se refiere a la industria del gas estatizada a codazos, lo que continúa sembrando desaliento por doquier y peor, cimenta el convencimiento de que tomará décadas en recuperar una Bolivia factible. Peor si se sopesa el daño causado a las relaciones con Petrobras lo que en su momento, dicho sea de paso, parece haber disgustado a la actual presidenta de Brasil. Se trata de un mayúsculo error de un proyecto de país que no cuaja posibilidades de convivencia. Y no las cuaja porque fuera de estatizar a empujones, se quiere obligar a echar por la borda libertades como la de prensa y la de educación de los hijos. ¡Qué insensateces!

Incontrolablemente enigmáticos van perfilándose asuntos como: (1) El increíble gasolinazo y su secuela de retracciones y el resultante desbarajuste administrativo e inflacionario que, aunque disguste, sólo empieza. (2) El descubrimiento de que los asesinatos del hotel de Las Américas de Santa Cruz parecen apuntar a todo menos a una presunta conspiración cruceña. (3) La romántica promesa de construir un ferrocarril seguramente de Puerto Suárez a Tambo Quemado cuando una autopista sería menos onerosa, más útil y sobre todo apta para ampliarse en redes de caminos, avenidas y calles… donde transitarían vehículos de todo tipo, ¿acaso los rieles del tren pueden llegar hasta la casa de todo vecino? (4) El silencio oficial que rodea el estado de cuentas de las empresas que ha creado el Gobierno como Emapa, Papelbol, Cartonbol, Ecebol, Lacteosbol, Azucarbol y EBA, en las que en gran medida ha puesto sus creces seudo socialistas, fuera de haber dado pega a sus adeptos invirtiendo más de un millón de dólares del Tesoro General de la Nación (TGN).

(5) La proclama de los 10.000 millones de dólares de reservas de Banco Central sin mencionar que desde enero de 2006 hasta octubre de 2010 el TGN aumentó la deuda pública interna en $us 1.364 millones para alcanzar $us 4.502 millones en octubre de 2010, o sea, un aumento de 44 por ciento. Pese a generosas condonaciones de organismos internacionales y países amigos negociadas antes de 2006, la deuda pública externa subió de $us 4.941 millones en enero de 2006 a $us 6.379 millones en octubre de 2010. A propósito, según datos oficiales recopilados por el profesor Julio G. Alvarado, el gasto corriente del Estado Plurinacional, de diciembre de 2005 a agosto de 2010, aumentó 50 por ciento, mientras que los egresos de capital, importantes “para que se genere más riqueza”, pasaron de $us 7.832 millones en 2005 a sólo $us 7.975 millones en agosto de 2010, o sea, un aumento insignificante de 1,8 por ciento. El Estado debe más de lo que tiene en reservas lo que debería darse a conocer porque se trata de dinero del pueblo, o sea, de los movimientos sociales, la informalidad, el Ejército y la Policía, entre otros.

¿Estamos yendo a la deriva en un mar agitado que puede hundir naves incluyendo la del Estado? Sí, y no hay señales de reversión.

El autor es escritor

sospechan dirigentes cívicos que Paz y Roca actúan frene a Evo al margen del interés cruceño

Santa Cruz.- El presidente del Comité pro Santa Cruz, Luis Núñez, tildó de operadores políticos del gobierno y de traidores de Santa Cruz, a los dos dirigentes que se reunieron con el primer mandatario Evo Morales, bajo el pretexto de negociar mayor apoyo para la producción.

“El centralismo los utilizó y los llamó para pretender tapar mediáticamente el escándalo del video del soborno, pero no lo consiguieron. Eduardo Paz y Mauricio Roca, se han vuelto operadores políticos del gobierno y por lo consiguiente, traidores de Santa Cruz. Mientras el pueblo cruceño trataba de demostrar que el caso Rósza fue un complot, ellos estaban negociando su intereses personales”, afirmó de manera firme y contundente Luis Núñez.

El dirigente cívico precisó que no hay nada que negociar en cuanto a producción de alimentos. “Es responsabilidad de gobierno nacional coadyuvar al sector productico y de esa manera garantizar la seguridad alimentaria; pero el Ejecutivo hace lo contrario, no otorga incentivos a la producción con créditos, tecnología y seguridad jurídica, y encima, frena las exportaciones” aseguró en un comunicado de prensa.

Núñez manifestó, que ambos dirigentes, en vez de estar en reuniones, con personas que jamás van a estar de acuerdo con modelo de desarrollo cruceño, deberían estar reclamando y defendiendo a los productores que son víctimas de los avasalladores de tierras.

“No dicen nada sobre las tomas ilegales, no dicen nada sobre la destrucción de los bosques y los parques naturales, están con las voces embarg

otro escándalo: 60 o más millones de dólares en juicio. desde su celda en San Pedro Santos Ramírez denuncia "estafa legalizada" (Fides)

El ex presidente de YPFB, Santos Ramírez, recluido preventivamente en la cárcel de San Pedro, acusó al actual titular de la estatal petrolera, Carlos Villegas de estar perjudicando económicamente al país al haber firmado el contrato para la construcción de la planta de Río Grande en un monto mucho mayor al que podía haber costado si se permitía entregar esta estructura a la constructora contratada inicialmente.

Santos Ramírez explicó que YPFB y técnicos de PDVSA realizaron una auditoría técnica sobre la fabricación de la planta de Río Grande en Houston, Estados Unidos, en la cual se revisaron todos los planos, en diez empresas de la construcción de las instalaciones.

“Esa auditoría verifica la conclusión del 100% del turbo expander que precisamente debía separar del gas 360 toneladas de GLP y más de aproximadamente 280 barriles de gasolina día, lamentablemente porque hay que sentenciar a Santos Ramírez desechan la auditoría y no continúan con ese contrato”, explicó Ramírez.

Según la versión del ex presidente de YPFB en julio de 2009 le llega una carta oficial a Carlos Villegas de parte de la Gulsby (que era la constructora contratada antes del escándalo de Catler) indicando que era posible seguir la construcción de toda la planta por un costo de 90 millones de dólares, y esto porque los costos subieron, además de conseguir el cronograma y la entrega de las instalaciones.

“Hoy lo que hemos visto es una estafa legalizada, porque la nueva planta va a costar 159 millones 400 mil dólares, esto vamos a debatir este proceso, eso si es una estafa legalizada en contra del país”, dijo Ramírez.

Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos y la empresa Astra Evangelistas S.A. (AESA), suscribieron la anterior semana el contrato de adjudicación de la Ingeniería, Procura, Construcción y Puesta en Marcha para la Planta de Separación de Líquidos Río Grande”, que se construirá en el campo del mismo nombre por un monto de 159.462.470 dólares. Instalación que debe estar completada a fines de 2012.

El fin de los Aventureros titula El Dia al último incidente en el caso terrorismo. nosotros vamos más al fondo. Crece la desesperación. tapar masacre

El fin de los aventurerosMartes, 18 de Enero, 2011El Ministerio Público, que hace unos días emitió una importante señal de integridad al suspender al fiscal que andaba en tratativas con un senador del MAS, debe ordenar la inmediata investigación del reciente video emitido por todos los medios de comunicación, mediante el que se comprueba que los servicios de inteligencia y de seguridad del Estado pagaron a un testigo falso para que incrimine a las personas que hoy están formalmente acusadas de vínculos con una supuesta célula terrorista.

Hay indicios que señalan que el video que muestra el momento en el que le pagan 31.500 dólares al “testigo clave”, Ignacio Villa Vargas, fue grabado por un funcionario de confianza y asesor del ministro de Gobierno que estaba ejerciendo ese cargo cuando se produjo la matanza del hotel Las Américas, el 16 de abril de 2009. También se conoce el nombre del sujeto que paga el soborno, el mismo que se habría producido en la frontera con Argentina, país al que huyó el hombre que utilizaron los autores del “complot Eduardo Rózsa” para criminalizar a cientos de dirigentes cívicos, empresarios y líderes políticos de Santa Cruz. Además de esos dos empleados del Gobierno, un fiscal que participó en la investigación del “caso terrorismo”, habría estado presente en el momento en el que facilitaban la huida de Villa Vargas, quien posteriormente fue declarado prófugo acusado de ser el proveedor de armas del grupo comandado por el boliviano-húngaro Rózsa Flores.

Las evidencias que ofrecen pistas importantes sobre la burda manipulación de testigos, son demasiado importantes como para ser ignoradas, tal como sucedió con aquellos videos, fotografías y otros documentos que probaron que detrás del grupo Rózsa estaba la mano del terrorismo estatal tejiendo un perverso complot que terminó con tres personas acribilladas, 18 detenidos y numerosos ciudadanos bajo sospecha. La Fiscalía General del Estado debe ponerle fin al libertinaje con el que ha conducido la investigación el fiscal Marcelo Soza, quien descaradamente se puso a órdenes del Ministerio de Gobierno para orientar políticamente este proceso. Una revisión mínimamente sensata conduciría a la anulación de todas las actuaciones realizadas hasta la fecha y seguramente se harían sorprendentes hallazgos sobre los verdaderos responsables de la patraña armada.

El Presidente ha ordenado la investigación del video y el Ministerio de Gobierno ha anunciado que hará sus propias pesquisas. En el primer caso, conviene que Evo Morales reflexione acerca de la importancia de no seguir insistiendo en sostener una trampa que se les está volcando en contra y que podría acarrearle a él y a varios miembros de su entorno graves consecuencias jurídicas, tanto en el plano nacional como el internacional. Por otro lado, la manipulación que pueda ejercer un miembro del gabinete con probada torpeza, no deja de ser un agravante para aquellos que han armado esta patraña. La verdad verá la luz tarde o temprano y cuando ese momento llegue, tal vez los poderosos de hoy no estén en condiciones de seguir aplastándola. La Fiscalía es capaz de recuperar la credibilidad rifada por algunos de sus miembros, pero eso es entendiendo que el país ya no aguanta más a los aventureros.
La Fiscalía General del Estado debe ponerle fin al libertinaje con el que ha conducido la investigación el fiscal Marcelo Soza, quien descaradamente se puso a órdenes del Ministerio de Gobierno para orientar políticamente este proceso.

curioso. senadores, diputados y hasta ministros del MAS colaboraron con el gobierno de García Meza asegura Arce Gómes. porqué Evo no muestra archivos?

Luis Arce Gómez, ex ministro del Interior del dictador Luis García Meza, dijo éste lunes que toda la información referida a los desaparecidos durante la dictadura de 1980 se encuentra en los archivos reservados de las Fuerzas Armadas.

El ex jefe militar, ahora recluido en la cárcel de máxima seguridad de Chonchocoro, se refirió al tema cuando era llevado para una consulta médica al Hospital Militar de Miraflores y aprovechó para hablar con los periodistas sobre los denominados archivos de la dictadura.

"Me parece muy sospechoso que no quieran mostrar los archivos. Ahí está todo. Por lo menos cuando era Jefe de Inteligencia y era Ministro (del Interior) todo lo que se hacía iba a los archivos. Ahora, que no quieran mostrar o pongan pretextos o cosas que perjudiquen al actual Presidente (Evo Morales), es problema de ellos", dijo.

Es más Arce Gómez, dijo que diputados, senadores y gente ahora vinculada con el Movimiento Al Socialismo (MAS) trabajó para el entonces Gobierno dictatorial, aunque evitó identificarlos.

Las declaraciones de Arce Gómez contradicen lo que dijo el presidente Evo Morales a fines del pasado año, quien aseguró que no existen archivos de la dictadura en el Estado Mayor, e invitó a los familiares de las víctimas acompañarlo al Gran Cuartel de Miraflores.

El ex jefe militar cumple una condena de 30 años de reclusión, sin derecho a indulto, por delitos de lesa humanidad cometidos durante el golpe de Estado del 17 de julio de 1980, cuando fueron asesinados y desaparecidos dirigentes sindicales y políticos, entre ellos Marcelo Quiroga Santa Cruz.

La investigación está a cargo en una comisión de fiscales ante los cuales Arce Gómez declaró que los restos del malogrado líder político están enterrados en la hacienda de la familia Banzer, ubicado en San Javier, Santa Cruz, hasta donde habría sido llevado a pedido del propio ex presidente Hugo Banzer.

Ahora los fiscales esperan la respuesta del Ministerio Público para realizar el estudio de planimetría en dicha hacienda y tratar de ubicar los restos de Marcelo Quiroga Santa Cruz. /ANF. (Composición fotog. de El Dia. SC)

los nombres de los 8 mártires del 15 de enero: Velazco, Suárez, Reyes, Navarro, Camargo, Menacho, Barrón y Baldivieso no se borrarán jamás

Diversos actos se cumplirán hoy en homenaje a los ocho dirigentes del Movimiento de la Izquierda Revolucionaria (MIR) asesinados por paramilitares el 15 de enero de 1981 durante la dictadura de Luis García Meza. Ramiro Velasco, Luis Suárez, José Gonzalo Reyes, Ricardo Navarro, Artemio Camargo, Arcil Menacho, Gonzalo Barrón y Jorge Baldivieso, junto a Gloria Ardaya, se encontraban reunidos en una casa de la calle Francis Harrington, de Sopocachi, analizando las medidas económicas aprobadas días antes por la dictadura militar. Ardaya fue la única sobreviviente de la matanza. Días después, un forense firmó los certificados de defunción que daban cuenta de que las muertes de los ocho líderes políticos fueron consecuencia de pulmonía. La Alcaldía de La Paz estrenará un mural que rinde memoria a los mártires de la democracia en la plaza del Bicentenario, ubicada en el atrio de la Universidad Mayor de San Andrés. El Gobierno edil paceño aprobó, además, una Resolución Municipal que establece que el 15 de enero de cada año será el Día de la Lucha contra la Impunidad y Homenaje a los Héroes de la calle Harrington. El proyectista de esta disposición fue el concejal masista Guillermo Mendoza. La propuesta fue aprobada por unanimidad. Los autores intelectuales de la matanza, Luis García Meza y Luis Arce Gómez, purgan condenas de 30 años de presidio sin derecho a indulto en el penal de máxima seguridad de Chonchocoro, en el altiplano paceño. Ayer, el vicepresidente Álvaro García Linera, al concluir la sesión de la Asamblea Legislativa, rindió un homenaje a la memoria de los asesinados. Calificó a ésos y a otros caídos en la lucha por la libertad como los constructores de la democracia, que alcanzó actualmente su segunda etapa, la de la igualdad entre bolivianos.

Las FFAA habrían sido factor determinante para frenar el gasolinazo. Ocurrió a las 5.30 del 30.dic. por la noche vino el "desgasolinazo" EJU.TV

Circula con insistencia desde Año Nuevo la versión de una reunión sostenida por jefes militares con el presidente Evo Morales, que habría sido decisiva para la abrogación del decreto 748 que instituía el ajuste de precios de los combustibles. Según esta versión, miembros del Alto Mando visitaron de manera sorpresiva al primer mandatario en la madrugada del 31 de diciembre, más exactamente a las 5:30 de la mañana, hora en la que Morales suele comenzar sus actividades. En el encuentro, los militares le habrían manifestado claramente al presidente que no participarían en una eventual represión a las protestas populares contra el gasolinazo, en el entendido que no serían parte de “un nuevo octubre negro”. La decisión castrense habría precipitado el “abrogazo” en la noche del 31, previa reunión con los cocaleros del Chapare. Todo apunta a que, como señaló un diputado opositor, el régimen evista habría caído en la primera semana de enero de no haber mediado el retroceso en la impopular medida, a raíz de una escalada en la conflictividad social. Lo cual nos pinta el panorama de un gobierno extremadamente debilitado, que no sólo ha perdido legitimidad, imagen, bases, fondos, cohesión y discurso, sino que también ve resquebrajarse el alineamiento político al que quiso forzar a las Fuerzas Armadas.

El plan detrás del gasolinazo

Con algo de tiempo de distancia, se va aclarando la figura sobre los verdaderos entretelones del fallido ajuste fiscal navideño. Por lo que se sabe, el “gasolinazo” habría sido un ejemplo de la estrategia leninista de “un paso atrás, dos adelante”, tan utilizada por el vicepresidente Álvaro García Linera. La maniobra consistía en implementar una aparente medida neoliberal como la supresión del subsidio a los combustibles (el “paso atrás”), que paradójicamente permitiría ampliar de manera notable la presencia del Estado en la economía (los “dos pasos adelante”). Esto sucedería de la siguiente manera: el “gasolinazo” iba a representar una transferencia de dinero de la sociedad civil al erario público equivalente al 10% del Producto Interno Bruto. Es decir, que el ajuste fiscal por sí solo representaba un crecimiento del Estado de diez puntos, del actual 46% de la economía boliviana (al que se llegó mediante la “nacionalización” de los hidrocarburos) al 56%. En una segunda fase, el monopsonio estatal de la compra de soya combinada con una bajada del dólar iba a convertir al Estado en el único exportador significativo de Bolivia, haciéndolo crecer otros veinte puntos, del 56% al 76%. Con lo cual se produciría una virtual homologación de la economía de Bolivia con la de Venezuela, donde el Estado copado por el proyecto chavista ya controla el 80% del PIB. Se trataba, entonces, de la curiosa utilización de una herramienta “neoliberal” para la profundización del socialismo del siglo XXI…

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Exiliado como está Cossío cuya vida corría peligro y tuvo que refugiarse en Paraguay suma apoyo, ahora del Consejo de Gobernadores para su causa. ED.

El gobernador suspendido de Tarija, Mario Cossío, recibió ayer un nuevo espaldarazo de autoridades paraguayas, en una jornada en la que el Gobierno boliviano volvió a expresar que el caso es judicial y no político, mientras que el presidente de Paraguay, Fernando Lugo, en una entrevista difundida por el programa Panorama Mundial, de la CNN, dejó entrever que en nuestro país hay ciertos ‘indicadores’ del sometimiento de la justicia al poder político y que la solicitud de refugio de Cossío es analizada en profundidad por las instancias correspondientes.

Además, desde Sucre se conoció que el Gobierno paraguayo solicitó informes oficiales a la justicia boliviana sobre la situación procesal de la autoridad tarijeña.

En horas de la mañana, el Consejo de Gobernadores de Paraguay instó al jefe de Estado, Fernando Lugo, a que otorgue asilo político al destituido gobernador tarijeño, al que brindó su pleno respaldo.

El boliviano había pedido que se le otorgue refugio, alegando ser un perseguido del Gobierno de Evo Morales, pero los gobernadores ahora piden ‘asilo político’ para Cossío. El documento está firmado por el presidente del Consejo de Gobernadores, el gobernador de Itapúa, Juan Afara, y su vicepresidente, gobernador de Boquerón, Walter Stoeckl, informó la agencia Efe.

El apoyo a Cossío se hizo más evidente con la posición expresada por el vicepresidente ‘guaraní’ Federico Franco, que, en declaraciones al diario paraguayo ABC Color publicadas ayer, pidió a su homólogo boliviano, Álvaro García Linera, ocuparse de la ‘grosera injerencia’ de la ministra de Transparencia, Nardy Suxo, en el caso del gobernador tarijeño.

El mandatario consideró que Suxo, que la semana pasada entregó los antecedentes sobre el caso Cossío a varias autoridades paraguayas en Asunción, "vino a tener una clara y grosera injerencia política en cuestiones de la independiente y soberana República del Paraguay".

Antes de la intervención de Lugo en CNN en español, el senador del Partido Colorado, Orlando Fiorotto, ratificó el respaldo a favor del político tarijeño e informó de que el Parlamento de Paraguay pidió a los legisladores votar a favor de conceder el refugio para el gobernador suspendido.

CNN también presentó un sondeo en el que el 51% de los paraguayos respaldan el refugio a favor de Cossío, contra un 49% que no.
Finalmente, en la entrevista al mandatario Paraguayo, Lugo dejó entrever que hay ‘indicadores’ de probable injerencia política en el caso que atañe al tarijeño.

“Yo sé que en muchos casos y en muchos países la justicia está sometida al poder político. Uno de los casos y hay evidencias aquí, en nuestro país, en donde el poder político es muy fuerte y tiene ciertas influencias. Por eso digo, lo vamos a analizar con serenidad, con tranquilidad y si corresponde, no tendremos ninguna dificultad en acogerlo solidariamente al señor Cossío y que se sienta muy bien en Paraguay, con tranquilidad, con la seguridad que él dice no tiene en su propio país”, señaló el mandatario.

En Bolivia, el vicepresidente reiteró su pedido a las autoridades paraguayas de que entiendan “que están protegiendo y apoyando a una persona acusada de corrupción”.

Desde Sucre, la decana de la Corte Suprema de Justicia, Beatriz Sandoval, informó de que recibió un pedido oficial de la embajada de Paraguay para conocer si Mario Cossío enfrenta procesos judiciales pendientes por la presunta comisión de delitos comunes ante tribunales bolivianos.

Proponen elecciones anticipadas
Pese a ser aliado del MAS en la Gobernación tarijeña, la dirigencia de la agrupación PAN planteó ayer convocar elecciones para nuevo gobernador y así acabar con el interinato de Lino Condori, que reemplaza a Mario Cossío, que fue alejado del cargo tras ser imputado por el caso Imbolsur, por supuestos actos de corrupción.
El jefe de la agrupación, Willman Cardozo, justificó que para recuperar la institucionalidad y democracia el pueblo tarijeño debe elegir a la nueva autoridad en las urnas.
Según Cardozo, las vías para llamar a elecciones es que, desde el punto de vista judicial, se dictamine una sentencia ejecutoriada contra Cossío; la otra vía es que Cossío renuncie al cargo. Cardozo consideró que el interinato en la Gobernación no puede prolongarse más allá de los cuatro meses.
Por su parte, el asambleísta de la alianza Camino al Cambio (CC)-MNR, Johnny Torres Terzo, también se sumó a la propuesta de Cardozo al decir que es la mejor forma de restituir la institucionalidad y recuperar la credibilidad de la Gobernación, que ahora es cuoteada por el MAS, Dignidad y PAN. /DM

Gobierno usó estrategia equivocada
Carlos Hugo Molina / Analista
Producto de la dictadura de Stroessner, el pueblo paraguayo es muy solidario con las figuras que tienen que ver con persecución política, así que más que una cuestión ideológica es una cuestión de principios.
Pero también está que el presidente de Venezuela no ha tenido mucho tacto al llegar al pueblo paraguayo. A (Hugo) Chávez se lo critica desde la oposición y el oficialismo y en Paraguay se identifica a Evo con Chávez, provocando reacciones no inamistosas ni adversas, pero tampoco de simpatía.
A esto hay que sumar la estrategia equivocada del Gobierno, que ha generado reacciones adversas luego de la forma en que se presentó la ministra Suxo.
El resultado de todo esto es que una parte importante del Gobierno de Lugo ya asumió una posición a favor del refugio para Cossío

el desplome. 82% descarta ministros. 74% descarta a García Linera. 67% descarta a Evo. Luego vendrá más

Encuesta. El estudio de opinión de Captura Consulting fue aplicado entre el martes 4 y el jueves 6 en las ciudades de Cochabamba, El Alto, La Paz y Santa Cruz. El MAS lo cuestiona.

El Deber.- El presidente Evo Morales inició el 2011 con un nivel de rechazo que alcanza el 67 por ciento en las cuatro principales ciudades del eje del territorio nacional, mientras que la aprobación a su gestión está a un 30 por ciento, su nivel más bajo desde que asumió la presidencia de Bolivia, en 2006.

Así lo refleja una encuesta que aplicó la empresa Captura Consulting, entre el martes 4 y el jueves 6 de enero, a 800 personas en las ciudades de Cochabamba, El Alto, La Paz y Santa Cruz para medir el impacto político en el Gobierno provocado por el Decreto Supremo 748, que autorizaba el incremento de hasta un 82 por ciento en el precio de los combustibles.

La medida fue aprobada el 25 de diciembre del año pasado por el presidente en ejercicio, Álvaro García Linera, y derogado una semana después, el 31 de diciembre, por el jefe de Estado, Evo Morales.

Para el jefe de bancada del opositor Convergencia Nacional en el Senado, Germán Antelo, el rechazo al presidente Evo Morales representa una tendencia que se repite desde hace varios meses, y no por un momento, producto de una medida coyuntural desacertada, como el gasolinazo.

"Estamos viendo (al Presidente) bajar de manera progresiva en las encuestas porque ha dejado al país que marche sin rumbo en materia económica", señaló el político cruceño.

En contrapartida, la también senadora Gabriela Montaño, del frente oficialista MAS, manifestó que los resultados de la encuesta de Captura reflejan el sentir de las personas consultadas sobre una medida específica, “la nivelación de los precios del combustible”, y no sobre la gestión del Mandatario.

"Creo que es muy difícil diferenciar en ese momento la respuesta de la gente con relación a la gestión y a la medida económica. A mi juicio, esa consulta respondía más al caso específico de la nivelación de precios de los carburantes", expresó Montaño, que también puso en duda la representatividad del tamaño de la muestra.

De acuerdo con la última encuesta divulgada por la empresa Ipsos Apoyo, Opinión y Mercado, el 6 de diciembre de 2010, el presidente Evo Morales estaba con un 54 por ciento de apoyo entre las 1.034 personas consultadas en las cuatro principales ciudades del eje. En esa oportunidad, los analistas políticos atribuyeron la aprobación a la distribución de los bonos Juancito Pinto, del Juana Azurduy y a la entrega de la Renta Dignidad para los ancianos.

En septiembre del año pasado, la popularidad del líder cocalero estaba en un 52 por ciento en las ciudades de Cochabamba, El Alto, La Paz y Santa Cruz de la Sierra, de acuerdo con la encuesta de Ipsos Apoyo, Opinión y Mercado.

En ese mes, la Asamblea Legislativa Plurinacional aprobó la Ley Contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación.

FICHA TÉCNICA

El estudio de opinión se aplicó a 800 personas, mayores de 18 años, en las ciudades de Cochabamba, El Alto, La Paz y Santa Cruz de la Sierra. La muestra tiene un margen de error del 3,5 por ciento y un 95 por ciento de confianza. Se aplicó entre el martes 4 y el jueves 6 de enero. Fue utilizado el método de entrevista cara a cara mediante un cuestionario estructurado. El muestreo es proporcional a la población.

Análisis

El apoyo al Gobierno es condicionado

Al margen de los porcentajes de rechazo y aceptación que arrojaron las encuestas, hay que tener en cuenta que el apoyo que recibe el presidente Evo Morales es condicionado; esto quiere decir que no es un respaldo amplio a un proyecto político, sino al cumplimiento de ciertos objetivos particulares y corporativos ofrecidos por el Mandatario y el Gobierno.

La mayoría ha apoyado al Jefe de Estado con la certeza de que podía resolver una serie de problemas, y justamente por eso se ha observado que el Mandatario mantuvo un alto porcentaje de popularidad y, al mismo tiempo, un alto nivel de conflictividad. Si hacemos una revisión, encontramos que cada año aumentan las marchas, huelgas y protestas no contra políticas del Gobierno, sino en demanda de objetivos precisos. En la medida que pasa el tiempo y no se resuelven los problemas, la situación puede revertirse en cualquier momento.

En el país ha habido gobiernos con bajo apoyo electoral, pero había tolerancia del pueblo a la política porque sabía que se podía resolver los problemas. Ahora, la gente cree que este Gobierno tiene dinero y exige más resultados.

Bolivia sufre el secuestro de la sin razón, de la violencia que se tragó 4 gobiernos y se tragará otros. se gobierna desde la calle. peligroso. CMQ

El tema de la gobernabilidad ha sido una de las cuestiones fundamentales que se planteó a partir de la crisis de abril de 2000. El proceso que se abrió en enero de 2006 buscaba, en palabras de García Linera, resolver nuestro “empate catastrófico” en función de un triunfo histórico que garantizase la gobernabilidad perdida. Se debía reconstituir el Estado a partir de desafíos que tenían dos puntas: el reconocimiento de los pueblos indígenas y su rol central en el corazón de la nación, y la necesidad de cerrar el ciclo del centralismo clásico con las nuevas autonomías. Pero el fallido “gasolinazo” ha puesto en evidencia la dimensión de la crisis en la que está Bolivia. El empate no se ha superado. La ilusión era que este Gobierno encarnaba el nuevo Estado a partir de personas elegidas del seno de “lo plebeyo”, lo que reconectaba la relación Estado-sociedad. Ambos pasaban a ser una y la misma cosa.

Pero la respuesta al “gasolinazo” puso en cuestión esa premisa. Algunos intelectuales obstinados pretenden que lo ocurrido el 30 de diciembre fue el triunfo de los movimientos sociales que, a pesar de los errores de un Gobierno que se desvía de la ruta por la presión insufrible del mercado, mantienen la firmeza en la defensa del camino de transformación del país. La respuesta, me temo, es bastante más cruda. La razón para esa protesta no fue ni la claridad ideológica del pueblo ni la supuesta conspiración de la derecha (el Presidente y sus acólitos deberían revisar lo que alegaron los gobernantes en octubre de 2003 ante las movilizaciones sociales. Se sonrojarían al comprobar que los argumentos que ha esgrimido para acusar a los “extremistas” son idénticos). La movilización se produjo porque el tamaño del “gasolinazo” era intolerable. Lo era no sólo por ser la medida más rabiosamente “neoliberal” que hayamos conocido, sino porque ningún bolsillo popular lo podía resistir.

Pero otra comprobación es más terrible todavía. Demuestra que la construcción de la gobernabilidad no se hizo. El Estado está en manos de los llamados “movimientos sociales”. No cabe aquí discutir si sus causas son justas o injustas, porque hemos comprobado en los últimos años que cualquier “causa” es buena para demostrar poder. El Estado –lo he escrito más de una vez– está secuestrado por esos movimientos que tienen condiciones para neutralizar o derribar Gobiernos cuando así lo decidan.

Mi hipótesis era que el Gobierno de Morales es el único que garantiza la gobernabilidad, una buena noticia para el Presidente pero una mala noticia para los bolivianos. Sin embargo, la situación tras el 26 de diciembre es aún peor. Ni Morales es capaz de garantizar gobernabilidad. Ésta se basa en el legítimo derecho del Gobierno de administrar el país, conducirlo, tomar decisiones por y para las que ha sido elegido y, eventualmente, tomar alguna que pueda requerir de un sacrificio determinado en función de un bien mayor. No es ciertamente el caso del “gasolinazo” tal como se lo planteó, pero suponiendo que lo hubiera sido, la medida no se pudo sostener. Las fuerzas que la neutralizaron lo saben, han derrotado al Gobierno más fuerte en el periodo democrático iniciado en 1982, producto e hijo de esas fuerzas. Esto obligó al Presidente a reconocer que no es todopoderoso (lo que era deseable), que su poder está erosionado y que corre el riesgo de ser atrapado por las propias fuerzas de las que ha surgido, víctima de los métodos implacables que usó cuando era dirigente sindical y líder de la oposición. El circuito perverso continúa.

Me parecía evidente, y preocupante a la vez, que de darse por cualquier razón una sucesión constitucional, el Vicepresidente no estaría en condiciones de garantizar la estabilidad y permanencia del Gobierno, igual que un eventual presidente elegido que no fuera Morales, peor aún si éste fuese otra vez opositor. Pero ocurre que ya hoy, la gobernabilidad está en entredicho y nuevamente las calles se adueñan del poder. Es un gran error aplaudir tal cosa si se está en la oposición, o explicarla con argumentos infantiles si se está en el gobierno.

Un país que vive sin orden ni concierto, sin autoridad que se respete ni ley que se cumpla, con la certeza de que a la hora de la verdad lo único que cuenta desde el gobierno y desde los “movimientos sociales” es la fuerza bruta e irracional sin otra justificación que la atrabiliaria subjetividad, prueba algo terrible. No sólo que en 2009 no construimos un nuevo pacto social, sino que el mal se ha vuelto crónico. No era cierto que de lo que se trataba era de derribar el “viejo y podrido sistema”, de lo que se trataba era de un ejercicio atrabiliario de un poder cuya esencia no es otra que el poder mismo al servicio de intereses concretos que pocas veces representan el interés de las mayorías. El 30 de diciembre coincidieron una cosa y la otra, pero fue una circunstancia. La verdad es menos romántica que la causa justa, es que el Gobierno, éste incluido, es un simple rehén de un movimiento informe que se mueve en las calles y que hace muy improbable la construcción de una democracia transformadora con instituciones que garanticen lo esencial: igualdad, justicia y bienestar. El autor fue Presidente de la República de Bolivia

Chávez empezará a sentir los costos de su régimen unipersonal que no respeta sus propias leyes y somete a su pueblo a vejámenes y excesos

En noviembre de 2001, los países miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA) aprobaron la “Carta Democrática Interamericana”, por la que se comprometen a respetar, promover y defender la democracia, esencial para “el desarrollo social, político y económico de los pueblos de las Américas”.

De acuerdo a este documento, son “elementos esenciales” de la democracia representativa, entre otros, “el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales; el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al Estado de derecho; la celebración de elecciones periódicas, libres, justas y basadas en el sufragio universal y secreto como expresión de la soberanía del pueblo; el régimen plural de partidos y organizaciones políticas; y la separación e independencia de los poderes públicos”. Y son “componentes fundamentales del ejercicio de la democracia la transparencia de las actividades gubernamentales, la probidad, la responsabilidad de los gobiernos en la gestión pública, el respeto por los derechos sociales y la libertad de expresión y de prensa”. Asimismo, la “subordinación constitucional de todas las instituciones del Estado a la autoridad civil legalmente constituida y el respeto al Estado de derecho de todas las entidades y sectores de la sociedad”.

Se trata de una lista objetiva que los países deben respetar; caso contrario, se viola el compromiso asumido y los países que lo hacen pueden ser marginados de la entidad multilateral.

El tema viene a cuento porque finalmente el Secretario General de la OEA declaró que la denominada “Ley Habilitante” por la que se otorga al Presidente de ese país capacidad legislativa es "completamente contraria a la Carta Democrática Interamericana y que probablemente el organismo multilateral analizará pronto el tema aunque ningún Estado miembro lo haya solicitado aún formalmente”.

No se trata de unos comentarios más, así sea que una lamentable tradición de esta entidad multilateral le quitó legitimidad y prestigio por su sumisión, en plena guerra fría y con temibles dictaduras de por medio, a una de las dos potencias mundiales (Estados Unidos) que disputaban la hegemonía mundial, así como por su alineamiento en contra de toda apertura política en la región. Sin embargo, la OEA ha sufrido importantes cambios desde que la democracia pasó a ser predominante en las Américas y su adscripción al sistema democrático ha sido progresivo, pero no exento de peligrosos errores que le impiden consolidar legitimidad. Y precisamente uno de esos errores ha sido su preocupante silencio ante las violaciones a los principios de la Carta Democrática, de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y la Convención Americana sobre Derechos Humanos en países como Venezuela.

Hoy parece decida a cambiar de actitud, lo que permite suponer que el histriónico Mandatario venezolano –más allá de las diatribas que lanzará y a las que nos tiene acostumbrados-- comenzará a sentir, también en el campo internacional, los costos de encaminar a su país hacia un régimen unipersonal y autoritario que no respeta la voluntad de su población sino de una cúpula burocratizada, altamente corrupta y violadora de derechos consagrados en varios instrumentos internacionales, entre ellos, la Carta Democrática Interamericana.

En verdad puede estarse abriendo una nueva etapa en la región.

Nardy Suxo acaba de hacer un papel bochornoso en Asunción con alegres acusaciones a los medios de Bolivia y Paraguay afirmando que están comprados.LT

La difamación hecha por la ministra de Transparencia en contra de los medios de Paraguay y Bolivia es otro golpe contra la imagen gubernamental

La actuación de la ministra de Transparencia en Paraguay –a donde viajó para evitar que esa nación otorgue refugio político al gobernador suspendido de Tarija–, las desaprensivas declaraciones presidenciales sobre el mismo tema –en las que incluyó a su colega paraguayo– y las del ministro de Relaciones Exteriores sobre el mismo tema han dejado, una vez más, muy mal parado al país porque, por un lado, se trata de acciones que muestran que las autoridades desconocen elementales normas del relacionamiento internacional y, por otro, han confirmado que el defenestrado gobernador tarijeño sufre una sañuda persecución política en Bolivia y que las acusaciones de corrupción –así las hubiere– no son sino el pretexto para eliminar a un opositor que en forma consecutiva recibió, en su región, la adhesión ciudadana expresada mediante el voto.

La ministra de Transparencia se reunió con las representantes del Congreso Paraguayo ante la entidad que define si se otorga o no la calidad de refugiado a quien lo solicite. De acuerdo a la versión de una de las parlamentarias, la dignataria boliviana, muy suelta de cuerpo, habría intentado ejercer indebida presión sobre ellas y entre otros improperios habría dicho que el suspendido gobernador de Tarija “habría comprado” a los medios paraguayos, como, además, sucedería en el país.

Por su parte, el Presidente declaró que esperaba que las instituciones del Estado (paraguayo) no sean protectoras de la corrupción (sentenciando de esa manera y sin proceso debido al Gobernador), lo que podría suceder porque su colega paraguayo no tiene el control de “la mayoría de la estructura del Estado en Paraguay”. Para rematar, el Canciller solicitó que Paraguay rechace la solicitud de refugio porque “en la pasada gestión el Gobierno boliviano negó la solicitud de refugio a ciudadanos paraguayos porque el Gobierno de ese país entregó documentación incriminatoria”.

En Paraguay, salvando las agrupaciones políticas afines al MAS, parecería que hay un acuerdo mayoritario en otorgar la calidad de refugiado al gobernador tarijeño partiendo de un hecho contundente: la norma por la que ha sido suspendido contradice la Constitución Política del Estado y no existe ninguna garantía en el país para que sea procesado conforme a ley. De hecho, el presidente paraguayo ha dicho que si bien se escuchará el alegato del Gobierno boliviano, su país “nunca ha dejado de ser solidario con quienes vienen a pedir refugio, siempre que se ajuste a la ley”.

Como colofón corresponde poner énfasis en dos aspectos. Uno, que la situación del gobernador tarijeño es absolutamente diferente a la de dos ciudadanos paraguayos procesados por ser coautores del secuestro y asesinato de la hija de un ex mandatario paraguayo y que las autoridades del Ministerio de Gobierno de entonces los hicieron escapar, hecho que obligó al Gobierno a aceptar la renuncia del entonces viceministro de esa repartición.

El otro, que es intolerable la difamación hecha por la ministra de Transparencia en contra de los medios de Paraguay y Bolivia. Es una muestra más de que en el país todo recurso es válido –sea legal o no– para buscar el control total de la sociedad. Así de simple.

provoca irritación. causa rabia que Evo siga o quiere seguir desinformando cuando todos han percibido que LAS JUSTIFICACIONES del gasolinazo no van!

Todo comenzaba cuatro días antes del gasolinazo, el 22 de diciembre, Franklin Durán de la confederación de choferes denunciaba nuevamente que el gobierno estaba a punto de dictar un gasolinazo mientras en conferencia de prensa el ministro Luís Arce Catacora hablaba todo orgulloso de una inflación del 5,3%, de un crecimiento económico hasta el tercer trimestre del 2010 del 3,8%, aseguraba la intervención del Estado en la producción alimentaria el 2011, comparaba promedios estadísticos de depósitos y créditos para convencernos que ahora el boliviano "tiene dinero y ahorra más", volvía a confirmar que la moneda boliviana se iba a apreciar nuevamente, aconsejaba a todos los ahorristas que cambien sus depósitos de dólares a bolivianos y confirmaba que el incremento salarial sería similar a la inflación.

Y con su sonrisa creía que había convencido a todos, especialmente a los del propio gobierno.

El presidente Morales anunciaba que suspendía en forma indefinida la reunión entre el gobierno y los Movimientos Sociales (supuesto control social normado por Ley) en la cual se evalúa la gestión del gobierno cada año.

Acto seguido el presidente Morales se iba a pasar navidad a Venezuela, país donde visitaría a cientos de damnificados venezolanos. Curiosamente un mes atrás el 22 de noviembre en la ciudad de La Paz el presidente Morales ignoraba completamente a los mineros bolivianos de la mina La Solución, a pesar de que el miércoles 13 de octubre viajaba con urgencia a Chile a ver el rescate de 33 mineros chilenos y un boliviano.

El 26 de diciembre sería el Vicepresidente García nuevamente el que daría la cara en la lectura del DS. 748, un mega gasolinazo de regalo de navidad del MAS al pueblo boliviano, en la que finalmente y muy a pesar del discurso político antineoliberal y anticapitalista el MAS decidía entrar de frente en el juego de la "libre oferta y demanda".

El MAS había decidido subir el precio del combustible en un promedio general del 75%, donde llama la atención el incremento del Agro Fuel en un 95%, y el Kerosene (usado en cocinillas artesanales y más conocido como el combustible para cocinar de los más pobres) que era también elevado en un 95%.

El objetivo del MAS era "nivelar precios", pero no hablaban de nivelar los sueldos nacionales con los de los países vecinos. En consecuencia se deduce que lo que realmente quería el gobierno era asegurar la recaudación "a como dé lugar" que llegaría el 2011 según Carlos Valverde a los 1.409'179.563 $us (más de mil cuatrocientos millones de dólares).

Pero una vez lanzado el gasolinazo, el equipo económico del MAS (a la cabeza del ministro de Hacienda en coordinación con los Ministerios de Planeamiento, Hidrocarburos, Trabajo, Transportes, Desarrollo Productivo, Promoción Económica, y especialmente EMAPA) se olvidaron de las medidas complementarias tan importantes como abastecer de gasolina extra a los surtidores para evitar el desabastecimiento y caos que se generó; no se dictaron ni normaron las nuevas tarifas de transporte urbano, rural ni interdepartamental dejando indefenso al pueblo al capricho de los transportistas que incrementaron con saña las tarifas congeladas desde hace 10 años; no coordinaron con las Fuerzas Armadas la venta inmediata de pan a un precio justo evitando la especulación de los panificadores; no coordinaron con EMAPA la distribución masiva de alimentos a precio justo y en consecuencia aparecían enormes filas de madres de familia desesperadas por conseguir un poco de alimentos. Y para colmo EMAPA aumentaba el precio del arroz hasta en un 24%, atendía con poco personal y en horario de oficina, y decidía inexplicablemente cerrar sus oficinas el viernes 31 de diciembre obligando a la Ministro de Desarrollo Productivo Antonia Rodríguez (la única que dio la cara) a salir en persona a vender en plazas y mercados los alimentos de primera necesidad.

Este gasolinazo demostró una vez más la total falta de coordinación del gobierno del MAS, conformado por diferentes tiendas políticas de extrema izquierda, con diferentes visiones y objetivos, y que creen al -igual que los anteriores gobiernos neoliberales- que los ministerios bajo su poder son sus feudos personales, y además se encuentran enfrascados en luchas internas de quién consigue más cupos de poder.

Por tres veces consecutivas, y en un triste mensaje de fin de año el presidente Morales quiso explicar las razones por las cuales su gobierno decidió decretar el Mega gasolinazo en Navidad, y nuevamente se complicó.

Es de conocimiento de todos que al presidente Morales no le gusta leer, y siempre improvisa siguiendo un libreto aprendido cuando era dirigente cocalero y posteriormente parlamentario, por lo que siempre recurre a "cuentos urbanos", chistes de doble interpretación (especialmente contra el Vicepresidente García o los Alcaldes), ataques xenófobos contra la oposición o inclusive ataques racistas contra su persona cada vez que quiere romper el hielo o cuando se le olvida lo que quiere decir.

Precisamente eso fue lo que ocurrió en su primera intervención, donde se lo observó nervioso al extremo de perder el hilo de lo que decía, queriéndole poner su toque personal (autoritarismo sindical) a un problema económico cuyos términos técnicos desconoce completamente.

Por esa razón en ninguna de las tres conferencias de prensa aceptó preguntas que con seguridad lo harían trastabillar. Finalmente para eso esta el vicepresidente García que sigue al pié de la letra el lema: "si no puedes convencerlos, confúndelos".

La frase que más llamó la atención en el primer mensaje del presidente Morales fue: "yo no estoy cuidando mi imagen", y los bolivianos de a pié se preguntan ¿porque el presidente Morales viaja al exterior siempre que hay problemas y muertos en Bolivia?

Habló de la necesidad de eliminar la subvención a la gasolina porque desangra nuestra economía y acto seguido anunciaba el incentivo a la producción agropecuaria (subvención) mediante la compra de soya a precios internacionales y el aumento del bono Juancito Pinto.

Luego de explicar el innecesario gasto de recursos hecho por los gobiernos neoliberales, anunciaba una nueva distribución de nuevos cheques por 300.000 $us para todos los municipios.

Recordaba que el gobierno de Banzer fue el iniciador de las subvenciones mediante el DS 24914 de diciembre de 1977, pero no decía nada de la RM 184 del 2006, firmado en su ministro de Hidrocarburos que ratificaba el DS del presidente Carlos D. Mesa congelando el precio de la gasolina a 24 y 26 $us y que permaneció vigente desde el 2006.

Anunciaba la dotación de nuevos tractores, siguiendo la política neoliberal de Carlos D. Mesa quien se vio obligado a entregar en forma gratuita 200 tractores a diferentes comunidades, pero no dijo nada de los restantes 800 tractores que el MAS entrego a sus militantes y que se perdieron en el olvido, como lo denunció -una vez más- su ex aliado Felipe Quispe el Mallku.

Tampoco dijo que este programa no funcionó sencillamente porque los campesinos beneficiados no tenían dinero suficiente para el combustible (diessel) de los tractores. Ahora que el diessel cuesta el doble los nuevos tractores se convertirán en la versión masista de los carritos agrícolas Hanner intercambiado por el presidente defacto Gral. Luís García Mesa Tejada a cambio de toda la deuda argentina por el gas (el famoso borrón y cuenta nueva). Tampoco dijo que los tractores iraníes no funcionaron en zonas tropicales, por lo que los beneficiados solo serían los sindicatos del occidente de Bolivia.

Lo que si aseveró el presidente Morales es que no sabía "cuando podrá entregar esos tractores" porque los tramites de compra y el tiempo de llegada de la maquinaria podría tardar hasta un año.

Ofreció cambiar la matriz energética mediante la reconversión de los motores a gas, pero no dijo que durante los últimos 5 años de su gestión se compraron únicamente siete mil kits de reconversión a gas y para colmo se instalaron únicamente la mitad según le recordaba públicamente Franklin Duran, dirigente del transporte público.

Ofreció un 20% de aumento salarial a cuatro sectores: las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, Salud y Educación, olvidándose del restante 93% de los bolivianos, especialmente los fabriles y los rentistas. El presidente de la Cámara de Diputados Héctor Arce declaraba: "no se puede aumentar a todos".

El presidente Morales se hacia la burla del pésimo desempeño de la lucha contra el contrabando de su gobierno, al declarar que el contrabando de combustible (150 millones de dólares al año) salía en "mamaderas, termos, botellas de cervezas" y en "mochilas".

Haciendo un cálculo grosero, sabemos por declaraciones del presidente que el contrabando le cuesta a nuestro país 1.050'000.000 bolivianos (mil cincuenta millones de bolivianos), o 2'876.712 bolivianos al día, equivalente a 769,174 litros de gasolina o diessel, equivalentes a 38 cisternas diarias de 20.000 litros que deberían pasar nuestras fronteras durante los 365 días del año.

Pero como ahora sabemos que el contrabando se lo hace en "mamaderas y botellas de cerveza", eso significa que se requeriría de 769.174 botellas de cerveza, pero con gasolina en lugar de cerveza, en otras palabras tres cuartos de millón de botellas que salen de nuestro país de contrabando a los países vecinos todos los días.

Eso sería equivalente a 64.097 cajas de cerveza (de 12 unidades). Si una botella de cerveza de verdad cuesta 10 bolivianos, es absurdo que se contrabandee gasolina en su interior. ¿Qué dirán las empresas cerveceras nacionales de esta nueva revelación del presidente Morales?

Si una persona lleva consigo una caja de botellas de cerveza, se requeriría de 64.097 personas que pasen diariamente las fronteras con la gasolina de contrabando. Las aduanas de los países vecinos hace tiempo que se habrían dado cuenta de este ilícito. ¿Impuestos Internos o Aduana se habrán dado cuenta que exportamos tanta cerveza?

Este cuento urbano de gasolina contrabandeada en botellas de cerveza, en termos o en mamaderas es tan absurdo como jalado de los pelos. Es más creíble que los contrabandistas usen las 38 cisternas diarias. Así que no se entiende cómo el gobierno no pueda identificar esas 38 cisternas considerando que solo Yacimientos pueden autorizar semejantes volúmenes de gasolina y solo la Aduana autoriza la salida de cisternas por las fronteras.

Al comentar el retiro masivo de ahorros de la banca, ocasionado por las declaraciones diarias del ministro de Hacienda de "reconvertir sus dólares en bolivianos", el presidente Morales declaraba en tono de burla, una vez más, que la gente estaba sacando sus ahorros porque "seguramente necesitan dinero para su fiesta de fin de año", burla que fue tomada como una afrenta más a la inteligencia del pueblo. Al ser consultado el ministro ¿qué era un corralito?, decía "un corralito es cuando un gobierno prohíbe que un ahorrista saque sus depósitos de un banco". Y como los bancos solo entregaban un máximo de 10.000 $us por ahorrista, en consecuencia al no permitírseles sacar todos sus ahorros se puede decir que efectivamente existía un corralito técnico. Por otro lado también se puede decir que finalmente fueron oídas las amenazas diarias del ministro de Hacienda y los ahorristas decidieron de una vez por todas cambiar sus ahorros de dólares en bolivianos.

Reacciones al gasolinazo:

Mientras el Ministro Arce Catacora aceptaba un incremento del 25% en el transporte, Fernando Llanos director de la ATT autorizaba el incremento del 30%. Inmediatamente Franklin Durán rechazaba ese incremento.

La CONALJUVE rechazaba el aumento anunciado por la ATT mediante voto resolutivo 30/10.

Empezando en la Periférica y en zona de San Pedro de la ciudad de La Paz y en la Ceja de El Alto se masificaba los bloqueos y se generalizaba el pedido de renuncia del presidente Evo Morales.

El vocero del gobierno Iván Canelas llamaba "neoliberales" y el vicepresidente García llamaba "derechistas" a todos los que se oponían al mega gasolinazo.

El 28 de diciembre Pedro Montes anunciaba marchas de protestas en rechazo del gasolinazo que el ampliado de la COB había aprobado.

El Senador masista Fidel Surco pedía "paciencia al pueblo ante el gasolinazo".

La FEJUVE de La Paz anunciaba marchas contra el gasolinazo. En Cochabamba una caravana de protesta del transporte pesado inmovilizaba el centro de la ciudad.

A los dirigentes del Magisterio se les impedía ingresar al ampliado de la COB. El profesor José Luís Álvarez Secretario Ejecutivo de los Maestros Urbanos declara "se comprueba que Pedro Montes es del MAS".

El Magisterio se movilizaba el jueves pero no participaba de la marcha organizada por la Alcaldía Municipal en rechazo del gasolinazo.

Pedro Montes ejecutivo de la COB declaraba huelga de todos los sindicatos contra el DS 748 desde el lunes.

Álvaro Rodríguez gerente general de EMAPA anunciaba el incremento del precio de todos los alimentos que comercializan. Comenzaban las protestas y el enojo de la población contra EMAPA. Las largas filas recordaban el gobierno de la UDP y la hiperinflación del 85. Ya son dos días que la gente se ve obligada a dormir en las filas con la esperanza de que al día siguiente puedan alcanzar a comprar alimentos.

El profesor Harry Mondaca se crucificaba en Quillacollo en rechazo al gasolinazo.
El Colegio de Médico de La Paz rechazaba el gasolinazo.
Sergio Hinojosa, dirigente de CONAMAQ, pedía abrogar el DS 748 y pide buscar otras soluciones. Anunciaba que los Ayllus definirán las próximas movilizaciones.

La FEJUVE afín al MAS pedía al gobierno declarar transporte libre y declaraban en Canal 7 BTV que no convocarán a ninguna movilización.
Roberto Coarite, ejecutivo de la CSUTCB; Marco Castillo ejecutivo de Tupac Katari, todos afín al MAS declaraba que los campesinos apoyaban el DS 748.

El Comité Cívico Popular de la ciudad de El Alto anunciaba medidas por el alza de la gasolina.
Los productores artesanales de El Alto pedían la anulación de DS 748.
Miriam Rivero, presidente de FEBOPI, advertía de masivos despidos como consecuencia del gasolinazo.

Demetrio Pérez de ANAPO, Guido Mitma y Oswaldo Yanke de la FSTMB declaran que los mineros se sentían "traicionados" por sus dirigentes y por el gobierno.

La Senadora Betty Tejada declaraba: "el DS 748 no se toca".

Durante todo el viernes se conocían comunicados de diferentes sectores como los Mineros de Potosí que decidieron concentrarse y marchar a la ciudad de La Paz a partir del lunes 2 de enero del 2011 y a ellos se sumaban el Magisterio, los universitarios, choferes, gremiales y panaderos. El ampliado de los choferes anunciaba que su sector se sumaba al paro del jueves próximo.

Miguel Mamani, ejecutivo de la Central Obrera Departamental de Potosí, anuncia la marcha contra el DS 748.

El presidente Morales, el ministro Arce Catacora, Marcelo Zabalaga presidente del Banco Central de Bolivia, Reynaldo Yujra director ejecutivo de ASFI salían a desmentir la desdolarización, pero nadie les creía.

Los fabriles confirman que marcharan desde el martes.

En Oruro las protestas anuncian el fin del gobierno del MAS y desconocían a Pedro Montes como representante de los trabajadores. Hugo Gutiérrez, dirigente de los gremiales de la ciudad de Oruro, anunciaba "paro general indefinido" desde el 30 de diciembre con el cierre de todos los mercados.

Quemaban llantas y afiches del MAS en el bloque de la ciudad de El Alto. En la autopista botaban piedras de gran tamaño, incendiaban un automóvil y rompían los vidrios de las movilidades que tratan de burlar el bloqueo por el camino antiguo. La FEJUVE le daba un plazo de 24 horas al gobierno para abrogar el gasolinazo y pedían la renuncia del vicepresidente García.

En Villa Fátima no atendían las tiendas de EMAPA. Los vecinos denunciaban que las tiendas cerraron hace varios días.

La Federación de Mujeres alteñas organizaban la marcha de las cacerolas vacías desde Caracollo.

Los supermercados se llenaban de gente que querían comprar alimentos.

En una marcha masiva en Oruro cinco mil mineros amenazaban marchar a La Paz.
Jaime Solares ejecutivo de la COD de Oruro declaraba que este gasolinazo afectaba a los sectores más pobres y pedía la abrogación del DS.

El transporte interdepartamental anunciaba un incremento del 70% en sus tarifas, exigían a un alza del 100% y anunciaban nuevas medidas de protesta.

El presidente Morales se reunía con todo su gabinete en una reunión de emergencia antes del mensaje presidencial.

En la conferencia de prensa el presidente Morales insistía "en haber consensuado con todos los sectores el gasolinazo", afirmaba que todos estos sectores le habían dado su apoyo y que ninguno se había opuesto.

Si aceptamos las declaraciones del presidente Morales eso significaría que todos los dirigentes consultados sabían del gasolinazo y pudieron tomar una de dos acciones: o se callaban y en consecuencia eran cómplices del gasolinazo en contra del pueblo y por ende traidores a sus bases; o les advertían a sus bases para que éstos tomen las previsiones en contra de esta medida económica tan salvaje. Como no se conoce todavía que alguien haya ido a comprar gasolina en previsión al gasolinazo podemos deducir que los dirigentes consultados por el MAS decidieron callar y actuar en contra de sus bases. Eso confirmaría que los dirigentes solo le son serviles al MAS, y por el contrario se sirven de sus bases.

La sinceridad del presidente al confesar su frustración por la reacción de toda la población en contra de su gasolinazo solo nos muestra que la gente que rodea al presidente Morales no solo le miente, sino que además es incapaz de hacerle ver sus errores, darle la contra, mucho menos decirle la verdad. ¿En quien confiará el presidente Morales de ahora en adelante?

Los mensajes que el presidente Morales debería haber aprendido son:
"Un gobernador nunca debe mentirle al pueblo" Carlos Cordero analista político;
"En la boca del mentiroso la verdad se hace dudosa" Luís Núñez cívico cruceño;
"Este es un mega gasolinazo, no habrá incremento que lo compense, afectará a los más pobres, no hubo algo similar en la historia" Napoleón Pacheco Fundación Milenio;
"Es un hiper gasolinazo" Fabián Yaksic ex Ministro de Evo Morales;
"Es una violación de los Derechos Humanos (derechos económicos)" Rolando Villena Defensor del Pueblo;
"Es un atentado al bolsillo del pueblo, Esta medida debió ser gradual" Alberto Bonadona analista económico;
"Solo un sector fue beneficiado, el resto de la población esta a su suerte" Carlos Cordero analista político;
"Este es un gobierno incapaz" Juan del Granado Cosio ex Alcalde de La Paz;
"La medida es un retroceso" Luís Revilla Alcalde de La Paz;
"Presidente sin pantalones para emitir DS, Unidad Nacional propone un alza gradual en lugar de una medida de shock" Jaime Navarro;
"El gobierno debe abrogar el DS 748, no nos consultaron el gasolinazo" Pedro Montes ejecutivo de la COB;
"Es una medida drástica e inoportuna" Confederación de empresarios privados de Bolivia;
"Es una medida desesperada en contra de la economía del pueblo, Esto es un fracaso de YPFB, El presidente –Morales- le mintió al país" Rubén Costas Gobernador de Santa Cruz;
"Es una medida que afecta a los más pobres" Roger Lavadenz ejecutivo de los Gremiales de Santa Cruz;
"Ante el fracaso de la política hidrocarburífera reactivarán YPFB con la plata del pueblo" Gonzalo Chávez analista económico;
"El presidente –Morales- no sabe corregir errores, tomo la medida neoliberal más dura de la historia" Samuel Doria Medina jefe de Unidad Nacional;
"El equipo económico del gobierno se aplazó" Germán Antelo Senador opositor;
"El MAS subestima a la población, El gasolinazo saco a la gente a la calle" Marcela Revollo diputada MSM;
"El 20% de incremento del sueldo básico no alcanza para nada" Luís Álvarez Secretario Ejecutivo de los Maestros Urbanos;
"Desde el lunes vamos a organizar un paro indefinido" Pedro Zabala FEJUVE Santa Cruz;
"El CONALCAM no protesta porque es del MAS" Rafael Quispe CONAMAQ;
"Fuimos traicionados por los dirigentes" vecinos de El Alto en puertas de la FEJUVE y COR;
"El paro en Bolivia fue contundente" Cadena de Noticias TELESUR. (Autor Mauricio Casal)